TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 58/2014

Sucre: 07 de marzo 2014

Expediente: CB 137 13 A.

Partes: Blanca Amada Biviana Galindo Anze de Routh y otros. c/ Calceteria

            Nacional INTEX S.A. y otros.

Proceso: Comprobación de existencia regular de sociedad y otros.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 226 a 228, interpuesto por Napoleón Pascual Araujo Doffigny y María Consuelo Galindo Anze de Araujo contra el Auto de Vista Nº REG./S.CII/AINT.208/01.11/13 de 01 de noviembre de 2013 que cursa de fs. 218 a 219, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de comprobación de  existencia regular de sociedad y otros, seguido a instancias de Blanca Amada Biviana Galindo Anze de Routh y otro, la concesión de fs. 232, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Noveno en lo Civil del Distrito Judicial de Cochabamba, dicta el Auto de fs. 194 a 196 vta., que acepta el retiro de demanda en contra de Calcetería Nacional INTEX S.A. y otros, simultáneamente acepta el desistimiento de la demanda en contra de María Consuelo Galindo Anze de Araujo, Napoleón Pascual Araujo Doffigny y Daniel Araujo Galindo. Resolución que fue objeto de enmienda como consta en el Auto de fs. 199 en sentido de indicar que ninguno de los apoderados de María Consuelo Galindo Anze de Araujo tiene la facultad expresa para aceptar o rechazar desistimientos; y por otro lado respecto a los apoderados de María Consuelo Galindo Anze de Araujo  se ratifica en el contenido del Auto de 13 de marzo de 2013. Por ultimo complementa la resolución impone costas a la parte demandante.

Dicho fallo es recurrido de apelación por los actores y resuelto mediante Auto de Vista que cursa de fs. 218 a 219, por la que el Ad quem anula obrados hasta la admisión de la demanda, en consideración a que en el tenor de la demanda hubiera advertido un defecto procesal en la ampliación de la demanda de fs. 76, actuado en la cual no se hubiera especificado  el nombre, los apellidos y las generales de los demandados “HEREDEROS BARBER Y HEREDEROS STEPHENSON”, como exige el art. 327 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil, fallo que a su vez es recurrido de casación en la forma, objeto de análisis y estudio.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refieren que los Vocales que suscribieron el Auto de Vista recurrido al anular obrados, por una causal no solicitada en la apelación han actuado con exceso de poder, sin efectuar una valoración de los antecedentes procesales de la causa por lo que su petición de nulidad de obrados fue sobre la ampliación de la demanda, pues el fallo recurrido tiene el fundamento de haberse transgredido el art. 327 inc. 4), sin efectuar la observación al poder de fs. 1 mediante el cual Eudoro Galindo Anze faculta al abogado presentar demandante en contra de los demandados y contra una sociedad ya inexistente.

El vicio descrito en el Auto de Vista, no denunciado oportunamente no corresponde a ninguno de los puntos apelados, así se debe considerar que en contra de los co-demandados, introducidos al proceso por vía de la ampliación obligada, no existió daño o transgresión en contra de las partes, ya que se operó la legitimación procesal, no existió daño o transgresión en contra de las partes ya que no se operó la legitimación procesal, concluye señalando que la juzgadora al analizar la composición juzgadora trató en una buena intención de introducir al proceso a los demás socios genéricos: herederos de Barber, Herederos de Stephenson y herederos de Blanca Anze de Galindo, quienes nunca participaron de las juntas de la sociedad, por lo que no adoptaron decisión alguna  pese de haber sido llamados por varias publicaciones de prensa, por lo que presumen que  contra de los nombrados, los demandantes, no iniciaron proceso contra ellos, ya que los mismos tienen residencia en el exterior del país, por lo que al ser imposible citar a los genéricos herederos, retiraron la demanda en favor de ellos.

Por lo que corresponde analizar las situaciones de fondo respecto a las condiciones que imponen la anulación,  y cita el Auto Supremo Nº 421/2013 de  16 de agosto, para señalar que el Tribunal de Alzada tiene suficiente competencia para revisar de oficio las actuaciones procesales, conforme determina el art. 17 de la Ley Nº 025 empero esa facultad revisora se limita de a los caso previstos por ley y a aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, sobre irregularidades reclamadas oportunamente, por lo que se ha violado el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, asimismo acusa infracción del art. 247 de la Ley de Organización judicial, vigente en esa tramitación.

Por lo que impetra anular el Auto de Vista recurrido disponiendo que la Sala Civil Segunda dicte nuevo Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- DE LA NATURALEZA DE UN RECURSO.-

El art. 213 del Código de Procedimiento Civil, textualmente señala: “(Recurribilidad de las resoluciones judiciales).- I.- Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada…”, bajo ese entendimiento de que recurso es el medio de impugnación que la ley otorga a las partes de impugnar una resolución que les cause perjuicio, por medio del cual se busque su modificación o revocatoria, concepto acogido por una diversidad de las legislaciones procesales, bajo ese criterio de que el recurso es medio de impugnación en favor del perjudicado, es que en nuestro sistema, se ha descrito recursos ordinarios y extraordinarios, como el de reposición, apelación y de casación y de revisión, en forma respectiva, condición de perjuicio expuesto con bastante claridad en el art. 219 del mismo cuerpo legal.

Consecuentemente, se dirá que el art. 257 del Código de Procedimiento Civil refiere: “(Plazo).- El recurso de casación se interpondrá dentro del plazo fatal e improrrogable de ocho días a contar desde la notificación con el auto de vista o sentencia…”, como se podrá apreciar  dicho articulado refiere, a un recurso de casación, o sea al medio de impugnación que puede formular un perjudicado procesal, obviamente bajo las condiciones establecidas en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a ello se podrá decir que el avance de la doctrina, ha desarrollado el “principio de impugnación”, por el cual se ha formulado la legitimación del recurrente, entendiendo que solo un perjudicado es quien puede recurrir.

Consideración que tiene sustento, en base al aporte de doctrinarios del derecho como Hugo Alsina quien en su obra TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE DERECHO PROCESAL, tomo IV, pág. 191 señala lo siguiente: “b) la cuestión de saber quien puede interponer un recurso, constituye un aspecto de la legitimación procesal. Como regla general, puede decirse que los recursos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, y que en consecuencia, a ellas corresponderá su deducción (V 4). Pero hay casos en que  el recurso se niega a las partes, y otros en que se concede a terceros. Es que, así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso, y por eso se concede aún a los que no siendo  partes en el proceso, sufren  un perjuicio como consecuencia de la  sentencia. Se explica entonces que el recurso no proceda cuando la sente4ncia sea favorable a la pretensión de la parte, o cuando ésta se ha allanado a la pretensión del adversario y la sentencia se funda en esa conformidad. Los terceros no pueden  interponer recursos en los procesos en que no intervengan, pero pueden hacerlo desde que se incorporan a la relación procesal, porque en ese momento asumen la calidad de partes. No obstante permanecer en su situación de terceros, pueden interponer ciertos recursos, como el extraordinario de apelación por inconstitucionalidad cuando se pretende ejecutar contra ellos una sentencia dictada en un proceso en el que no ha intervenido (VII, 18)…”

Desde otro criterio doctrinario se tiene la ponencia presentada en la Universidad San Marcos de Lima, por Pedro donaires Sánchez, intitulado: “LOS PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN”, señala lo siguiente: “…PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN… La doctrina no es uniforme respecto de cuáles son los principios que rigen la impugnación. Corresponderá a la teoría de la impugnación, ahondar este tema y plantearlo con uniformidad y coherencia; por el momento, estos son los acogidos por los distintos autores, algunos de los cuales son citados… 2. Interés del perjudicado o agraviado. Esto significa que el perjudicado con el acto viciado debe tener interés en cuestionarlo haciendo uso de los medios impugnatorios. No debe haberlo consentido ni expresa ni tácitamente. Hay consentimiento expreso cuando el afectado acepta fehacientemente dicho acto. Hay consentimiento tácito cuando deja transcurrir el plazo que tenía para impugnar o procede a ejecutarla o cumplirla; o, no lo cuestiona en la primera oportunidad que tuvo. Quien consiente, no puede impugnar válidamente. La ausencia de consentimiento otorga la legitimación para la impugnación. No existen las impugnaciones de oficio, salvo los casos en  que por estar afectada una norma de orden público, el juzgador debe aplicar, de oficio, el remedio de la nulidad; o, el caso en el que la norma procesal ha dispuesto la consulta al superior (por ejemplo, cuando la sentencia que declara el divorcio conyugal, no impugnada por las partes, debe ser elevada al superior, en consulta, para su aprobación)…”

En nuestro medio el aporte doctrinario de Carlos Morales Guillen, en su obra “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONCORDADO Y ANOTADO”, en la página 500 señala: “… En la doctrina y en la práctica, generalmente, y también en la ley (v. gr. El ap. 213, según el cual las resoluciones judiciales, serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada), se habla de medios de impugnación (Chiovenda, Carnelutii, Couture)” (las negrillas y subrayado son nuestros).      

2.- DEL RECURSO DE APELACIÓN Y EL AUTO DE VISTA.-

Corresponde señalar el contenido de los antecedentes del recurso de apelación, así se dirá, que una vez emitido el Auto interlocutorio de fs. 194 a 196 vta. y la resolución complementaria de fs. 199, con la  que fueron notificados María Consuelo Galindo Anze de Araujo, Napoleón Pascual Araujo Doffigny, los mismos interponen recurso ordinario de apelación, tal cual consta en fs. 201 a 208, en cuyo petitorio textualmente se impetró lo siguiente: “Por lo  expuesto, solicitamos al tribunal AD QUEM, juzgar por ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo, alternativamente, SE REVOQUEN los autos interlocutorios definitivos de fs. 194 y fs. 199, con expresa imposición de las sanciones a la Juez a Quo, por  incumplimiento de deberes…” (el subrayado es nuestro), esa fue la pretensión del recurso de apelación, anular obrados hasta el vicio más antiguo.

Ahora en atención al recurso ordinario de apelación, la Sala Civil Segunda, con la facultad prevista por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial emitió el Auto de Vista Nº REG./S.CII/AINT.208/01.11/13 de 01 de noviembre de 2013 que cursa de fs. 218 a 219, que anula obrados hasta la admisión de la demanda (fs. 78), en consideración a que en el tenor de la demanda hubiera advertido un defecto procesal en la ampliación de la pretensión de fs. 76 a 77, consiguientemente en su criterio realizó una fiscalización de los actos procesales arribando en concluir haberse generado vicio de procedimiento no en contra del demandante o del demandado (recurrentes) recurrente sino en contra de terceros, nulidad procesal que paralelamente concuerda con la pretensión de nulidad solicitada por los recurrentes en su recurso ordinario de apelación de fs.  194 a 196 en la que se pretendió anular obrados hasta el vicio más antiguo.

3.- DE LA PETICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.-  

Conforme a lo explanado se deduce, que el Tribunal de Alzada, al anular obrados hasta la admisión de la demanda llegó a concordar con la petición de los recurrentes  Napoleón Pascual Araujo Doffigny y María Consuelo Galindo Anze de Araujo, sin embargo de ello, los mismos recurrentes en vía casacional acusan infracción del art.  17 de la Ley del Órgano Judicial, y extrañamente deducen que la nulidad fuera excesiva, solicitando anular el Auto de Vista y disponer que el Ad quem dicte uno nuevo en base a la pretensión del recurso de apelación de fs. 194 a 196, olvidando que en dicha pretensión (recurso de apelación), se solicitó la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, razón por la cual el recurso de casación formulado por Napoleón Pascual Araujo Doffigny y María Consuelo Galindo Anze de Araujo, resulta ser inintelegible, deduciendo que el Auto de Vista no le causa perjuicio a los ahora recurrentes, precisamente porque el Ad quem anuló obrados hasta el vicio más antiguo como pretendían los apelantes (ahora recurrentes en casación), por lo que el recurso de casación no tiene sustento legal.

Por lo expuesto, de acuerdo a la aclaración expuesta y no habiéndose cumplido con los requisitos contemplados en el art. 258 de Código de Procedimiento Civil, corresponde emitir fallo en la forma prevista por el art. 271 núm. 1)  del código de procedimiento civil.

POR TANTO. La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 1) con relación al art. 272 num 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación formulado por Napoleón Páscual Araujo Doffigny y María Consuelo Galindo Anze de Araujo contra el Auto de Vista Nº REG./S.CII/AINT.208/01.11/13 de 01 de noviembre de 2013. Con costas.

Se regula honorario en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero