TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                            S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 94 /2014

Sucre: 21 de marzo 2014

Expediente: LP-128-13-S

Partes: Guido Santiago Garay Mérida. c/ Antonia Bendita Jumpiri

Proceso: Maltrato Psicológico por utilización de niño.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Antonia Bendita Jumpiri de fs. 259 a 262, impugnando el Auto de Vista Nº. S-117/2013 de fecha  6 de junio de 2013, pronunciado por  la Sala Civil y Comercial Cuarta  del Tribunal Departamental de La Paz, dentro del proceso de maltrato Psicológico por utilización de niño; el Auto de concesión de fs. 270;  los antecedentes del proceso y:


CONSIDERANDO I:



ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, Guido Santiago Garay Mérida, mediante memorial de fs. 14 a 15 y vlta. interpuso denuncia por maltrato psicológico por utilización de niño, en contra de Antonia Bendita Jumpiri, bajo el argumento de que  habría contraído matrimonio con la demandada en fecha 2 de enero de 2010, habiendo procreado con la misma un hijo JJGB, que a la fecha de la interposición de la demanda contaba con un año y tres  meses, habiéndose producido una ruptura de la relación, razón por la que se encontraban separados, manifestando que de forma arbitraria la demandada le habría impedido ver a su hijo, por lo que tuvo que acudir a la fiscalía, así como a la defensoría de la niñez y adolescencia, sin que la citada se hubiera hecho presente, siendo vanos los intentos que hizo para que la madre de su hijo acceda  a que pueda visitar a su hijo, restringiéndole ese derecho bajo amenazas y agresiones tanto de su parte como de sus familiares. Señalando que nunca dejó de proveer todo lo necesario para la manutención de su hijo.


Citada la demandada, a fs. 48 de obrados, se apersona contestando negativamente en todos sus extremos la demanda incoada en su contra, manifestando que evidentemente se encuentra separada de su cónyuge desde el  8 de agosto de 2011, señalando que había dejado el hogar porque era víctima de maltratos tanto físicos como psicológicos por parte del demandante, situación de la que también era víctima su hijo  de 17 años, fruto de una anterior relación, con quien incluso  le celaba, situación que la obligó a dejar el hogar habiendo dado parte al Fiscal, denunciando los malos tratos.


Señala asimismo que su esposo visitaba a su bebé cuando él quería y a la hora que le daba la gana, razón por la que solicitó al Fiscal de Familia (textual) que las visitas sean los sábados de 16:00 a 17: 00 hrs. porque su persona trabaja de lunes a viernes, habiendo pedido después que las visitas sean en su presencia porque en dos oportunidades trató de arrebatárselo y llevárselo a la fuerza. Motivo por el que el ahora denunciante la habría hecho citar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia manifestando que su persona no quiere que vea a su bebé porque le habría pasado algo y  que la influencia de su familia era negativa porque consumen bebidas alcohólicas, extremos que fueron totalmente desvirtuados con el Informe Psicosocial realizado por la Defensoría. Señala asimismo que actualmente cursa en el Juzgado Cuarto de Instrucción de Familia una denuncia presentada en fecha 23 de agosto de 2011 por su persona, por maltrato psicológico, cuya Resolución declara PROBADA la denuncia interpuesta, resultado de las pruebas que ha presentado para probar las amenazas, agresiones, presiones constantes tanto en la puerta de su casa como en su fuente laboral, donde se constituye para acosarla e insultarla, estableciéndose en la misma resolución un régimen de visitas para el progenitor para los días sábados  de hs. 14:00 a 18:00 en la Brigada de Protección  a la Familia. Acudiendo ahora a otras instancias  para presionarla en forma de venganza, por lo que pide que las visitas  a su bebé sean bajo supervisión de una autoridad porque el denunciante no está psicológicamente bien y necesita tratamiento, por lo que pide que la denuncia incoada sea declarada improbada.


Tramitado bajo esos antecedentes el proceso, la Jueza de Partido de la Niñez y Adolescencia de La Paz, emitió la Sentencia Nº 302/2012, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 14 a 15  de obrados  en contra de Antonia Bendita Jumpiri, imponiendo la medida de Advertencia  de conformidad a lo dispuesto por el art. 219 inc. 1) (no dice de qué norma) a la ciudadana Antonia Bendita Jumpiri para que deponga actitudes que obstaculicen el sano relacionamiento  que debe existir entre padre e hijo; imponiendo asimismo a ambos padres,  la obligación de asistir a la Fundación  Ributra para recibir apoyo psicológico y orientación adecuada para  asumir el duelo de la separación, medida impuesta por el lapso de dos años disponiendo el régimen de visitas.


Resolución de primera instancia que es apelada por Antonia Bendita Jumpiri y adhesión a la misma por parte del demandante, que mereció el Auto de Vista Nº S-117/2013 de fs. 248 a 249 y vlta. que CONFIRMÓ  la sentencia apelada.


Contra esa resolución de Vista, Antonia Bendita Jumpiri de fs. 259 a 262 interpuso el recurso de casación en el fondo que se analiza.


CONSIDERANDO II:

       

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

1.- Que existe falta de fundamentación  en el Auto de Vista porque la resolución es copia fiel de la Sentencia, una simple relación del proceso y no atiende los fundamentos de la apelación en la que acuso que el actor no ha probado  su pretensión respecto a que se le hubieran restringido  las visitas;  que se le hubiera proferido agresiones; que su persona consume bebidas alcohólicas conjuntamente su familia en presencia del menor y asiste a reuniones sociales con frecuencia;  incurriendo en el mismo error de la A quo  porque declara probada la demanda considerando hechos posteriores a la demanda y no expuestos en ella; no fundamenta cómo llega a la decisión, acotando que  el no haber hecho caso a las citaciones de la defensoría  no constituye maltrato psicológico al menor según el CNNA,  y lo que correspondía era que  demuestre en el proceso “el maltrato psicológico por utilización de niño e  incomunicación prolongada”.


2.- Acusa  valoración errónea de la prueba porque lo señalado en el punto anterior está sustentado en  la consideración de “los hechos probados por el demandante” dentro de los cuales están: Certificado de matrimonio, certificado de nacimiento del menor,  y algunas citaciones, llegando en base a esta prueba a la conclusión  errónea  por unas simples citaciones que “la dinámica familiar se encontraba en constante conflicto sin resolver...”, presunción que no prueba el maltrato psicológico, la utilización de niño y la incomunicación prolongada.


Que en el punto 4 de la Sentencia, la propia Jueza concluye que la prueba testifical no acredita que hubiera incurrido en los hechos denunciados, menos maltrato psicológico y mucho menos que el actor haya sido privado de las visitas, lo que considera no relevante para  la acción y de manera incongruente con lo manifestado, declara probada en parte la demanda.


Que los informes psicológicos tampoco acreditan  ni demuestran que su persona hubiera incurrido en ninguno de los hechos denunciados: maltrato psicológico, utilización de niño, incomunicación prolongada ni agresiones al actor.


Que la Jueza al declarar probada en parte la denuncia  ha incurrido en  un acto totalmente contradictorio e incongruente con los mismos fundamentos de la Sentencia porque no hay fundamentos coherentes  ni con relación  de los hechos demandados y mucho menos con el derecho establecido en el CNNA en el art. 275.


Que la medida de ADVERTENCIA que se impone es injusta y totalmente subjetiva porque no hay prueba que demuestre lo demandado por el actor, no contiene una decisión  sobre el objeto  litigado, análisis, evaluación y fundamentación.


Que existe vulneración al debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica.


Concluye su recurso pidiendo que se case el Auto de Vista y se repare  el injusto fallo del cual es víctima declarando improbada la denuncia porque tanto la Juez de la causa como el Tribunal de apelación han vulnerado los arts. 190, 236, 397 el Código de Procedimiento Civil.


CONSIDERANDO III:


FUNDAMENTOS DEL RECURSO:


Conforme el contenido del recurso que se analiza, de la generalidad de los agravios acusados,  el mismo se centra  la falta o ausencia de fundamentación y motivación del Auto de Vista; contradicción e incongruencia, conculcación al debido proceso, al derecho a la defensa y a la seguridad jurídica y la infracción de los  arts. 190, 236 en relación al 227, ambos del procedimiento civil, porque el Tribunal no ha considerado y resuelto los agravios expuestos en su recurso de casación, asimismo, la infracción de los arts. 190, 236 y 327 de la norma adjetiva civil.

Establecido lo anterior, conviene considerar lo dispuesto por el  art. 17 de la Ley 025 en su  parágrafo I que dice:“La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.”

Bajo esa previsión y, de la revisión de las actuaciones del proceso, concretamente del Auto de Vista impugnado, se tiene que el mismo en el considerando III, numeral 2, identifica los agravios acusados por la recurrente, de la siguiente manera:“... a) Que en la Sentencia apelada no se habría probado el maltrato psicológico por utilización de niño e incomunicación prolongada; b) Que en la Sentencia impugnada se habría valorado  la prueba de manera equivocada puesto que las citaciones no demostrarían maltrato psicológico, asimismo la Juez A quo habría establecido que la prueba testifical no acredita el maltrato psicológico ni que el demandante haya sido privado de las visitas”

Ahora bien, ingresando en la resolución de vista, se tiene que en ese mismo considerando en el numeral 3 cuando se entiende que habiendo sido identificados los agravios, debiera ingresar en la fundamentación de la resolución, lo que hace es  reiterar textualmente la consideración hecha por la A quo en el numeral tercero de “los hechos probados por el demandado” y señala: “se advirtió que existió una dinámica rígida por  dentro del núcleo familiar poco saludable por lo que se habría determinado que cesaran las actitudes de ambos esposos- añadiendo - ya que el maltrato psicológico sufrido por el menor es indudablemente evidente y la presión ejercida por los progenitores es también cierta lo que no favorece al normal desarrollo psicológico afectivo del menor...aspecto que es atribuible a los progenitores lo que llevó a  determinar que la Juez A quo disponga el tratamiento respectivo a ambos progenitores” conclusión a la que arriba sin realizar consideración de ninguna de las pruebas que cursan en obrados y menos la fundamentación respecto de ninguna de ellas, basándose simplemente  en lo manifestado por la juez de instancia, llegando a conclusiones que resultan trascendentales para el decisorio sin ningún fundamento, cuando lo que correspondía era que ingrese a la revisión y valoración de la prueba aportada por las partes para emitir un criterio propio y expresarlo de manera coherente y fundamentada, pronunciándose respecto de cada una de las pruebas o por lo menos de las trascendentales en uno u otro sentido pero dando una respuesta que  satisfaga el reclamo impetrado por las partes;  señalando de manera concreta,  a través de qué pruebas ha subsumido el maltrato psicológico que supuestamente infiere la progenitora al menor o en qué hechos u omisiones consiste el maltrato psicológico que según el Tribunal es “indudablemente evidente” o, por lo menos luego de un análisis, señalar en qué pruebas ha basado su decisión la Juez de primer grado y por qué  comparte su criterio y conviene confirmar la Sentencia.


Asimismo, en el  numeral 4 del ya señalado considerando  III,  cuando refiere que: “respecto a  la incomunicación prolongada por parte del padre, se  pudo advertir que existe un régimen de visitas que  coarta al padre efectuarlas, velando por el interés del menor, siendo así que se las realiza en las instalaciones del albergue en Línea 156 en los horarios ya establecidos. Evidenciándose sin embargo que de los antecedentes ha existido en algunas ocasiones incumplimiento a este régimen de visitas. Además habiéndose impuesto en la Sentencia el cumplimiento y la obligación  de asistir ambos progenitores a la  orientación psicológica, para que ambos progenitores asuman de mejor manera la separación conyugal, la misma que no debe entorpecer el relacionamiento  del padre con el niño. Concluyendo luego: “En ese contexto no se advierte que  sea evidente lo manifestado por los recurrentes en las respectivas apelaciones...”Lo manifestado en estos dos numerales, comprende prácticamente toda la fundamentación de  la resolución, siendo más que evidente que en ninguno de ellos el Tribunal ha dado respuesta puntual a las reclamaciones impetradas por las partes, de lo que se infiere que son evidentes y fundadas las reclamaciones impetradas en el  recurso de casación cuando acusa la falta de fundamentación del Auto de Vista porque la misma sería una copia de la Sentencia,  una simple relación del proceso y porque no atiende los agravios expuestos en la apelación, que no son sino los mismos que se reiteran en el recurso de casación reclamando de manera concreta los mismos aspectos que en forma ultra resumida considera el Ad quem en el numeral 2 incisos a) y b) del III considerando y otros que ha obviado.


Con relación a lo anterior, corresponde precisar que el recurso de apelación es el más  importante y usual de los recursos ordinarios, a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, en la aplicación del derecho,  la apreciación de los hechos o de la prueba, en cuya  resolución el superior en grado podrá emitir nuevo juicio respecto  de aquellos  puntos   impugnados y que han merecido pronunciamiento por parte del Juez de instancia en previsión del principio de congruencia establecido en el art. 236 en relación al art. 227 ambos del Código de Procedimiento Civil.


Asimismo cabe señalar que una resolución  judicial resulta vulnerada cuando en el fallo la motivación no existe, cuando es insuficiente  o cuando la misma es solo aparente, como acontece en el caso de Autos, porque lo manifestado por el Ad quem no da a entender  las razones mínimas que sientan las bases para la decisión que ha asumido y porque definitivamente no responde a las alegaciones de las partes y con sus inconsistentes argumentaciones, pareciera que  solo pretende el cumplimiento formal al mandato de la debida motivación, amparándose, en consideraciones, citas de la Sentencia y explicaciones que no tienen ningún sustento fáctico ni  jurídico coherente con lo que se pide y decide, siendo en consecuencia la  fundamentación de las resoluciones, un imperativo con el que deben cumplir  las autoridades jurisdiccionales al momento de resolver las pretensiones de las partes, guardando la debida congruencia  con las peticiones expuestas y enmarcándose a los antecedentes que se han debatido en  el proceso.


El hecho de no contestar  a  las pretensiones de la partes, genera  indefensión y  constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y del derecho a la debida motivación,  lo que hace imperativo  que las partes que acuden a la autoridad judicial  con sus reclamaciones,  tengan una respuesta razonada, motivada y congruente,  lo que no aconteció en el caso de Autos, siendo evidentes los agravios acusados por la recurrente referidos al incumplimiento de los arts. 190, 236 del código de Procedimiento Civil, cuando considera conculcadas las garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.


En ese contexto y evidenciada como está la conculcación de los principios  constitucionales del debido proceso y el derecho a la impugnación, establecidos en el  art. 180 de la Constitución Política del Estado, lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 025 y del art. 105 - I del nuevo Código Procesal Civil, no existiendo en el caso de  Autos otro remedio procesal que satisfaga la pretensión de la recurrente corresponde emitir resolución anulatoria.


Por lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por los  artículos 271 núm. 3) y 275  del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el articulo 42 parágrafo I núm. 1)  de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil y 105- I  del nuevo  Código Procesal Civil,  ANULA el Auto de Vista cursante de fojas 248 a 249 y vlta. de obrados, y dispone que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.


Siendo inexcusable el error en el que incurren los Vocales signatarios del Auto Vista impugnado, se les impone multa de un día de su haber mensual a cada uno de ellos. A tal efecto, comuníquese a  la Dirección Administrativa y  Financiera.


Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero