TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 20/2014

Sucre: 07 de febrero 2014                        

Expediente: CB-115-13-S

Partes: Juani Antonia Amurrio Aranibar c/ Marco Antonio Claros Ustarez, Sorayda Abigail Claros Ustarez, Jesús Vladimir Claros Ustarez, Noemy Rosario Claros Ustarez y Alex Gualberto Claros Ustarez.

Proceso: División y Partición de Bien Inmueble.

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Noemí Rosario Claros Ustarez y Marco Antonio Claros Ustarez  de fs. 142 a 144  y vlta. impugnado el Auto de Vista de fecha 15 de Julio de 2013 (fs. 138 a 139 y vlta.), pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de división y partición de bien inmueble, seguido por Juani Antonia Amurrio Aranibar c/ Marco Antonio Claros Ustarez y otros, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez 9º de Partido en lo Civil y Comercial de Cochabamba, emitió Sentencia de fecha 29 de Diciembre de 2009, cursante a fs.104 a 106 y vlta. del expediente, falla declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 41 a 42 y  vlta. e IMPROBADAS las excepciones perentorias de falta de derecho, improcedencia y falsedad que cursa  a  fs. 70. A mérito de ello se ordena que en ejecución de Sentencia se proceda a la partición y división del inmueble sujeto de la demanda, de copropiedad de la demandante y los demandados, en la proporción determinada en la escritura de propiedad de la actora y los registros señalados en esta Resolución, debiendo establecerse la forma de la división ubicación de los dos lotes que resulten de ella en ejecución de Autos y, con su resultado expedirse las ejecutoriales para su registro en Derechos Reales.

Apelada la Sentencia por Noemy Rosario Claros Ustarez y Marco Antonio Claros Ustarez, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia  de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 15 de Julio de 2013, cursante  de fs.138 a 139 y  vlta., CONFIRMA la Sentencia de fecha 29 de diciembre de 2009. Con costas, Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma interpuesta por parte de los demandados Noemy Rosario Claros Ustarez y Marco Antonio Claros Ustarez, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Los recurrentes haciendo una referencia sobre la nulidad de obrados de oficio, por defectuosa aplicación de la normativa civil, fundamentan su recurso en base a lo siguiente:

1.- Que los arts. 120 num. 1), 327 inc. 3), 124-I todos del Código de Procedimiento Civil, referentes a la citación con la demanda, y el art. 124-III del mismo cuerpo legal sobre la citación mediante edictos, normativas que fueron incumplidas por la parte demandante lo que hubiera ocasionado la vulneración al debido proceso que motivo la indefensión del demandado, ya que la demandante Juani Antonia Amurrio Aranibar al indicar que desconocía el domicilio de los demandados y solicitar su notificación mediante edictos, y que del acta de audiencia de inspección el Vocal Relator llega a la conclusión en el Auto de Vista que la persona que negó el ingreso al inmueble era la esposa del apelante y por lo cual conoció desde entonces de la demanda, eso es suficiente motivo de que no debió procederse a la citación por edicto con la demanda, llegando a ser fraudulenta y causándoles indefensión, correspondiendo la citación en forma personal o por cedulón domiciliario, justificativo para que se opere la nulidad hasta el vicio más antiguo que plantean.

2.- Que el Tribunal de Apelación en su Auto de Vista indica, amparándose en el art. 129-I   que la responsabilidad es de los sujetos procesales para reclamar las posibles nulidades que pudiera haber en el proceso, ignorando que es el deber de las Autoridades Jurisdiccionales precautelar esa situación de acuerdo al art. 3 inc. 1 del Código de Procedimiento Civil cual es velar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad.

3.- También indica que no se tomó en cuenta por el Juez de la causa y menos por el Tribunal de Alzada que la vivienda motivo de la Litis fue adjudicada por el Consejo Nacional de Vivienda a favor de sus trabajadores para su vivienda junto a su familia, lo que no se consideró a momento de admitir la demanda en aplicación del art. 327 núm. 3 del Código de  Procedimiento Civil.

4.- Señala que en el formulario de Registro Catastral (fs. 11) además de detallar el nombre de los miembros de la familia propietaria del inmueble de Temporal Pampa, señalaría también que esta es una vivienda familiar, lo que demostraría su domicilio en la que debieron ser citados de forma personal o mediante cedulón domiciliario y no por edictos.

5.- Por último indica que, en la escritura de venta judicial (fs.16 a 38) en su cláusula 1ª indicaría las generales de ley de la señora Sonia Ustarez Vda. de Claros, en la que figura también su domicilio, lo que demuestra que la demandante conocía su domicilio en la que debería ser citada con la demanda la ahora recurrente, desvirtuando la versión que desconocía el domicilio  de la actora, por lo que se incurrió en fraude procesal, constituyéndose este accionar en vicio de nulidad al tenor del art. 275 del Código de  Procedimiento  Civil con relación al 254 inc. 7 del mismo cuerpo legal.

Concluye, que en mérito a lo expuesto solicita que se viabilice el presente recurso y que en compulsa adecuada de los antecedentes, vía nulidad se rectifique el proceso rectificándose el mismo conforme a derecho.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, en función a los fundamentos expuestos, corresponde analizar la impugnación, al respecto se tiene:

En el caso presente los recurrentes a lo largo de todo el contenido de su recurso denuncian de manera reiterada la falta de citación con la demanda de forma personal y que esa situación les habría dejado en estado de indefensión; en esa medida corresponde analizar si el reclamo de los recurrentes es evidente,  para lo cual se hace necesario remitirse a los antecedentes del proceso.

Que, la presente demanda de división y partición de bien inmueble, es incoada por la señora Juani Antonia Amurrio Aranibar en contra de los hermanos Marco Antonio, Sorayda Abigail, Jesús Bladimir, Noemy Rosario y Alex Gualberto todos de apellidos Claros Ustarez, ya que la señora Amurrio Aranibar habría adquirido en una proporción de 7/12 partes (58.33%) mediante venta judicial un bien inmueble en acciones y derechos del total de 360 m2, ubicado en la zona de Temporal Pampa, Urbanización el Temporal Villa Huanuni, Temporal Cala  Cala, lote  Nº 46, Manzana C-3, del Departamento de Cochabamba, y que al interponer la demanda la demandante indica desconocer el domicilio de los demandados por lo que se dispone la citación con la demanda mediante edictos, designándose defensor de oficio ante la inconcurrencia de la parte demandada, que después de emitida la Sentencia Noemy Rosario Claros Ustarez y Marco Antonio Claros Ustarez se apersonan asumiendo defensa y plantean recurso de Apelación contra la Sentencia y posteriormente recurren en casación en ambas ocasiones con el fundamento que la demandante conocía el domicilio de los demandados y no ameritaba la citación mediante edictos.

Siendo que el presente recurso versa sobre una solicitud de nulidad, es oportuno referirse al art. 16 de la Ley 025 del Órgano Judicial, mismo que impone límites a la actividad de los operadores de justicia en cuanto a las nulidades a ser decretadas, disponiendo que el proceso debe proseguir su curso, sin retrotraerse a las etapas ya concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que esa situación esencialmente viole el derecho a la defensa.

También debemos mencionar que el art. 124 del Código de Procedimiento Civil (Citación por Edicto), en sus parágrafos I y II indica:

I.- La citación a persona cuyo domicilio se ignorare se hará mediante edicto, bajo apercibimiento de nombrársele defensor de oficio con quien se seguirá el proceso.

III.-El Juez dispondrá la citación por edicto solo después de que el demandante hubiera prestado juramento de ser ciertas las circunstancias anotadas.

De la norma procesal civil señalada, debemos desarrollar que las citaciones por edictos, es una opción que tiene el demandante, cuando al interponer una demanda y este desconoce el domicilio del o los demandados pudiendo hacer uso del art. 124 del Código de  Procedimiento  Civil respecto a las citaciones por edictos que deben ser publicadas en medios de prensa de circulación nacional como una forma de comunicación judicial en resguardo al debido proceso y derecho a la defensa que la ley le da al demandado para que tenga conocimiento de cualquier demanda que se pueda seguir en su contra y asuma su defensa.

De lo señalado por los recurrentes, respecto a que al practicar la citación mediante edictos se hubiera incumplido con lo establecido en el art. 124 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil y violado el debido proceso y el derecho a la defensa del demandado, porque al manifestar el Vocal Relator del Tribunal de Alzada en el Auto de Vista recurrido que de acuerdo al acta de inspección del inmueble motivo de la Litis, la persona que impidió el ingreso a las dos habitaciones de ese inmueble y se rehusó a identificarse era la esposa de uno de los demandados de lo cual se establecería que ese era su domicilio; esta deducción no constituye prueba fáctica que demostraría que ese fuese el domicilio del demandado, al contrario este actuar impidió identificar a las personas que habitan en ese domicilio, lo que haría inducir que los ocupantes eran renuentes a identificar a los que tenían su domicilio en ese inmueble, agravio que no demuestra el conocimiento del domicilio del demandado por lo cual la citación por edictos con la demanda fue correcta y esto no causo violación alguna al debido proceso,  ni al derecho a la defensa que se aduce.

Respecto a que toda nulidad quedaría cubierta sino se hubiera reclamado oportunamente, y que esta situación responsabilizaría solo a los sujetos procesales ignorando con esto que de acuerdo con el art. 3 num.1) del Código de Procedimiento  Civil  la responsabilidad seria de la Autoridad Jurisdiccional, a lo indicado se debe aclarar que el director del proceso (Juez) cuido el normal desarrollo del proceso, ya que no se evidencia en obrados omisiones o irregularidades del Ad quem que conlleven a posibles nulidades del proceso,  ni se demostró por parte demandada dicho agravio, mas al contrario el demandante cumplió con lo establecido en el art. 327 y 124 parágrafo I del Código de Procedimiento  Civil,  y el Juez cumplió con lo establecido en el art. 3 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil.

Con relación  a que no se hubiera tomado en cuenta por los Jueces inferiores que la vivienda fue adjudicada por el Consejo Nacional de Vivienda a favor de los trabajadores, y que de acuerdo a las literales de fs. 1 al 4 se aplicó con lo establecido en el art. 327 núm. 3) del Código de  Procedimiento  Civil esto no tiene ninguna relación con el hecho impugnado, ya que estas literales se refieren a la adjudicación y transferencia de los lotes de Temporal por el Consejo Nacional de Vivienda, siendo el supuesto agravio incongruente.

Sobre el Registro Catastral de fs. 11, que este indicaría el domicilio donde deberían ser citados personalmente con la demanda los demandados; este Registro solo constituye en una lista de los nombres de los propietarios del inmueble y la ubicación del mismo, no siendo una prueba que demuestre fehacientemente el domicilio de los demandados como pretenden los recurrentes.

Por último, referente a la Escritura Pública  cursante de fs. 16 a 38, que en su cláusula primera también indicaría el domicilio de los demandados; se evidenciaría que dentro las generales de ley de la señora Sonia Ustarez Vda. de Claros indica que su domicilio está ubicado en Barrio Santa Ana-Mayorazgo s/n, dirección contraria a lo señalado por los recurrentes, ya que los mismos aseguran que el domicilio en el que debería realizarse la citación con la demanda de forma personal debería ser en la zona de Temporal Pampa, Manzana C-3, Nº 46, inmueble motivo de la Litis, en la que se llevó a cabo de la inspección de fs. 92, agravio que no demuestra lo denunciando.

La jurisprudencia constitucional ha establecido que solo puede existir vulneración al debido proceso en su elemento defensa, cuando el interesado realmente no toma conocimiento material por ningún medio de comunicación del proceso que se lleva en su contra y no tuvo la oportunidad de defenderse e impugnar el acto lesivo, debiendo en todo caso esa situación ser demostrada; por el contrario, si la parte cuyo derecho pudiera ser lesionado y tomó conocimiento del acto procesal supuestamente lesivo para el actor aunque de forma posterior de emitida la Sentencia, como en el presente caso, en la que se apersono al proceso y asumió defensa, lo cual no puede considerarse como vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento defensa.

En el caso de Autos y como se tiene indicado, el demandante al desconocer el domicilio de los demandados estaba en su pleno derecho de hacer uso de la aplicación del art 124 del Código de  Procedimiento  Civil, (citación por edictos) situación válida y legal por estar establecida en nuestra normativa legal, lo que al no ser desvirtuado la ilegalidad de este acto por los recurrentes, no amerita nulidad alguna, evidenciándose que los recurrentes se apersonaron y asumieron defensa apelando a la Sentencia y posteriormente recurriendo en casación contra la Resolución de Alzada, como también se designó defensor de oficio después de ser citados por edictos de acuerdo a ley el cual se apersono en su momento, actuados que demuestran que no se cometió vulneración al debido proceso y a la defensa, en ese sentido se desestima también la nulidad solicitada.

Por todo lo expuesto, se concluye que los de grado g han obrado correctamente y este Tribunal Supremo no encuentra ninguna de las causas previstas en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil para censurar la Resolución recurrida, siendo por ende de aplicación los arts. 271num. 2) y 273 del mismo Adjetivo.

POR TANTO: La  Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad prevista en el art. 42 núm. 1) de la Ley Nº 025 del órgano Judicial y en aplicación al art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara  INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fs. 142 a 144 y vlta. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 700.- que mandará pagar el Tribunal A quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo.  Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero