TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL

Auto Supremo: 103/2013

Sucre: 26 de marzo 2014

Expediente: SC-134-13-S

Partes: Robín Percy Vargas Melgar.  c/ Julián Vargas Paniagua, Silvia Vargas

Melgar y Viviana Vargas Melgar.

Proceso: Reconocimiento judicial de propiedad de mejoras

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 315 a 316 vlta., interpuesto por Miguel Peredo Urquiza por Robín Percy Vargas Melgar contra el Auto de Vista de22 de marzo de 2013, cursante de fs. 312 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de Reconocimiento judicial de propiedad de mejoras seguido por Robín Percy Vargas Melgar contra Julián Vargas Paniagua, Silvia Vargas Melgar y Viviana Vargas Melgar, la concesión del recurso a fs. 323, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronunció Sentencia de6 de junio de 2012, cursante de fs. 295 a 297 de obrados, que declara: improbada en todas sus partes la demanda de reconocimiento judicial de la propiedad  de las mejoras cursante de fs. 79 a fs. 80 ampliada mediante memorial de fs. 83.

Resolución de primera instancia que es apelada por la por la parte actora, mediante escrito de fs. 300 a 301 vlta., que merece el Auto de Vista de 22 de marzo de 2013, cursante de fs. 312 y vlta., que confirma la Sentencia apelada; Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondopor lo parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

El recurrente expone que el juzgador habríaseñalado que su mandante no  demostró de que aquel terreno donde se construyó las mejoras sería depropiedad de los demandados: Indica que en su apelación desvirtúo lo fundamentado en lasentencia, bajo el principio de congruencia que debe existir entre lo demandado, lo contestado y/o reconvenido, el Auto en que se traba la relación procesal y la sentencia. A continuación señala que su mandante demandó se le reconozcan como de su propiedad las mejoras introducidas en el inmueble ubicado en la zona Norte, ET. 51 Mzna. 10, lote 24, identificando el inmueble sobre el cual tiene introducidas las mejoras con la anuencia de los propietarios o poseedores. Agrega que los demandadosreconocen ser propietarios del bien inmueble sobre el cual se construyó las mejoras, y que en los puntos de hecho aprobar no sele exige acreditar el derecho propietario de los demandados sobre el bien inmueble donde han sido edificadas las mejoras.

Luego señala que por mandato del art. 236 del Procedimiento Civil el Auto de Vista necesariamente tiene que circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación; acota que el Auto de Vista no resuelve el recurso de apelación y ahora motiva el presenterecursode casación en la forma, -dice- no resuelve los extremos apelados y fundamentados anteladamente, situación que deja a su mandante en una situación de plano ambiguo con relación alos fundamentos dela sentencia que han sido apelados y no resueltos. Decanta el recurso en la forma en que corresponde observar la falta de motivación, resolver como manda el art. 271-3) del Código de Procedimiento Civil anulando el Auto de Vista y mandando al Tribunal dicte nuevo Auto de Vista debidamente motivado y que resuelva todos los puntos apelados.

En el fondo:

El recurrente indica que el recurso en el fondo es por las causales contenidas en el art. 253-1 y 3 del Código de Procedimiento, errónea interpretación del art. 128-I y II del Código Civil y errónea interpretación de la prueba y en consecuencia violación de los arts. 192-2 y 397 del Procedimiento. Argumenta que el juez A quo realiza un incorrecta interpretación del art. 128 I del Código Civil cuando dice que no ha demostrado el derecho propietario de los demandados sobre el inmueble, que no se tiene demostrado con contratos de obras las mejoras introducidas en el inmueble, sin considerar que el demandante se encontraba en España trabajando para mandarles dinero.

Arguye también que la Sentencia ni el Auto e Vista han cumplido con el art. 192-2 del Código de Procedimiento Civil que los obliga a realizar un análisis y evaluación fundamentada de la prueba, extremos que han sido reclamados en el recurso de apelación y que tampoco han recibido una resolución debidamente fundamentada en segunda instancia. Apunta que su prueba testifical tiene valor probatorio, que el acta de inspección demuestra la construcción nueva edificada, la documental que acredita los giros de dineros desde el Reino de España, el peritaje demuestra la existencia de mejoras y su valor.

Concluye  señalando la errónea interpretación del art. 128-I del Código Civil y la violación de los arts. 192-2 y 397 del Código de Procedimiento Civil, que corresponde al Tribunal de casación  deliberando en el fondo casando el Auto de Vista recurrido y revocando la sentencia, declarando probada la demanda.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiéndose interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, se procede al análisis inicial de la casación en la forma, por cuanto si es evidente el fundamento esgrimido se procederá con la nulidad procesal respectiva siendo innecesario el examen de fondo del recurso.

En la forma:

El recurrente funda su recurso en la forma en el numeral 4) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil señalando violación del art. 236 del mismo compilado legal, en ese margen, cabe manifestar que el argumento recursivo explayado es una crítica a la determinación asumida en la instancia, indicando en esa lógica que la contestación de los demandados reconocería la propiedad de estos sobre el inmueble, que en los puntos de hecho a probar no se le exige acreditar el derecho propietario de los demandados y la consideración del art. 138 del Código Civil; argumentos que hacen al fondo mismo de la controversia y de ningún modo refiere a alguna violación que se subsuma al art. 254-4) del Código adjetivo de la materia en concreto, es decir no propone agravio en la forma que le haya causado el inferior en su resolución, sino que, desorientadamente, debate sobre una definición de fondo asumida por los juzgadores de instancia, sin percatarse que estas aseveraciones no son propios para el recurso en la forma.

Luego prosiguiendo en su alocución recursiva, señala que el Auto de Vista “no resuelve los extremos apelados y fundamentados anteladamente”, sin embargo no especifica cuáles los extremos apelados que no hubieran sido considerados por el Tribunal de alzada, es decir no especifica cuál la omisión por parte del Ad quem, que no fue considerada y fundamentada debidamente. Cabe enfatizar que el recurrente no individualiza los puntos que no fueron respondidos, o en su caso sobre cuál de los extremos deducidos en apelación existió ausencia de fundamentación, circulando su denuncia de incongruencia en una imputación general de violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil sin una concreción específica que sitúe al Auto de Vista en violación de la precitada norma, situación que inhibe a éste Tribunal de casación examinar de manera puntual el punto extrañado que mereciera tutela mediante éste recurso. Asimismo, cabe también enfatizar que,el recurrente identifica de manera general una supuesta falta de motivación o ausencia de extremos sin resolver, sin embargo no se percibe la utilización del mecanismo previsto en el art. 239 del Código adjetivo civil, que permite en aplicación del art. 196 del mismo compilado legal, la prerrogativa de aclarar algún concepto oscuro y suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas en la apelación, siendo ese dispositivo el idóneo para suplir la ausencia que ahora denuncia.

Por lo señalado no se evidencia fundamento en la forma que permita un análisis más profundo, por lo que el recurso deviene en infundado.

En el fondo:

En relación a la infracción delart. 128-I y II del Código Civil, argumentando que tanto el A quo como el Ad quem hubieran realizado una interpretación errónea de la citada norma.

Al respecto cabe referir que la subsección I, de la sección III, capítuloII del Título de la propiedad del Código Civil, regula la accesión como instituto jurídico, normando sobre obras hechas en suelo propio con material ajeno en su art. 128; dicha norma refiere que el dueño que en su suelo hace construcciones, plantaciones u otras obras con materiales ajenos, adquiere la propiedad de éstos con el cargo a pagar su valor, y si obró de mala fe resarcirá además los daños causados, y que prevé también que el propietario de los materiales puede pedir que sean retirados solo cuando no se cause menoscabo grave a la obra construida o perezcan las plantaciones.

Conforme se podrá apreciar el ámbito de regulación de dicha norma se refiere al propietario que en su suelo edifica con materiales que no le pertenecen, régimen normativo referido al derecho de accesión, que a decir de Morales Guillen, citando a Messineo, es el derecho sobre lo que, perteneciendo o no a un determinado propietario, se incorpora o uno, sea por causa natural,  sea por un acto humano, a una cosa inmueble o suelo del propietario, y si pertenece a otro, pasa por virtud de la incorporación a la propiedad de éste sin poder ser reivindicada.

En este contexto, queda claro que los antecedentes fácticos desarrollados en demanda, sobre el reconocimiento de mejoras en el inmueble, no se subsume a la referida norma, ya que no se trata de un derecho de accesión que se discute, sino más bien el reconocimiento de mejoras en un inmueble en el que supuestamente el actor hubiera subvencionado, es por ello que el A quo en Sentencia de manera adecuada explicó que la citada norma era equivoca para amparar la acción o reconocimiento de sus derechos, debido a que los hechos que motivan la acción y el objeto de la petición de la misma no guarda la mínima relación con el sentido y el objeto del art. 128 del Código Civil, en ese margen se entiende por lógica que el juez de grado no aplicó y mucho menos interpretó la referida norma deforma errónea, lo que no significa que no haya resuelto la pretensión deducida de reconocimiento de mejoras, en contrario dicha pretensión fue analizada  y se emitió la sentencia  bajo el parámetro del art. 190 del Código de Procedimiento Civil. Por lo explicado, no es valedero el argumento recursivo en sentido que el juez hace una incorrecta interpretación del art. 128-I del Código Civil “cuando dice de que no se ha demostrado el derecho propietario de los demandados sobre el inmueble, que no se tiene demostrado con contratos de obras las mejoras introducidas en el inmueble…”, por cuanto esas consideraciones fueron realizadas al margen de cualquier análisis del art. 128 del sustantivo civil, fundamentación que partía de la omisión probatoria del actor advertida por el juez, mas no interpretaba la norma que refiere impropiamente el recurrente.

De la misma manera el Ad quem, no hizo análisis del precitado artículo normativo  por su inadecuada formulación, empero otorgó un respuesta de fondo a la controversia suscitada, conforme se conoce de los antecedentes procesales. Por lo que no se observa una interpretación errónea del art. 128 cuando los jueces de grado no acudieron a esa referencia sustantiva para dilucidar el fondo de la controversia.

Ahora bien, conforme se ha señalado supra, la fundamentación de las resoluciones de instancia para desestimar la pretensión de actor fue en mérito a la no demostración probatoria  de que los gastos ocurridos en las mejoras del inmueble fueron aportado por el actor, es así que el Ad quem señala, en sucinta explicación, “no obstante de haberse acreditado los envíos de dinero de diversos monto, efectuados desde España, no ha acreditado que dichos montos hubieren sido invertidos en las mejoras cuyo reconocimiento judicial se pretende…”

Contextualizada la decisión de la resolución de la cual se recurre, el recurso no plantea error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba conforme señala el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su reclamo es genérico, sin que se concrete en qué medio probatorio se encuentra el error, ya sea de hecho o de derecho, pues de modo inadecuado refiere a su prueba testifical, el acta de inspección judicial, la prueba documental y el peritaje técnico evaluativo, sin especificar que tipo de error se habría cometido en la apreciación de cada uno de esos medios probatorios, pues no basta nombrar los elementos de prueba y argüir que estos habrían probado su pretensión, sino que debe demostrarse que en la apreciación de un determinado medio de prueba se ha incurrido en error de hecho o de derecho por parte del juzgador, lo contrario significaría que el Tribunal de casación se posicione como una tercera instancia de valoración probatoria, situación ilegal por cuanto esa es una atribución de los tribunales de grado incensurable en casación; falencia recursiva que no puede ser paliada por éste Tribunal al ser responsabilidad propia del recurrente.

Por lo señalado precedentemente el recurso en el fondo no contiene la fundabilidad suficiente para revertir la decisión asumida por el Tribunal de alzada, debiendo declarase infundado.

Conforme lo explicado anteriormente correspondefallar en sujeción a lo mandado por los arts. 271 núm. 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO,los recursos de casación en la forma y en el fondo,interpuestos por Miguel Peredo Urquiza en representación de Robín Percy Vargas Melgar contra el Auto de Vista de 22 de marzo de 2013, cursante de fs. 312 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo