TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

      SALA  CIVIL


Auto Supremo: 73/2014

Sucre: 14 de marzo 2014

Expediente: LP-132-13- S

Partes: Justo Nina Laura, Isaac Mújica Calderón y Josefina Mújica Calderón

c/ Julia Huayta Avalos y Germán Mújica Calderón.

Proceso: Nulidad de venta, reivindicación, cancelación de partida y pago

de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 517 a 519 incoado por Josefina Mújica Calderón y el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Isaac Mújica Calderón y Justo Nina Laura de fs. 521 a 524, contra el Auto de Vista de   Resolución Nº S-343/2013 de 27 de septiembre de 2013, cursante de fs. 474 a 477 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Nulidad de venta, reivindicación, cancelación de partida y pago de daños y perjuicios, interpuesto por los recurrentes contra  Julia Huayta Avalos y Germán Mújica Calderón, la concesión de fs. 534, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo de Partido en lo Civil y Comercial la ciudad de El Alto, mediante Sentencia Nº 53/2013 de fecha 18 de febrero de 2013 falló declarando PROBADA la demanda de fs. 26 a 29 de obrados interpuesta por los ahora recurrentes, contra Julia Huayta Avalos y Germán Mújica Calderón, con relación a la nulidad de la Escritura Pública Nº 1086/92, IMPROBADA con relación a los daños y perjuicios. Respecto de la acción reivindicatoria de fs. 58 a 62, declaró PROBADA con relación la nulidad de la Escritura Pública Nº 94/93 y protocolización de la Escritura Pública Nº 982/93 e IMPROBADA con relación a la acción negatoria y daños y perjuicios, disponiendo que en ejecución de sentencia, se proceda a la nulidad de la Escritura Pública  Nº 1086/92 otorgada por la ex notaria de fe pública Dra. Dora Franco Espejo y la cancelación de la Partida Nº 1182697 de fecha 09 de noviembre de 1992 y la nulidad de la Escritura Pública  Nº 94/93 de 22 de enero de 1993 otorgado ante la Notaria Nancy Portugal Aguirre y nulidad de la Protocolización  en la Escritura Pública Nº 892/93, cancelación de las partidas Nº 01196908 y 11050271, por consiguiente la rehabilitación de la partida Nº 01014986 de fecha 27 de septiembre de 1988 a nombre de Josefina , Germán, Virginia e Isaac Mújica Calderón, concediendo a Julia Huayta  Ávalos, el plazo de diez días  a partir de la ejecutoria de la Sentencia  para restituir a los propietarios los 125 ms.,de superficie.

Contra esa resolución de primer grado,  Germán Mújica Calderón y Julia Huayta Ávalos interpusieron recurso de apelación mediante memorial de fs. 406 a 412 así como Josefina Mújica Calderón por memorial de fs. 421 a 424, que mereció el Auto de Vista de fs. 474 a 477 y vlta, que REVOCÓ PARCIALMENTE  la Sentencia apelada, declarando IMPROBADA la demanda principal, con relación a la nulidad de la Escritura Pública Nº 1086/92, la acción reconvencional y a los daños y perjuicios, manteniendo firme y subsistente en lo demás. Sin costas.

Contra esa Resolución, Josefina Mújica Calderón, interpuso recurso de casación por memorial de fs. 517 a 519 y Justo Nina Laura e Isaac Mújica Calderón, incoaron recurso de casación en el fondo mediante memorial de fs. 521 a 524, que se pasa a considerar.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del recurso de casación de Josefina Mújica Calderón

1.- Que, existe  interpretación errónea del art. 166 y aplicación indebida del art. 161 del Código Civil, porque la juez toma elemento para declarar improbada la demanda, su propia interpretación del art. 166 del Código Civil,  cuando ninguno de los copropietarios puede realizar ningún acto de disposición sobre el inmueble o su cuota sin la participación  de los demás.

2.-  Que, asimismo los Vocales incurrieron en errónea interpretación de las causales de nulidad, interpretando  de forma incorrecta los hechos y la demanda en contra de lo expresado en la misma, asegurando que  la demanda se basa en “falta de consentimiento”, instituto jurídico impertinente porque en ese contrato de venta las partes han sido los demandados y lo que se denuncia es el  incumplimiento de normas de orden público: la no participación de la venta realizada  y que la venta se ha realizado entre cónyuges.


Que, la invocación de doctrina sin señalar su origen y la deformación de los hechos conforme su interpretación, determina vulneración de los principios básicos de legalidad y seguridad jurídica porque esa interpretación aislada sirve como fundamento para revocar la sentencia y declarar improbada la demanda en contra de la justicia  y la verdad que se advierte a la simple revisión del expediente.

Del recurso de casación en el fondo, interpuesto por Isaac Raúl Mújica Calderón y Justo Nina Laura.

1.- Que, la demanda tiene amparo en la ilicitud de la causa, es decir en la no concordancia o conformidad con la ley, específicamente con lo dispuesto por el art. 166 del Sustantivo Civil que dispone que  resulta necesario el consentimiento  de todos los copropietarios  para realizar innovaciones o alteraciones  de la cosa común o para   celebrar actos de disposición sin embargo el Tribunal de Alzada,  tratando de desvirtuar este se ampara en el art. 167 del mismo Código Civil dando por bien hecha la transferencia realizada por Germán Mújica Avalos.

2.- Que, respecto al art. 167 del Código Civil, el Ad quem  hace una apreciación errónea, pues esta norma se refiere al derecho que tiene todo copropietario de pedir la división de la herencia u otros bienes comunes, debiendo aplicarse la misma, en observancia de lo dispuesto por el art. 164 del Código Civil, en conformidad con los arts. 671 a 681 de la misma norma e incluso en caso de discordia acudir a la vía contenciosa, lo que no ha acontecido en el caso pues el demandado unilateralmente ha dividido el bien desconociendo lo dispuesto por los arts. 1282 y 1449 del Código Civil que son una manifestación de la tutela efectiva dispuesta en el art. 115-II constitucional. Cita el A. S.  Nº 226 de 23 de julio de 2013 emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

3.-Que,  no se puede celebrar actos de disposición de partes que ni siquiera han merecido división material, sino que poseen todo en forma ideal por lo que mal pueden disponer de su parte en desconocimiento del art. 166 del Código Civil, lo que no ha sido entendido así por el Tribunal de Azada, además de la inobservancia por parte de las Autoridades de los arts. 170 y 171 del compilado civil, que disponen que cuando la cosa común no admite cómoda división entre los copropietarios, se debe proceder a la venta de la cosa y su división entre los copropietarios.

4.-  Que, cuando el Ad quem dice que la venta realizada por Germán Mújica a Julia Huayta Ávalos es lícita, porque transfirió sus acciones y derechos y no la totalidad de inmueble, sin afectar los derechos de los demás co-propietarios, lo ilícito, es el acto realizado no conforme a ley, que en el caso ha quedado debidamente acreditado por irrespeto a lo dispuesto en el art. 166 del Código Civil, a la naturaleza y a la normativa señalada anteriormente.

5.- Que, los vocales no han comprendido como lo hizo el A quo que este proceso de nulidad y la  demanda  está revestida conforme el principio  “iura novit curia” y lo que correspondía era que las autoridades den el derecho sin embargo, revocan la Sentencia  desconociendo los mandatos de la nulidad según el art. 551 del Código Civil  y considerándola inaplicable al caso.

Que, principios de verdad material, debido proceso, igualdad ante la ley, seguridad jurídica, armonía social, respeto a los derechos y la búsqueda del valor  justicia, los mismos deben regir en la administración de justicia conforme los arts. 115 par. II, 178 y 180 par. I de la Constitución Política del Estado que debe positivizarse en los fallos judiciales, lo que no ocurrió en el caso de Autos pues en detrimento de los derechos de los tres copropietarios, se impone el capricho ilícito de una de las partes

Concluye solicitando que este Tribunal CASE el Auto de Vista recurrido y confirme la Sentencia  de primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del recurso de casación en el fondo, interpuesto por Isaac Raúl Mújica Calderón y Justo Nina Laura

Que, en el marco del recurso y de la revisión de antecedentes de proceso y conforme consta en la Escritura Pública Nº 1086/92 de 26 de octubre de 1992, cursante de fs. 5 a  6 y vlta. de obrados, se evidencia que el 15 de octubre de 1992, Germán Mújica Calderón declarando ser legítimo propietario  de un lote de terreno de 125 ms.2, sito en la Av. 16 de julio Nº 1530 de la ciudad de El Alto,  transfirió a  Julia Huayta Avalos  en calidad de venta los derechos y acciones que tenía en el inmueble de la Av. 16 de Julio Nº 1530, en la superficie de 125 ms.2, estableciendo sin embargo en la cláusula tercera del mismo documento, la superficie, sus límites y colindancias que supuestamente tendría la fracción objeto de la venta, sin considerar que el bien  estaba sujeto al régimen de la copropiedad y el estado de indivisión en que se encontraba respecto a la superficie total de inmueble que es de  500 ms.2, compartida a partes iguales con Isaac, Josefina y Virginia Mújica Calderón (demandantes), conforme sale de la Escritura Pública Nº 319 de fecha 04 de julio de 1988 por la que Hilarión Mújica transfirió el referido inmueble  a las partes  hoy en  conflicto.

Establecidos esos antecedentes, inicialmente corresponde señalar que nuestro sistema normativo civil, respecto al régimen de  la copropiedad acoge la concepción de la comunidad por cuotas ideales o abstractas, que no alcanzan concreción material hasta el momento mismo de la división o partición quedando claramente establecido que cada copropietario es dueño de la totalidad de la  cosa común, al mismo tiempo que lo es de una fracción o parte abstracta de la misma, regulada en nuestro ordenamiento jurídico, en el Capítulo IV, Sección I del Código Sustantivo.

Bajo esa premisa, nos  remitiremos al art. 161 del Código Civil que en su parágrafo I dice: (disposición de la cuota) Cada copropietario puede disponer de su cuota., norma de cuya interpretación, se infiere que cada copropietario puede disponer libremente de su cuota o acciones sin limitación alguna, bajo la premisa de que en el régimen de la copropiedad, el bien está entendido como un todo del cual cada copropietario es dueño de una porción ideal o de una cuota, no de una parte física determinada, la misma que puede ser dispuesta por cualquiera de los copropietarios a cualquier título, bajo prevención de no afectar  de ninguna manera las cuotas de los otros copropietarios

A efectos de una mayor comprensión de esta norma, nos remitiremos al comentario que hace el Dr. Gonzalo Castellanos al respecto: “El copropietario tiene el derecho de disposición  de la cosa como  atributo fundamental de su derecho; por consiguiente, en cualquier momento puede (salvo pacto en contrario) disponer de su cuota; por lo tanto, cada copropietario puede disponer libremente de su cuota como mejor le parezca a sus derechos.

La primera parte de la norma en análisis expresamente reconoce a cada copropietario el derecho a la plena propiedad de su parte, pudiendo por lo tanto, enajenarla, cederla o hipotecarla.

La enajenación de su cuota es una facultad que cada copropietario puede ejercer por cualquier título (oneroso o gratuito), sin requerir el consentimiento de los otros, aún en  desconocimiento de éstos y sin otorgarles ningún derecho de preferencia, salvo acuerdo contrario entre las partes.

Por su parte el profesor Zeballos La Fuente  sobre el mismo tema señala: “todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte, y la de los frutos y utilidades que le corresponda, pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir otro en su  aprovechamiento, salvo si se trata de derechos personales. Pero el efecto  de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños estará limitado a la porción que  se le adjudique en la división.

Establecido lo anterior, corresponderá remitirnos nuevamente al  documento de fs. 5 a 6 y vta., cuya nulidad se demanda y es objeto del presente recurso, de cuyo análisis se tiene que inicialmente, en la cláusula segunda del referido documento dice: “Al presente por así convenir a mis intereses de manera libre y voluntaria, sin presión moral de ninguna índole doy en calidad de venta y enajenación perpetua el mencionado lote de terreno con la  superficie de 125 ms.2 o sea el 25 % de mis acciones y Derechos con todos sus usos costumbres y servidumbres a favor de la señora: Julia Huayta Avalos...”(El subrayado nos corresponde) de lo que se infiere sin lugar a dudas que el vendedor transfiere “acciones y derechos” y la compradora, adquiere también acciones y derechos; reiterado este aspecto en  la primera parte de la  cláusula tercera cuando dice: “El lote de terreno, materia de la presente transferencia  de mis acciones y derechos  no reconoce gravamen ni hipoteca alguna...”. Sin embargo a continuación, en franca contradicción  con lo ya establecido en las cláusulas anteriores, señala: “... Teniendo los siguientes límites y colindancias por el Norte limita con la Av. 16 de julio, al Sur con la propiedad de V. Mújica  e Isaac Mújica al Este con la propiedad de J. Mújica y al Oeste con la propiedad de Justino Paucara y Sra. Teniendo un frente de  5 Metros lineales y 25 Metros de Largo.” (El subrayado nos corresponde).

De lo anterior se establece que el documento cuya nulidad se demanda, adolece de evidentes contradicciones que precisamente han dado origen a la presente demanda, toda vez que por un lado el vendedor manifiesta que transfiere acciones y derechos, lo que no resulta reprochable en conformidad con lo dispuesto por el art. 161 del sustantivo civil analizado supra, pero cuando en la cláusula tercera glosada precedentemente establece colindancias, determinando no solo la superficie del predio sino su ubicación exacta sin considerar que el bien está sometido a regulación legal específica, éste, es un acto irregular que vicia la validez del documento en lo que concierne concretamente a este aspecto que, vinculado a lo preceptuado por el art. 166 del mismo compilado legal, ha sido incorrectamente interpretado por el Ad quem a tiempo de revocar la sentencia de grado declarando improbada la demanda de fs. 26 a 29 vta., dejando en consecuencia vigente la Escritura Pública Nº 1086/92.

En ese contexto y en el entendido de que el  contrato es un acuerdo de voluntades para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, el mismo debe ser interpretado conforme previene el art. 510 del Código Civil, es decir se debe averiguar cuál la  intención de  las partes al momento de contratar; en este caso se establece con meridiana claridad que la intención de los contratantes fue, para el vendedor, la transferencia a título oneroso de la cuota, acciones o derechos  que le correspondían en el lote de terreno sito en la Av. 16 de Julio Nº 1538 de la ciudad de El Alto y, respecto a  Julia Huayta Ávalos, la de adquirir a título de compra las acciones o derechos de su vendedor en el inmueble señalado, no la compra- venta de un bien individual sometiéndose las partes al momento de contratar,  a las reglas de la co propiedad,  deduciéndose en consecuencia que en aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos, la compra venta realizada entre Germán Mújica Calderón y Julia Huayta Ávalos de las acciones y derechos del vendedor en el lote transferido por Hilarión Mújica en favor de Josefina, Israel, Virginia y Germán Mújica Calderón mediante Testimonio Nº 319/88 de 04 de julio de 1988 resulta válida en previsión de lo dispuesto por el art. 519 del Código Civil, que dice: “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por el consentimiento mutuo o por las causas Autorizadas por la ley”, sin embargo, no es menos cierto y evidente que lo manifestado y acordado en la cláusula tercera respecto a las colindancias de la cuota que se transfiere, no solo que va en contra las reglas del régimen de la copropiedad, sino que conculca lo establecido en el art. 161 parágrafo I, porque como se tiene fundamentado, el copropietario sólo puede disponer de su cuota ideal, de sus acciones o derechos, no de una parte física ni determinada, en consecuencia la referida cláusula tercera  resulta no válida de pleno derecho y de ninguna manera puede  ser convalidada como erróneamente concluyó el Ad quem al no advertir estas infracciones al interpretar erróneamente el parágrafo I del art. 161 del Código Civil relacionado equívocamente con el art. 166 de la misma norma, concluyendo con la revocación de la Sentencia de grado y dejando vigente en su totalidad la Escritura Pública Nº 1086/92, por lo que en previsión de lo dispuesto por el art. 519 del Código Civil, corresponde aplicar al caso de Autos, lo dispuesto en el art. 550 del Código Civil, que dice: “La nulidad parcial del contrato o de una o más de sus cláusulas no acarrea la nulidad del contrato, a menos que esas cláusulas expresen el motivo determinante del convenio”.

Con relación al art. 166 del sustantivo de la materia erróneamente interpretado por los recurrentes así como mal entendido por el Tribunal de apelación, corresponde señalar que el mismo resulta aplicable cuando se trata de actos de disposición de todo el inmueble sujeto al régimen de la copropiedad y que se encuentra en estado de indivisión, lo que no aconteció en el caso de Autos,  por cuanto de la correcta interpretación de la Escritura Pública 1086/92, se establece con meridiana claridad, que lo que se transfirió fue la acción y derecho que Germán Mújica tenía en el inmueble de Av. 16 de Julio Nº1538 de la ciudad de El Alto, en copropiedad con Josefina e Isaac Mújica Calderón y Justo Nina Laura.

Del recurso de casación incoado por Josefina  Mujica Calderón.

Revisados los antecedentes de obrados y conforme sale del Auto de Vista impugnado, se tiene que Josefina Mújica Calderón habiendo sido notificada con la Sentencia a hrs. 16:00 del día 26 de marzo de 2013, presentó recurso de apelación a hrs. 16:19 del 5 de abril de 2013, razón por la que el Tribunal de alzada en aplicación del art. 220 del Código de Procedimiento Civil,  no consideró el mismo, como lo tiene fundamentado expresamente a fs. 477, teniéndoselo en consecuencia como no presentado. Sin embargo, en el caso de Autos conviene remitirnos a los antecedentes del proceso, básicamente a la  Sentencia de grado de fs. 402 a 404 y vlta, que declaró PROBADA la demanda principal y,  al Auto de Vista Nº S-343/13 que se impugna, resolución que revocó la  sentencia de grado declarando improbada la demanda principal manteniendo en consecuencia vigente la Escritura Pública Nº 1086/92 aspecto que indudablemente afectó los derechos de la  hoy recurrente Josefina Mújica Calderón.

En ese contexto y  si bien  el recurso de apelación incoado por Josefina Mújica Calderón ha sido considerado como no existente, no es menos cierto y evidente que aun cuando la recurrente no hubiera hecho uso del recurso ordinario de apelación, al resultarle gravosa la resolución de segunda instancia, en previsión del derecho a la impugnación y el derecho a la defensa, corresponde a este  Tribunal la consideración del  recurso de casación en el fondo de fs. 517 a 519, solo en cuanto a la argumentación  vinculada a la modificación contenida en el Auto de Vista.

En ese entendido, con relación a los puntos 1 y 2 acusados, referidos a la conculcación de los artículos 161, 166 y 167 del Código Civil por parte del Tribunal de Alzada, al tratarse de los mismos agravios denunciados en el recurso de casación incoado por Isaac Calderón Mújica y Justo Nina Laura, nos remitiremos  a la motivación que le corresponde, con los mismos fundamentos y conclusiones.

Respecto al tercer punto, en el que se acusa  que  los vocales hubieran  incurrido  en errónea interpretación de las causales de nulidad, interpretando  de forma incorrecta los hechos y la demanda en contra de lo expresado en la misma, al señalar que la demanda se basa en la “falta de consentimiento”,  cuando lo que se denuncia  es el  incumplimiento de normas de orden público  como la prohibición de venta entre cónyuges como es el caso de Germán Mújica Calderón y Josefina Huayta Ávalos y la no participación de los copropietarios en la transferencia realizada.

Al respecto, no habiendo sido considerado este punto en segunda instancia conforme al Auto de Vista, no corresponde pronunciamiento alguno sobre dicha acusación, lo contrario implicaría que este Tribunal estuviera resolviendo en “per saltum”, no admitido en nuestro sistema procesal de impugnación.

De lo anterior, con relación a los recursos de casación de fs. 517 a 519 y el de fs. 521 a 524 incoados por Josefina Mújica Calderón el primero e Isaac Raúl Mújica Calderón y Justo Nina Laura el segundo habiendo quedado establecido que tanto Germán Mújica  Calderón en su calidad de vendedor, como Justa Ávalos Huayta  inequívocamente han contratado sobre la transferencia de los derechos y acciones que corresponden al vendedor en el inmueble sito en la Av. 16 de Julio Nº 1530 de la ciudad de El Alto, acciones que forman parte del lote de terreno de 500 ms.2  que pertenecen en copropiedad en  partes iguales a Josefina, Virginia, Isaac y Germán Mújica Calderón y que se encuentra en estado de indivisión, en aplicación del art. 161 del Código Civil y la previsión establecida por el art. 519 ejusdem, corresponde disponer la nulidad parcial del documento de transferencia, dejando nula y sin efecto la cláusula tercera de la Escritura Pública Nº 1086/92, manteniendo subsistentes las demás cláusulas, debiendo las partes proceder a la división y partición de sus hijuelas en resguardo del derecho propietario que le asiste a cada uno de ellos.

Por las razones expuestas, este Tribunal  emite resolución  en la forma prevista por los arts. 271 núm. 4)  y 274 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 núm. 4) y 274 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, CASA  parcialmente el Auto de Vista Nº S-343/13 cursante de fs. 474 a 477 y vta., de 27 de septiembre de 2013 y deliberando en el fondo declara PROBADA en parte la demanda principal, en consecuencia se declara nula la cláusula tercera de la Escritura Pública Nº 1086/92, manteniéndola  firme y subsistente en lo demás. 

No siendo excusable el error, se impone multa a los Vocales suscribientes del Auto de Vista impugnado, consistente en descuento de un día de su haber mensual.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora:Magda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero