TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 71/2014

Sucre: 14 de maro 2014

Expediente: CB 133 13 - A

Partes: Cidar Jesús Veliz Valdivia y otra. c/ Fondo Financiero Privado “PRODEM

             S.A.” y otros.

Proceso: Devolución de documentos y otros.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 197 a 198, interpuesto por Cidar Jesús Veliz Valdivia contra el Auto de Vista Nº 226 de 27 septiembre de 2013 que cursa de fs. 192 a 194, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de devolución de documentos y otros, seguido a instancias del recurrente en contra de fondo Financiero Privado “PRODEM S.A.”, la concesión de fs. 202, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Décimo Segundo en lo Civil del Departamento de Justicia de Cochabamba, dicta el Auto Definitivo de fs. 152 a 153, declarando no ha lugar a la admisión de la demanda por ser improponible, disponiendo el archivo de obrados, resolución que abarca como su sustento al señalar que, el demandante al considerarse propietario de la casa ubicada en el Barrio Minero Alalay, solicita la devolución de los documentos entregados a F.F.P. PRODEM S.A., por lo que el A quo considera que de la revisión del folio real correspondiente al folio real matriculado con el Nº 3.01.1.01.0000676, en la que figura como último propietario Rubén Vásquez Verduguez, por lo que al no ajustarse lo expuesto por los actores a dicho antecedente, ya que el derecho propietario pertenecería a otra persona, considera el Juez, que se debería de atacar previamente las transferencias y dirigiendo la misma en contra de las personas adecuadas.

Dicho fallo es recurrido de apelación por los actores y resuelta mediante Auto de Vista que cursa de fs. 192 a 194, que se confirma la resolución impugnada, la misma que previa notificación a los demandantes es recurrida de casación.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Señala que recurre de casación en el fondo conforme al art. 253 inc 1) del Código de Procedimiento Civil y en apoyo de los incisos 6) y 7) del mismo adjetivo por haberse pronunciado Auto de Vista luego  de 2 años y 3 meses, conforme a los siguientes puntos:

1.- Cita el art. 1 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que dicha norma hubiera sido violada, negándose a sustanciar y resolver la mencionada causa, que en forma ilegal fue confirmada por el Auto de Vista; asimismo señala la violación del art. 7 del mismo cuerpo legal, ya que el Juez al dictar el Auto de fs. 152 a 153 ha obrado sin estar abierta su competencia, en la que dispuso no admitirse la demanda por improponible, actúa como Juez y parte, lo propio ocurre con el Ad quem, cuando en el cuarto considerando del Auto de Vista, que señala no haberse vulnerado norma procesal alguna que argumentó bajo en contenido del Auto Supremo N° 57 de 29 de marzo 2010, en la que señaló que previamente corresponde determinar la nulidad de las ventas para ordenar la devolución de los documentos de propiedad de los apelantes.

2.- Sostiene que el Auto interlocutorio de fs. 152 a 153, comete aplicación indebida del art. 188 del Código de Procedimiento Civil, pues ha sido emitido sin substanciación, sin que la causa que motiva ese Auto se haya suscitado dentro de la tramitación de esa causa.

3.- Sostiene que el decreto de fs. 172, evidencia que el Auto de Vista hubiera sido pronunciado después de más de dos años, y la nota del Secretario de fs. 191 no es justificativo, por lo que el vocal relator debió acogerse al art. 207 del Código de Procedimiento Civil y al no haberlo efectuado el Auto de Vista cae en la sanción establecida por el art. 204 parágrafo IV del Código de Procedimiento Civil; por otra parte para que el Juez A quo, haya dictado el Auto interlocutorio de fs. 152 a 153 falta el trámite que indican los arts. 1, 7 y 188 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto solicita que en base a los recursos de casación en el fondo y en la forma, se case el Auto de Vista y se disponga la admisión  de la demanda o en su defecto en base al recurso de casación en la forma, se anulen obrados hasta fs.   142.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Pese de no estar expresamente identificados los argumentos del recurso de casación, tomando en cuenta el orden de las exposiciones este Tribunal considera que los dos primeros puntos son relativos al recurso de casación en el fondo y el núm. 3) resulta ser casación en la forma, conforme al extracto resumido que consta en el considerando II.

Consiguientemente primero se absolverá la infracción deducida en la forma ya que de considerar evidente el vicio de procedimiento sería innecesario ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo.

EN LA FORMA.-

En cuanto a la pérdida de competencia conforme al art. 204 parágrafo IV del Código de Procedimiento Civil, corresponde señalar que dicho articulado tan solo cuenta con tres parágrafos, y no con un parágrafo IV como acusa el recurrente, empero de ello dada la naturaleza de la pérdida de competencia se entiende que el recurrente quiso decir que el Auto de Vista se dictó fuera de su plazo establecido; consiguientemente se dirá que el plazo para la emisión del Auto de Vista es el que  señala el art. 204 parágrafo III del Código de Procedimiento Civil, que refiere: “(Sentencias, Autos de vista y de casación).- I.- Las sentencias, salvo disposición expresa de la ley, se pronunciarán dentro de los plazos siguientes… III.- Los Autos de vista y los de cesación se pronunciarán dentro del plazo de treinta días, computables desde la fecha en que se sorteare el expediente”, consiguientemente se dirá que es a partir de la fecha del sorteo que se computa dicho plazo y no desde el decreto de radicatoria en segunda instancia, por lo que se advierte que el Auto de Vista fue dictado dentro el plazo establecido por ley; por otro lado el vocal relator solo puede impetrar la ampliación del plazo conforme al art. 207 del Código de Procedimiento Civil, es aplicable a las autoridades judiciales titulares y no a los suplentes, en los dos hipotéticos expuestos en el art. 206 del mismo cuerpo legal, por lo tanto no aplicable al caso de Autos, tomando en cuenta que las Autoridades judiciales de esa Sala estaban suspendidas en las gestiones de 2007 y 2008.

Por otra parte, en cuanto a que el Auto de fs. 152 a 153, hubiera sido dictado faltando el trámite de los arts. 1, 7 y 188 del Código de Procedimiento Civil, corresponde precisar que el art. 1 del mismo cuerpo legal refiere a la potestad que tienen los operadores judiciales de primera instancia, no resulta ser un trámite previo como para que el Juez pueda observar los requisitos de admisibilidad o fundabilidad de una pretensión, en cuanto al art. 7 del Adjetivo de la materia la misma regula, el carácter de la competencia del Juez para el conocimiento de una causa, además precisa la prevención de la Autoridad judicial que haya tomado conocimiento sobre una pretensión, en la especie no se advierte que la demanda haya sido admitida, ni que le demandado haya sido citado, finalmente en cuanto al art. 188 del mismo cuerpo legal, se evidencia que el mismo es referente a la forma de las resoluciones, y de obrados se advierte que el A quo considero que la pretensión de los demandantes fuera improponible, por lo que el mismo se encuentra debidamente motivado, que el margen los argumentos fueron sustentados por el Ad quem al momento de resolver el recurso de apelación.

EN EL FONDO.-

Para arribar a un entendimiento completo de una pretensión improponible corresponde citar jurisprudencia, respecto el radio de acción de una pretensión improponible desde su punto de vista objetivo y subjetivo.

1.- Sobre la improponibilidad objetiva de la pretensión.

Para el entendimiento de la improponibilidad objetiva de la pretensión, citaremos al Auto Supremo 73/2011 de 23 de febrero de 2011 en el que desarrolló la teoría de la sobre la admisibilidad, proponibilidad y rechazo in límine de las demandas que se encuentran fuera del marco normativo, se ha dicho que: “No obstante lo que se desprende de la literalidad de la norma transcrita, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y el control material o de fondo; o lo que el Autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad.

En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda Automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza es ante a cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la sentencia definitiva.

Respecto de las condiciones de fundabilidad, el Autor argentino Peyrano señala que "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado Autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una Sentencia favorable.

El rechazo in límine o ab initio de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales…”

Este es la teoría de la improponibilidad objetiva de una pretensión.

2.-  Sobre la improponibilidad subjetiva de la pretensión.-

Sobre la improponibilidad subjetiva de la pretensión este Tribunal ha desarrollado  dicha teoría en el Auto Supremo Nº “Para el entendimiento de este fallo es necesario recurrir a la doctrina, al efecto corresponde citar a Lino E. Palacio quien en su obra "Derecho Procesal Civil" Ed. Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente: "Para que el Juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal. Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa...", por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación".

La jurisprudencia venezolana en distintos fallos alude al aporte doctrinario de Rafael Ortiz-Ortiz, cuya obra titulada "Teoría General de la Acción Procesal en la Tutela de los Intereses Jurídicos", desglosando que en dicha obra señala que tradicionalmente la improponibilidad manifiesta, se centra en el objeto de la pretensión, en la idoneidad de la relación jurídico sustancial presentada en el proceso y la aptitud que tiene esa pretensión de ser actuada en derecho, entendiendo que la improponibilidad puede presentarse como: 1) Improponibilidad Objetiva: Cuyo radio de evaluación analiza los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho. Se trata de los que se pretende, no puede ser juzgado absolutamente, alguna veces a esto le llaman rechazo in límine de la demanda o improponibilidad manifiesta de la pretensión, y 2) Improponibilidad Subjetiva: que analiza en las condiciones subjetivas, personales necesarias para interponer la pretensión, estamos en el caso específico de la falta de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión.

Por otra parte, diremos que en la legislación peruana, también se ha avanzado con la teoría de la improponibilidad de una pretensión, así se cita a Cristian Angeludis Tomassini, quien señala en su ponencia "¿Qué significado tiene y cuáles son los alcances de la calificación de la demanda in límine?", alude que: "Existen tres supuestos de improponibilidad jurídica de la demanda: a) Improponibilidad subjetiva o falta de legitimación.- (...) Se ha resuelto que el Juez tiene facultades oficiosas para decidir, antes de dar traslado de la demanda, si las partes tienen legitimación sustancial para demandar o ser demandadas, cuando esta carencia sea manifiesta, pudiendo en consecuencia, rechazar in límine la demanda, b) Falta de Interés.- Corresponde en tal situación la misma solución anteriormente señalada. Los jueces no hacen declaraciones abstractas, por tanto, quienes interponen una pretensión o quienes se oponen a ella, deben tener interés para litigar y c) Improponibilidad Objetiva.- Cuando surge en forma manifiesta que la pretensión carece de sustento legal o porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido (...). En todos estos casos, la demanda puede rechazarse in límine por carecer de algún requisito de fundabilidad y ésta ser manifiesta. Por su parte, el jurista Argentino Jorge Peyrano, señala que hemos empleado la locución "rechazo sin trámite completo", en lugar de la habitual fórmula "rechazo in límine de la demanda". Ello no es gratuito ni producto de una inadvertencia. El asunto (...) tiene íntima conexión con la oportunidad en la cual el Tribunal puede repeler in límine una demanda (rectius, "pretensión"). Expresado de otro modo: luego de admitida la demanda y tras haberse sustanciado un tramo del proceso respectivo creemos que, todavía, el Juez interviniente (advertido de la improponibilidad objetiva de la pretensión en cuestión) está en condiciones de desestimarla sin estar obligado a tramitar toda la causa y a aguardar el momento del dictado de una sentencia de mérito, es decir, en cualquier estado del proceso".

Conforme a la amplia gama de los aportes doctrinarios y la evolución de la jurisprudencia, corresponde señalar que el juicio de improponibilidad supone un análisis de la pretensión que concluye con un pronunciamiento sobre el fondo de la misma. Se trata entonces de un juicio general que se funda en el hecho de que la pretensión no puede plantearse en modo alguno ante ningún órgano jurisdiccional, ya que existe un defecto absoluto en la facultad de otorgar la tutela o derecho, porque el interés que se busca ser tutelado no es amparado por el ordenamiento legal vigente, por lo que al pronunciarse sobre el mérito jurídico de la pretensión, genera cosa juzgada formal y material.

Así concluiremos diciendo que la improponibilidad puede ser objetiva: cuando el juicio se centra en analizar los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho, lo que hace posible que el Juez rechace in límine la litis, tal pretensión por ser manifiestamente improponible, por estar inmersa en los supuestos de ser manifiesta y evidentemente contraria a las buenas costumbres o al orden público, al lado de la misma se presenta la improponibilidad desde el punto de vista subjetivo, la cual se centra en el juicio que hace el Juez, pero sobre la falta evidente de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión…”

Esta es la teoría de la improponibilidad subjetiva de la pretensión que difiere de la improponibilidad objetiva.

3.- De los actos generados en la presente causa.-

Corresponde señalar que los actores formulan en el contenido de su demanda (fs.  131 a 140) una pretensión mixta en la que se peticiona lo siguiente: 1) la devolución de documentos, 2) la nulidad de la Escritura Pública Nº 82/2004, la cancelación del asiento C-1, y 3) la reparación de los daños por la entrega indebida de los documentos, de ello se deduce que las dos primeras pretensiones resultan ser principales y la tercera accesoria, siendo pretensiones principales cada pretensión de acuerdo a su objeto tendrá una relación fáctica y su petición concreta, así corresponderá diferenciar ambas pretensiones y si el petitorio de cada una de ellas se encuentra a derecho.

El A quo, señala que bajo el título de “propietario del inmueble ubicado en el Barrio Minero Alalay”, solicita la devolución de documentos acción dirigida en contra de F.F.P. “PRODEM S.A.”, ese argumento fue confirmado por el Auto de Vista ahora recurrido, que en la fundamentación de su resolución manifestó que los demandantes no pueden fundar la nulidad de la Escritura Pública Nº 82/2004, sin que paralelamente se ataque los actos jurídicos por los que se ha efectuado la trasferencia del derecho de propiedad de los actores en favor de terceros.

3.1.- Sobre la primera pretensión de devolución de documentos, se dirá que entre la fundación PRODEM y los actores se ha suscrito un contrato de mutuo (préstamo de dinero),  posteriormente la fundación PRODEM, transfiere su cartera de crédito en favor de Fondo Financiero Privado PRODEM, a quien demanda la devolución de documentos, consiguientemente, si entre F.F.P. PRODEM y a los actores les reata una relación contractual de mutuo, para el que se entregó documentación ahora reclamada de ser devuelta por los demandantes, dicha petición como se dijo- entre las partes tienen vínculo contractual sobre la que se debatirá, si emerge o no la obligación de devolución de documentos que deberá ser dilucidado en el debate, consiguientemente sobre esta pretensión no se advierte la existencia de una improponibilidad objetiva ni subjetiva de la pretensión; consiguientemente se dirá que el derecho positivo no impide, niega o prohíbe el petitorio de los actores (improponibilidad objetiva), tampoco se advierte que los demandantes no tengan la legitimación para solicitar dicha pretensión (improponibilidad subjetiva), ya que se verificó que los actores hubieran suscrito el mencionado contrato de mutuo con la Fundación PRODEM, entidad que transfirió  esa cartera de crédito en favor de Fondo Financiero Privado PRODEM, que resulta ser el ahora demandado.

3.2.- En cuanto a la segunda pretensión de nulidad de la Escritura Pública Nº 82/2004 (cancelación de apertura de línea de crédito con garantía hipotecaria), corresponde señalar que en el hipotético de otorgarse dicha pretensión, establecerá la reposición de la línea de crédito y su consiguiente constitución de garantía hipotecaria, sin embargo de ello olvidan los recurrentes que de acuerdo a la cronología de los actos jurídicos asentados en la matricula del folio real Nº 3.01.1.01.0000676, se advierte la inscripción y vigencia de dos transferencias, una realizada a Henry Veliz Valdivia y esposa, y otra transferencia efectuada por éste último en favor de Rubén Vásquez Verduguez; consiguientemente en caso de operarse la pretendida nulidad de la Escritura Pública Nº 082/2004, importaría la reposición de la garantía hipotecaria que fue establecida por los entonces propietarios, ahora demandantes, en favor de Fundación PRODEM, cuando de acuerdo al asiento “A” del referido folio, existe un tercero (Rubén Vásquez Verduguez) quien ostenta la titularidad de dicho bien inmueble; esa observación ya fue efectuada por el Ad quem, empero confundió en calificarla como una improponibilidad subjetiva de la pretensión, al señalar que a la fecha no cuenta con la calidad de titularidad del inmueble matriculado con el folio real 3.01.1.01.0000676, cuando se evidencia que en el asiento 1 la titularidad describe a los demandantes como propietarios del inmueble, por lo que la pretensión de activar la demanda tan solo por la Nulidad de la Escritura Pública Nº 082/2004, ha generado confusión en los de instancia, obviamente que la orientación descrita en segunda instancia es correcta, empero dicho aspecto  conlleva a calificarla como una pretensión confusa, pues no pueden los actores solicitar tan solo la nulidad de la E.P. Nº 82/2004, y dejar subsistentes los actos jurídicos de transferencia del derecho de propiedad que afecta tanto a Henry Veliz Valdivia y esposa y a Rubén Vásquez Verduguez, lo que implica que el a quo debió  advertir dicho extremo y otorgar un plazo  prudencial para que los actores subsanen su segunda pretensión, verificando obviamente- que en caso de ampliarse su demanda, deba de integrarse a la Litis a los titulares de los derechos de quienes se pudieran ver afectados con la pretensión de los actores.

Por lo que se deduce que el A quo como el Ad quem, han confundido en cuanto a la calificación de los  requisitos intrínsecos con los requisitos extrínsecos de una pretensión, la primera cuando la demanda no se encuentra sujeta a las exigencias contenidas en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, esto es por defectos, contradicción, ausencia de datos en la pretensión, caso para el cual conforme a la norma contenida en el art. 333 del adjetivo de la materia debía optarse por otorgar un plazo prudencial al demandante para que pueda sanear su pretensión; y la segunda (requisitos extrínsecos) relativos a los requisitos de fundabilidad y legitimación de una pretensión cuyo incumplimiento deriva en la improponibilidad objetiva y subjetiva de dicha pretensión respetivamente, aspecto que corresponde ser saneado por este Tribunal, en estricto apego de los principios de acceso a la justicia y el principio pro homine, consiguientemente se deduce haberse infringido el art. 1 del Código de Procedimiento Civil, en lo demás no corresponde pronunciarse sobre el art. 7 y 188 del adjetivo de la materia por no corresponder al fondo de la polémica.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2) y 4) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, y conforme a los arts.  271 num. 4) y 274 del mismo cuerpo legal CASA el Auto de Vista Nº 226 de 27 septiembre de 2013 que cursa de fs. 192 a 194 y REVOCA el Auto de fs. 152 a 153 de obrados, disponiendo que el Juez de la causa intime a los demandantes a aclarar su pretensión mixta, bajo alternativa de aplicarse lo dispuesto en el art. 333 del Código de Procedimiento Civil. Sin costas.

Sin responsabilidad para los de instancia por ser excusable el error incurrido.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero