TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                       S A L A  C I V I L        

Auto Supremo: 75/ 2014

Sucre: 14 de marzo 2014

Expediente: PT 53 13 S

Partes: Isabel Quispe López de Márquez. c/ Bertha Quispe López.

Proceso: Usucapión Decenal o Extraordinaria.

Distrito: Potosí.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 307 a 309 vta., presentado por Isabel Quispe López de Márquez, contra el Auto de Vista Nº 200/2013, de 17 de noviembre de 2013, cursante de fs. 301 a 304, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por la recurrente en contra de Bertha Quispe López, el Auto de concesión a fs. 314 vta., los antecedentes del proceso; y :


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, dentro del proceso ordinario de usucapión el Juez de Partido Primero en lo Civil de Potosí, emitió la Sentencia Nº 033/2013 de 27 de agosto de 2013, corriente de fs. 275 a 283, declarando improbada la demanda interpuesta por Asunta Márquez Quispe en representación de Isabel Quispe López de Márquez.

Sentencia que apelada por la parte demandante, fue confirmada mediante el Auto de Vista Nº 200/2013, de 17 de noviembre de 2013, cursante de fs. 301 a 304, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.


CONSIDERANDO II

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Contra la mencionada Resolución, Isabel Quispe López de Márquez interpone el recurso de casación en la forma de fs. 307 a 309 vta., acusando que:

Primero: Que, el Auto de Vista impugnado infringe las formas esenciales del proceso porque no se ha pronunciado sobre una pretensión concreta y faltando una diligencia o trámite esencial, cual es la conciliación.

Segundo: El Tribunal de Alzada no ha realizado un análisis serio y responsable de los datos del proceso, señalando como ejemplo que el recurso de apelación fue planteado por la apoderada Asunta Márquez Quispe cuando en rigor de verdad fue planteada por Isabel Quispe López de Márquez. 

Tercero: El Tribunal Ad quem no cumplió con el mandato del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pronunciándose sobre el fondo, extremo que no ha sido objeto de apelación, puesto que en ninguna parte del recurso se pidió la revocatoria de la Sentencia, sino la nulidad de obrados.

Cuarto: La incongruencia e inconsistente resolución del Tribunal de Alzada, debido a su confusa y desordenada estructura al señalar que el Juez A quo antes de dictar Autos para Sentencia señaló audiencia de conciliación, cuando esta no se realizó por no haberse notificado con dicho señalamiento a la parte demandante ni a su mandataria.

Quinto: Que, la Sala Civil del Tribunal Departamental de Potosí no decide nada sobre el memorial de expresión de agravios, limitándose a señalar que se habría efectuado renuncia a la conciliación, por haberse producido la preclusión para solicitar nueva audiencia conciliatoria.

Sexta: Que, el planteamiento del actual recurso se funda en el hecho de que el Juez A quo mediante providencia de 14 de junio de 2013, corriente a fs. 270 vuelta, señaló audiencia de conciliación para el día jueves 22 de junio de 2013 a horas 17:30, sin embargo la Oficial de Diligencias notificó a las partes con una providencia ajena a la conciliación, irregularidad que según su criterio afecta al debido proceso al incumplirse con el art. 182 del Código de Procedimiento Civil, art. 16 de la Ley 1455 y con el Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 11 de octubre de 1995, incurriéndose en la falta prevista en el art. 90-I del Código de Procedimiento Civil.

Concluye solicitando se pronuncie resolución anulando el Auto de Vista Nº 200/2013, y en consecuencia sin efecto los obrados hasta las diligencias de notificación de fs.  271 y vta., con reposición.  


CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


No obstante que la impugnación extraordinaria es deficiente al no observar la técnica jurídica que debe contener el recurso de casación, sin embargo habiéndose acusado vicios de nulidad, se ingresa a revisar los obrados en función al recurso de casación en la forma deducido por la demandante.

Que, el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el art. 227 del mismo cuerpo legal, obliga al Tribunal de Alzada a circunscribir sus fallos al marco jurisdiccional que le impone esta normativa, lo que se denomina como principio de congruencia, es decir, la necesaria correspondencia entre la resolución y la pretensión que constituyen el objeto del recurso.

En la especie, el Tribunal Ad quem circunscribió su Resolución a la normativa antes citada, pronunciándose respecto a los agravios señalados en el recurso de alzada, en este caso en relación a la audiencia conciliatoria, constando en el punto 6 del único considerando decisión al respecto, cuando señala: “De la revisión de los obrados se evidencia que el Juez apelado mediante providencia de fecha 14 de junio de 2013, en aplicación del art. 180 del C.P.C. y circular emanada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 11 de octubre de 1995, señaló audiencia de conciliación para el día jueves 20 de junio de 2013 a horas 17:30. Con esta providencia, es cierto que Asunta Márquez e Isabel Quispe fueron notificadas a horas 16:30 del día 14 de junio de 2013, firmando su abogado Carlos Coria M., como se observa a fs. 271, es decir tenía conocimiento de esta audiencia de conciliación; sin embargo por un error calami, el oficial de diligencias consignó la providencia de fs. 111 vta., aunque la foja 270 fue enmendada posteriormente en su foliación, aspecto que el fondo no afecta el debido proceso, por cuanto si la demandante se consideraba afectada o agraviada, podía interponer recurso de reposición, incidente de nulidad, o finalmente solicitar nuevo señalamiento de audiencia de conciliación en vez de pedir mediante memorial de fecha 16 de julio de 2013, cursante a fs. 273, Autos para Sentencia, lo cual demuestra su renunciamiento a otra audiencia de conciliación, habiéndose producido su derecho de preclusión a solicitar una nueva audiencia de conciliación”.

En ese orden, el Tribunal de alzada aplicó correctamente el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial, norma que establece el principio de preclusión, que impide el regreso a  momentos procesales ya extinguidos o consumados, por pérdida de la oportunidad para la realización de un acto procesal, determinando la clausura de la etapa respectiva.

Al respecto, corresponde señalar que el proceso se encuentra conformado por sucesivas etapas que se abren y cierran en forma correlativa, impidiendo retrotraer el trámite a etapas que concluyeron, característica del proceso que consagra el principio de preclusión, sobre cuya base se determina que si las partes no hicieron uso de un derecho procesal oportunamente deviene la pérdida de esa facultad, que luego no puede ser alegada ni usada en otra etapa del proceso.

En ese entendido, si la demandante no reclamó oportunamente debe entenderse que esa facultad precluyó, máxime si en el caso de Autos, se cumplió con el señalamiento de la audiencia conciliatoria y con la notificación correspondiente, habiendo solicitado posteriormente la propia recurrente Autos para Sentencia, sin que conste reclamo alguno sobre cualquier acto irregular referido a la falta de notificación, como correctamente determinó la Resolución de Vista. De ahí que si los defectos no se observan oportunamente quedan cubiertos, produciéndose el principio de convalidación y operándose la preclusión que permite la consolidación de cualquier vicio o error que no hubiere sido reclamado en las instancias pertinentes,

En relación a que, el Tribunal de Alzada no realizó un análisis serio y responsable al señalar que el recurso de apelación fue planteado por la señora Isabel Quispe López de Márquez y no así por la apoderada Asunta Márquez Quispe, se debe señalar que ese extremo carece de trascendencia debido a que esa confusión en los nombres no altera el fondo de la Resolución y no produce agravio a la parte recurrente, mas al contrario si éste al notar de ese error podía pedir una explicación y complementación conforme al art. 239 concordante con el art. 196, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a que el Tribunal Ad quem se pronunció sobre el fondo de la Sentencia y que esta no constituyó objeto de la apelación y pudiendo resultar esta fundamentación impertinente, se debe observar que en el punto 6 del único considerando del Auto de Vista se da respuesta a la apelación planteada, cumpliéndose de esta manera con lo establecido en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Paralelamente a lo anotado, corresponde señalar que en materia de nulidades rigen ciertos principios procesales que deben ser observados, como el de especificidad en atención al cual no existe nulidad procesal sin ley que lo determine expresamente, el principio de trascendencia, que establece que no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, principio que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieren surgir de la desviación del proceso y restrinja las garantías a las que tienen derecho los litigantes; el principio de convalidación, que exige que la parte perjudicada observe debida y oportunamente ante el Juez A quo el vicio procesal, caso contrario toda nulidad no observada en su oportunidad se convalida por el consentimiento, operándose la ejecutoriedad del acto.

De la revisión minuciosa de los obrados este Tribunal Supremo no encuentra vicio alguno que amerite la nulidad de obrados, habiendo los juzgadores observado las formas esenciales en la tramitación del proceso, por otro lado, ninguno de los supuestos vicios que acusa la recurrente están castigados con nulidad de obrados mediante ley expresa.

En consecuencia, los Tribunales de instancia no han incurrido en violación de las normas acusadas en el recurso, por lo que corresponde dar aplicación a los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010 y en sujeción a lo contenido en los arts. 271 núm. 2), 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 307 a 309 vuelta de obrados presentado por Isabel Quispe López de Márquez. Con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs. 700.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Magda.  Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero