TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 84/2014                

Sucre: 21 de marzo 2014                                                        

Expediente: CB-127-13-S                                                        

Partes: Nieves Suarez de Dorado, Demetrio Dorado Fernández c/Aida Inés

            Claros Coca, María Hilda Claros Coca, Roberto Guido Claros Coca,

            Lidia Margarita Claros Coca, José Wilfredo Claros Coca, María Nieves

             Claros Coca, Elsa Esther Claros Coca, María Dolores Claros Coca, Gloria

            Amparo claros Coca, María Luz Claros Coca, Amadeo Rojas Argandoña,

         Martín Darío Alvizuri Sonaglia, y presuntos propietarios.

Proceso:Usucapión.        

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Aida Inés Claros Coca, cursante de fs. 432 a 440,adhesión del defensor de oficio a recurso de casación de fs. 443,contra el Auto de Vista de 26 de octubre de 2012 de fs. 233 a 235 vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia deCochabamba,en el proceso de Usucapión decenal, seguido por Nieves Suarez de Dorado por si y en representación de Demetrio Dorado Fernández contra Aida Inés Claros Coca, María Hilda Claros Coca, Roberto Guido Claros Coca, Lidia Margarita Claros Coca, José Wilfredo Claros Coca, María Nieves Claros Coca, Elsa Esther Claros Coca, María Dolores Claros Coca, Gloria Amparo Claros Coca, María Luz Claros Coca, Amadeo Rojas Argandoña, Martín Darío Alvizuri Sonaglia, y presuntos propietarios, respuesta de fs. 448 a 452; concesión de fs. 474, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia Nº. 1 de Sacaba, Provincia Chapare del Departamento de Cochabamba, pronunció Sentencia de 28 de septiembre de 2008 cursante de fs. 184 a 188 vlta., declarando IMPROBADA la demanda cursante a fs. 17 formulada por Nieves Suarez por sí y en representación de Demetrio Dorado Fernández, PROBADAS las excepciones formuladas por el defensor de oficio.

Contra la referida Sentencia, Nieves Suarez de Dorado interpuso recurso de apelación cursante de fs. 192 a 195.

En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista cursante a fs.233a 235 vlta, por el que REVOCA totalmente la sentencia apelada y deliberando en el fondo declara PROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria de fs. 17 a 18 formulada por NIEVES SUAREZ por sí y en representación de Demetrio Dorado Fernández e improbadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad y falta de acción y derecho formuladas por el defensor de oficio de fs. 36; consecuentemente se reconoce el derecho propietario de los demandantes sobre el inmueble de 412 m2 de superficie y mejoras de construcción de dos plantas y otros, ubicado en la zona de Quinto Ulicante, (…).

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la formay en el fondo interpuesto por parte de Aida Inés Claros Coca y la adhesión de Mario Vargas Heredia en su condición de Defensor de Oficio, que se analizan. 

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

Refiere que el auto de vista, viola formas esenciales del proceso, señalando en el punto I.1.- como causal de casación el art. 254-1) y 2) del C.P.C por cuanto hubiera sido dictado por un tribunal integrado contraviniendo a lo dispuesto por la leyy con la concurrencia de un vocal legalmente impedido. Señala que el vocal Gualberto Terrazas hubiera sido abogado de Martín Darío Alvizuri Sonaglia codemandado- en varios procesos, y que en sujeción a lo establecido por el art. 3-8) de la Ley Nº. 1760 LAPCAF concordante con el art. 27-7) de la Ley Nº. 025 del Órgano Judicial, la obligación de separarse del proceso, fuera una falta grave. Concluye que el Auto de Vista hubiera sido pronunciado con la concurrencia de un vocal (relator) legalmente impedido al haber sido la autoridad abogado de una de las partes en anteriores procesos, con esas consideraciones fuera nulo.

En el punto I.2.-señala que se violó el art. 254-7 del Código de Procedimiento Civil, faltando a alguna  diligencia o trámite declarados esenciales, argumentando que la notificación por Edictos se lo realiza de manera errada en los nombres de los demandados y que esto generaría indefensión o violación del derecho al debido proceso. También que el juramento del defensor de oficio estuviera antes de su notificación, considerándolo irregular por lo que correspondería anularse el proceso hasta que se regularice esta situación. Continúa el recurso y en el punto I.3.-expone se habría violado los arts. 325-I y 236 del Código de Procedimiento Civil reseñando los actuados de la demanda preparatoria en la que se diría que el inmueble a usucapir se registraría a unos nombres, empero señalaría a la vez que la demanda se la dirigiría contra personas desconocidas y presuntos interesados y llegado el momento formalizaría la demanda contra ella y muchas otras mas, entiende debieron ser citados con la medida preparatoria a los presuntos interesados, que al no haberlo hecho el juez de primera instancia habría “violado de nulidad todo el proceso” que al no ser advertido por el de alzada merecería severa llamada de atención.

Refiere en el punto I.4.-como violado e infringido el mandato contenido en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y que en el Auto de Vista solo se pronunciaría sobre 5 agravios dejando 6 de los 11 expuestos, que importaría denegación de justicia e incumplimiento de deberes. Que si bien el art. 343-II del C.P.C. autorizara no resolver todas las excepciones al encontrar probada una, no se trataría de excepciones, sino agravios de manera incompleta, y estaría inmerso en el art. 254-4) del C.P.C. concluyendo que se habría resuelto en contra de la prevención del art. 254-7) del ordenamiento señalado, por lo que correspondería anularse obrados.

Que además se habría otorgado mas de lo pedido por las partes, en razón a que no se habría opuesto excepción de prescripción, sin embargo se haría referencia a los art. 1.503-I el A quo y el art. 137 el Ad quem ambos del Código Civil, cuando no podría ser aplicada de oficio sino cuando hayan sido planteadas conforme lo establecerían los arts. 1498 y 1499 del Código Civil.

Finalmente en el punto I.5.-dice que se habría violado los arts. 3-1) y 90 del Código de Procedimiento Civil, al no haber dice- evitado que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, por lo que correspondería anular obrados hasta el vicio más antiguo, desde su perspectiva hasta fs. 2 inclusive.

En el fondo

Que el Auto de Vista cuestionado viola, interpreta erróneamente y aplica indebidamente los arts. 90, 110 y 138 del Código Civil e incurriría al propio tiempo en error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas como lo establecerían los incs. 1) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, desarrollando luego en el punto II.1.1.-,señala que se habría enterado extraoficialmente del proceso de usucapión y se apersonó  adjuntando pruebas referidas a un proceso ejecutivo  seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pio X” Ltda. Contra Remberto Rojas Argandoña, Nélida Orozco Salguero y Amadeo Rojas Argandoña, acreditaría que el propietario original fuera Martín Darío Alvizuri Sonaglia, transferida mediante su apoderado Remberto Rojas Argandoña a favor de Amadeo Rojas Argandoña que registró en la Ptda. 1508 del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Chapare en fecha 19 de octubre de 1988. Que la Cooperativa señalada se adjudicó en subasta pública el inmueble como emergencia del proceso ejecutivo referido antes. Que la Minuta de subrogación y declaración de derechos de 4 de marzo de 2006 con reconocimiento de firmas acreditaría que con los dineros que ella proporcionó a Martín Darío Alvizuri Soanglia éste habría cancelado la deuda íntegra a la Cooperativa  “Pio X” por lo que habría subrogado los derechos del inmueble en litigio a su favor para que regularice su derecho propietario con la Cooperativa, habiéndose suscrito acta de conciliación de 11 de agosto de 2006 y que en cumplimiento del mismo se habría transferido a su favor mediante minuta de 26 de diciembre de 2009 y que no se habría dado curso a su registro por trámites pendientes en Derechos Reales, y con ese derecho propietario habría asumido el plan de pagos de los impuestos a la propiedad inmueble. Que hace cuatro años estaría en posesión ya que los demandantes habrían sido desalojados  con mandamiento de desapoderamiento a fines del año 2009, que los demandantes ocultaron su condición de anticresistas conforme al contrato de anticresis que adjuntaría en cumplimiento a lo previsto por el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil; que ese documento no conferiría a los actores legitimación activa y menos acción y derecho para demandar usucapión al tener propietario conocido habiendo firmado contrato de anticresis, y que hoy le pertenece.

Que adjunta prueba por el que se demostraría proceso interdicto de adquirir la posesión planteado por Amadeo Rojas Argandoña del año 1996 en el que se habría  suscitado oposición por parte de la co-actora Nieves Suárez de Dorado en que manifestaría su calidad de anticresista, que dice fuera confesión espontánea, refiriendo luego a otras fotocopias en calidad de prueba y que todas esas pruebas los hubiera adjuntado por orden judicial y cumpliendo lo dispuesto por el art. 331 del Código de Procedimiento Civil, que hubieran sido tomadas en cuenta por el A quo pero no por el Ad quem que por el contrario habría violado, interpretado erróneamente y aplicado indebidamente los arts. 90, 110 y 138 del Código Civil , que a su finalización solo se encontraban en calidad de tolerancia y solo ejercían el derecho de retención mientras no sea satisfecho su crédito, situación que fuera desconocida por el Ad quem, que habría aplicado indebidamente los arts. 110 y 138 del Código Civil para fundar el Auto de Vista.

Como I.2.1.-señala a la inspección judicial que no probaría el tiempo de posesión. II.2.2.- que las declaraciones de los testigos de cargo únicamente referirían que sus presentantes se encuentran en posesión por más de 15 años, pero que el director del proceso no se habría preocupado por extraer datos de a qué título se encontrarían, sobre las mejoras etc., que al dar credibilidad a las declaraciones de favor, el tribunal de alzada habría violado los arts. 1330 del C.C. y 476 de su procedimiento que establecerían las reglas a seguir para la valoración de la prueba testifical.

En el punto II.2.3.- hace referencia y crítica a la intervención de los vocales tanto relator como disidente para referir al criterio adoptado en el fallo. Seguido señalar que en cumplimiento de lo establecido por el art. 253-3) del Código de Procedimiento civil  ofrece como prueba las que refiere y detalla inmersos en el expediente.

En otro acápite signado como II.3.- advierte que el A quo como el Ad quem habrían violado los arts. 1498 y 1499 y habrían aplicado indebidamente los art. 1503-I y 137 todos del Código Civil. En razón a que habrían aplicado  de oficio la prescripción, pues ni el defensor de oficio ni los co-demandados habrían opuesto la referida excepción, y que no correspondería hacerlo.

Como II.4.- señala la existencia de disposiciones contrarias en el auto de vista, cuando el mismo referiría  que no fuera necesaria la aportación de pruebas por el defensor de oficio y el juzgador debiera fallar en base a una valoración conjunta y armónica de laspruebas, y no obstante sentar la bases de manera contradictoria a tiempo de revocar la sentencia declararía improbadas las excepciones formuladas por el defensor de oficio, en desconocimiento del principio procesal de adquisición procesal, por lo que correspondería casar el auto de vista.

Como petitorio dice se anule obrados hasta el vicio mas antiguo -fs. 2-, o en su defecto se case el auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda y probadas las excepciones perentorias opuestas por el defensor de oficio, en su defecto se declare subsistente e incólume la sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO III:


FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:


Estando planteado recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, a efectos de tener la pertinencia respectiva, este Tribunal resolverá en primer término lo reclamado en la forma, en consideración a que si fueran evidentes, la resolución a emitir fuera por anular el Auto de Vista u obrados, imposibilitando abordar lo planteado en el fondo, en ese contexto se tiene que:

En la forma

Cuando se pretende la aplicación del art. 254-1) y 2) del Código de Procedimiento Civil, al considerar que el Auto de Vista hubiera sido dictado por un tribunal integrado contraviniendo a lo dispuesto por ley, alegando lo determinado por los arts. 3.8) de la Ley 1760 así como el art. 27-7) de la Ley No. 025; habrá que considerar que de la lectura de estas disposiciones encontramos la claridad de las mismas cuando señalan de manera coincidente como causales de excusa y recusación, el haber sido el Juez, “abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el proceso que debe conocer”, extractándose como el elemento primordial, el hecho de haber actuado como refiere la norma, en el proceso que debe conocer; en el caso en cuestión, la denuncia es que hubiera sido abogado en otras causas, y no precisamente en el estudiado, de manera que no es cierto que existiera la concurrencia de un vocal legalmente impedido, -en este caso el relator-pues no existe evidencia que en la tramitación de este proceso haya intervenido en la condición que pretende la recurrente, consecuentemente carece de fundamento lo denunciado.

En referencia al punto I.2 en que se pretende falta de alguna diligencia o trámite declarados esenciales cuando en la notificación por Edictos los nombres estuvieran errados, es un aspecto que no le está facultado reclamar a la recurrente, en consideración a que no tiene legitimidad para ello, pues su reclamo va por terceras personas y no por ella misma, incluso aun de considerar que ello fuera posible, lo pertinente era pedir la aclaración y complementación correspondiente que en el caso no existió, no revistiendo mayor transcendencia aquel aspecto en consideración a que durante su intervención la recurrente ha alegado ser la única con derecho a reclamar sobre el inmueble en litis, siendo esto así, resulta imprecisa su pretensión de reclamar por terceros que ella misma desconoce tuvieran algún derecho, además de esa aclaración, no existe norma que sanciones con nulidad como pretende la recurrente, consecuentemente nocorresponde la aplicación del art. 254-7) del Código de Procedimiento Civil.

Cuando señala hubiera discordancia en las fechas del juramento del defensor de oficio y la notificación con el nombramiento, a más de señalar que aquello fuera irregular no existe fundamento valedero de que ello fuera trascendente o causara perjuicio a las partes, consecuentemente no merece mayor análisis.

Al reclamo efectuado en el punto I.3, y la pretensión de encontrar violación del art. 325-I del Código de Procedimiento Civil, llama la atención de este Tribunal que en etapa de casación se pretenda aquel aspecto, pues a su apersonamiento y durante la tramitación del proceso, jamás reclamó aquella situación, sin considerar que si esto fuera evidente y que debiera haberse citado a presuntos interesados en ese momento, la propia recurrente estaría desconociendo su personería y el derecho para intervenir en la causa de manera válida, por lo que el reclamo de la presunta existencia de vicio de nulidad aun en la posibilidad de que ello fuera evidente, que en los hechos no corresponde, no tiene sustento válido.

Peculiar resulta que se denuncie la infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil con el argumento de que de los agravios expuestos en apelación, no se hubiera respondido a todos y cada una de ellas, lo particular está en el hecho que reclame no haberse dado respuesta a lo expuesto por su contraparte, pretendiendo una denegación de justicia e incumplimiento de deberes, cuando la parte que presuntamente fuera afectada, no dijo nada con relación al tema, además de haber obtenido fallo favorable a sus intereses en la resolución del Ad quem;por lo que resulta siendo absolutamente oficiosa la denuncia formulada, pues pretende aparecer en defensa de los intereses de su contraparte sin estar facultado para ello; si la apelante no reclamó ese aspecto, no es precisamente  la demandada hoy recurrente la que deba hacer el reclamo en defecto de la demandante.

Por otra parte la recurrente debió comprender el correcto entendimiento de los fallos cuando refiere la prescripción para no confundir sus ideas, pues ni el fallo de primera instancia ni el de apelación refieren a una excepción de prescripción, en consecuencia resulta salido de contexto ese planteamiento, no mereciendo mayor consideración.

Al último punto reclamado de una presunta violación de los arts. 3-1) y 90 del Código de Procedimiento Civil, no tiene fundamento, al haberse desvirtuado todos y cada uno de los aspectos denunciados como causales de nulidad que ameritaran la anulación de obrados.

Consecuentemente corresponderá emitir resolución en sujeción a lo previsto por los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


En el fondo

Se denuncia, violación, interpretación y aplicación indebida de los arts. 90, 110 y 138 del Código Civil, así como el haber incurrido en error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas que enmarcarían a lo previsto por el art. 253 inc. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil.

Para ingresar en contexto habrá que señalar que en el presente proceso se tramita una usucapión decenal o extraordinaria de bien inmueble de las características descritas de sus antecedentes, consecuentemente será pertinente recordar que la usucapión es una de las formas para adquirir el derecho de propiedad, con la concurrencia de ciertas condiciones y el transcurso del tiempo, la doctrina ha establecido que para usucapir deben concurrir elementos configurativos de la posesión, señalando el ánimus así como el corpus, entendiendo del primero como elemento subjetivo, es decir la convicción o ánimo de ser dueño o propietario del bien, repudiando potestad ajena; y el segundo elemento material o externo, es decir, tener la cosa, que puede traducirse mediante actos y hechos que denoten efectuar disposiciones de aquella y las mejoras tendientes a su beneficio.

Con ese antecedente, en el caso en cuestión la actora por si y en representación de su cónyuge refirió en la demanda (fs. 17 a 18) que desde hacen mas de 15 años ocupaba y poseían un lote de terreno, sin precisar la fecha de ingreso, especificando las construcciones y dando a entender que las mismas ya estuvieran a tiempo de su ingreso al inmueble, en otro argumentos sostiene que la posesión fuera única, pacífica, continuada, ininterrumpida, sin perturbación ni interferencia en forma pública, y que habrían detentado, poseído y ejercitado derecho propietario. De esas afirmaciones habrá que verificar si evidentemente se probaron en el transcurso del proceso, y si estos fueron correctamente considerados en las resoluciones de instancia. Señalar entonces, que a la afirmación del cumplimiento de los requisitos por parte de los actores, la codemandada ahora recurrente presenta prueba documental por el que se evidencia la existencia de un proceso ejecutivo seguido ante el Juzgado de Instrucción Segundo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pio X” Ltda., entre otros contra Amadeo Rojas Argandoña, -que resulta siendo demandado también en el presente proceso-, que dentro del referido trámite existe la evidencia de haberse embargado el bien inmueble conforme se verifica a fs. (32 de aquel proceso) fs. 87 del actual, acto procesal que se hubiera efectuado en fecha 14 de marzo de 1997, es decir, en ese momento hubo interrupción de cualesquier posesión que se estuviera suscitando, y estrictamente en el caso, si a tiempo de iniciar la demanda se dijo que la ocupación fuera desde hace mas de quince años sin precisar fecha, entenderemos que el inicio de la presunta posesión se patentizó el año 1990, y si esta fecha es la referente, hasta el momento del embargo, no transcurrieron los diez años que eran precisos para la procedencia de la usucapión, existiendo la interrupción en la posesión, es mas, habrá que verificar que el propietario registral ejercitó actos de disposición del bien inmueble de su propiedad conforme se verifica a fs. 74 del proceso actual, por el que se evidencia haber ofrecido en calidad de garantía hipotecaria al préstamo de dinero, especificando el bien inmueble y el registro respectivo, que a futuro y al incumplimiento en el pago de la deuda se produjo el embargo señalado supra, por otro lado corresponde asimismo destacar que existe diligencia de notificación a Ramiro Dorado Suarez con Despacho Instruido precisamente con antecedentes de ese proceso ejecutivo, y como se verifica de obrados (fs. 130)  consistente en Certificado de Nacimiento, el mismo resulta siendo hijo de los demandantes quedebió anoticiarles, la afirmación en sentido que el mismo tuviera morada en otra ciudad y eventualmente estuviera en el lugar no tiene sustento lógico; además debe tomarse en cuenta las publicaciones de prensa con el Aviso de Remate de fs. 99 que según aclara la literal de fs. 100 fueran de fecha 31 y 7 de mayo de 1997, así como de fecha 24 de julio de 1997 de fs. 104. En ese contexto habrá que señalar que evidentemente existe certeza que hubo interrupción civil en el transcurso del tiempo con el embargo practicado del bien inmueble- para la procedencia de la usucapión decenal o extraordinaria, en consideración además que el propietario realizó actos de disposición del bien inmueble en cuestión.

Por otro lado, corresponde precisar que no hay elemento probatorio firme demostrativo de que la parte actora haya realizado mejora alguna en el bien inmueble, pues como se lee a fs. 74, parte final de la cláusula segunda del documento de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 8 de abril de 1996, la garantía comprendió construcciones, denotando que en esa fecha contaba ya con las construcciones efectuadas, aspecto corroborado por la propia demandante que refiere interponer demandasobre la extensión del lote y su casa de dos pisos, nunca refirieron haber efectuado las construcciones, de manera que no existen mejoras que hayan introducido ni el haber demostrado haber actuado como verdaderos propietarios con relación al inmueble en litigio, pues incluso los impuestos a la propiedad no fueron cancelados por ellos.

De lo anterior se colige que no concurrieron los elementos que harían viable la procedencia de la demanda conforme razonó el A quo, consecuentemente al razonar el Tribunal Ad quem en sentido contrario no apreció correctamente los antecedentes del proceso y las pruebas que se adjuntaron a la misma, demostrándose objetivamente que en el caso de autos, la parte actora no poseyó el inmueble demandado en usucapión por el tiempo que exige el art. 138 del Código Civil, consecuentemente no era aplicable lo determinado por el art. 110 de la referida norma sustantiva, habiendo ciertamente aplicado de manera errónea el Tribunal Ad quem a tiempo de dictar Auto de Vista.

Por otro lado, en relación a la prueba testifical que el Tribunal Ad quem considera merecen credibilidad, habrá que mencionar que los mismos si bien es cierto que señalan la ocupación de los actores por aproximadamente 14 a 15 años, de ninguna manera refieren la condición en que ocuparan el mismo, pues incluso alguno de ellos refiere no haber ingresado al inmueble, de lo que se infiere que no aportan de manera válida elementos para llegar a la conclusión que arribaron los de segunda instancia, tanto es así que no saben o no refirieron nada con relación al embargo efectuado por funcionarios judiciales dentro del proceso Ejecutivo, ni la notificación al hijo de los actores a fin del avalúo pericial, de manera que no es pertinente la aplicación de los arts. 1330 del Código Civil y 476 de su procedimiento, evidenciándose su transgresión.

A los demás puntos expuestos, este Tribunal no hará mayor análisis, en consideración a que la referencia y crítica de la intervención de los vocales suscribientes, no tienen relación con el tema de fondo, asimismo cuando se reclama oficiosa aplicación de la prescripción, es una consideración reiterativa de lo planteado en el recurso de casación en la forma, no habiendo comprendido la recurrente que no existe pronunciamiento con respecto a alguna excepción de prescripción, sino la referencia esta destinado a enfocar la prescripción adquisitiva o extintiva a efectos del análisis del transcurso del tiempo para la procedencia o no de la demanda de usucapión.

Con relación al último punto, al no haberse denunciado vulneración de norma alguna, no corresponde sino señalar que el argumento expuesto es una crítica al actuar del Tribunal Ad quem, no mereciendo mayor atención.

A la adhesión al recurso de casación por parte del Abogado Mario Vargas Heredia a fs. 443 en su condición de Defensor de Oficio, no estando regulada esta situación por el Código de Procedimiento Civil, al estar asimilado el Recurso de Casación a una demanda nueva de puro derecho, no se hará ninguna consideración.

Consecuentemente corresponderá emitir resolución en sujeción a lo previsto por los arts. 271-4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41,42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271-2), 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en virtud del art. 271-4) y 274 de la norma procesal civil citada CASA el Auto de Vista de 26 de octubre de 2012 de fs. 233 a 235 vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y deliberando en el fondo declara firme y subsistente la sentencia de primera instancia de fecha 28 de septiembre de dos mil ocho de fs. 184 a 188 vlta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero