TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 17/2014

Sucre:07 de febrero 2014                        

Expediente: CB-125-13-S

Partes: Apolonia Villarroel de Maldonado.c/ Sandra Gonzales.

Proceso: Reivindicación.

Distrito:Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 212 a 218 vta., interpuesto por Sandra Gonzales, impugnando el Auto de Vista de fecha 07 de octubre 2013,pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Reivindicación, seguido por Apolonia Villarroel de Maldonado contra Sandra Gonzales, la concesión de fs. 227, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, instaurada la causa por la actora, el Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de Quillacollo, emitió Sentencia de fecha 31 de diciembre 2012, cursante de fs. 187 a 189 vta., declarando Probada la demanda de reivindicación, Improbada las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad y falta de acción y derecho e Improbada la acción reconvencional de anulabilidad de contrato de compra y venta; ordenando que la demandada reivindique el inmueble motivo de la litis, bajo conminatoria de lanzamiento. En cuanto a las mejoras introducidas dispuso que sean valoradas en ejecución de sentencia y devueltas por la parte demandante al 3er día bajo conminatoria de ley.Dicha determinación del Juez A quo, fue apelada por la demandada y en virtud a la apelación planteada, el Tribunal de Alzada pronunció Auto de Vista de fecha 07 de octubre 2013 por el cual confirmó la sentencia apelada.

Debido a la emisión del Auto de Vista, la parte demandada, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de casación en la forma:

En resguardo de los arts. 3, 90, 252, todos del Código de Procedimiento Civil  y art. 15 y 17 de la Ley 025 en conjunción con lo dispuesto en el art. 122 de la Constitución Política del Estado, la recurrente acusa que el predio objeto de la litis se encuentra en la comunidad de Chojñacollo, siendo ese terreno estrictamente agrícola rustico y fuera del radio urbano, aspecto que debió ser observado por el Juez A quo.

Respecto al Tribunal de Alzada indica que elAuto de Vista cae en nulidad por no haber advertido y pronunciado que la autoridad llamada por ley para conocer la demanda de reivindicación de terreno agrícola rustico era el Juez agrario y no el civil, conforme lo determinad el art. 39 núm. 5 y 8 de la ley 1715.

Por otro lado acusa que las excepciones previas presentadas en obrados fueron resueltas fuera del plazo estipulado por ley, consiguientemente con pérdida de competencia por lo cual también resultan nulas.

En otro punto objeta sobre el Auto de Relación procesal, indicando que la parte demandante no indicó los puntos a ser probados con su prueba ofrecida, mencionando además que el Juez A quo infringe lo normado en los arts. 380, 381 del Código de Procedimiento Civil.En su punto cuarto objeta sobre el termino probatorio, indicando que el mismo empieza a correr desde fecha 23 de octubre de 2009 y su vencimiento fue el 16 de diciembre de 2009, mencionando que en tiempo hábil ofreció como prueba la confesión provocada de la parte actora, la cual no se produjo por la carga laboral del Juez A quo, de esa manera existiendo prueba pendiente ofrecida por la recurrente, a criterio de la misma, se le colocó en indefensión vulnerando la garantía constitucional del debido proceso y defensa.

Finalmente acusó a la sentencia de carecer de fundamentación fáctica de hecho y de derecho, incongruencia imprecisión y claridad, toda vez que en la parte introductiva y la parte considerativa se hace referencia a un terreno rustico de 2.392 m2 cultivable y posteriormente habla de 1.064 m2 cultivable, no se especifica que terreno o superficie debe ser reivindicada la de 2.392 m2, el de 1.067 m2 o el de 1.064 m2 o de 2.392,50 m2 o el de 1.067,44 m2, la sentencia no es congruente, precisa y además resulta confusa ya que no se determina con exactitud que fracción de terreno debe ser reivindicado con límites y colindancias.

Recurso de casación en el fondo:

Acusó que no se prestó juramento de ley, de decir la verdad a los testigos, ni tampoco fueron informados de las consecuencias penales que acarrean las declaraciones falsas. Indicando que se vulneró lo normado en los arts. 1286, 1291 parágrafo I, 1330 del Código Civil, otorgándose valor probatorio a los documentos, los cuales no tienen relación alguna con el terreno de su propiedad, violando disposiciones legales sustantivas civiles. En otro punto objeta lo referente al art. 1453 parágrafo  I del Código Civil indicando que el terreno no corresponde ni coincide al terreno que la recurrente posee y de la cual es propietaria, demostrada con la escritura pública de compra y venta de terreno de fecha 31 de mayo de 2005, el cual tiene todo el valor legal probatorio, toda vez que no fue declarado judicialmente su invalidez en un proceso ordinario, por lo que no se puede reivindicar terreno ajeno.

Terminó indicando que se interpretó y aplicó erróneamente el art. 1453 del Código Civil toda vez que para la procedencia de la acción reivindicatoria deben concurrir los cuatro elementos que son el derecho propietario del actor con relación al predio objeto de reivindicación que no tiene la actora, la posesión real y efectiva de la demandante sobre el terreno, la desposesión y por último se demostró que la recurrente es propietaria y poseedora del terreno objeto de la litis.Con lo que terminó solicitando que se Case el Auto de Vista emitido por el Tribunal Ad quem y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda en todas sus partes.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, primeramente se resolverá las acusaciones de forma, toda vez que de ser evidentes ya no sería necesario entrar al fondo del problema, en ese entendido tenemos:

En la Forma:

  1. Respecto a la Jurisdicción agroambiental y no civil, acusada por la parte recurrente, se tiene que evidentemente la parte demandante, hace mención que el terreno objeto de la presente demanda sería una “Mediana Propiedad Agrícola”, donde se desarrolló actividad agrícola, para cumplir con la función económica social y así conservar la propiedad privada, ésta propiedad se encuentra ubicadaen la comunidad de Chocñacollo, sección Quillacollo, de la Provincia de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, conforme se desprende de los documentos adjuntados en la demanda y de la misma argumentación de la actora. Pero dicha afirmación o documentación cursante en obrados, no puede servir para  demostrar que la propiedad, discutida, estuviese en área agraria al momento de iniciada la demanda, como acusa la parte recurrente,  más al contrario, se tiene que realizar un análisis más amplio de los documentos existentes en la litis, en ese entendido, tenemos otros actos y documentos que demuestran que el Juez competente es el Juez civil, así podemos verificar el Testimonio de fs., 1 y vta, el cual demuestra que en un anterior proceso de Interdicto de Adquirir la Posesión, referente a la misma propiedad, las partes se sometieron a la competencia delJuez de Instrucción en lo Civil de la ciudad de Quillacollo; otro elemento que respalda la competencia civil se encuentra enel mismo Testimonio de Propiedad adjuntado en la litis que demuestra que todos los tramites respectivos de la compra del terreno, referentes al pago del impuesto a la transferencia se lo efectuaron en la Honorable Alcaldía Municipal de Quillacollo, dentro del área urbana; otro elemento más es la documental cursante a fs. 28, correspondiente al pago por Tasas Municipales  por concepto del Impuesto Anual de Inmuebles, de la gestión 2005, que demuestra que el terreno no es agrario sino urbano,  y finalmente la Certificación emitida por la Alcaldía Municipal de Quillacollo cursante a fs. 35, la cual certifica que la propiedad de Sandra Gonzales (recurrente) se encuentra ubicada en la zona de Chojñacollo con influencia Urbana.  Todos estos documentos avalan y hace presumir que la propiedad objeto de la litis se encuentra en área urbana, por ende regida y regulada por la jurisdicción civil y no así por la agroambiental conforme lo establece el art. 39 núm. 5) y 8) de la ley 1715. Además si la parte recurrente consideraba que la propiedad es agraria, debió presentar prueba que demuestre tal circunstancia y al no existir documental que avale tal situación, la falta de competencia acusada no tiene respaldo legal alguno.


  1. Respecto a las excepciones previas presentadas en obrados que fueron resueltas fuera del plazo estipulado por ley, se tiene en la litis que Apolonia Villarroel de Maldonadorespondió a la demanda reconvencional y opuso excepción previa de incapacidad e impersonería, prevista en el art. 336 núm. 2 del Código de Procedimiento Civil en fecha 13 de marzo de 2008, desde dicha fecha se puede evidenciar solamente actos efectuados por la parte demandante y no así por la parte demandada ahora recurrente quien tenía el deber al igual que la parte demandante de exigir celeridad en la  resolución de las excepciones previas planteadas, aspecto que no acontecióen la litis, hecho que de ninguna manera justifica el retraso incurrido por el Juez A quo, pero que no puede ser motivo de nulidad de obrados, toda vez que las excepciones previas fueron resueltas en fecha 12 de septiembre de 2008 y esa tardanza en la resolución no fue objetada o reclamada en tiempo oportuno por la parte recurrente y en aplicación del principio de convalidación,la emisión de la resolución de las excepciones previas fue aceptada y convalidada por ambas partes.


  1. Sobre el cumplimento de lo normado en el art. 380 del Código de Procedimiento Civil, se tiene que el memorial que cursa de fs. 78 a 79 de obrados, donde se ofreció prueba, es totalmente claro y cumple con los requisitos mínimos para proponer la prueba, motivo por el cual esta infracción tampoco puede ser motivo de nulidad, máxime si la misma no se encuentra especificada con nulidad conforme lo norma el art. 251- I del Adjetivo Civil y además la parte recurrente contaba con la posibilidad de objetar el memorial de proposición de prueba de la parte contraria conforme lonorma el art. 382 del mismo compilado legal, aspecto que no aconteció en la litis, motivo por el cual, ahora en casación no puede ser excusa para anular obrados.


  1. Respecto a la supuesta indefensión de la recurrente, se tiene que la misma fue parte activa del proceso, tuvo las mismas oportunidades que la parte demandante, actuó y ejerció su derecho conforme manda nuestra leyes y el hecho que no fue acogida la confesión provocada de la demandante, de ninguna manera puede ser motivo de indefensión a la parte recurrente; más al contrario dicho actuado faltante fue analizado por el Juez A quo al momento de fundamentar la sentencia, donde determinó que: “habiéndose dispuesto a las partes conforme dispone el art. 413 del Código de Procedimiento Civil, para que presten la declaración confesoria, empero por negligencia de las mismas no se procedió a la notificación de sus contrapartes.”, de dicha consideración y de la revisión de obrados se puede establecer que no se realizó la confesión provocada de la demandante, por negligencia propia de la recurrente, quien en dos oportunidades tuvo la posibilidad de hacer efectiva dicha prueba, no otra cosa se entiende de la providencia de fs. 98 y 126 de obrados, donde se dispuso la declaración confesoria de la demandante Apolonia Villarroel de Maldonado quien no fue notificada conforme lo estipula el artículo mencionado.


  1. Finalmente, respecto a la sentencia dictada en obrados, mencionar que de la lectura de la misma se puede establecer de manera clara y concreta que su fundamentación es precisa cumple con lo normado en el art. 190 y 192 del Adjetivo Civil; la misma pone fin al litigio con decisiones expresas positivas y precisas y lógicamente en la parte considerativa se puede entender que la reivindicación determinada por el Juez A quo  es sobre el terreno que actualmente ocupa la parte demandada y no así sobre el total del terreno de propiedad de la demandante, aspecto totalmente claro y precisó, máxime si en la parte dispositiva determina que en ejecución de sentencia devuelva la parte demandante a la demandada el valor de las mejoras introducidas en el mismo, por ende la parte recurrente no puede considerar incongruente la sentencia, bajo el entendido de que no sabe que parte del terreno se tenga que reivindicar, acusando una incongruencia que no existe en la sentencia, la  misma que a criterio de este Tribunal es totalmente clara y precisa, dictada conforme a los datos del proceso.

Por lo cual los agravios o vicios de nulidad denunciados en el recurso de casación en la forma, no son fundados, debiendo aplicarse por dicho motivo lo normado en lo dispuesto por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el Fondo:

Respecto a la falta de valoración y apreciación de pruebas acusadas enel fondo, se tiene que según la doctrina y la uniforme jurisprudencia nacional, la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, salvo, que el recurrente demuestre que hubiesen incurrido en error de hecho o de derecho.

En el caso de Autos, de la lectura del recurso de casación en el fondo, la recurrente hace referencia a la falta de juramento de ley conforme lo establece el art. 458 del Código de Procedimiento Civil, aspecto que no tiene ninguna relación con el fondo de lo tramitado y debatido en la litis, más al contrario las declaraciones testificales, fueron analizadas una por una por el Juez de la causa, quien conforme a su prudente criterio y sana crítica, cumplió con lo que disponen los arts. 1330 del Código Civil y 476 de su procedimiento,  habiendo procedido el A quo conforme indican las citadas disposiciones legales, por cuanto no se advierte la existencia de falta de valoración o errónea apreciación de las pruebas producidas en obrados; y si a criterio de la recurrente consideraba la existencia de falta de valoración ya sea en la prueba testifical o en la documental, esta tenía la obligación legal de hacer ver el error de hecho o de derecho, aspecto que no aconteció en el recurso de casación, motivo por el cual no se puede realizar mayor consideración al respecto.

En relación a la interpretación errónea que acusa la recurrente del art. 1453 del Código Civil, resulta necesario mencionar que debe tenerse presente que la parte demandante, demostró que es propietaria de 2392,50 m2 según consta en el título de derecho propietario con registro en Derechos Reales a fs. 2491 Pdta. 2491 del LibroPrimero de Propiedad de la Provincia Quillacollo en fecha 19 de junio de 2001, cursante a fs. 4, propiedad que abarca el terreno de la demandada ahora recurrente conforme se puede evidenciar de la prueba documental, declaraciones testificales y de la inspección de visu suscitada en obrados; título de Propiedad que tiene la eficacia probatoria asignada por el art. 1289 del Código Civil, y al estar registrado en Derechos Reales es oponible contra terceros,  conforme  lo norma el art. 1538 del Código Civil, en otras palabras el documento de propiedad de la parte actora, le otorga la posibilidad de reivindicar la cosa de manos de un poseedor o detentador, derecho propietario que por su naturaleza conlleva la posesión, emergente del derecho mismo, no siendo necesario estar en posesión corporal del bien, o demostrar el despojo sufrido, lo que simplemente se requiere es que se pruebe quien es el actual poseedor, toda vez que el propietario titular tiene la "posesión Civil" mediante la cual ostenta el corpus y el animus, no importa cuánto tiempo lo ha tenido en su poder, sino que en el momento de solicitarla la tenga. En el caso que nos ocupa y de acuerdo a los datos del proceso se evidencia que la recurrente Sandra Gonzales es quien está en posesión del inmueble, fue quien realizó mejoras y construcciones en el mismo y a la fecha no a presentado un documento valedero que demuestra su titularidad en el inmueble, solamente cuenta con una Escritura Pública de compra y venta de terreno de fecha 31 de mayo de 2005 (fs. 33 a 34), el cual no cumple con lo establecido en el art. 1538 del Código Civil, por ende no puede ser oponible contra terceros, además en obrados cursa un informe del notario de fe pública guardador de los protocolos notariales, quien informó que en archivos de la notaría no se encuentra registrado el protocolo notarial de la minuta de transferencia del terreno debatido en la litis, supuestamente protocolizado en fecha 31 de mayo de 2005 y que la fotocopia del Testimonio No. 896 “resulta absolutamente falso de principio a fin”, conforme consta a fs. 56 de obrados.

En ese entendido, y conforme dispone el art. 56 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo, asimismo el Código Civil, aclara en su art. 105, que la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y obligaciones que establece el ordenamiento jurídico, de tal forma que el poder de uso, goce y disfrute puede ser utilizado en cualquier momento por el propietario, así también en su parágrafo II señala:"el propietario puede reivindicar la cosa de las manos de un tercero", complementada por los arts. 1453 parágrafo I y 1454 del referido cuerpo legal donde se dispone: "que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta y que la acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de usucapión". Siguiendo esta línea este Tribunal, expresó con claridad que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al:"propietario que ha perdido la posesión de una cosa" y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la "posesión Civil" que está integrada en sus elementos "corpus y ánimus", quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y puede ser aplicada en cualquier momento, por el propietario.

Por todo lo anterior señalado y al no evidenciarse causales que motiven la nulidad o la casación, corresponde a este Tribunal fallar conforme dispone los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 212 a 218 vta., interpuesto por Sandra Gonzales, impugnando el Auto de Vista de fecha 07 de octubre 2013,  pronunciado por  la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero