TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                            S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 10/2014.        

Sucre: 07 de febrero 2014.

Expediente:         CH-81-13-S        

Partes: Agustina Durán Medrano de Polares        c/Elena Polares Quispe y Gregorio

            Polares Quispe        

Proceso: Anulabilidad

Distrito: Chuquisaca

VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 190 a 193 vlta., interpuesto por Elena Polares Quispe contra el Auto de Vista No. SII-443/2013 cursante de fs. 174 a 179 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca en fecha 17 de septiembre de 2013, en el proceso ordinario sobre Anulabilidad, seguido por Agustina Durán Medrano contra Elena Polares Quispe y Gregorio Polares Quispe, contestación de fs. 199 a 201; concesión de fs. 206; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Cuarto de Partido de Familia de Sucre, pronunció Sentencia No. 021/2013 de 20 de febrero de 2013, cursante de fs. 126 a 128 vlta., declarando IMPROBADA la demanda de fs. 14 a 16, subsanada de fs. 20 a 23 de anulabilidad del contrato de transferencia del 50% del lote de terreno, escritura pública y cancelación de la inscripción y registro en Derechos  Reales, manteniéndose con todo el valor legal la escritura pública No. 20/2007 de transferencia de lote de terreno ubicado en el ex fundo Tucsupaya, cantón San Sebastián, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, con una superficie de 45.000 mts2., efectuada por el Sr. Gregorio Polares Quispe a favor de la Sra. Elena Polares Quispe, asimismo se declara PROBADA la excepción de falta de acción y derecho planteada por la demandada Elena Polares Quispe en contra de la actora Agustina Durán Medrano de Polares, manteniéndose incólume dicha escritura pública.

Contra la referida Sentencia, Agustina Durán Medrano, interpuso recurso de Apelación cursante de fs. 140 a 148.

En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 174 a 179 y  vlta., por el que Revoca Totalmente la Sentencia No. 021/2013, de fs. 126 a 128 y vlta., de  20 de febrero de 2013. Declara probada la demanda de fs. 14 a 16, adecuada de fs. 20 a 23 y vlta., anulable el contrato de venta suscrito el 13 de noviembre de 2006, entre Gregorio Polares Quispe a favor de Elena Polares Quispe, en el 50% de los 45.000 m2, es decir, 22.500 m2, también de la Escritura Pública No. 20-2007, de 05 de enero de 2007 y cancelación del 50% (22.500 m2) en el folio con matrícula No. 1011990040389, asiento A-1 de titularidad de 8 de diciembre de 2006. Ordenando al A quo en ejecución de Sentencia librar las órdenes correspondientes. Improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho opuesta por la demandada Elena Polares Quispe en contra de la demandante Agustina Durán Medrano.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo, interpuesto por parte de Elena Polares Quispe, que se analiza. 

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusa violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, refiriendo que de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia se viola le ley cuando no se aplican correctamente sus preceptos, que tal extremo se da cuando el juzgador o tribunal desconoce la norma, es decir su existencia. Que en el presente caso, no se habría tomado en cuenta la real magnitud los arts. 1-II y 193 del Código de Procedimiento Civil, en sentido de que la equidad nace de las leyes. Que el fallo de primera instancia de manera proba y equitativa hubiera reconocido la comunidad de gananciales, estableciendo que al haber transferido la mitad, no afectó la parte que le correspondía a la actora.

En cuanto a la interpretación errónea de la ley, refiere la misma normativa citada supra para referir que a contrario del razonamiento del Ad quem se habría aplicado correctamente la equidad en la Resolución de primera instancia. Si bien fuera evidente que en el caso de Autos habría faltado el consentimiento y participación de la actora, fuera más evidente que no se habría afectado su derecho ganancialicio, ya que el 50% se hallaría incólume, por ello no se haría necesario aplicar la norma de anulabilidad de dicha transferencia.

En otro acápite refiere “cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error…”, señalando que el Auto de Vista habría incurrido en error de hecho y derecho en relación a los arts. 1297 y 1538 del Código Civil respecto de la prueba presentada a fs. 11 de obrados que fuera una copia simple sin valor fuera de los parámetros del art. 1297 del Código Civil, la parte contraria señalaría que ya no existen las 9.0 hectáreas y estaría solo registrada 7.0 hectáreas, empero este documento no tuviera valor. En ese marco habría violación de los arts. mencionados desvirtuando los alcances del art. 1311 del Código Civil, incurriendo en la causal de casación establecida por el art. 253-3 del Código Ritual.

Finalmente, respecto a la valoración de la prueba de cargo y su similar de descargo, el Auto de Vista recurrido no haría mención valorativa correcta, además de incompleta y omisa, contrario a los de primera instancia que habría considerado que por las testificales de cargo como de scargo se habría corroborado que Gregorio Polares Quispe vendió la parte que le correspondía del terreno, en una superficie de 4.5 hectáreas (45.000 metros cuadrados), sin que se haya afectado el derecho ganancialicio de la demandante, refiriendo solo a las declaraciones de cargo y no las de descargo con una magra y errada valoración.

Que por ello en sujeción a lo previsto por los art. 250-I, 253-1) y 3), 255-1), cumpliendo con las formalidades previstas por el art. 258 todos del Código de Procedimiento  Civil, dice interponer recurso de casación en el fondo, pidiendo se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista y confirmando la Sentencia de origen.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el caso en análisis la pretensiónes invalidar la venta efectuada por el codemandado Gregorio Polares Quispe a favor de la codemandada hoy recurrente, a demanda iniciada por el cónyuge del primero, bajo el argumento que la transferencia realizada por su esposo lo efectuó en vigencia del matrimonio siendo ese bien uno ganancial, no habiendo concurrido con la otorgación de su consentimiento. Aspecto que no se dio curso en Sentencia de primera instancia y por Apelación formulada por la actora, el Ad quem mediante Auto de Vista que resuelve la misma, revocó la Sentencia y dio curso a la anulabilidad planteada.

De la revisión de antecedentes se verifica Testimonio de la Escritura Pública No. 20/2007 que corre de fs. 5 a 7 así como de 27 a 28 de obrados, estableciéndose que Gregorio Polares Quispe bajo el argumento que fuera único y absoluto propietario de un terreno con una extensión de 9 hectáreas, transfiere en calidad de venta real y enajenación perpetua, una fracción en superficie de cuarenta y cinco mil metros cuadrados, venta que se lo efectúa a favor de la hoy recurrente Elena Polares Quispe, verificándose por prueba de fs. 11 consistente en fotocopia  del folio Real No. 1.01.1.99.0040389 en la que se registra derecho propietario del vendedor. Por otro lado a fs. 30, Folio Real de registro de la compra realizada por la codemandada recurrente-, en una superficie de 45.000 metros cuadrados.

El Juez A quo en la argumentación sostenida para dictar Sentencia, refirió que si bien estaba probada la ganancialidad del bien inmueble en cuestión ante la evidencia de la celebración del matrimonio entre Agustina Durán Medrano de Polares y Gregorio Polares Quispe mucho antes de la compra del lote de terreno, concluye que al haber transferido el 50% del total del bien considerado ganancial, aun sin la intervención ni consentimiento de la actora, no afectó el porcentaje ganancialicio que a ésta le corresponde, al considerar que cada uno de los cónyuges era propietario del 50% del total de los 90.000 mts2., por lo mismo no encontrando transgresión de norma alguna que lleve a la anulabilidad, declara finalmente improbada la demanda y probada la excepción de falta de acción y derecho.

Por su parte el Auto de Vista consideró que ese razonamiento es contrario a los arts. 5, 101 y 116 del Código de Familia señalando que es inviable consentir que en vigencia del matrimonio, uno de los cónyuges disponga el 50% que le corresponde sin el consentimiento de la otra, que ello desnaturalizaría lo plasmado en el art. 114 del C.F., al no estar acreditado el divorcio o separación de cuerpos a efectos de aplicar el art. 123 num. 3) o 126 del Código de familia, en virtud que esta última estuviese facultada legalmente a administrar los bienes asignados como participación en los comunes, ingresando a considerar aspectos de protección a la familia, vinculando con lo demandado y resuelto.

En referencia a ello, la recurrente acusa la violación de lo determinado por los arts. 1 parágrafo II y 193 del Código de Procedimiento Civil, dándole el sentido al fallo de primera instancia, que dice se dictó con equidad cuando en su razonamiento no se hubiera afectado al 50% que le corresponde a la actora y se mantiene incólume; y el Ad quem transgrediría ese aspecto, no siendo necesario la aplicación de la norma de anulabilidad. Acusa asimismo error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, incide en la inserta a fs. 11 de obrados al considerar que fuera fotocopia simple, fuera de los alcances del art. 1311 del Código Civil, en el entendido que esta prueba referiría la existencia de solo 7.0 hectáreas y no las 9.0 hectáreas. Además el Ad quem consideraría solo la prueba testifical de cargo y no así de descargo que concluye fuera una magra y errada valoración.

Así expuestos los antecedentes, las Resoluciones y el recurso de casación, en  primer lugar habrá que señalar que si bien el razonamiento del A quo tuviera su asidero en señalar que no se afectaría el porcentaje ganancial que le correspondería a la demandante en el bien inmueble y por lo mismo no habría razón para su reclamo y su anulación, habrá que considerar que mas allá de ese resguardo que se tiene del porcentaje que le correspondería, la consideración es insustancial, tomando en cuenta que bajo esos antecedentes, cualquier cónyuge podría enajenar el 50% de un bien inmueble del que presuntamente es propietario por la comunidad de gananciales y dejar en el desamparo a su pareja conyugal (sin que exista una determinación específica de división y partición) siendo propietario sólo de acciones y derechos dentro de esa comunidad, aspecto que podría incidir eventualmente en fraudes en perjuicio de la familia.

En segundo lugar corresponde el análisis del art. 116 del Código de Familia que que exige la indispensabilidad de otorgar consentimiento expreso por parte de ambos cónyuges cuando se trate de enajenar, hipotecar, gravar o empeñar bienes comunes, aspecto que no ocurrió en la venta efectuado por el codemandado Gregorio Polares Quispe según estableció el Ad quem, y esta situación no fue desvirtuado por la recurrente, pues si bien en recurso de casación acusó la presunta transgresión de los arts. 1 parágrafo II y 193 del Código de Procedimiento Civil pretendiendo violación, interpretación o aplicación indebida de la Ley en sujeción a lo previsto por el art. 253 num. 1) de la norma Adjetiva Civil, no existe vinculación a la norma sustantiva familiar nombrado supra, pues de pretender la transgresiones que se intenta, debió centrar su reclamo en ese aspecto, es decir, el demostrar que no fuera de aplicación lo previsto por el citado art. 116 del Código de Familia, siendo insuficiente el argumento explanado de la vulneración de la normativa que reclama como contravenidos, careciendo por lo mismo de fundamento.

Con relación al segundo punto reclamado en casación referido a la presunta existencia de error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, se sostiene que la superficie que se dice no existiría ya en la dimensión referida a tiempo de la venta a la codemandada Elena Polares Quispe, y que según los testigos la demandante señalaría que quedarían 1000 o 1500 metros cuadrados y no los 45.000 m2; con respecto a la prueba que cursa a fs.11 que se marca por la recurrente como copia simple y sin valor legal-, para señalar que hubiera error de hecho y derecho en su apreciación, corresponde señalar que:

1.- La referida prueba, fue ofrecida a tiempo de formular la demanda, que le fue dado a conocer a la hoy recurrente a fs. 25, sin embargo a tiempo de responder, y oponer excepciones según verifica el memorial de fs. 32 a 32 vlta, no hubo pronunciamiento alguno cual manda el art. 346 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, guardando silencio, consecuentemente con el valor que le otorga el art. 1311 parágrafo I del Código Civil en su ultima parte.

2.- Sin embargo del antecedente descrito, la prueba cuestionada no contiene lo que pretende la recurrente, es decir que el mismo contuviera el señalamiento que la superficie del inmueble alcanzara sólo a 7 hectáreas, cuando de ella se lee de manera clara e inequívoca:“Total terreno 9 Has., 7 Has. cultivable y el resto de pastoreo”, de manera que el argumento expresado por la recurrente resulta sin fundamento, desviando además la atención al núcleo de la discusión cual es la otorgación o no del consentimiento por parte de la actora en la venta efectuada a su favor y no la extensión superficial del bien inmueble en cuestión.

Consecuentemente, el presunto error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba de manera imprecisa sin diferenciación certera de cómo hubiera sucedido aquello, no encuentra sustento en la presunta adecuación en lo determinado por el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, ocurriendo lo propio en referencia a la valoración de la prueba de cargo como de descargo señalando la testifical de manera genérica como no valorados correctamente.

En función a lo anterior y en consideración a que los fundamentos expuestos en el Auto de Vista hoy recurrido tienen razonamiento fundamentado, no siendo evidentes las transgresiones reclamadas en recurso de casación, corresponde a este Tribunal Supremo emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 42 parágrafo I  num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por memorial que corre de fs. 190 a 194, presentado por Elena Polares Quispe contra el Auto de Vista No. SII-443/2013 de 17 deseptiembre de 2013 cursante de fs. 174 a 179 vlta.,  de obrados. Con costas.

Se regula honorarios del profesional abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero