TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L

Auto Supremo:107/2014

Sucre:27 de marzo2014        

Expediente:         LP-137-13- S

Partes:Javier Mendoza Quispe y Mabel Candelaria Paredes Rizzioti en

representación de la Hotelera Nacional S.A., José Enrique Pacheco

Álvarez, Alberto y Jaime León Jofré. c/Banco Central de Bolivia.

Proceso:Nulidad de Contratos.

Distrito:La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fondo y de forma de fs. 439 a 455, interpuesto por la Hotelera Nacional S.A. Enrique Pacheco Álvarez y Jaime León Jofré representados por Horacio Acosta Álvarez y Juan Carlos Valencia, contra el Auto de Vista Nº110/2013 de fecha 29 de abril 2013, cursante de fs. 431a433 y vta.,  emitido por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Nulidad de contratos, seguido por Javier Mendoza Quispe y Mabel Candelaria Paredes Rizzioti en representación de Hotelera Nacional S.A., José Enrique Pacheco Álvarez, Alberto y Jaime León Jofrécontra Banco Central de Bolivia; la concesión de fs. 476, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el JuezOctavo de Partido en lo Civil, el 07 de septiembre de 2012, pronunció Sentencia, cursante de fs. 370 a 379, declarando Improbada la demanda de nulidad de Escritura Pública Nº 376/97, contratos de préstamo de dinero de fecha 21 de mayo de 1998 y 27 de julio de 1998 y Escritura Pública Nº 590/99, cancelación de hipotecas, liberación de los garantes personales y solidarios y pago de daños y perjuicios, planteada por Hotelera Nacional S.A. representada por Javier Mendoza Quispe y Mabel Candelaria Paredes Rizzioti; por otro lado declaró probada la acción reconvencional presentada por el Banco Central de Bolivia, en consecuencia declaró firmes y subsistentes la Escritura Pública Nº 376/97 de fecha 10 de noviembre de 1997 y los dos contratos de préstamo de dinero de fecha 21 de mayo de 1998, el contrato de préstamo de dinero de fecha 27 de julio de 1998 y la Escritura Pública Nº 590/99 de fecha 16 de diciembre de 1999.

Contra la Resolución de primera instancia, la parte demandante, presentó recurso de apelación; motivo por el cual la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 29 de abril de 2013 emitió el Auto de Vista de fs. 431 a 433 y vta., confirmando la Sentencia dictada por el A quo.

Contra la Resolución de segunda instancia, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma la parte demandante, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la Forma:

Acusa que la Sentencia Resolución Nº 261/2012 no fundamentó ni motivó conforme lo establece la Sentencia Constitucional Nº 436/2010 R de 28 de junio de 2010 en su punto 2) indica la infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Tribunal de Alzada no resolvió los puntos de su apelación en especial sobre la Línea de Crédito fue otorgada a Cuenta Corriente o bajo modalidad simple, además indica que no se resolvió si los contratos de préstamo unificados y reconocidos mediante Escritura Pública Nº 590/99 se perfeccionaron con los respectivos desembolsos cumpliendo con el art. 1331 del Código de Comercio y del Reglamento de Evaluación y Calificación de Cartera emitido por la Superintendencia de Bancos (ASFI).

En el Fondo:

Acusó la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, referente a lo normado en el art. 1309 y 1330 del Código de Comercio al no advertir las diferencias entre el préstamo bancario y la apertura delínea de crédito, las cuales son totalmente antagónicas, toda vez que la transmutación de un mutuo o préstamo en una línea de crédito, ha desnaturalizado la esencia jurídica de la Escritura Pública Nº 376/97, por consiguiente no nació a derecho, no tiene objeto.

Por otro lado acusó de error de hecho la apreciación de la prueba pericial de descargo de fs. 238  a  250, como de la prueba pericial de cargo de fs. 253a258, indicando que la prueba pericial de descargo sirvió para que los Tribunales de instancia señalen que la línea de crédito no se habría extinguido, por el uso total de su importe, sosteniendo que Hotelera Nacional S.A. habría realizado abonos a cuenta de la línea; el informe indica que la línea de crédito tenía para el 21 de mayo de 1998 un margen de $us. 1.300.000.- y que tanto el 20 y 21 de mayo de 1998 se aprobó y otorgó a los recurrentes, prestamos por la suma de $us. 800.000.- y $us. 2.700.000.- cuyo objeto fue la restructuración de pasivos y a la fecha 25 de mayo de 1998 solo se tenía un margen utilizable de $us. 500.000.- en virtud a dicho préstamo el dictamen no es fiable y por el contrario refrenda que la línea de crédito se encontraba extinguido, incongruencia que no fueron valoradas por los Tribunales de instancia los cuales debieron disponer que se practique un peritaje imparcial y de oficio.

Por todo lo expuesto en su amplio recurso de casación tanto en la forma como el fondo, el recurrente termina peticionando en virtud al recurso en la forma que se anule obrados hasta la Sentencia, y se pronuncie nueva Sentencia la cual debiera ser motivada y fundamentada o en su defecto se anule el Auto de Vista, determinándose que se absuelva los agravios esgrimidos; conforme al recurso de casación en el fondo solicita que se Case el Auto de Vista Nº 110/2013 de 29 de abril de 2013 y pronunciando en el fondo se declare Probada la demanda e improbada la demanda reconvencional.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, este Tribunal ingresa a resolver inicialmente la impugnación en la forma, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas darían lugar a la nulidad de obrados, resultando innecesaria la consideración en el fondo.

En la forma:

1.-Respecto a lo argumentado en la forma, en relación a la falta de motivación y fundamentación. La parte recurrente debe tener presente lo orientado en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012, la cual estableció que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo".Bajo esa línea jurisprudencial, se puede entenderque los Tribunales de instancia no se encuentran obligados a cumplir de manera ampulosa y punto por punto la fundamentación y motivación extrañada por el recurrente;  tanto el Juez A quo como el de Alzada están llamados a  fundamentar sus decisión de manera clara, positiva y precisa conforme lo manda la ley.

Y de la revisión del Auto de Vista y de la Sentencia, lo acusado por la parte recurrente no resulta fundado, porque simple y llanamente los operadores de justicia inferiores establecieron con claridad y precisión los fundamentos por los cuales se resolvió la litis.

2.-Sobre la infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil refiere que “(Pertinencia de la Resolución) El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubiese sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del Artículo 343”. De la verificación del recurso de apelación y la resolución de segunda instancia, se establece que el Auto de Vista se circunscribió a los puntos resueltos por el Juez de instancia en la Sentencia Nº 261/2012, sin alejarse de lo permitido en el art. 236 del Adjetivo Civil, en ese entendido el Tribunal de alzada respecto a la falta de fundamentación acusada, estableció que: “…se advierte que la a quo ha actuado conforme a lo establecido en el art. 192 núm.  2) y 3) al realizar un análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda…”, fundamentación que resulta más que suficiente para entender que el Ad quem absolvió el agravio planteado por el recurrente, sobre la falta de fundamentación en la Sentencia acusada en apelación y reiterada ahora en casación, motivo por el cual, lo argumentado no resulta fundado.

3.-Por otro lado, respecto a lo acusado de la falta de respuesta a los puntos apelados sobre si la línea de crédito fue otorgada a cuenta corriente o bajo modalidad simple y sobre si los contratos de préstamo unificados y reconocidos mediante Escritura Pública Nº 590/99 se perfeccionaron con los respectivos desembolsos cumpliendo con el art. 1331 del Código de Comercio, evidentemente dichos puntos no fueron atendidos por el Tribunal de Alzada de manera puntual y específica, pero sí de manera general al indicar que “…La Hotelera Nacional S.A y el Banco Boliviano Americano S.A., han contraído relaciones de tipo comercial bancario que satisfacen las necesidades de la Empresa deudor; de esos hechos nace la Escritura Pública Nº 913 de fecha 27 de noviembre de 1996, así como posteriormente la suscripción de la Escritura Pública Nº 376/1997 de fecha 10 de noviembre de 1997, de la misma forma se suscribieron los contratos privados de fecha 21 de mayo y 27 de julio de 1998 y la síntesis de esa relación comercial está contenida en la Escritura Pública No. 590 de fecha 16 de diciembre de 1999 (…) suscritos sin ninguna presión, de manera voluntaria y consensual por lo tanto se encuentran inmersos en la garantía legislada por el capítulo único del Libro Quinto del Código Civil art. 1279…”, de dicha fundamentación se puede entender el razonamiento lógico jurídico con el que se resuelve el recurso de apelación presentado por la parte recurrente, y si ésta no entendió la fundamentación del Ad quem, debió hacer uso de lo normado en el art. 239 del Código de Procedimiento Civil el cual indica: “Las partes dentro el plazo fatal de veinticuatro horas, podrán, hacer uso del derecho que les otorga el artículo 196, inciso 2, siendo aplicable la disposición del artículo 221” y así pedir explicación y complementación a los puntos extrañados de no resueltos en casación. 

4.-Finalmente resulta necesario hacer notar a la parte recurrente, que la respuesta del Tribunal de Alzada a los agravios deducidos en apelación, debe ser entendida a través de la lectura integral del fallo, la que permitirá establecer, sin lugar a dudas, que el razonamiento del Tribunal Ad quem permite concluir que no encontró evidentes los agravios por considerar que los contratos cuya nulidad fueron demandados no se encontraban viciados y por el contrario resultan lícitos; por otro lado fundamentó que la obtención de beneficios de manera voluntaria por la parte demandante, no podía negarse a través de la demanda de nulidad, resultando en ese contexto, intrascendente la respuesta que el recurrente extraña respecto a la aparente omisión de pronunciamiento del art. 1331 del Código de Comercio que se acusó de infringido, más aun a si tomamos en cuenta que la resolución de la presente controversia  no pasa por la aplicación de esa norma legal, toda vez que la misma versa sobre el perfeccionamiento del contrato de préstamo.

Por dichos motivos concluiremos indicando que no es fundado los reclamos de la parte recurrente, debiendo aplicarse lo normado en los arts. 271 núm.  2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el Fondo:

Sobre la infracción a lo normado en los arts. 1309 y 1330 del Código de Comercio, se tiene lo siguiente:

Dichas normativas hacen referencia a la línea de crédito y al préstamo de dinero (o mutuo), se tiene que, conforme a la doctrina, estas figuras legales son diferentes; la primera entendida conforme nos enseña Carlos Morales Guillen como: “…un contrato cuya virtud el acreditante (Banco o entidad de crédito), se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, que tiene la facultad (no la obligación)  de utilizar en uno o más cobros, o también a emplear (el acreditante) su propio crédito en beneficio del acreditado.”

Por su parte la ASFI (Autoridad de Supervisióndel Sistema Financiero), en su recopilación de Normas para Entidades Financieras (Titulo V., Anexo I, Sección I art. 3 numeral 6), conceptúa la línea de crédito indicando que: “Es un contrato en virtud del cual la EIF (entidad de intermediación financiera) pone a disposición de su cliente recursos para ser utilizados en un plazo determinado en operaciones de crédito directo y contingente.” 

Esta modalidad de contrato tiene como objeto el crédito, entendido este como un bien económico, que se otorga al acreditado (cliente o deudor) de parte del acreditante (Entidad financiera).Este bien económico está constituido por la prestación que deberá realizar el acreditante a favor del acreditado, prestación que, por lo general, está constituida por la puesta a disposición de dinero en la cantidad prevista, en la forma convenida y por el plazo pactado, o bien asumir la obligación acordada en las circunstancias que se haya especificado en el contrato.

Por su parte el préstamo o mutuo conforme indica el art. 1330 del Código de Comercio es: “…un contrato por el cual el prestatario se obliga a devolver al Banco prestamista una suma igual a la recibida de éste en los plazos estipulados y, además a pagarle los intereses convenidos.”

De lo indicado se puede establecer que ambas figuras legales son diferentes, en la forma y en el fondo, las cuales tienen también diferentes características, propias de cada una; pero éstas no resultan ser antagónicas, incompatibles como entiende el recurrente, más al contrario, éstas, se complementan e interactúan muchas veces juntas o separadas conforme a la autonomía de la voluntad de las partes firmantes de los contratos.

Es así que, si bien el Código de Comerció no prevé la posibilidad de conversión de un contrato de préstamo en uno de línea de crédito, esto no quiere decir, que las partes firmantes, de manera voluntaria y consensuada, no puedan suscribir dicha conversión.

En ese entendido, diremos que, en la litis, mediante documento de préstamo de dinero, Escritura Pública Nº 913/96 de 27 de noviembre de 1996, se concedió a favor de la Hotelera Nacional S.A. un préstamo de dinero de $us. 3.000.000.- con la garantía hipotecaria en segundo lugar sobre un inmueble y sus construcciones, ubicado en la Av. 16 de Julio Nº 1789 y la garantía personal solidaria mancomunada e indivisible de los señores Alberto Jaime León Jofré y Henry Forti Castrillo, monto de dinero que, la acreditada (Hotelera Nacional) declaro haber recibido en su integridad.

Posterior al préstamo descrito supra, mediante Escritura Pública Nº 376/97 de 10 de noviembre de 1997, se suscribió la conversión del préstamo de dinero a uno de línea de crédito y conforme se tiene estipulado en la cláusula segunda de dicho documento, dicha conversión fue peticionada por el recurrente, no otra cosa se entiende de lo indicado en dicha cláusula que a la letra indica: “Dirá usted que a la fecha, a petición de la “ACREDITADA”, el BANCO, previa aprobación de su Comité de Créditos, conviene en CONVERTIR el Contrato de Prestado de US$. 3.000.000.00.- contenido en la Escritura Pública referida anteriormente, así como los montos recibidos en tal calidad a la naturaleza de un contrato de “LINEA DE CREDITO REUTILIZABLE EN MONEDA EXTRANJERA…”conforme a lo indicado, se puede entender que la conversión acusada de nulidad por el recurrente, fue solicitada por dicha parte, al ser así, ahora no puede desconocer los alcances de dicho documento, máxime si dicha parte fue la que autorizó la conversión conforme se desprende, también del Acta de Reunión Extraordinaria de Directorio de la Empresa Hotelera Nacional S.A. de fecha 4 de noviembre de 1997, la cual estipuló: “…Autorizar al Presidente Ejecutivo Ing. Jaime León Jofré a firmar un nuevo documento de préstamo con el Banco Boliviano Americano conla finalidad de transformar el crédito hipotecario en línea de crédito, ampliando el monto del préstamo hasta la suma de US$. 4.000.000.-…”.

Por lo indicado concluiremos indicando que la nulidad pretendida en virtud a la infracción de los arts. 1309 y 1330 del Código de Comercio, bajo el argumento que la conversión del contrato de préstamo en uno de línea de crédito, fue un invento de los abogados de la entidad financiera, no es correcta, más al contrario conforme lo fundamentaron los Tribunales de instancia dicha conversión fue a solicitud de los recurrentes y respaldada por la autonomía de la voluntad de las partes.

Por otro lado, respecto al error de hecho en la apreciación de la prueba pericial de descargo de fs. 238 a  250, así como de la prueba pericial de cargo de fs. 253 a 258, se puede establecer que los Tribunales de instancia, realizaron una valoración amplia y positiva conforme lo dispone el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, estimando ambas pruebasconforme a su sana crítica y a su legal saber, respaldando su decisión con otras pruebas presentadas en obrados, las cuales fueron analizadas en conjunto, por dicho motivo el supuesto error de hecho, mencionado por el recurrente no resulta evidente, máxime si no especifica en qué consistiría dicho error.

Además, el hecho que la línea de crédito suscrita por ambas partes sea simple y no a cuenta corriente, no resulta evidente, toda vez que la línea de crédito firmada mediante Escritura Pública Nº 376/97 es reutilizable, conforme se desprende de la lectura del mismo, o sea, aplicable lo normado en el art. 1311 del Código de Comercio, que indica: “…Si  la apertura de crédito es en cuenta corriente, el acreditado que haga abonos a cuenta o remesas de dinero en reembolso parcial o total de las sumas utilizadas puede nuevamente utilizar el saldo resultante a su favor hasta el límite del importe del crédito y plazo de vigencia del contrato.”, de dicha normativa y conforme a los antecedentes del proceso, se puede establecer que los abonos realizados por el deudor, podían ser nuevamente utilizados dentro del plazo señalado en la Escritura Pública, aspecto que explica que el ex Banco Boliviano Americano hubiese realizado desembolsos de grandes cantidades de dinero con cargo a la línea de crédito.

Finalmente, sobre la supuesta falta de objeto conforme lo norma el art. 549 núm. 1) del Código Civil, se deberá tomar en cuenta que los documentos suscritos por los recurrentes, fueron firmados bajo el consentimiento de ambas partes, las cuales son libres de regular y estipular como bien lo quieran las prestaciones de un contrato. Por ello, la mayoría de las normas legales en materia de contratos son supletorias de la voluntad de las partes, rigen en los casos en que nada haya sido previsto por éstas, y éstas pueden establecer formalidades especiales distintas de las legales, o de las no contempladas en el ordenamiento legal, siempre y cuando estas no sean contrarias a las buenas costumbres ni a las mismas leyes.

Por dicho motivo, concluiremos que no resulta evidente que el Tribunal de Alzada hubiera incurrido en las infracciones acusadas por los recurrentes, toda vez que tanto la Sentencia así como el Auto de Vista se circunscribieron a analizar los datos del proceso, y aplicar lo que en derecho correspondía conforme a la voluntad y consentimiento de ambas partes.

Por las razones expuestas supra,  éste Tribunal debe fallar en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en elfondo y de forma de fs. 439 a 455, interpuesto por la Hotelera Nacional S.A. Enrique Pacheco Álvarez y Jaime León Jofré representados por Horacio Acosta Álvarez y Juan Carlos Valencia, contra el Auto de Vista Nº110/2013 de fecha 29 de abril 2013, cursante de fs. 431 a 433,  emitido por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas por ser Entidad Pública.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo