TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 120/2014

Sucre: 07 de abril 2014

Expediente: CB- 5 14 S

Partes: Mario Mercado Rocabado y María Elisa Eguez de Mercado. c/ Sabina

            García Velasco, Dino Angelo Aguilar Saldias, Lidia Quezada de Vera, José

            Augusto Claros Enríquez y Cesar Ricaldez Paniagua.   

Proceso: Ordinario, modificación de lo resuelto en proceso ejecutivo, nulidad de instrumentos y resarcimiento de daños y perjuicios y otros.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1324 a 1329 interpuesto en forma conjunta por Sabina García Velasco, Lidia Quezada de Vera y José Augusto Claros Enríquez, contra el Auto de Vista Nº 102/2013 de 09 de julio de 2013 de fs. 1310 a 1320 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de modificación de lo resuelto en proceso ejecutivo, nulidad de instrumentos y resarcimientos de daños y perjuicios y otros, seguido por Mario Mercado Rocabado y María Eliza Eguez de Mercado contra los recurrentes y otros; la respuesta al recurso de fs. 1333 a 1341 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 1362; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1. Síntesis de los hechos que motivan la demanda:

Del contenido del ampuloso memorial de demanda de fs. 22 a 28 y vlta., ampliación de fs. 244 y ratificación de fs. 290 en lo esencial se resume lo siguiente: los actores indican que en su condición de propietarios, mediante Escritura Pública Nº 431/96 celebraron un compromiso de compra-venta con Cesar Ricaldez Paniagua y José Augusto Claros Enríquez respecto a 10 Has. de terreno en bruto por el precio total de $us. 450.000 del cual al momento de la suscripción del contrato recibieron a cuenta de pago $us. 180.000; sin embargo indican que sus personas posteriormente fueron inducidos en reiterados errores por parte de los compradores en la suscripción de otros documentos tales como la Escritura; de la misma forma indican que convirtiendo el pago parcial en deuda y arrogándose representación intervienen en la suscripción de la E.P. Nº 222/98 de resolución de contratos y subrogación de deuda y reconocimiento de obligación, incurriendo en error sustancial y esencial e ilicitud de causa y motivo citando para el efecto el art. 549 num. 1, 2, 3 y 4) del Código Civil. Por otra parte manifiestan que en base a los documentos fraudulentos (E.P. 914/97, 222/98 y Poder 1007/98) los demandados pretenden cobrar una deuda inexistente de $us. 113.757 en proceso ejecutivo que culminó con sentencia ejecutoriada declarando probada la demanda. En base a esos antecedentes interponen la indicada demanda pidiendo la nulidad de las Escrituras Públicas 914/97 y 222/98, como también se declare inexistente, extinguido, nulo y sin efecto la deuda y los gravámenes del proceso ejecutivo, mas calificación de daños y perjuicios.     

I.2.- Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 9º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de 18 de  enero de 2012 cursante de fs. 1220 a 1241 y vlta., declaró improbada la demanda; probadas las excepciones de falta de legitimación y/o falta de acción y derecho de fs. 91-96, 412-420 y 571 respectivamente; improbadas las excepciones de cosa juzgada y transacción y como consecuencia de ello dispuso en sentido negativo varios aspectos que fueron peticionados por los actores.  

I.3.- En apelación la referida Sentencia, interpuesto por el co-demandante Mario Mercado Rocabado por sí y en representación de su esposa María Elisa Eguez de Mercado; la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 102/2013 de 09 de julio de 2013 de fs. 1310 a 1320, revocó totalmente la Sentencia, declarando probada la demanda e improbadas las excepciones de falta de legitimación, falta de acción y derecho, cosa juzgada y transacción opuestas por los demandados y la Defensora de Oficio, más el pago de daños y perjuicios a ser averiguados en ejecución de Sentencia; disponiendo al mismo tiempo entre otros aspectos lo siguiente: Nulas con efecto retroactivo las E.P. Nº 914 y 222/98 más las hipotecas constituidas por esta última; vigente la obligación alternativa celebrada por E.P. 431 de 11 de julio de 1996; dispuso la modificación de los resultados del proceso ejecutivo tramitado en el Juzgado 7º de Partido en lo Civil, determinado la nulidad del embargo, remate y adjudicación de inmueble y de la E.P. Nº 782/2004 de venta judicial ordenando procederse a la cancelación y restitución de la inscripción y registro del título propietario a favor de los demandantes.     

En contra del indicado Auto de Vista, los codemandados Sabina García Velasco, Lidia Quezada de Vera y José Augusto Claros Enríquez recurren en forma conjunta en casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Se advierte que el recurso de casación que fue interpuesto, contiene aspectos  dispersos tanto de fondo como de forma, mismos que por razones de orden corresponden ser resumidos por separado conforme se tiene a continuación:

II.1.- Como aspectos de forma, los recurrentes indican que el Auto de Vista recurrido adolece de una adecuada interpretación del procedimiento con ausencia de aplicación del principio de congruencia entre la parte considerativa y resolutiva; no resuelve las pretensiones de las partes con disposiciones precisas y concretas, siendo incongruente, incompleto y contradictorio; en otra parte de su recurso reiteran que la resolución recurrida vulnera el principio de congruencia e igualdad efectiva de las partes, el debido proceso y la seguridad jurídica generando un total estado de indefensión. Finalmente acusan la violación del art. 236 del Código de  Procedimiento Civil, indicando que el Tribunal de Alzada no cita una sola disposición legal que respalde su decisión.

II.2.- Como aspectos de fondo, los recurrentes indican que las excepciones opuestas en el proceso ejecutivo fueron interpuestas como simple enunciación sin haber sido demostradas con prueba documental conforme exige el art. 507 del Código Procedimiento Civil, situación que tornaría a la pretendida ordinarización en una proposición insostenible e improponible.

Que la Escritura Pública Nº 222/98 fue la base y relación fundamental del proceso ejecutivo, y en el presente caso por tratarse de la ordinarización de ese proceso ejecutivo, únicamente se debió tomar en cuenta el reconocimiento de deuda como título ejecutivo reconocido en ese documento, en tanto que la subrogación haya sido bien o mal hecha no tiene carácter vinculante al tema principal objeto de análisis; en otra parte de su recurso refieren que el Auto de Vista recurrido, sin ubicación al sentido legal, distrae su atención a la revisión de otros documentos que no corresponden a un título ejecutivo (E.P. 914/97 y los poderes).

Indican también que la demanda de nulidad de instrumentos se fundada en las causales previstas en los núm. 1, 3 y 4) del art. 549 del Código Civil, que corresponden a diferentes institutos jurídicos lo que hace improcedente la demanda conforme había determinado correctamente el Juez de la causa y que el Ad quem funda sus consideraciones en forma totalmente desubicada con relación a lo resuelto en el proceso ejecutivo, citando para el efecto y trascribiendo jurisprudencia constitucional correspondiente a la SC. 1329/2006.

Acusan la violación del art. 490.I del Código Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1760, indicando que el Auto impugnado desconoce que la norma señalada ha sido instituida para confutar la resolución dictada dentro de un proceso ejecutivo; de tal manera que la demanda ordinaria posterior u ordinarización del proceso ejecutivo está destinado a revisar precisamente la cuestión decidida en el proceso ejecutivo sobre la idoneidad o fuerza del título que origino la ejecución o en su caso sobre la documentación de las excepciones que hubiesen sido opuestas como medio de defensa.

Indican que no le correspondía al Ad quem considerar en la vía ordinaria la nulidad o anulabilidad de documentos puesto que dichos presupuestos no corresponden su tratamiento en el presente caso, distrayendo el Ad quem su atención en la consideración de documentos que aparte de no contener efecto legal por la novación o renovación del documento que ha servido de base para la acción ejecutiva, dichos documentos no causan ninguna incidencia en el caso concreto.

Por otra parte, acusan la violación del art. 956, 1289.I y 1290.I del Código Civil, indicando que através de la primera, se habría desconociendo la confesión de reconocimiento unilateral de obligación y respecto a las demás, no se habría aplicado en sentido práctico dichas normas legales que establecen que el documento público merece plena fe.

En base a esos antecedentes concluye solicitando la casación del Auto de Vista recurrido conforme a los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código Procedimiento Civil,  indicando que interpone recurso de casación en el fondo, solicitando como único petitorio que se CASE el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En síntesis, los recurrentes en su único recurso de casación en el fondo indican, que la relación fundamental del proceso ejecutivo fue la E.P. 222/98 y por tratarse de la ordinarización de dicho proceso, únicamente se debió tomar en cuenta el reconocimiento de deuda plasmado en ese documento, sin importar que haya sido bien o mal llevada a cabo la subrogación de deuda; sin embargo el Ad quem habría distraído su atención a la revisión de otros documentos ajenos al proceso ejecutivo (se refieren a las E.P. 914/97 y la representación legal del grupo de personas en la firma de los contratos), fundando sus consideraciones en forma totalmente desubicada con relación a lo resuelto en el proceso ejecutivo, saliéndose del contexto y marco legal previsto en el art. 490.I del Código Procedimiento Civil; indican también que la demanda de los actores se funda en el art. 549 núm. 1, 3 y 4) del Código Civil que corresponden a diferentes institutos jurídicos, resultando improcedente la demanda conforme había determinado el Juez de la causa; con tales motivos acusan la violación del art. 490-I del Código Procedimiento Civil, y arts. 956, 1289-I, 1290-I del Código Civil.

Al haber sido ampliamente cuestionada la consideración realizada por el Ad quem en el Auto de Vista recurrido en cuanto se refieren a otros aspectos que no fueron motivo de tratamiento en el proceso ejecutivo; se impone el deber a este Tribunal de ingresar a considerar dichos reclamos y tomando en cuenta la complejidad que representa el tema a ser tratado y para entrar dentro de contexto del mismo y asumir pleno conocimiento de la problemática en cuestión, conviene primeramente referirse aunque de manera breve a los antecedentes que originaron el problema; en ese entendido diremos que los esposos Mario Mercado Rocabado y María Eliza Eguez de Mercado (hoy demandantes), mediante minuta de “compromiso de compra venta” de fecha 03 de julio de 1996 protocolizada bajo la Escritura Pública Nº 431/96 realizaron un compromiso de venta de un terreno de 100.000 mts2. en favor de un grupo de trabajadores de distintas instituciones con fines de construcción de viviendas sociales, estableciendo como valor total del terreno la suma de $us. 450.000, recibiendo como parte de pago al momento de la suscripción de dicho documento la suma de $us. 180.000, dineros que los beneficiarios obtuvieron en calidad de préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Loyola Ltda. mediante E.P. 420/96 y el resto debió ser cancelado con financiamiento de FONVIS.

Ante el incumplimiento de ese compromiso cuyas causas se detallarán infra, suscribieron un documento denominado “subrogación de deuda” protocolizado bajo la E.P. 917/97 a través de la cual los vendedores se subrogaron la deuda de $us. 180.000 con la Cooperativa comprometiéndose a cancelar a la misma, obligación que al ser nuevamente incumplida, suscribieron un nuevo contrato definitivo que viene a ser la E.P. Nº 222/98 denominada, “resolución de contratos, subrogación de deuda y reconocimiento de obligación con garantía hipotecaria”, donde en su cláusula Tercera, ambas partes contratantes de manera voluntaria acuerdan resolver y dejar sin efecto los dos contratos anteriormente descritos, es decir el compromiso de venta de terrenos y la subrogación de deuda, y al mismo tiempo en la cláusula Cuarta, los nombrados esposos Mercado-Eguez nuevamente vuelven a subrogarse una deuda pendiente de $us. 96.065,03 con la misma Cooperativa; por otra parte y al margen de lo indicado, en la cláusula Quinta, reconocen adeudar al grupo de trabajadores la suma de $us. 113.757, estableciéndose plazos de pagos relativamente cortos para ambos conceptos, asumiendo de esta manera dos obligaciones frente a dos instancias completamente diferentes.

Ante el incumplimiento de la última obligación mencionada, es decir del pago de $us. 113.757, los adjudicatarios o grupo de personas a través de sus representantes, en base la E.P. 222/98 demandaron en la vía ejecutiva a los esposos Mercado-Eguez exigiendo el pago de la indicada suma de dinero, culminando dicho proceso en todas sus instancias con sentencia favorable a los demandantes de ese proceso llegándose al remate y posterior venta judicial de la totalidad del terreno a favor de los ejecutantes.

Sobre la base de esos antecedentes, los hoy actores demandaron la nulidad absoluta de la resolución de contrato visualizado en la E.P. 914/97 y la subrogación contenida en la E.P. Nº 222/98 por las causales previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4) del Código Civil, alegando existir error esencial y sustancial, ilicitud de causa y motivo, además de cuestionar la representación legal de los mandatarios del grupo de personas que pretendían la adquisición de los terrenos; al margen de ello indican formalizar demanda en la vía ordinaria pidiendo la modificación del proceso ejecutivo llevado a cabo por ante el Juzgado 7º de Partido en lo Civil, más el pago de daños y perjuicios.

Dentro de ese contexto, el Juez de la causa resolvió en sentencia declarando improbada la demanda y probada las excepciones perentorias opuestas por los demandados, cuya resolución cursa de fs. 1220 a 1241 y vlta, con los fundamentos y acertado criterio que contiene la misma desarrollados de manera amplia, resolución con la cual y en lo esencial comparte este Tribunal.   

Sin embargo, el Ad quem, con un criterio totalmente restringido y contrario a lo razonado por el Juez de la causa, revoca la Sentencia y declara probada la demanda ordinaria disponiendo la nulidad de la E.P. 222/98 más pagos de daños y perjuicios, y la E.P. 914/97; asimismo dispone la vigencia de la obligación alternativa prevista en la cláusula Quinta de la E.P. 431/96; por otra parte dispone la modificación de lo resuelto en el proceso ejecutivo llevado a cabo en el Juzgado 7º de partido en lo Civil, declarando improbada la demanda ejecutiva y como consecuencia de ello, nulo el embargo, el remate y la adjudicación, así como la nulidad de la Escritura Pública Nº 782/2004 de venta judicial y demás actuados judiciales llevados a cabo en dicho proceso ejecutivo.

Para asumir la determinación que se indica, el Ad quem considera en sus fundamentos que la resolución de los contratos previsto en el art. 568 del Código Civil, única e imprescindiblemente tendría que operarse a través de una acción resolutoria en la vía judicial y existir una declaración judicial expresa, interpretando y aplicando de manera incorrecta los alcances de dicha norma legal, cuando la misma está prevista para el caso cuando no existe acuerdo entre las partes contratantes para resolver voluntariamente los contratos que hayan celebrado, caso en el cual la parte que ha cumplido su obligación puede acudir a la vía judicial ya sea para pedir el cumplimiento o la resolución del contrato, y de ninguna manera la indicada norma legal prohíbe a las partes contratantes el poder resolver y/o modificar los contratos de manera voluntaria y extrajudicialmente.

En todo caso las partes contratantes dentro de los alcances del art. 450 del Código Civil, norma legal que está referido no solo a la celebración de contratos primigenios sino también para extinguir o modificar los ya existentes, y en uso de la autonomía de la voluntad prevista en el art. 454 del mismo cuerpo legal, las partes son libres de poder constituir, modificar, resolver o dejar sin efecto los contratos y celebrar otros distintos a los ya acordados, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, siendo precisamente eso lo que habría ocurrido en el caso que hoy se analiza respecto al contrato que se encuentra plasmado en la E.P. 222/98, aspecto que se considera perfectamente válido toda vez que ambas partes entraron en pleno acuerdo en celebrar dicho contrato; consiguientemente la conclusión a la cual arriba el Ad quem, respecto a este punto, resulta errónea y alejado del marco legal que rige la materia; al margen de ello no toma en cuenta que el contrato que se encuentra divisado en la E.P. 914/97, ya fue resuelto y dejado sin efecto por acuerdos voluntario de ambas partes contratantes y al declarar la nulidad de dicho contrato, cae ingenuamente en el juego de los demandantes, toda vez que no es posible demandar la nulidad de algo que ya no se encuentra vigente.

En cuanto a la “subrogación hecha por el deudor” indica que ésta no se habría formado válidamente con la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 325 del Código Civil y por tanto sería ilegal; para arribar a esa conclusión el Ad quem simplemente se limita al sentido literal de la norma legal de referencia; al respecto el Juez de origen con mayor criterio realizó un análisis y consideración respecto al fondo del problema en cuestión y tomando en cuenta la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones y recurriendo a la interpretación de los contratos previsto en el art. 510 del Código Civil, es decir la intensión común que tuvieron los contratantes en la celebración del contrato plasmado en la E.P. 222/98, llega a la conclusión de que el instituto jurídico de la subrogación fue aplicado de manera incorrecta, incurriendo las partes en error conceptual empleando términos incorrectos al señalar el art. 325 del Código Civil, no siendo aplicable dicha norma legal a la problemática que se pretendía dar solución, por el contrario en base a las pruebas que cursan en obrados, llega a la convicción de que se trataría simplemente de un reconocimiento hecho por los demandantes de la obligación de pagar la suma del saldo pendiente de $us. 96.065,03 que aún se adeudaba en aquel tiempo a la Cooperativa por parte de los compradores; frente a esa situación no existe de parte del Ad quem un fundamento sólido que pueda rebatir el criterio del Juez de la causa.

La posición asumida por el A quo es perfectamente legal y correcta, subsumida además dentro de la lógica que siempre debe guiar los actos de los juzgadores, toda vez si se toma en cuenta que los esposos Mercado-Eguez, al haber recibido el dinero de $us 180.000 como parte de pago y ante la imposibilidad de entrega de los terrenos prometidos, ya que los mismo se reportaron como no aptos para viviendas por estar ubicados en zona baja a las orillas del Río Rocha muy propensos a ser inundados y gran parte se encontraban ubicados en áreas verdes, equipamiento y forestación, quedando una superficie útil simplemente de 52.189,30 mts2., tal como se puede evidenciar por las certificaciones técnicas de fs. 757, 1008, 1009 y 1010 y el posterior Informe Técnico de fs. 1045.

Por otra parte se indica que la Institución del FONVIS del cual se preveía el resto del financiamiento para la consolidación de la compra de los terrenos, fue disuelta a escala nacional; ante esa situación lo correcto y lógico es que los vendedores devuelvan los dineros recibidos, y para ello las partes contratantes como última posibilidad de dar solución al problema, de común acuerdo suscribieron el contrato de fecha 19 de marzo de 1998 protocolizado en la E.P. Nº 222/98, donde los nombrados esposos asumen la obligación de pagar a la Cooperativa el saldo de lo adeudado por los prestatarios de $us. 96.065.03 más intereses, y por otra parte, reconocen como deuda la suma de $us. 113.757 a favor de los prestatarios, toda vez que dicho monto habría sido cancelado anteriormente por estos últimos a la Cooperativa. 

De tal manera que la calidad de deudores que adquirieron los esposos Mercado-Eguez, se generó básicamente por la resolución consensuada de ambas partes del contrato de compromiso de compra-venta divisado en la E.P. 431/96 y como emergencia de esa resolución, ambas partes han convenido que los vendedores quienes recibieron como parte de pago la suma de $us. 180.000, se conviertan en deudores de esa suma más los intereses y demás recargos frente a los  compradores, aspecto que formalmente se hizo realidad a través de la suscripción del contrato que se advierte en la E.P. 222/98 y que en el fondo simplemente representa la forma o manera de como devolver o restituir esos dineros, cambiando de esta manera radical y sustancialmente el vínculo jurídico que los unía entre ambas partes.

Al margen de ello es preciso hacer notar que en los hechos el vendedor de los terrenos, desde mucho más antes a la suscripción del indicado contrato, ya había asumido si no es de manera expresa por lo menos tácitamente la calidad de deudor de la totalidad del monto de dinero recibido, no otra cosa significa los variados intercambios de cartas que cursan de fs. 360 a 368 realizadas en fechas posteriores a la carta de fs. 713 en la cual aparentemente se ampara el Ad quem, en las cuales asume esa calidad de deudor, documentales que al no haber sido desconocidas por ninguna de las partes litigantes generan sus efectos legales, quedando de esta manera completamente descartada la afirmación de los reiterados errores en la que habrían sido inducidos los actores en la firma de los contratos, toda vez que como personas dedicadas al negocio de bienes raíces como dan a entender las referidas misivas que cursa en obrados, es muy poca la probabilidad de caer en reiterados errores en la suscripción de los contratos como lo manifiestan en la demanda.   

Por otra parte, el Ad quem no toma en cuenta que la denominada “subrogación” por la suma de $us. 96.065,03 fue asumida como obligación únicamente con respecto a la Cooperativa, aspecto que no fue motivo de demanda en el proceso ejecutivo tramitado por ante el Juzgado 7º de Partido en lo Civil el cual hoy se pretende dejar sin efecto al igual que el propio contrato que generó esa obligación; es decir por la vía de ordinarización se pretende revertir un proceso ejecutivo donde no fue sometido a cobranza la suma de dinero de $us. 96.065.03.

El Ad quem cuestiona también la intervención de los apoderados del grupo de personas en la firma de los contratos indicando falta de personería de los mismos, encontrando por esa situación causa de nulidad en los contratos, responsabilizando además esa situación a los demandados de no haber  demostrado su legal representación no obstante que ese aspecto fue un punto de probanza para ambas partes y sobre todo para los actores toda vez que fueron ellos quienes acusaron esa situación; al respecto el A quo conforme al art. 805 del Código Civil indicó que el mandato puede darse de manera  expresa o tácita y no necesariamente por escrito; la primera puede revestir la forma escrita como también verbal conforme se encuentra establecido en la segunda parte de la indicada norma legal; sin embargo, de nuestra parte debemos indicar que el tema de la falta o insuficiencia de representación es un aspecto que vincula al consentimiento, situación que según el art. 554, núm. 1) del Código Civil es causa de anulabilidad del contrato y no de nulidad; en ese entendido los actores no demandaron la anulabilidad de ningún contrato y por tanto no merecía realizar mayor consideración sobre este punto en particular ni mucho menos atribuir como casusa de nulidad de los contratos como incorrectamente lo entiende el Ad quem.

Respecto a la falta de objeto cierto, ilicitud de causa y motivo, error esencial en la  naturaleza y el objeto del contrato, falta de consentimiento y otros aspectos que refiere el Ad quem en todas las estipulaciones contractuales, resultan no ser evidentes como correctamente lo estableció el Juez de la causa en base a un fundamento desarrollado de manera clara y precisa e individualizada para cada uno de los elementos descritos, aspecto que no ocurre lo propio en el Auto de Vista recurrido donde se realizan apreciaciones de manera confusa pretendiendo englobar la concurrencia de todos esos elementos como causas de nulidad en uno u otro contrato, aspecto que resulta hasta contradictorio por ser excluyentes los unos con respecto a los otros.

Ante esa situación, no correspondía revocar la Sentencia, más aún si se toma en cuenta que la demanda adolece de falta de claridad respecto al tipo de documentos que se pretende su nulidad, toda vez que los actores al igual que el Ad quem utilizan al mismo tiempo de manera indistinta la terminología de “contratos y escrituras públicas” que son dos aspectos diferentes; la nulidad de los contratos se rigen por el art. 549 del Código Civil, norma legal que no es aplicable a la nulidad de las escrituras públicas, debiendo en todo caso regirse éstas últimas por la Ley del Notariado; sin embargo en el caso presente el Ad quem, al margen de modificar lo resuelto en el proceso ejecutivo, dispuso la nulidad de las Escrituras Públicas Nº 914/97 y 222/98 aplicando las causales del art. 549 del Código Civil, disponiendo al mismo tiempo la nulidad de la Escritura Pública Nº 782/2004 de venta judicial.

Otro aspecto que fue reclamado de manera reiterada por los recurrentes, es la modificación dispuesta por el Ad quem de los resultados del proceso ejecutivo que fue tramitado por ante el Juzgado 7º de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba seguido en contra de los demandantes de este proceso; al respecto se debe indicar que en la ordinarización del proceso ejecutivo sin duda que debe ser dilucidado en función a lo resuelto en el proceso ejecutivo; es decir, lo determinado en sentencia con relación a la demanda en base al título ejecutivo y/o sobre las excepciones opuestas como medio de defensa del ejecutado; tiene por objeto esencial examinar el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del proceso ejecutivo, o sea, la legitimación de las partes, la competencia del Juez, la exigibilidad de la obligación que debe ser de plazo vencido, la calidad del título ejecutivo, culminado en la resolución emitida por el órgano jurisdiccional.

En el caso presente, el Ad quem hace referencia a irregularidades en la tramitación del referido proceso ejecutivo, tales como la ejecución del mandamiento de embargo, fraude procesal, remate y adjudicación del inmueble y la venta judicial, haciendo además referencia de manera incorrecta a la Ley Nº 2027; sin embargo revisado el contenido de la demanda ordinaria del presente proceso, los supuestos errores de procedimiento en ningún momento fueron expuestos como hechos por los actores en la demanda que cursa de fs. 22 a 28, ampliada a fs. 244 y ratificada a fs. 290, ni mucho menos contiene una petición clara y concreta; simplemente hacen referencia de manera completamente superficial indicando que fue tramitado dicho proceso ejecutivo donde habrían planteado excepción de falta de personería e inhabilidad de título y que en Sentencia se habría declarado probada la demanda e improbadas las excepciones, reiterando esa situación en su recurso de apelación contra la sentencia sin precisar nada concreto, remitiéndose simplemente a su memorial de alegato en conclusiones.

En tratándose de la ordinarización de un proceso ejecutivo, la exposición de los hechos de la demanda ordinaria debe necesariamente circunscribirse a lo tramitado y lo resuelto en ese proceso ejecutivo que se pretende modificar, exponiendo con todo detalle y claridad cual las irregularidades procesales en la que se habría incurrido y cual el error sustancial y manifiesto del juzgador en la resolución de la causa que amerite su modificación, aspectos que en el caso presente no se advierten, relegando los actores a un segundo plano lo que debería constituir lo principal en la demanda ordinaria; al margen de ello traen a colación aspectos que no fueron motivo de tratamiento en el proceso ejecutivo, tales como la nulidad de la E.P. 914/97 y la pretensión de dejar sin efecto la obligación económica de $us. 96.065,03 asumida voluntariamente en la E.P. 222/98 con relación a la Cooperativa Loyola Ltda.

Al no haberse expuesto adecuadamente los hechos en la demanda ordinaria, la actuación del Ad quem respeto a la modificación del proceso ejecutivo, resulta una apreciación oficiosa, sin embargo esta situación y tomando en cuenta las limitaciones de la nulidades procesales introducidas por la Ley Nº 025 y la Ley 439, no corresponde disponer la nulidad de dicho fallo, más aún si se toma en cuenta que el recurrente simplemente interpuso recurso de casación en el fondo pidiendo únicamente que se case el Auto de Vista y si bien dicho recurso también contiene argumentos de forma que se encuentran resumidos en el Considerando II.1, los mismos no corresponde realizar su consideración en el presente recurso.

Revisada la Sentencia del proceso ejecutivo, se advierte que los demandados (ahora demandantes) no habrían presentado ningún tipo de prueba que demuestren sus afirmaciones respecto a las excepciones que indican haber interpuesto, situación que dio lugar a que se declaren improbadas; en cuanto al documento que sirvió de base para la ejecución, se trata de la Escritura Pública Nº 222/98 donde se tiene establecida la deuda líquida en la suma de $us. 113.757 siendo la misma exigible por ser de plazo vencido al momento de la interposición de la demanda ejecutiva y consiguientemente dicho documento tiene la calidad de título ejecutivo por excelencia previsto en el art. 487 núm. 1) del Código Procedimiento Civil, como también el Juez que conoció el proceso fue competente en razón de la materia, cuantía y territorio.

Por todas las consideraciones realizadas, se concluye que el Ad quem no ha realizado una adecuada valoración de los medios de prueba, ni ha comprendido en su verdadera dimensión la problemática suscitada, interpretando incorrectamente el alcance de los contratos sometidos a demanda de nulidad, ni ha tomado en cuenta los límites respecto a la ordinarización del proceso ejecutivo, correspondiendo por ello emitir resolución en la forma prevista por los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código Procedimiento Civil, y conforme a lo establecido en los arts. 41 y 42 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los Arts. 41 y 42 parágrafo I núm 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación de los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista Nº 102/2013 de 09 de julio de 2013 de fs. 1310 a 1320 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y deliberando en el fondo mantiene firme y subsistente la Sentencia de primera instancia de fecha 18 de enero del 2012 de fs. 1220 a 1241 y vlta.

Sin responsabilidad por ser error excusable. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo