TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 55/2014

Sucre: 07 de marzo 2014

Expediente: LP- 138 13 S

Partes: Valentina Quispe de Paucara por sí y en representación de sus hijos                

                                   

             c/ Abigail Oporto Coria.


Proceso: Ordinario, mejor derecho propietario, reivindicación, daños y perjuicios

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 473 a 475 interpuesto por Valentina Quispe de Paucara por sí y en representación de sus hijos Ana María, Herminia Luisa, Juan Carlos, Eduardo Luis, Leonardo Franz y Rogelio Eloy Paucara Quispe, contra el Auto de Vista-Resolución Nº 154/2013 de 22 de mayo  de 2013 de fs. 470 a 471 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de mejor derecho propietario, reivindicación y pago de daños y perjuicios, seguido por la recurrente contra Abigail Oporto Coria; la respuesta al recurso de fs. 494 a 496; el Auto de concesión de fs. 497; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Del contenido del memorial de demanda de fs. 24 a 25, en lo esencial se resume lo siguiente: la actora indica que su esposo Francisco Paucara Flores adquirió de la Urbanización Illimani por dotación mediante Escritura Pública Nº 575/95 del 28 de diciembre el lote de terreno Nº 9 de 250 mts2. signado con el manzano “D”, debidamente registrado en DD.RR. el 29 de enero del 1997 y ante el fallecimiento de su nombrado esposo, se declaró heredera conjuntamente sus seis hijos; sin embargo la demandada aprovechando el momento de dolor y luto por la pérdida de su esposo, ingresó en forma furtiva y arbitrariamente a su terreno y precipitadamente hizo construir para luego irse a vivir conjuntamente su familia; bajo esos antecedentes interpone la indicada demanda, misma que fue contestada por la demandada alegando ser propietaria de dicho lote con registro en DD.RR. a su nombre y a su vez reconvino por acción negatoria y pagos de daños y perjuicios. 

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido 1º en Materia Civil de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia - Resolución Nº 134/2012 de 24 de agosto de 2012 cursante de fs. 398 a 411, declaró probada la demanda principal de fs. 24 a 25 respecto al mejor derecho y reivindicación, ordenando la restitución del lote de terreno objeto de litis a favor de la parte actora dentro del plazo de 15 días de ejecutoriada la sentencia y declaró improbada con respecto al pago de daños y perjuicios; por otra parte declaró improbada la reconvencional de fs. 50 a 54 subsanada a fs. 56 sobre acción negatoria y pago de daños y perjuicios.

En apelación la referida Sentencia, interpuesto por la demandada Abigail Oporto Coria; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista-Resolución Nº 154/2013 de 22 de mayo de 2013 de fs. 470 a 471 y vlta., anuló obrados hasta fs. 396 inclusive, disponiendo que el A quo regularice el proceso de acuerdo a los datos del mismo y a las normas legales que rigen la materia; en contra de esta resolución de segunda instancia, la demandante Valentina Quispe de Paucara por sí y en representación de sus seis hijos, recurre de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación y en lo esencial, se resume lo siguiente:

La recurrente refiere que el Tribunal de Alzada al anular obrados bajo el fundamento de incumplimiento de los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, falta de motivación y fundamentación en la sentencia y falta de ubicación clara y precisa del lote de terreno objeto de litis, lo único que genera es retardación negando el acceso a la justicia, cuando la ubicación del terreno se encuentra claramente establecido tanto en la demanda como en la reconvención.

Acusa al Ad quem de haber incurrido en errónea aplicación del art.192 del Código de Procedimiento Civil y el art. 17-III de la Ley 025 del Órgano Judicial y violación al principio de celeridad, indicando que los jueces están obligados a fallar sobre las pretensiones de las partes y no limitarse a aplicar la letra muerta de la ley; en el caso presente el Tribunal habría eludido pronunciarse sobre los puntos apelados trasladando su responsabilidad al Juez de primera instancia, incurriendo además en falta de fundamentación limitándose a transcribir los datos del proceso y fallos judiciales sin argumentación de hecho o de derecho.

Indica que de su parte habría demostrado su derecho propietario sobre el lote de terreno objeto de litis, en tanto que el derecho que alega la demandada se encontraría cuestionado toda vez que justifica en base a un documento (E.P. 3995/95) cuya venta se hizo a través de apoderados con poder que se encontraba revocado, quienes habrían declarado en juicio que nunca firmaron transferencia a favor del anterior propietario (Alberto Trino) y que el Notario de Fe Pública certificó que no existe antecedente ni protocolo de la Escritura Pública Nº 3995/95, documentos que habrían sido desaparecidos para evitar que se evidencie físicamente la burda falsificación y llenado de la minuta en blanco.

En base a esos antecedentes concluye invocando a este Tribunal como garante de una correcta y oportuna administración de justicia y evitando mayor dilación en la resolución del litigio, case el Auto de Vista recurrido yen aplicación del art. 274 se pronuncie sobre lo principal del litigio confirmando la sentencia del primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La recurrente interpone recurso de casación en el fondo contra una resolución anulatoria, en cuyo contenido se advierte la mayor parte aspectos de forma, donde solicita que se “case” el Auto de Vista recurrido y se confirme la sentencia de primera instancia; ante esa situación confusa e incoherente se hace necesario aclarar lo siguiente:

De manera general diremos que el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario de puro derecho por cuanto se trata únicamente de la aplicación de la ley al caso concreto, donde no se juzgan los hechos que está destinado para los jueces de instancia y procede por las causales que se encuentran expresamente determinadas en los arts. 253 y 254 del Código de  Procedimiento Civil, cuya finalidad es lograr que el Tribunal de casación emita una nueva resolución resolviendo sobre el fondo del asunto o anule la resolución recurrida o el proceso como tal, dependiendo de la forma de planteamiento del recurso.

Puede ser planteado en la forma, en el fondo o en ambos casos a la vez conforme está establecido en el art. 250 de la ley adjetiva civil; cuando el recurso se plantea en la forma, se lo realiza por errores de procedimiento que infringen las normas de derecho material, el debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales sancionadas expresamente con nulidad por la ley, denominado en doctrina error “in procedendo”, cuyas causales se encuentran catalogadas en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil o finalmente cuando la resolución recurrida es manifiestamente incongruente e inmotivada y dependiendo del vicio procesal, puede recaer en la anulación de la resolución recurrida propiamente dicha o del proceso como tal según el fundamento y la solicitud que realice el recurrente, debiendo en todo caso tenerse en cuenta los principios que rigen las nulidades procesales. 

En tanto que el recurso de casación en el fondo o “error in judicando”, procede por errores de fondo en la resolución del litigio y está orientado a que el Tribunal de casación revise el fondo de la resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido ya sea total o parcialmente a través de la emisión de una nueva resolución resolviendo el fondo de los derechos controvertidos en base a la correcta compulsa de la prueba y la aplicación o interpretación de la ley sustantiva sin afectar o retrotraer el procedimiento llevado a acabo, decisión con la cual concluye el proceso en la vía ordinaria quedando simplemente la ejecución de la resolución emitida en grado de casación a cargo del Juez de origen. 

Como se podrá advertir, el recurso de casación en la forma y en el fondo son dos medios de impugnación distintos que persiguen también finalidades distintas, cuyos fundamentos deben ser desarrollados de manera claramente diferenciada el uno con respecto del otro y circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 del Adjetivo Civil respectivamente y en ambos casos cumplir con el mandato del artículo 258 inc. 2) del mismo cuerpo legal. Sin embargo se hace notar que por razones de orden lógico, no es posible interponer recurso de casación en el fondo contra una Resolución anulatoria por cuanto el Juez o Tribunal que emite este tipo de resolución lo hace por aspectos netamente formales o de procedimiento sin ingresar a considerar el aspecto sustancial o fondo del asunto y en caso de que el Tribunal de casación emitiera resolución del fondo, llegaría a fallar en per saltum.

Finalmente, en cuanto al petitorio en uno u otro recurso también difiere y en caso de ser interpuestos al mismo tiempo ambos recursos, la petición deberá ser de manera alternativa porque los fundamentos y la finalidad de ambos recursos son diferentes, no siendo coherente solicitar simplemente porque sea case la resolución recurrida o se anule la misma.

Establecido lo anterior, diremos que en el caso presente la recurrente al amparo de los arts. 250, 253, 255, 257, 258, 271 y 274 del Código de Procedimiento Civil interpone recurso de casación en el fondo contra una resolución anulatoria, aunque parte de los argumentos expresados en dicho recurso constituyen aspectos de forma toda vez que cuestiona la nulidad dispuesta por el Ad quem, sin embargo en su petitorio solicita que se “CASE” el Auto de Vista recurrido y en estricta aplicación del art. 274 del mismo Código Adjetivo de la materia, pide que se emita pronunciamiento sobre lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas confirmando la sentencia de primera instancia.

La petición planteada por la recurrente es confusa e incoherente con relación a lo fundamentado en ambos extremos en dicho recurso (fondo y forma) y difícil de ser entendida por las siguientes razones: en caso de realizarse la consideración de los aspectos de forma donde se cuestiona la nulidad dispuesta por el Ad quem, sin embargo nos encontramos ante una petición clara y expresa que nos pide “casar” el Auto de Vista y en ninguna parte del recurso nos pide anular dicha resolución; es más, en la petición se reitera que en estricta aplicación del art. 274 se emita pronunciamiento sobre el fondo del litigio, norma legal que está referida a la casación, aspecto que es imposible para este Tribunal toda vez como se tiene indicado, no se puede emitir pronunciamiento de fondo sobre la base de aspectos de forma contra una resolución anulatoria, ni mucho menos casar el Auto de Vista toda vez que el Ad quem no ingreso a considerar los aspectos de fondo de la controversia.

Por otro lado, el recurso de casación también contiene aspectos de fondo donde se hace referencia a las pruebas y al mejor derecho de propiedad de la recurrente sobre el lote de terreno objeto de litis, sin embargo estos argumentos resultan improcedentes para el caso de autos, toda vez que fueron expuestos contra una resolución anulatoria donde el Ad quem no ingresó a considerar el fondo del asunto ni mucho menos emitió resolución de fondo, simplemente anuló obrados por cuestiones de forma, razón por la cual también resulta imposible para este Tribunal Supremo emitir resolución sobre el fondo del asunto contra una resolución anulatoria ni mucho casar el Auto de Vista recurrido como lo solicita la recurrente y en caso de darse esa situación se llegaría a fallar en per saltum aspecto que no está permitido por nuestra legislación ni por la jurisprudencia.

En términos procesales, toda impugnación o recurso judicial se encuentra  estructurado de dos componentes esenciales que son la causa petendi y el petitum y para que pueda ser atendido en su verdadera dimensión, debe existir la suficiente coherencia en todo su contenido; la causa petendi es el motivo por el cual se recurre y está integrado por el elemento fáctico y normativo, los cuales deben ser precisados y fundamentados adecuadamente por el recurrente; mientras que el petitium es la solicitud expresa, clara y concreta que se realiza en el recurso; ambos componentes (causa petendi y petitum) están directamente vinculados con la finalidad del recurso lo que en doctrina se conoce como el “nexo o relación de causalidad”; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitum, mismo que no sólo debe ser claro, sino sobre todo coherente con el fundamento que sustenta la pretensión; en ese sentido se tiene establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de sus reiterados fallos plasmados en sentencias y Autos Constitucionales, entre otros en la SCP 1456/2013 y AC 0099/2012-RCA confirmando las resoluciones de los Tribunales de garantías que rechazaron in límine las acciones de amparo, precisamente por incumplimiento de los requisitos enunciados, lo cual también es aplicable al caso de Autos por disposición expresa del art. 15 del Código Procesal Constitucional, toda vez que el recurso de casación traído a colación no guarda la coherencia entre lo fundamentado y lo peticionado, aspecto que impide se aperture la competencia de este Tribunal para conocer el fondo del asunto, correspondiendo en todo caso declarar la improcedencia de dicho recurso.

Sin embargo de lo manifestado, únicamente con fines de orientación se debe indicar que la nulidad de obrados dispuesta por el Ad quem hasta el decreto de Autos, permitirá de algún modo al Juez de la causa, si así lo ve conveniente, para que en observancia del principio de verdad material pueda hacer uso de la facultad prevista en el art. 378 del Código de Procedimiento Civil y disponer se realice peritaje para establecer la ubicación exacta del inmueble objeto de litis, como también solicitar informes tanto al Gobierno Municipal de Achocalla como de la ciudad La Paz para determinar si se trata del mismo inmueble reclamado por la demandante y la demandada o de otro distinto, aspecto que se tiene a bien aclarar con el fin de que el Juez A quo no incurra en los mismos errores. 

Por lo anteriormente expuesto y con la aclaración que antecede, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 núm. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Valentina Quispe de Paucara por sí y en representación de sus hijos Ana María, Herminia Luisa, Juan Carlos, Eduardo Luis, Leonardo Franz y Rogelio Eloy Paucara Quispe, contra el Auto de Vista-Resolución Nº 54/2013 de 22 de mayo  de 2013 de fs. 470 a 471 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero