TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 54/2014

Sucre: 07 de marzo 2014

Expediente:   LP- 126 13 S

Partes: Ignacio Huanca Gutiérrez. c/ Carlos Enrique Huanca Quispe


Proceso: Ordinario, nulidad de filiación, de protocolo y acta de reconocimiento de partida y certificado de nacimiento.

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 538 a 542 interpuesto por Carlos Enrique Huanca Quispe, contra el Auto de Vista-Resolución Nº S-324/13 de 13 de septiembre de 2013 de fs. 532 a 534 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de nulidad de filiación, de protocolo y acta de reconocimiento de partida y certificado de nacimiento, seguido por Ignacio Huanca Gutiérrez contra el recurrente; la respuesta al recurso de fs. 545 a 557; el Auto de concesión de fs. 558; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Del contenido del memorial de demanda  de fs. 24 a 25, en lo esencial se resume lo siguiente: el actor indica que el demandado con el fin de apropiarse de un bien inmueble de su fallecido hermano Damián Huanca Gutiérrez, se hizo declarar heredero de la indicada persona fraguando una serie de documentos señalando entre estos a un acta de reconocimiento de hijo, partida y certificado de nacimiento, libreta de servicio militar y a través de un proceso voluntario primeramente habría procedido a cambiarse de apellido de, Carlos Enrique Condori Quispe a Carlos Enrique Huanca Quispe, llegando a tener doble identidad y filiación; en base a esos antecedentes interpone la indicada demanda. Por su parte el demandado, por memorial de fs. 33, aclarada y ampliada de fs. 39 a 41, al tiempo de contestar la demanda de manera negativa, reconviene por nulidad de declaratoria de heredero, cancelación de matrícula y reivindicación de inmueble.     

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 4º de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia - Resolución Nº 42/06 de 28 de enero de 2006 cursante de fs. 437 a 440, declaró improbada la demanda principal de fs. 24 a 25 así como la demanda reconvencional de fs. 33, 39 y 41 por falta absoluta de pruebas; de la misma manera declara improbada la excepción de prescripción de fs. 375 que había sido interpuesta en el curso del proceso.

En apelación la referida Sentencia, interpuesto por el demandante Ignacio Huanca Gutiérrez y luego de la emisión del Auto Supremo Nº 205 de 28 de mayo de 2013 de la Sala Liquidadora del Tribunal Supremo que anula el Auto de Vista Nº 252/07, el mismo que a su vez es anulatorio de la Sentencia de primer grado; la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista-Resolución Nº 324/13 de 13 de septiembre de 2013 de fs. 532 a 534 y vlta, nuevamente anula obrados hasta fs. 35 vlta., inclusive, disponiendo que el A quo regularice procedimiento en observancia a los fundamentos contenidos en dicho fallo; en contra de esta última Resolución de segunda instancia, el demandado Carlos Enrique Huanca Quispe, recurre de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación y en lo esencial, se resume lo siguiente:

El recurrente indica que la resolución recurrida no responde al espíritu del Auto Supremo Nº 205 de 28 de mayo de 2013, siendo completamente alejada de lo recomendado en dicha resolución, olvidando cumplir con los requisitos de congruencia, motivación y exhaustividad.

Indica que el Tribunal Ad quem no tomó en cuenta que la ampliación de la demanda reconvencional (fs. 39, 40, y 41) se trata simplemente de una aclaración ante la observación realizada por el A quo, para que se admita la demanda reconvencional. Por otra parte indica que se ha dispuesto la nulidad del proceso sin que exista de parte del demandante un reclamo formal, serio y oportuno a través de los recursos que franquea la ley, violando el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial respecto a la continuidad del proceso y preclusión de los actos procesales, citando al mismo tiempo como norma infringida el art. 251 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte indica que la Resolución de Vista fue pronunciada omitiendo referirse a la prueba pendiente de la confesión provocada al demandado, lo que denota la falta de exhaustividad en la revisión del proceso, violando el art. 233-II del Código de  Procedimiento Civil Por otra refiere también que el demandante al presentar pruebas de reciente obtención no ha cumplido con el juramento respectivo y que el Tribunal habría omitido referirse a ese aspecto.

Asimismo indica que no se realizó una revisión exhaustiva del proceso violando el art. 3 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, denuncia incumplimiento del Auto Supremo Nº 205; que el Auto de Vista recurrido es incongruente con relación al anterior Auto de Vista Nº 252/07 que habría anulado obrados simplemente hasta fs. 433, en tanto que el actual Auto de Vista recurrido anuló obrados hasta fs. 3.

Reitera la violación de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, art. 251 del Código de Procedimiento Civil y art. 115 de la Constitución Política del Estado referido al debido proceso; en base a esos antecedentes concluye indicando que interpone recurso de casación en el fondo por la causal del art. 253 num. 1) y recurso de casación en la forma por la causal del art. 254 num. 7) del Código de Procedimiento Civil, pidiendo se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se mantenga la sentencia de primera instancia.     

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la mayor parte del contenido del recurso de casación el recurrente expone aspectos de forma conforme se tiene establecido en calidad de resumen en el anterior considerando; entre otros aspectos denuncia que la resolución recurrida no responde al espíritu del Auto Supremo Nº 205; que se anuló obrados sin que exista reclamo oportuno de parte del demandante respecto al plazo de la demanda reconvencional sin tomar en cuenta la preclusión de los actos procesales; que no se tomó en cuenta que se encontraba pendiente prueba de confesión judicial provocada, y sobre todo denuncia de manera reiterada la violación de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial y 251 del Procedimiento  Civil; dentro de ese contexto, corresponde considerar si la nulidad de obrados dispuesta por el Ad quem se enmarca a lo establecido por nuestro ordenamiento legal vigente y los principios que rigen las nulidades procesales.

En tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; ese es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.    

En definitiva, la Ley Nº 025 con el fin de dar continuidad al proceso incorpora un nuevo régimen de nulidades procesales, mismo que debido a la importancia del caso, se pasa a transcribir a continuación las partes pertinentes de dicha norma legal; así en su art. 16 establece lo siguiente:

I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley”.

II. “La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece:

II. “En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.

III. “La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el nuevo Código Procesal Civil Ley Nº 439 establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4), previsiones legales que en lo posterior deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a la hora de decretar la nulidad de obrados. 

Las citadas disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los Jueces y Magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad una excepción que procede según dispone la Ley 025, bajo dos presupuestos legales indispensables; es decir cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa y que esa situación haya sido reclamada de manera oportuna por la parte afectada, bajo sanción de operarse la preclusión en su contra; al margen de ello, la nulidad de los actos procesales se encuentra regido por determinados principios universalmente reconocidos en el ámbito del derecho procesal civil, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación y preclusión, los cuales no pueden ser desconocidos.

Con la Ley Nº 025 y la Ley Nº 439 nuevo Código Procesal Civil (esta última aun no vigente en su integridad) se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando a un lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias que solo ocasionó retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

En el caso presente, el Ad quem observa el incumplimiento de los plazos procesales indicando que el memorial de modificación y ampliación de la demanda reconvencional de fs. 39 a 41 se encontraría presentado fuera del término de ley y posterior a la contestación del actor principal y que esa pretensión habría sido acogida de manera general en el Auto de calificación del proceso, encontrando en esos aspectos la causa para la anulación del proceso sin que la ley lo establezca de manera específica esa situación como causa de nulidad, citando para el efecto jurisprudencia de la Ex Corte Suprema de Justicia, conforme se evidencia en los numerales 2 y 3 del Segundo Considerando del Auto de Vista recurrido; sin embargo el Ad quem no toma en cuenta lo descrito por los arts. 16 y 17 de la Ley 025 donde se encuentra inmerso implícitamente el principio de preclusión, tampoco toma en cuenta la nueva línea jurisprudencial respecto a las nulidades procesales establecidas por este Tribunal Supremo de Justicia a través de varios Autos Supremos, entre estos los A.S. 197, 223, 309, 336 todos emitidos el 2013.

En el caso específico en análisis, de los datos que informan el proceso se evidencia que el actor principal, dándose por notificado con la demanda reconvencional, por memorial de fs. 35 contesta a la misma y posteriormente ante la modificación y ampliación realizada por el demandado, nuevamente por memorial de fs. 42 a 43 vuelve a contestar a la reconvencional ampliatoria sin observar y/o reclamar absolutamente nada respecto a la extemporaneidad de dicha reconvencional, ni mucho menos interpuso excepción alguna; por el contrario solicitó a través de sus apoderados la calificación del proceso y la fijación de los puntos de hecho a probar y contra esa resolución ninguna de las partes objetaron conforme al art. 371 del Código de Procedimiento Civil, sustanciándose de esa manera el proceso sin ninguna observación referente al aspecto denunciado de la extemporaneidad, convalidando de esta manera cualquier aparente anormalidad procesal y precluyendo el derecho del actor principal a reclamar en las demás instancias, toda vez que en el tema de nulidades rige también los principios de convalidación y preclusión; ante ese estado de cosas, el Ad quem al decretar la nulidad de obrados no hizo una adecuada compulsa de las citadas disposiciones legales ni de los principios que rigen la nulidades procesales.   

Por otra parte, en el mismo Considerando numerales 4 y 5, el Ad quem refiere insuficiencia en la fundamentación de la sentencia e incongruencia en la misma, extrañando al mismo tiempo omisión de valoración de la prueba por parte del A quo; sin embargo ese fundamento no reviste mayor importancia para el caso de Autos toda vez que el Ad quem encontró vicio procesal en la modificación introducida a la demanda reconvencional por considerarla extemporánea, bajo ese justificativo procedió a anular obrados hasta fs. 35 vlta., ante esa situación resulta innecesario que se cuestione la Resolución de primera instancia; cosa diferente sería si esos cuestionamientos recaerían únicamente sobre la sentencia como tal sin incidencia en otros actuados procesales, caso en el cual, tomando en cuenta las restricciones y limitaciones a las nulidades procesales impuesta por la Ley 025, los aspectos extrañados bien podían haber sido rectificados por el Ad quem y en función a una nueva reevaluación de los medios de prueba fallar sobre el fondo del litigio resolviendo la problemática suscitada, ya sea confirmando o revocando la sentencia, toda vez que el memorial de apelación de fs. 451 a 457 no solo contiene aspectos de forma, por el contrario en su mayor parte existen aspectos de fondo que dan lugar a la emisión de una resolución de esa naturaleza y no precisamente salir a través de la nulidad de obrados como se lo hizo, resultando esa determinación contraproducente para los intereses de las partes litigantes, toda vez que se retrotrae el proceso prácticamente hasta el estado de la contestación a la demanda dejando en la incertidumbre de un resultado que parece nunca llegar a su fin, más aún si se toma en cuenta el tiempo que viene tramitándose la causa con varias nulidades decretadas de por medio; pues el hecho de aplicar de manera irrestricta las nulidades procesales, constituye violación a los principio de celeridad y eficiencia y un atentado al acceso a la justicia.

Tomando en cuenta que la nulidad procesal es considerada como medida de última ratio, las partes litigantes y sus abogados patrocinantes, Jueces y Tribunales, deben tener presente que esa medida solo puede ser aplicada en casos extremos cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa a condición de que esa situación sea reclamada oportunamente por la parte afectada o cuando la misma no ha tenido un verdadero conocimiento de la existencia del proceso o finalmente cuando no tuvo la posibilidad de defenderse en juicio por causas completamente ajenas a su voluntad; en síntesis la nulidad procesal deberá ser aplicada para precautelar y hacer realidad el valor justicia tan añorado por la sociedad, a contrario sensu, implica actuar en contra del espíritu de las normas contenidas en los arts. 16 y 17 de la Ley 025.

Por todas las consideraciones realizadas se concluye que la decisión asumida por el Ad quem no se justifica, mas por el contrario se encuentran al margen de los alcances que disponen los arts. 16 y 17.III de la Ley 025 del Órgano Judicial, haciéndose por consiguiente atendible el reclamo del recurrente en cuanto a la incorrecta aplicación de las citadas normas legales, pero no así con respecto a los demás argumentos contenidos en el recurso de casación.

Al ser la resolución de vista anulatoria, impide a este Tribunal Supremo emitir resolución de fondo sobre el asunto en cuestión y en caso de hacerlo se incurría en per saltum toda vez que el Ad quem no ingresó a considerar el fondo mismo del asunto, razón por la cual este Tribunal se encuentra obligado a anular el Auto de Vista recurrido para que se dicte uno nuevo donde se resuelva el fondo del asunto y como consecuencia de esta determinación queda sin efecto todo lo actuado a partir de la emisión de dicha resolución que se anula, aclaración que se realiza en observancia del art. 109.III de la Ley Nº 439 nuevo Código Procesal Civil.         

Por lo anteriormente expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista-Resolución Nº S-324/13 de 13 de septiembre de 2013 cursante de fs. 532 a 534 y vlta., y dispone que el Tribunal sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución debidamente fundamentada y motivada atendiendo el recurso de apelación de fs. 451-457 con arreglo a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y resuelva el fondo del asunto y como consecuencia de esta Resolución queda sin efecto todo lo actuado con posteridad al Auto de Vista objeto de nulidad.

No se impone multa por considerarse error excusable, debiendo a futuro tenerse en cuenta la presente resolución.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero