TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL



Auto Supremo:128/2014

Sucre:07 de abril 2014

Expediente: LP-144-13-S

Partes: Julio Martin Camacho García. c/Ingrid Zulema Vila Guachalla.

Proceso: Divorcio

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación en  la forma y en el fondo de fs. 250 a 252 vlta., interpuesto por Ingrid Zulema Vila Guachallacontra el Auto de Vista de 20 de mayo de 2013, cursante de fs. 246 a247, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Divorcio seguido por Julio Martin Camacho García contra Ingrid Zulema Vila Guachalla, la concesión del recurso a fs. 256, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Segundo de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, pronunció Sentencia de26 de octubre de 2012, cursante de fs. 229 a 232 de obrados, que declara: probada en parte, la demanda de fs. 4 a 5 de obrados, interpuesta por la causal del art. 131 del Código de Familia, y probada la acción reconvencional de fs. 9y vlta., de obrados interpuesta por la causal del art. 131 del Código de Familia. En consecuencia se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos Julio Martin Camacho GarcíaeIngrid Zulema Vila Guachalla.

Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandada, mediante escrito de fs. 235 a 236 vlta., que merece el Auto de Vista de 20 de mayo de 2013, cursante a fs. 246 a 247, que confirma la Sentencia apelada; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

El recurrente expone que ante su solicitud de señalamiento de audiencia de descargo la A quo, señalaría audiencia de recepción de prueba testifical sin ajustarse a los plazos procesales establecidos en el procedimiento,  esto cuando ya habían pasado los 50 días máximos de periodo de prueba establecido por el art. 370 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo de esta manera esta autoridad en error, por señalar audiencia fuera del plazo establecido por ley, este hecho afectaría de forma clara su derecho a la defensa consagrado en el art. 119 de la Constitución Política del Estado, además vulneraría su derecho a la defensa de interrogar a testigos estipulado por el art. 8 inc., f de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, derecho de igualdad ante la ley, previsto por el art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Luego señala que su defensa en tiempo hábil, oportuno y de conformidad a lo establecido por el art. 215 y siguientes del Código de Procedimiento Civil presentó recurso de reposición contra el Auto de fs. 195 vlta., sin embargo la autoridad de origen de la causa habría declarado no ha lugar al recurso de reposición planteado por su defensa por auto de fecha 7 de marzo de 2012, cursante a fs. 217 y vlta., vulnerando otra vez su derecho a la defensa consagrado en el Art. 119 de la Constitución Política del Estado, su derechoa la defensa de interrogar a testigos estipulado por el art. 8, inc., f) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, derecho de igualdad ante la ley, previsto por el art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Asimismo, señala que ha momento de la recepción de la prueba testifical de cargo correspondiente al testigo Marcelo Gallardo Vargas de fs. 181 a 182, ofrecidos por el contrario, por un problema de tráfico vehicular sus abogados no pudieron constituirse en tiempo oportuno a la audiencia de recepción de prueba testifical de cargo, llegando a la audiencia con retraso de 5 minutos, en cuyo transcurso el testigo de cargo ya habría estado terminando su deposición, y la Jueza Ad quem habría impedido que se lleve a cabo el contrainterrogatorio al que tiene derecho, alegando primero que no se podía contrainterrogar porque no estaba su persona y cuando se habría presentado el poder habría alegado que la declaración habría concluido, lo que no sería cierto, por lo que la juzgadora habría realizado un examen ilegal del testimonio de la persona referida infringiendo de esta forma el art. 460-II del Código de Procedimiento Civil, acota que para la siguiente declaración a duras penas la autoridad se dispuso aceptar el poder, argumentando que se estaría en frente de un proceso escriturado, argumentado que el poder debía ser presentado por escrito con anterioridad a la audiencia, por último al momento que su abogada anunció copatrocinio del Abogado Samuel Pommier se habría procedido de igual forma, vulnerando una vez más su derecho a la defensaconsagrado en el art. 119 y 117.I de nuestra Constitución,  el art. 8.2.f) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Por lo que solicita se anule obrados hasta la recepción de prueba testifical de cargo y descargo, toda vez que no ha tenido la posibilidad de hacer recepcionar las testificales ofrecidas y para que dicho acto sea llevado en respeto de las normas procesales y de su derecho a la defensa.

En el fondo:

El recurrente argumenta que se ha declarado probada en parte la demanda interpuesta en su contra únicamente por la causal del art. 131 del Código de Familia), y únicamente sobre la base de dos declaraciones testificales de cargo, una declaración contraria a derecho, como sería la declaración del Sr. Marcelo Gallardo Vargas, y otra de Sergio Marcelo Guillen Ceballos, cuya declaración cursa a fs. 184 a185 de obrados respectivamente, no podría constituirse en el único medio de prueba para probar los hechos alegados por el demandante. Tras una revisión de estos testimonios se advertiría que los mismos no generan convicción alguna sobre el hipotético de que su persona y el demandante  estén separados consentida y continuadamente por más de dos años. Si bien dichos testimonios dirían que existió entre el señor Camacho y su persona separación, empero los mismos no habrían podido generar convicción exacta acerca de la separación entre los cónyuges por más de dos años, ya que al momento de pedir aclaración de los testigos, acerca si estos conocen si ha existido reconciliación entre las partes, los mismos habrían desconocido tal extremo, de esta forma no existiendo sustento probatorio para sostener la existencia de una separación continua, no podría señalarse que se probó la causal del art. 131 del Código de Familia, pues la misma exigiría que la separación sea continua, por ello refiere que no debió declarar probada la demanda en ninguna de sus partes.

Concluye  señalando que el Tribunal caseel Auto de Vista signado bajo el Nº 126/2013, dictada por los Vocales de Sala Civil Tercera del Departamento de La Paz, y valore adecuadamente los testimonios presentados por los testigos de cargo,para que luego declare improbada la demanda en todas sus partes.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La uniforme jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser en el fondo o en la forma o en ambas a la vez, conforme está establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo o errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el art. 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el Artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

Consecuentemente se considera al recurso de casación como aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinado por ley y dirigidos a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación por los Tribunales Departamentales que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Como característica esencial de éste recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, es decir se limita al examen de los errores de derecho en que se hubiera incurrido al dictar la resolución impugnada y porque, por lo general, el tribunal de casación no tiene facultades para hacer una reevaluación de los hechos establecidos por los Jueces de mérito sobre el tema de controversia, a efectos de emitir un nuevo juicio o decisión, como lo puede hacer un tribunal de apelación, estando sus atribuciones determinadas dentro del margen señalado por el propio recurso y por los motivos sobre los cuales se fundamenta, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

De lo manifestado se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma, son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, en ese sentidohabiéndose interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, se procede al análisis inicial de la casación en la forma.

En la forma:

En el presente caso de Autos, el recurrente fundamenta su recurso de forma genérica en el error in procedendo, empero, no señala en que numeral o inciso del Art. 254 del Código de Procedimiento Civil,no obstante en los fundamentos de su recurso deducidoen concreto señala: 1. Que, la Juez de primera instancia habría  señalado audiencia de recepción de prueba testifical fuera de los 50 días máximos de periodo de prueba establecido por el art. 370 del Código de Procedimiento Civil incurriendo de esta manera en error, 2. Que,presentó recurso de reposición contra el Auto de fs. 195 vlta.,sin embargo se le habría declarado no ha lugar al recurso de reposición planteado, y 3. Que, asimismo se le habría impedido que se lleve a cabo el contrainterrogatorio de su parte, alegando primero que no se podía contrainterrogar porque no estaba su persona, y cuando se habría presentado el poder se habría alegado que la declaración habría concluido, y que para la siguiente declaración a duras penas la autoridad habría aceptado el poder, argumentado que el poder debía ser presentado por escrito con anterioridad a la audiencia, por último al momento que su abogada anunció copatrocinio no se habría admitido.

Si bien de la revisión de obrados se evidencia que la Juez de primera instancia ha señalado audiencia de recepción de prueba testifical de descargo fuera de los 50 días máximos de periodo de prueba establecido por el art. 370 del Código de Procedimiento Civil, (fs. 188 vlta.), empero la providencia dictada ha sido a favor de la parte ahora recurrente quienno ha impugnado en su momento tal decisión.

De otra parte, de fs. 206 a 207 de obrados se conoce que la recurrente ha interpuesto el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, mismo que habiendo sido corrido en traslado y previa contestación de la parte contraria a sido resuelto por la Juez de instancia por Auto de fs. 217, donde se declara no haber lugar a la reposición planteada y conforme a lo dispuesto en el art. 24 núm. 3 de la Ley Nº 1760 se tiene presente la interposición del recurso de apelación en el efecto diferido para una posible activación por la misma, por lo que si bien se rechaza el recurso de reposición empero no se niega el recurso de apelación.

Que,con respecto a que se lehabría impedido que se lleve a cabo el contrainterrogatorio de su parte, alegando primero que no se podía contrainterrogar porque no estaba su persona, y cuando se habría presentado el poder se habría alegado que la declaración habría concluido, y que para la siguiente declaración a duras penas la autoridad habría aceptado el poder, argumentado que el poder debía ser presentado por escrito con anterioridad a la audiencia, por último al momento que su abogada anunció copatrocinio no se habría admitido. Estos actos que acusa de irregulares e ilegales, debieron ser impugnados y recurridos en su momento y en la instancia correspondiente y con los recursos que la ley le franquea, por lo que al no haber sido impugnados ni recurridos, conforme al principio de convalidación el derecho de la ahora recurrente ha precluído.

Es más con relación a lo precedentemente analizado, y a modo de aclaración debemos referir que en la resolución de Alzada, en su segundo considerando, segundo párrafo, se establece que la reconventora en fs. 206 a 207 interpone recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de fs. 195 vlta., por el que se clausura el periodo de prueba; recurso que es concedida en el efecto diferido por Auto de fs. 217 vlta., sin que la recurrente, en el memorial de recurso de apelación de la Sentencia la hubiere ratificado para su concesión, conforme dispone el art. 25 de la Ley 1760, implicando este hecho desistimiento del recurso de fs. 206-207. Conviene también mencionar que tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley; en efecto del excesivo formalismo se pasó a unaconcepción más amplia en la que el punto de partida ya no resulta ser el vicio del acto sino la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones. Ese es precisamente el espíritu que reviste a los arts. 16 y 17 de la L.O.J., que conciben al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se logra la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.En materia de nulidades procesales, lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, no siendo suficiente el mero acaecimiento de un vicio o defecto de forma para que se declare la nulidad de obrados. La uniforme Jurisprudencia de éste Tribunal Supremo ha establecido que en materia de nulidades procesales se orientan por la consideración de principios rectores como ser: el de Especificidad o Legalidad; de Trascendencia; de Finalidad del acto procesal; de Protección de Convalidación; de Conservación del acto; entre otros. En ese marco, si el presupuesto para la invalidez de un acto procesal consiste en la vulneración del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa, a la parte que pretende dicha sanción le corresponde precisar la trascendencia que tuvo el error u omisión de procedimiento que reclama, es decir, indicar de que forma el defecto advertido vulneró el debido proceso e incidió en su derecho a la defensa, situación que en el caso de Autos no sucede, toda vez que la recurrente se limita a denunciar la aparente existencia de errores de procedimiento sin vincular los mismos a una real y efectiva afectación de su derecho a la defensa.Por consiguiente, de lo precedentemente analizado se desprende quela recurrente no propone agravio evidente en la forma que le haya causado el inferior en su Resolución, menos se ha vulnerado su derecho a la defensa, el derecho de contrainterrogar a testigos y el derecho de igualdad consagrados por los arts. 119 de la Constitución Política del Estado, art. 8 inc. f) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por lo señalado no se evidencia fundamento en la forma que permita un análisis más profundo, por lo que el recurso deviene en infundado.

En el fondo:

De igual manera el recurrente fundamenta su recurso de forma genérica en el error in judicando, empero, en el memorial de recurso no se plantea error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba conforme señala el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, por lo que tampoco concreta, en qué medio probatorio se encuentra el error, ya sea de hecho o de derecho, pues de modo inadecuado se refiere a la prueba testifical de cargo, sin especificar que tipo de error se habría cometido en la apreciación de cada uno de esos medios probatorios, porque no basta nombrar los elementos de prueba y argüir que estos sean contrarios a derecho o insufici entes, sino que debe demostrarse que en la apreciación de un determinado medio de prueba se ha incurrido en error de hecho o de derecho por parte del juzgador, lo contrario significaría que el Tribunal de casación se posesione como una tercera instancia de valoración probatoria, situación ilegal por cuanto esa es una atribución de los Tribunales de grado incensurable en casación; falencia recursiva que no puede ser paliada por éste Tribunal al ser responsabilidad propia del recurrente.Por lo señalado precedentemente el recurso en el fondo no contiene la fundamentación y cumplimiento de la normas descrita en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, debiendo declarase improcedente.

Conforme lo explicado anteriormente correspondefallar en sujeción a lo mandado por los arts. 271 núm. 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 1) y art. 272 núm. 2) ambos del  Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE, el recurso de casación en el fondo, y conforme a los arts. 271 núm. 2) y 273 del mismo cuerpo legal declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma,interpuesto por Ingrid Zulema Vila Guachalla contra el Auto de Vista de 20 de mayo de 2013, cursante de fs. 246 a 247, pronunciado por la Sala Civily Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia deLa Paz. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo