TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                              S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 72/2014                

Sucre: 14 de marzo de 2014        

Expediente:         SC-129-13-S        

Partes: Juanito Villegas Canaza         c/Celia Ramos Canaza

Proceso: Fraude Procesal        .

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Celia Ramos Canaza, cursante de fs. 422 a 429, contra el Auto de Vista No. 376 de 25 de Octubre de 2013 de fs. 417 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la demanda de Fraude Procesal, seguido por Juanito Villegas Canaza contra Celia Ramos Canaza, contestación de fs. 432 a 433 vlta.; concesión fs. 434, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Jueza de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de Canta Cruz de la Sierra, pronunció Sentencia de 20 de junio de 2013 cursante de fs. 394 a 397 vlta., declarando I. PROBADA la demanda interpuesta por Juanito Villegas Canaza en memorial de fs. 33 a 35. En su Mérito se declara lo siguiente: a) Se declara que el trámite del Proceso de Usucapión iniciado y concluido por Celia Ramos Canaza ante el Juzgado 12° de Partido en lo civil, ha sido producto de fraude procesal provocado por dicha demandada. B) Se condena a Celia Ramos Canaza, al pago de daños y perjuicios a establecerse en ejecución de sentencia. II. Se conceda en costas a la demandada Celia Ramos de Canaza.

Contra la referida Sentencia, Celia Ramos Canaza de Lanza, interpuso recurso de apelación cursante de fs. 400 a 405 vlta.

En mérito  es esos antecedentes, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista No. 376 cursantes de fs. 417 y vlta., por el que confirman totalmente la sentencia de fecha 20 de junio de 2013.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por parte de Celia Ramos Canaza, que se analiza. 

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el Fondo

I.- Que la Sentencia apelada confirmada por el Ad quem, en virtud a la acción sustentada y fundamentada en el mismo, demostrando interés y derecho legítimo, ambas resoluciones se dictarían sin diferenciar criterios, desobedeciendo lo que exigiría el precepto legal citado precedentemente.

II.- Refiere Violación de los arts. 115, 178 I) 180 inc. I) de la Constitución Política del Estado, que se entiende que todo juez o tribunal debe velar por el derecho a la defensa, el debido proceso  e impartir justicia  con transparencia.

Que en apelación habría demostrado que no fue notificada en su domicilio real con la demanda, y que interpuso apelación contra la resolución que resolvió y se concedió en el efecto diferido, que los de alzada no se habrían dado la molestia de pronunciarse al respecto, considerando que se habrían violado de esta manera los arts. 115 y 180 inc. I) de la CPE, coartándole el derecho a una demanda reconvencional quedando en indefensión.

III. Invoca Sentencia Constitucional referida a la motivación que deben tener las resoluciones, y la significación de que, en contrario la duda razonable del justiciable de no habérselo hecho conforme a los principios y valores supremos, que al dictar la juez de primera instancia sentencia que no se apega a ley y de la misma manera el de alzada, olvidando la sentencia en el trámite de usucapión que habría declarado probada y por ende su inscripción en las oficinas de Derechos Reales, y que demostró la existencia de otros hermanos de padre y madre, que conocerían que es de su propiedad el lote y no reclamarían.

En la forma

Que el art. 254 del Código de Procedimiento Civil regularía el recurso de casación, describiendo cual fuera su aplicación y que hubiera sido notificada en otro lugar que no fuera su domicilio que se demostraría según los argumentos de hecho y derecho. Señala una exposición de los hechos, refiriendo a los puntos de hecho a probar y refiriendo que los vocales no valoraron, haciendo referencia al trámite de usucapión y que si bien su madre habría fallecido cuando pretendía consolidar su derecho propietario, no fuera desconocido que su persona hubiera ocupado conjuntamente por mas de diez años en el inmueble, que no se habría continuado el trámite iniciado por aquella por su no admisión y no se podría pretender la aplicación del art. 55 del Código de Procedimiento Civil, ya que las certificaciones deben efectuarse de manera personal.

Sobre las actuaciones que constituirían fraude procesal, el Tribunal de alzada mencionaría que las pruebas fueron valoradas conforme a ley y que solo se avocarían decir eso, al señalamiento de que se habría dirigido la demanda a su propia madre fuera porque en el Certificado de Catastro del Municipio de Santa Cruz informaría aquel aspecto y otros descriptivos del proceso. Para concluir que en el caso habría violación del art. 90 del Código de Procedimiento Civil que al confirmar la sentencia que emergería de un estado de indefensión, asimismo refiere infracción del art. 91 de la norma procesal civil concluyendo que la claridad de aquella ahorraría emitir comentario.

Sugiere error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, indicando al art. 1286 del Código Civil, que dice debiera aplicarse en apelación y revocar la sentencia, que habría cumplido de su parte con el art. 1289 de acreditar los extremos para desestimar la demanda planteada, que es mas, ni siquiera habría accedido al derecho a la defensa al haber negado el incidente planteado de que su domicilio estuviera ubicado en otro lugar y que los vocales no hubieran tomado en cuenta que mas bien se le impuso multa en su recurso de compulsa y concedió apelación en el efecto diferido. Que estaría demostrado el error de hecho y derecho  en la valoración de la prueba.

Describe los antecedentes del proceso de usucapión, en la que dice no hubiera actuado a ocultas. El tribunal superior manifestaría que una de los motivos fuera la no continuación del proceso de usucapión instaurado por su madre y no analizaría que aquel no estaba admitida y por ello no ameritaba continuarlo, reitera sobre la obtención de certificados que fuera personal y el nombre en el registro de catastro del Municipio.

Que fundamenta su recurso acusando la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 90, 91, 375 del Código Adjetivo Civil, del mimo modo concurriría  violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 1238, 1286 del Código Civil. Y que amparado por los arts. 250, 253, 254 del Código de Procedimiento Civil  interpone recurso extraordinario de casación en el fondo y en la forma, para que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de Vista.

CONSIDERANDO III:        

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:


De la lectura del memorial de recurso de casación se verifica que se lo hace tanto en el fondo como en la forma, consecuentemente a fin de tener la coherencia respectiva se resolverá en primer término lo denunciado en la forma, en consideración a que si tuviera asidero, la resolución fuera por anular el Auto de Vista o de obrados, lógicamente imposibilitando la consideración delo planteado en el fondo, en esa secuencia se tiene que:

En la forma

La recurrente de manera genérica menciona el art. 254 del Código de Procedimiento Civil para respaldar su recurso de casación en la forma, sin considerar que esta norma contiene siete numerales como presupuestos para su procedencia, tornando de difícil entendimiento a cual de ellos adecuaría su denuncia.

Bajo ese antecedente ingresa a reclamar el presunto hecho de no habérsela notificado en su domicilio, sin considerar que esa situación ya fue dilucidado por el A quo por Auto de fs. 169, en consideración al incidente de nulidad interpuesto por la propia recurrente a fs. 93 a 94, y si bien a su resolución fue apelado y concedido el mismo en el efecto diferido conforme se verifica a fs. 184, aparentemente ratificado a tiempo de recurrir de apelación contra la sentencia y concedido y remitido en ese mismo efecto como se verifica del auto de fs. 410, el Auto de Vista no lo consideró, a ello sin embargo la recurrente no cuestionó de manera pertinente como era su deber en sujeción a lo establecido por el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, habiendo precluido su derecho a hacerlo y convalidado la actuación del Tribunal Ad quem con respecto al tema.

Al posterior reclamo que de manera confusa planteó la recurrente, referida a los puntos de hecho a probar, se centra en una no valoración de prueba, referido a la demanda de usucapión seguido por su madre fallecida y que el Tribunal de apelación consideraría que no se dio aplicación el art. 55 de la norma adjetiva civil sin sustento legal, con el argumento que las certificaciones deben efectuarse de manera personal, y que al ocupar ella también por más de diez años el inmueble, inició nueva demanda de usucapión; habrá que señalar que los tribunales de instancia de manera integral efectuaron el análisis de las pruebas producidas y las circunstancias que se dedujeron de aquel estudio, identificando la evidencia de que la hoy recurrente en la demanda de usucapión demandó a su propia madre con distinto apellido aun de conocer perfectamente que ella ya estaba fallecida, el hecho de que se diga que el Certificado de Catastro Municipal señalara error en el apellido de su madre, no era óbice para dirigir la demanda de manera correcta con esa salvedad, de manera que la juzgadora de primera instancia al establecer los elementos necesarios para la procedencia de la demanda de fraude procesal, así lo declaró. A la ambigua conclusión de que se hubiera vulnerado el art. 90 del Código de Procedimiento Civil habrá que referir que está descartado esa situación bajo el análisis realizado, mas cuando se incumple el demostrar como se la hubiera transgredido; a la mención que también se transgredió el art. 91, al ahorrarse “emitir criterio” por parte de la recurrente, no hay consideración alguna que realizar.

De manera imprecisa, la recurrente ingresa a efectuar el reclamo de la presunta existencia de error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, pero cabe recordar que este aspecto es impertinente en tratándose de un recurso de casación en la forma y no en el fondo, pues de considerar que existió error en la apreciación de la prueba, la recurrente correctamente debió hacer su reclamo en el fondo y no de manera errada como lo hace en el recurso examinado, consecuentemente esta situación por su manifiesta equivocación no puede ser analizado válidamente.

Sin embargo a efectos de mayor entendimiento es menester señalar que doctrinalmente se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente; error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro, sin embargo, su vulneración debe ser reclamado en el fondo como se dijo supra y no en la forma como pretende la demandada.

Concluyendo este análisis, seexamina que el recurso culmina con solicitar se case el Auto de Vista, sin comprender que cuando se plantea un recurso de casación en la forma la petición debe ser por la nulidad del auto de vista o de obrados, ante la demostración objetiva de transgresión de normas procesales que atañen a la validez de la tramitación del proceso, aspecto que no sucedió en el caso, resultando incoherente incluso la petición.

Consecuentemente corresponderá emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 271-2) del Código de Procedimiento Civil.

En el Fondo

En el primer punto, no existe denuncia de transgresión a norma alguna, de manera que no hay nada que considerar como respuesta a la misma.

En el segundo punto, si bien refiere violación de los arts. 115, 178-I) y 180-I) de la Constitución Política del Estado, es un aspecto referido en la forma el reclamo final, es decir la presunta notificación de la demanda en domicilio que no fuera real, y que los de alzada no se hubieran pronunciado. Este aspecto ya fue respondido a tiempo de resolver el recurso de casación en la forma, vía en la cual se lo planteó de manera genérica por parte de la recurrente, aclarando que esta situación es un argumento repetido, pues en la forma se dijo lo propio, habiendo sin embargo merecido la respuesta pertinente, considerando además que el reclamo repetido esta centrado a aspectos de forma y no de fondo, consecuentemente no resulta adecuado el planteamiento en el fondo.

Como tercer punto de reclamo en el recurso de casación en el fondo, es el hecho de sostener que la sentencia no estuviera apegada a ley así como el de Alzada, relatando aspecto que no vienen en denunciar transgresión alguna de normativa sustantiva que pudiera considerarse como violentado, sino un relato de hechos como la existencia de “otros hermanos” que presuntamente conocerían que el terreno es de su propiedad y no reclamarían.

De todo lo examinado se llega a establecer que el recurso de casación en el fondo planteado en el modo como se lo hizo no cumple mínimamente lo establecido por el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, además de ser reiterativo de una cuestión de forma que se planteó a la vez en el recurso de esa naturaleza, es decir en la forma,existiendo una absoluta confusión en sus argumentos, culminando con no identificar a cual de las causales del art. 253 del Código de Procedimiento Civil se enmarcaría sus reclamos para la consideración del recurso, en razón a que esta norma tiene tres numerales con requisitos distintos para su procedencia.

Bajo esos antecedentes corresponde dar aplicación a lo previsto por los arts. 271 nún.1), 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los artículos, 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2), 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en sujeción a lo previsto por el art. 271 núm.1) con relación al art. 272 núm. 2) de la misma norma adjetiva civil, IMPROCEDENTE  el recurso de casación el fondo propuesto ambos por memorial que corre de fs. 422 a 429, presentado por Celia Ramos Canaza, contra el Auto de Vista No. 376 de 25 de octubre de 2013 cursante a fs. 417 y vlta., de obrados. Con costas.

Se regula el honorario del profesional Abogado en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero