TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                            S A L A C I V I L

Auto Supremo: 56/2014

Sucre: 07 de marzo de 2014

Expediente: LP-136-13-S

Partes: Jorge Antonio Nacif. c/ Clotilde, Abraham, Elías y Nelly Antonio Nacif.

Proceso: Ordinario de Nulidad de Escritura Pública

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación (fs. 369 a 372) interpuesto por María Clotilde Antonio Nacif, Juana Nelly Antonio Nacif y Abraham Antonio Nacif impugnando el Auto de Vista Nº 140/2013 de  fecha 3 de junio del 2013 (fs. 365 a 366), pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental  de Justicia de La Paz dentro del proceso civil seguido por Jorge Antonio Nacif contra Maria Clotilde, Abraham, Elías y Juana Nelly Antonio Nacif sobre Ordinario de Nulidad de Escritura Pública.

CONSIDERANDO I

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, por Auto de fecha 19 de diciembre del 2000, se declara la reposición del expediente seguido por Jorge Antonio Nacif contra Maria Clotilde, Abraham, Elías y Juana Nelly Antonio Nacif sobre Ordinario de Nulidad de Escritura Pública.

Que, por memorial repuesto de fs. 1 a 2 Jorge Antonio Nacif, interpone demanda de nulidad de escritura pública, manifestando que en fecha 28 de agosto de 1981, el que fue su padre Rasid Antonio Abusandra otorgo la escritura pública Nº 45, mediante la que vendió a sus hermanos (Maria Clotilde, Agustín Ramón, Elías,  Abraham y Nelly Antonio Nacif) un inmueble ubicado en la Calle Isaac Tamayo Nº 774 de la ciudad de La Paz. Esta escritura pública es nula y anulable, porque este bien inmueble es un bien ganancial y al haber fallecido su madre en el año 1979, pertenecía a parte iguales a su padre Rasid Antonio y a todos sus hijos, no obstante en fecha 28 de agosto de 1981, aprovechando la ancianidad de su padre, sus hermanos obtuvieron la venta ficta del inmueble, por lo que demanda la nulidad de la Escritura Pública Nº 45 de fecha 28 de agosto de 1981.

Que, por Auto Interlocutorio Definitivo de fecha 19 de diciembre de 2000 de fs. 133 se da por repuesto el expediente y que por Auto de fecha 16 de abril del 2001 se traba la relación procesal (fs. 156).

Que, la Juez Tercera de Partido de Materia Civil y Comercial de la Capital de La Paz, emite la Sentencia Nº 175/2012 de fecha 4 de junio del 2012 (fs. 338 a 344), declarando probada la demanda reformulada sobre nulidad de Escritura Pública y se dispone la nulidad de la Escritura Pública Nº 45 de fecha 28 de agosto de 1981, suscrita ante la Notaria de Fe Pública a cargo de José Chávez Guachilla y ordenándose además la cancelación de Derechos Reales de la Partida Nº 1434, fs. 1434, Libro A y la calificación de daños y perjuicios en ejecución de sentencia.

Que, la Sala Civil tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ha pronunciado el Auto de Vista Nº. 140/2013 de fecha 3 de junio del 2013 (fs. 365 a 366) anula la sentencia de grado con el siguiente fundamento o motivación:

  1. Por expresa previsión del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia pondrá fin al litigio, debiendo en consecuencia el Juez fallar congruentemente conforme a lo alegado y probado por las partes y dentro de los límites de las pretensiones deducidas por el actor y aquello que reconoce o controvierte el demandado.
  2. El art. 192 incs. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, imponen al juzgador no solo la obligación procesal de realizar en sentencia un análisis y evaluación fundamentada de la prueba y cita de las leyes en que se funda, sino además, decisiones positivas, precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso.
  3. El Juez A quo debía emplear de la manera más prolija la técnica jurídica para valorar la prueba fundada en las directrices como la universalidad, uniformidad, pertinencia, buena fe y legitimidad o legalidad. Ello importa, que no simplemente se haga un detalle enunciativo de los elementos probatorios acompañados sino que señale la base jurídica, en que se funda la sentencia en relación a la causa petendi. Lo que en la especie no acontece, pese ha haberse ordenado por Auto Supremo de fs. 308 a 309, pronuncie nueva sentencia cumplimiento a cabalidad lo dispuesto por los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo de una revisión minuciosa de la Sentencia, se advierte que la misma no cumple con dicha disposición, puesto que es una copia de la anterior Sentencia, aunque en ésta se haya disgregado más las pruebas, lo cual no deviene en una fundamentación jurídica como se tiene del considerando segundo y tercero, para luego en el considerando tercero el A quo haciendo alusión al art. 549 inc. 3) del Código Civil, tal cual lo hizo en la sentencia anulada, señale que la transferencia del bien inmueble objeto de litigio constituye un hecho ilícito, con la añadidura de citar un texto expresado por el autor Morales Guillen, aspecto que denota el incumplimiento a la debida motivación y fundamentación jurídica que merece una sentencia conforme lo estatuye  el art. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que, Maria Clotilde Antonio Nacif, Juana Nelly Antonio Nacif y Abraham Antonio Nacif, interpone el recurso de casación contra el Auto de Vista Nº 140/2013 de  fecha 3 de junio del 2013 (fs. 365 a 366), pidiendo se case la Sentencia y deliberando en el fondo declare improbada la demanda interpuesta por Jorge Antonio Nacif, fundados en resumen en los siguientes aspectos:

  1. La Sentencia Nº 175/2012 constituye un fallo ilegal porque fue pronunciada violando lo dispuesto por el art. 10 parágrafo V de la Ley 1760 que respecto al régimen de excusas señala: “La recusación no suspenderá la competencia del Juez y el trámite del proceso continuará hasta que este llegue al estado de pronunciarse auto interlocutorio definitivo o sentencia”. En este contexto se advierte que a fs. 335 a 335 vlta., se dedujo recusación contra la Juez A quo que favoreció al adverso sentenciando por la procedencia de su demanda, sin la motivación y justificación adecuada, aspectos que determinan en el presente caso una falta de legitimación del A quo para sentenciar este proceso, porque su imparcialidad se encuentra comprometida.
  2. Violación de los arts. 3 inc. 9) y 8 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, porque en la recusación formulada, la Juez A quo se fundamento respecto a la decisión de proseguir con el conocimiento del caso, cuando en los hechos se produjo el abandono por parte del demandante, lo que determina la declaración de perención, empero la Juez soslayo este extremo rechazando el pedido y  siendo causales sobrevivientes, la Juez debió allanarse.
  3. Violación del art. 55, 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil, porque verificado el fallecimiento de una de las partes esenciales del proceso, el demandado Elías Antonio, el demandante no cumplió a cabalidad con lo previsto en las citadas disposiciones, ya que jamás subsano la defectuosa publicación de edictos ni la consiguiente designación de defensor de oficio. En ese sentido a fs. 332 el actor presenta únicamente una legalización del edicto de fecha 16 de junio de 2010, no constando de modo alguno la validez de las otras dos publicaciones arrimadas a obrados y al vencimiento del plazo no se decreto la rebeldía de los presuntos herederos ni se designo defensor de oficio que los represente.
  4. Es evidente la violación del art. 549 núm. 3 del Código Civil, cuando señala que la transferencia del bien objeto del litigio constituye un hecho ilícito, sin motivar el marco legal semejante conclusión, asimismo resulta ilícita la sentencia disponiendo la calificación de daños y perjuicios, cuando no existe evidencia documentada que la demanda haya sido ampliada por la cancelación de la partida en los términos referidos en la sentencia. En este margo general, la transferencia impugnada no se halla viciada por ningún elemento que invalida la legitimidad del acto  efectuado por su padre. Además la ilicitud de causa en contrato de conformidad con lo previsto por el art. 489 del Código Civil, debe ser contraria al orden público o las buenas costumbres o sea un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa.
  5. Violación del art. 309 del Código de Procedimiento Civil, sobre perención de instancia, porque la ampliación de la demanda se produjo en fecha 22 de diciembre de 1997 y recién en fecha 18 de noviembre de 1998 se notifico a los demandados, verificándose que transcurrió sobradamente el año al que se refiere la norma procesal contenida en el art. 311 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, una vez analizado los fundamentos que esgrime el recurrente, al cual se debe circunscribir la resolución del recurso de casación, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a decidir el recurso en los siguientes términos:

  1. Por un error en la presentación del recurso, se pretende que éste Tribunal se pronuncie sobre un recurso de casación en el fondo, cuando de la revisión de las causales de interposición del recurso de casación éstas emergen de una nulidad procesal de oficio y por consiguiente, este Tribunal solo puede pronunciarse sobre las infracciones denunciadas respecto de la nulidad asumida en alzada, sin extenderse al fondo de la controversia, ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que hayan efectuado los Tribunales de instancia sobre aspectos no contemplados en el Auto de Vista.
  2. En el presente caso de Autos, todas las causales de interposición del recurso de casación se refieren a la casación en el fondo y se refieren precisamente a la sentencia de primera instancia u otros aspectos de fondo del proceso, así se deducen de las causales invocadas por la parte recurrente que son:
  3. De las causales, antes señaladas se evidencia que se ha incumplido el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, en lo referido a señalar en el recurso de casación interpuesto, en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente referidas a la facultad del Tribunal de Alzada al anular de oficio la sentencia emitida.
  4. La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, establece que al no haberse señalado expresamente las causales referidas a la nulidad procesal del Auto de Vista impugnado para recurrir en casación, se ha incumplido el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil y por consiguiente corresponde declarar el recurso improcedente de conformidad al art. 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 258 núm. 2) y 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Maria Clotilde Antonio Nacif, Juana Nelly Antonio Nacif y Abraham Antonio Nacif a fs. 369 a 372, impugnando el Auto de Vista Nº 140/2013 de  fecha 3 de junio del 2013 que cursa de fs. 365 a 366 de obrados. Con costas.

Se regula el honorario en favor del Abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 700.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero