TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    SALA  CIVIL

Auto Supremo: 41/2014

Sucre: 20de febrero 2014

Expediente: LP-110-13-S

Partes: Teodora Mamani de Manzaneda c/ Rene Rivero Loayza  

Proceso: Nulidad

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 253 a 255, interpuesto por  Rudy Randolth Villegas Taborga en representación de Rene Rivero Loayza contra el Auto de Vista Nº 117/2013 de 13 de mayo de 2013, cursante de fs. 249 a 251 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de nulidad de Escritura Pública seguido por Teodora Mamani de Manzaneda contra Rene Rivero Loayza y Daria Catalina Villagra de Mercado, la concesión de fs. 272, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


La Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz dicta  Sentencia Nº 361/2012 de 06 de noviembre de 2012, cursante de fs. 209 a 213 de obrados, declarando probada la demanda de fs. 30 a 31 vlta., aclarada por memorial de fs. 33 a 34, ampliación de fs. 41 y subsanada de fs. 42 a 43 vlta.,  interpuesta por Teodora Mamani de Manzaneda e improbada la demanda reconvencional  interpuesto por Rene Rivero Loayza de fs. 80 a 83 sobre pago de daños y perjuicios, declarando nulas las Escrituras Públicas Nº 304/1989 y 182/1990 y la cancelación de la partida computarizada Nº 01088962.

Resolución de fondo que es apelada por la parte demandante, por memorial de fs. 217 a 223 vlta., y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 117/2013 de 13 de mayo de 2013, cursante de fs. 249 a 251 de obrados, que confirma en forma total la sentencia apelada; Resolución de Alzada que es recurrida de casación por el demandante que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


El recurrente argumenta que el Tribunal de Alzada no se tomó la molestia de referirse al reclamo del punto 7, relacionado al reconocimiento de firmas voluntario el cual se realizaba hasta antes de 1997 ante los juzgados de instrucción civil. Señala además que los reconocimientos de firmas y rúbricas en forma voluntaria no se registraban en libros de tomas de razón, ni existía registros de esos reconocimientos antes de la gestión de 1997, agregando que las Autoridades no hicieron valer esos aspectos haciendo valer como prueba los certificados emitidos por los Juzgados 4to y 5to de Instrucción Civil.

Señala que los Autoridades inferiores no se tomaron la molestia de revisar documentos suscritos por la demandante en forma cronológica, de haberlo hecho dice- se hubiesen dado cuenta que lejos de ser víctima es estafadora.

Complementa su alegato recursivo señala que el documento de fs. 70 de 11 de enero de 1990 y el de fs. 73 de fecha 20 de agosto de 1990 reconoce que el terreno está registrado a nombre de otra persona la Sra. Daria Catalina Villagra de Mercado por lo cual se establece que la demandante estaba acostumbrada a realizar diferentes tipos de transacciones con sus inmuebles, sin embargo pretende aparecer como víctima y no dice como devolverá o devolvió los dineros que percibió de los cuales se benefició a momento de suscribir los documentos.

Señala que en obrados se han arrimado cinco documentos posteriores al documento que supuestamente contiene la nulidad o la firma falsificada, sin embargo de ello los siguientes años la actora suscribió documentos  en los cuales ratifica el pacto de rescate supuestamente nulo y manifiesta que dicha transacción ya ha sido registrada a nombre de Daria Catalina Villagra de Mercado para sumir nuevas obligaciones, este el principal argumento señala el recurrente- que no mereció consideración pues si la actora pretendió alegar nulidad debió hacerlo en aquel tiempo y no validar ese acto con documentos posteriores como lo hizo (fs. 68 a 74).

Posterior reitera  que las certificaciones  e informes no corresponden  a la forma de tramitación antes de 1997 y del año 2000 en la fiscalía  que fue sistematizada y la información obtenida es errada porque no informan de gestiones en que no están en sistema aspectos no considerados por las Autoridades judiciales.

Señala que tampoco se consideró que el estudio grafo técnico hacía referencia a la Escritura Pública Nº 3163976 de fecha 22/089/1989 documento que no encuentra inserto en la demanda, sin considerar que se demandó la nulidad de la escritura 304/1989 y 182/1990. Señala además que no existe ninguna prueba que acredite que su representado hubiera hecho firmar un documento en blanco y que solo le prestó Bs. 200 es más manifiesta la propia demandante que el año 1989 buscó al demandado para pagarle  el préstamo, por lo que se puede afirmar dice el recurrente- que la demandante estaba acostumbrada a obtener préstamos de dinero y no pagarlos. También añade que tampoco se consideró que en los diferentes documentos firmados por la actora reconoció haber firmado un documento de préstamo con pacto de rescate con la Sra. Daria Catalina Villagra de Mercado el 22 de febrero de 1988, para pretender ahora anular el mismo.

Por ultimo en su petitorio pide que el Tribunal de casación considere los documentos antes descritos y fallando en el fondo case la sentencia y el Auto de vista declarando improbada la demanda.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


El art. 250 del Código de Procedimiento Civil señala que el recurso de casación  o de nulidad se concederá para invalidar una sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por la ley, añadiendo que puede ser en el fondo y la forma.

En recurso de casación en el fondo debe fundarse en infracciones del derecho sustantivo, error "in judicando", en que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al pronunciar sus resoluciones, identificadas y justificadas en las causales señaladas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil que señala que el recurso de casación en el fondo procede:

1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley.

2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias.

3) Cuando en la apreciación de la prueba se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. El error de hecho debe identificarse  por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta.

El recurso que nos ocupa es en el fondo, como anuncia el recurrente, por ello su contenido debe subsumirse dentro el art. 253 de la norma Adjetiva Civil para su análisis. De la lectura de las alegaciones concretadas en el recurso se puede evidenciar que no se identifica en todo su tenor una norma violada o aplicada falsa o erróneamente, o que exprese que el Auto de Vista contuviere disposiciones contradictorias, en ese mérito se desestima que el recurso concurra a los numerales 1) y 2) del precitado artículo.

Ahora bien, el recurso presentado pareciera que está orientado a denunciar una apreciación errónea de la prueba por parte de Tribunal de Alzada, sin embargo no distingue, en los términos del art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, si se hubiere incurrido en error de derecho o de hecho en la valoración probatoria por parte de los jueces de grado. El examen de los argumentos realizados por el recurrente inciden en que éste Tribunal de casación compulse nuevamente la prueba aparejada en proceso, por ello es que en pasajes de su fundamento solicita revisar los documentos glosados cronológicamente, observar los documentos de fs. 70 y 73 que establecieran, según su criterio, que la actora estaba acostumbrada a realizar diferentes transacciones con sus inmuebles, que existe cinco documentos posteriores al documento que supuestamente contiene la nulidad, que las certificaciones no corresponden a la tramitación de gestiones anteriores a 1997 y la gestión 2000 en la fiscalía. Es así que el recurso pide una reconsideración de aquellos documentos que no hubiese realizado el Tribunal de apelación, que tiene como corolario en su petitorio que pide se “…considere los documentos antes descritos y fallando en el fondo se case la sentencia…”,  sin entender que la tarea realizada por los inferiores es incensurable en casación en cuanto a la valoración de la prueba, pues no se tiene facultades para una reevaluación de los hechos, en ello de la prueba, establecido por los jueces de instancia, en tal razón el contenido argumentativo del recurso en relación a la prueba  es equívoco a los fines del recurso extraordinario de casación. Por otra parte, se incide que el Auto de Vista no se refirió a su reclamo referente al punto 7 (de la apelación), aspecto relativo a tema de incongruencia negativa por la omisión  en la repuesta, que debió ser deducido vía casación en la forma y no en el fondo, como se hizo.

Lo señalado anteriormente evidencia una falta de técnica e inobservancia del art. 253 y 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, que inhibe a éste Tribunal realizar más análisis del recurso de casación, por ello se debe dictar la improcedencia del mismo.

Por lo expuesto corresponde fallar a éste Tribunal de casación  de la forma establecida por el art. 271 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 1) y 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 253 a 255,  interpuesto por Rudy Randolth Villegas Taborga en representación de Rene Rivero Loayza contra el Auto de Vista Nº 117/2013 de 13 de mayo de 2013, con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero