TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 08/2014.

Sucre: 07 de febrero 2014.

Expediente: CH 86 13 S.

Partes: Luciano Portillo Picha y otra  c/ Julián Muñoz Cruz                

Proceso: Usucapión.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 255 a 259 formulado por Luciano Portillo Picha y Flora Bernal Coa, contra del Auto de Vista Nº SCCFI-481/2013 de 4 de octubre de 2013 que cursa de fs. 248 a 249 emitido por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de usucapión seguido por los recurrentes en contra de Julián Muñoz Cruz, la concesión del recurso de fs. 269, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Sexto de Partido en lo Civil dicta la Sentencia Nº 34/2013 de 25 de julio de 2013 que cursa de fs. 211 a 212 vta., de obrados por el que declara improbada la demanda principal de fs. 8 a 9 y  vlta. subsanada a fs. 13 y 16.

Resolución de primera instancia que es recurrida de Apelación por la demandante que es resuelta mediante Auto de Vista de fs. 248 a 249 por el que la Sala Civil y Familiar Primera confirma la Sentencia apelada con costas en ambas instancias, fallo que una vez recurrido de casación por los demandantes objeto de análisis.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

1.- Acusa violación de los arts. 110 y 138 del Código Civil, en la que sostiene que los testigos Damiana Choque Chirari, Ángel Taboada Pacheco y Noel Montoya Aguilar, que cursan de fs. 172 a 174, de manera categórica declara que los demandantes poseen el inmueble  objeto del litigio desde hace más de diez años, de forma permanente ininterrumpida y pacífica,  y no obstante la prueba testifical que tiene el valor probatorio del art. 1330 del Código Civil, hace procedente la usucapión demandada conforme al art. 138 del Código Civil, y el Tribunal Ad quem desconoce la eficacia probatoria en base al parágrafo I del art. 463 del Código de Procedimiento Civil, desconociendo el valor   probatorio de la aludida norma.

Señala que no existe norma que faculte a los magistrados desconocer la eficacia probatoria que le atribuye la ley a la prueba testifical, basado en el art. 463 parágrafo I del adjetivo civil, menos en el hecho de que los testigos no hubiesen dado razón de sus afirmaciones, y en todo caso la autoridad tiene la obligación de valorar las pruebas esenciales y decisivas conforme a lo prescrito en el art. 397 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, por lo que al haber acreditado la posesión del pacifica e ininterrumpida, aspecto que determina que la acción de usucapión sea declarara probada.

2.- Violación y aplicación indebida del parágrafo I del art. 463 del Código de Procedimiento Civil, señalando que los testigos a tiempo de prestar su testimonio han respondido en forma clara y precisa a las preguntas formuladas en su momento y cita las atestaciones de Damiana Choque (fs. 172), Ángel Taboada (fs. 173) y Noel Montoya Aguilar (fs. 174), cuyas declaraciones no se limitan a afirmar o negar las preguntas con las palabras “si” o “no”,  como indirectamente insinúa ese Tribunal, pues los testigos han dado razón de sus afirmaciones, al margen de ello dicho aspecto no ha sido observada por la parte contraria en su oportunidad, menos por el A quo, quien no ha amonestado a los testigos conforme a la última parte del parágrafo I del  art. 463 del compilado procesal civil, por lo que señala que las observaciones cuestionadas debían ser efectuadas en el momento procesal oportuno y no en forma extemporánea y de manera oficiosa, por lo que al desconocer el valor probatorio que le asigna el art. 1330 del Código Civil, este Tribunal ha violado el parágrafo I del art. 463 del Adjetivo civil.

3.- Acusa violación del art. 424 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que basta que el emplazado a confesión provocada no concurra a su convocatoria, para declararlo confeso, y no obstante estar acreditado la confesión del demandado renuente, al no aplicar el art. 424 del Código de Procedimiento Civil, se ha violado la mencionada disposición.

4.- Acusa violación del art. 87 del Código Civil, trascribiendo que el parágrafo I de dicha norma, señala que la posesión por más de diez años no solo se halla probada con la existencia de una construcción, como señala el Tribunal de Alzada, sino por la  prueba testifical vivir en el mismo por más de diez años, hechos objetivos y materiales que demuestran el poder de hecho que hubieran ejercido sobre la cosa, y no obstante estar demostrada la posesión alegada, al confirmar la Sentencia se ha violado el art. 87 del compilado Civil.

5.- Deduce violación del art. 378 y numeral 3) del Código de Procedimiento Civil y parágrafo I del art. 119 de la Constitución Política del Estado, sosteniendo que  el Ad quem en aplicación del principio de verdad material, se avala la actuación del Juez de la causa, quien en Inspección Judicial interrogó informalmente al testigo Cornelio Castro Espinoza, tal actuación que se supone haberlo efectuado en aplicación del art. 378 del Código de Procedimiento Civil, precepto que no se acomoda a la actuación, toda vez que no se ha ordenado la declaración judicial de ningún testigo, si se le da tal calidad a Cornelio Castro Espinoza, sobre la cual se podía aplicar el art. 445 y 446 del citado cuerpo legal, igualdad de oportunidades para ejercer facultades y derechos consagrado por el parágrafo I del art. 119 de la Constitución Política del Estado y prescrita en el art. 3 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Al haber recepcionado unilateralmente  la información del ciudadano sin precisar en qué condición, este Tribunal ha violado el precepto constitucional.     

6) Acusa error de hecho y error de derecho en la valoración de la prueba, manifestando que los testigos Damiana choque Chirari, Ángel Taboada Pacheco, Noel Montoya Aguilar, de manera uniforme señalan que poseen el inmueble objeto del litigio por más de diez años, que construyeron dos cuartos en el que viven desde ese entonces, y al haber desconocido esos aspectos se ha incurrido en error de hecho; la aludida prueba testifical no es apreciada por esa instancia amparada en el parágrafo I del art. 463 del Código de Procedimiento Civil, que no otorga ninguna facultad de valorar la prueba testifical de cargo alegando “razón de los dicho”.

Atenta la obligación que impone el Juzgador, que le impone el parágrafo II del art. 397 del Código de Procedimiento Civil, al no apreciar la prueba de cargo que tiene la eficacia probatoria contenida en el art. 1330 del Código Civil, basado en el parágrafo I del art. 463 de su procedimiento se ha incurrido en error de derecho en la no apreciación de la prueba.

Por otro lado en cuanto a la no valoración de la confesión provocada, conforme al art. 424 del Código de Procedimiento Civil,  no puede dejar de valorarse la confesión presunta en la que incurrido el demandado, ha incurrido en error de hecho y de derecho en la valoración de la  prueba.

Por lo expuesto solicita casar el Auto de Vista y declarar probada su demanda.

CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

1.- Corresponde señalar que en forma mixta el recurrente señala haberse violado los arts. 110 y 138 del Código Civil, al sostener que los testigos de cargo cuyas actas cursan de fs. 172 a 174 acreditarían la posesión del inmueble por más de diez años, prueba testifical que tendría el valor probatorio que le asigna el art. 1330 del Código Civil, sin embargo de ello, el Ad quem desconoce el valor probatorio, en base al parágrafo I del art. 463 del Código Civil, por lo que la autoridad tenía la obligación de valorar las pruebas esenciales y decisivas, conforme al art. 397 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil.

Sobre dicho aspecto se dirá que tratándose de valoración de medios probatorios, se entiende que lo que acusa el recurrente es el error de derecho en la valoración de los medios de prueba, por lo que en este punto resulta innecesario acusar vulneración de los arts. 110 y 138 del Código Civil, sino tan solo examinar si el art. 1330 del Código Civil ha sido infringido, norma que tiene el siguiente texto: “…(Eficacia probatoria) Cuando la prueba testifical es admisible, el Juez la apreciará considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, sin descuidar los casos en que legal o comúnmente se requieran otra clase de pruebas”, sin embargo de ello corresponde señalar que las pruebas deben ser valoradas en su conjunto, no puede valorarse la prueba en forma individual.

En cuanto a la acusación de que no se pueda desconocer la eficacia probatoria en base al art. 463 parágrafo I del Adjetivo Civil, corresponde anotar que de acuerdo al art. 397 en su segundo parágrafo, señala que los de instancia deben valorar la prueba esencial y decisiva conforme a lo dispuesto en el art. 1330 del Código Civil, que refiere a los parámetros para su valoración un medio de prueba, como es de someterla a las reglas de la sana critica, así la norma de referencia tiene concordancia con el art.  476 del Código de Procedimiento Civil, que señala: “(Apreciación).- En oportunidad de dictar Sentencia definitiva, el Juez, según las reglas de la sana crítica, apreciará las circunstancias y motivos que corroboraren o disminuyeren la fuerza de las declaraciones de los testigos, conforme a lo previsto en el libro V, título I, capítulo VI del Código Civil”,  ahora para remitirnos al contenido de dicha norma corresponde rescatar el criterio doctrinario de Carlos Morales  Guillen quien en su obra CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COMENTADO Y ANOTADO, al comentar el art. 476 señala lo siguiente: “Las reglas de la sana crítica, son elementos (abstractos que ninguna regla legal define ni concreta) de apreciación, referidos a la persona del testigo, a las condiciones de formación del testimonio, al contenido de la declaración y al examen dice Alsina, quien para determinarlas de alguna manera, considera que debe tenerse en cuenta los factores siguientes… h) Concordancia o ausencia de contradicciones en la deposición, porque siendo un hecho verídico, no es posible que la misma persona lo refiera de distinta manera. La contradicción puede resultar de la misma declaración o de otra en otro proceso. Tratándose de la contradicción entre los testigos de una y otra parte, siendo las condiciones de ellos iguales, debe prescindirse de la prueba, a menos que pueda determinarse mayor credibilidad a unos que a otros. i) Exposición o sea la animosidad, animadversión, la afectación, la minuciosidad que emplee el testigo en su relación, puede revelar propósito de perjudicar o favorecer a una de las partes, o que la declaración ha sido preparada y convenida. j) Razón del dicho, que permite apreciar la eficacia de este medio de prueba, según la forma en que se ha conocido el hecho, las circunstancias que le rodearon, la intervención que tuvo el testigo, por lo cual el Código la exige como requisito de forma para determinar si el testigo declara la verdad o falta a ella (art. 463, I)...”, consiguientemente se deduce que el Juez al momento de valorar los medios de prueba y en nuestro caso la prueba testifical, debe tomar en cuenta “la razón del dicho” para considerar la magnitud de la veracidad de las atestaciones, obviamente que al margen de  ser una obligación del Juez exigir al testigo las circunstancias del tiempo, modo, lugar por las que el testigo aprendió los hechos que atesta, por lo que la misma resulta necesario para que los de instancia puedan considerar la magnitud de las atestaciones, por lo que la razón del dicho es esencial para considerar la valoración de la prueba testifical.

2.- En cuanto a la violación y aplicación indebida del parágrafo I del art. 463 del Código de Procedimiento Civil, señalando que los testigos a tiempo de prestar su testimonio han respondido en forma clara y precisa a las preguntas formuladas en su momento y cita las atestaciones de Damiana Choque (fs. 172), Ángel Taboada (fs. 173) y Noel Montoya Aguilar (fs. 174), cuyas declaraciones no se limitan a afirmar o negar las preguntas con las palabras “si” o “no”,  como indirectamente insinúa ese Tribunal, pues los testigos han dado razón de sus afirmaciones, al margen de ello dicho aspecto no ha sido observada por la parte contraria en su oportunidad, menos por el A quo, quien no ha amonestado a los testigos conforme a la última parte del parágrafo I del  art. 463 del compilado Procesal Civil, por lo que señala que las observaciones cuestionadas debían ser efectuadas en el momento procesal oportuno y no en forma extemporánea y de manera oficiosa, por lo que al desconocer el valor probatorio que le asigna el art. 1330 del Código Civil, este Tribunal ha violado el parágrafo I del art. 463 del Adjetivo civil.

Esa acusación no resulta ser evidente pues como se dijo en el punto anterior para valorar el medio de prueba  que señala el art. 1330 del Código Civil  que concuerda con el art. 397 de su procedimiento, y como señala Hugo Alsina en su obra TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, Buenos Aires 1961, tomo III página 646, señala lo siguiente: “Razón del dicho, Quizá sea este el principal medio que  tiene el Juez para apreciar la eficacia probatoria del testimonio. La forma en que el hecho se ha conocido, las circunstancias que le rodearon, la intervención que tuvo el testigo, no solo permite un examen completo del mismo, sino de las condiciones del sujeto. Por eso el código exige como un requisito de forma, sin el cual difícilmente podría decirse que el testigo declara la verdad o falta a ella…”

Consiguientemente, como se ha explanado en el punto anterior la “razón del dicho” es un componente de la valoración de la prueba testifical, por ello la acusación de que se haya violado o aplicado indebidamente el art. 463 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, a la valoración del medio de prueba,  a la valoración de la prueba testifical, no es la correcta.

3.- Acusa violación del art. 424 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que basta que el emplazado a confesión provocada no concurra a su convocatoria para declararlo confeso.

Sobre dicha acusación, sobre la aplicación o no de la confesión presunta, este Tribunal ha desarrollado ese entendimiento en el Auto Supremo Nº 512/2013 de  01 de octubre  2013, en el que se señaló lo siguiente: “..Esta confesión puede ser explícita si la parte requerida atiende la citación para absolver el interrogatorio y responde afirmativamente a él, o presunta si de manera injustificada se abstiene de comparecer o habiendo comparecido rehusare responder o conteste evasivamente. Esta  figura se encuentra definida en el Código de Procedimiento Civil, de la siguiente manera: art. 424 “(CONFESIÓN PRESUNTA) Si el citado no compareciere a declarar a la hora fijada para la audiencia o habiendo comparecido rehusare responder o conteste evasivamente, a pesar de la amonestación del Juez, éste al pronunciar Sentencia lo tendrá por confeso, apreciando las circunstancias del caso.”

La confesión judicial o declaración de parte, es un medio de prueba esencial porque tiene por objeto obtener de los propios demandantes o demandados la versión sobre los hechos relacionados con el proceso. Como cualquier otro medio de prueba, el interrogatorio suministra certeza al Juez sobre la verdad de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda o de las excepciones o reconvención. Es decir, busca formar el convencimiento judicial respecto de la realización de determinados hechos que interesan al proceso, pues constituyen el sustento de las peticiones presentadas por las partes dentro del mismo, por esa razón la eficacia de este medio probatorio no puede verse librada al arbitrio de la parte diferida a absolver el interrogatorio propuesto, quien con su inasistencia o evasivas pretenda obstruir su utilidad y así impedir la averiguación de la verdad material, la cual no debería estar supeditada  a la lealtad o deslealtad procesal con la que actúe la parte.

Si bien en el ámbito nacional no se desarrolló  una específica jurisprudencia respecto a la confesión judicial presunta, en el ámbito de la jurisprudencia comparada el tema fue ampliamente estudiado y así por ejemplo la Corte Constitucional de Colombia en innumerable fallos, entre ellos la Sentencia T-513/11 estableció que “La  confesión ficta o presunta es una presunción legal que admite prueba en contrario (presunción legal en sentido estricto, “iuris tantum”), por lo que guarda una relación inmediata con las reglas que gobiernan el peso de la prueba en el correspondiente proceso civil, lo que quiere decir que cuando se presenta, la parte a quién beneficia se libera de la carga que entraña la demostración del hecho presumido, siempre en el entendido que su finalidad no es otra distinta a imprimirle seguridad a situaciones que con justicia y fundamento pueden suponerse existentes, pero sin que de manera tajante quede excluida la posibilidad de probar con variable amplitud contra ese hecho a cuya certeza se llega mediante la presunción.

En ese mismo sentido señaló: “La no comparecencia en forma injustificada a responder un interrogatorio en un proceso de carácter civil, no obstante haber sido debida y oportunamente notificada la diligencia,… lógicamente deberá desencadenar consecuencias dentro del proceso para quien se niega a asistir, o asistiendo se muestra renuente o evasivo al contestarlo, que de ninguna manera constituyen sanción, pues ellas no son más que un instrumento que la ley procesal le da al Juez, para que éste realice de manera efectiva el principio de impulsión del proceso, cuya eficacia le corresponde garantizar; el Juez no puede erigir el silencio o la evasiva de uno de los sujetos procesales, como obstáculo insalvable para la búsqueda de la verdad material, que es el principal objetivo del proceso: (…).

Una de esas consecuencias, consagrada en la ley procesal civil, es la presunción de que quien no asista injustificadamente a contestar un interrogatorio de parte, o asistiendo se muestre renuente, confiesa los hechos sobre los cuales iba a ser interrogado; tales consecuencias en nada afectan el núcleo esencial del derecho a la defensa de los individuos, pues ellas no implican que se les impida a dichos sujetos o a las partes interesadas, durante el resto del proceso, desvirtuar los hechos presuntamente confesados o los indicios en su contra, aportando las pruebas pertinentes, o que si existen en el mismo pruebas o indicios que conduzcan al Juez a la convicción en sentido contrario, éste los desconozca (…).”

 Siguiendo ese razonamiento se concluye que la confesión presunta tiene la significación procesal de una auténtica presunción de las que se denominan legales o iuris tantum, haciendo recaer sobre el no compareciente o sobre el compareciente evasivo,  la obligación de producir prueba contraria, y en caso de no hacerlo la consecuencia legal,  respecto de la verdad de los hechos contenidos en el interrogatorio, redundarán en contra de aquél...”

Al mismo se suma el criterio doctrinario de Hugo Alsina quien en su obra de TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, Buenos Aires 1961, Tomo III en la página  377 y siguientes señala lo siguiente: “Pero en cuanto al valor probatorio de la confesión ficta, suponiendo cumplidos los requisitos mencionados  precedentemente, la jurisprudencia es muy contradictoria. En nuestra opinión, las posiciones dadas por absueltas en rebeldía por incomparencia injustificada del absolvente que ha sido debidamente citado, producen plena prueba aun cuando se refieran a hechos negados expresamente en la contestación a la demanda, o cuando la demanda no ha sido contestada, o cuando en la contestación no ha mediado denegación formal de los hechos afirmados en ella, aunque no exista prueba corroborante, pero siempre que sus conclusiones no resulten desvirtuadas por otros elementos de juicios que surjan de los Autos… (las negrillas y subrayado nos corresponde).

Ese aporte doctrinario encuadra a la última parte del art. 424 del Código de Procedimiento Civil, pues la norma aludida señala que el Juez debe considerar las circunstancias del caso, para estimar la  confesión o no del emplazado, consiguientemente el Ad quem ha señalado que no admite la confesión ficta, sosteniendo que la misma debe ser considerada con otros elementos de convicción, que aunque no los señaló con precisión ese criterio ya se encuentra con sustento al hacer referencia de los otros medios de prueba acumulados al expediente.

Por lo que no se advierte vulneración  del art. 424 del Código de Procedimiento Civil.

4.- Acusa violación del art. 87 del Código Civil, trascribiendo que el parágrafo I de dicha norma, señala que la posesión por más de diez años no solo se halla probada con la existencia de una construcción, como señala el Tribunal de Alzada, sino por la  prueba testifical vivir en el mismo por más de diez años, hechos objetivos y materiales que demuestran el poder de hecho que hubieran ejercido sobre la cosa.

Sobre dicha acusación corresponde indicar que en anteriores puntos se ha señalado que el Ad quem ha considerado que de acuerdo en cuanto a los testimonios de la prueba testifical de cargo, ha evidenciado ausencia de “la razón del dicho”, razón por la cual no ha considerado que las atestaciones sean suficientes como para probar la posesión por más de diez años, consiguientemente la acusación de dicha norma sustantiva carece de sustento.

5.- Deduce violación del art. 378 y num. 3) del Código de Procedimiento Civil y parágrafo I del art. 119 de la Constitución Política del Estado, sosteniendo que el Ad quem en aplicación del principio de verdad material, se avala la actuación del Juez de la causa, quien en Inspección Judicial interrogó informalmente al testigo Cornelio Castro Espinoza, sobre el que no se tuvo oportunidad de objetar su testificación, vulnerándose el principio de igualdad de las partes.

Corresponde señalar que en acta de audiencia de 20 de abril de 2012 (fs. 175 y su vlta.), se evidencia que por Secretaria de despacho en primera instancia se informó que se encontraban ambas partes, consiguientemente en dicha audiencia no se ha objetado la recepción del testimonio de Cornelio Castro Espinoza. Ahora el hecho de acusar infracción a la garantía de la igualdad procesal o igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos, entendiendo que reclama la oportunidad de poder observar dicha atestación, se deduce que lo que quiere es retrotraer el procedimiento y buscar el restablecimiento de esa hipotética  oportunidad, este aspecto se llega a constituir un reclamo de forma  que debía estar amparado mediante un recurso de casación en la forma y en base a la cual establecer el reclamo conforme a la regla contenida en el art. 16 parágrafo I de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, no advirtiéndose vulneración del art. 378 del Código de Procedimiento Civil.

6) Acusa error de hecho y error de derecho en la valoración de la prueba, manifestando que los testigos Damiana Choque Chirari, Ángel Taboada Pacheco, Noel Montoya Aguilar, de manera uniforme señalan que poseen el inmueble objeto del litigio por más de diez años, que construyeron dos cuartos en el que viven desde ese entonces, y al haber desconocido esos aspectos se ha incurrido en error de hecho; ya que el art. 397 impone valorar la prueba conforme al art. 1330 del Código Civil y al haber basado el criterio en el art. 463 del Código de Procedimiento Civil, se ha incurrido en error de derecho.

Corresponde diferenciar que cuando se acusa error de derecho en la valoración de la prueba, la misma resulta viable cuando en el contenido de los medios de prueba han sido confundidos o tergiversados al entender del Juez, o sea que el contenido inserto en el medio de prueba cursante en el proceso, no concuerda con el extracto contenido de ese medio de prueba descrito en el Sentencia o en el Auto de Vista, o sea, debe existir contraste en el contenido del medio de prueba y la descripción de la misma en la Sentencia o Auto de Vista, ahí se activa el error de hecho en la valoración de la prueba, esto cuando el fallo emitido ha sido considerado únicamente en base a un solo medio de prueba, no ocurre lo mismo cuando los de instancia han adoptado una decisión de mérito, en base a prueba conjunta, caso para el cual si se trata de error de hecho en la valoración de la prueba la misma debe observar a todos los medios de prueba con los que el Juez ha considerado haber sido probado un hecho.

Ahora de la revisión de los antecedentes del proceso, se evidencia que el Ad  quem en el Auto de Vista, ha considerado que los testigos no han atestado sobre la “razón del dicho”, asimismo concluyó que las atestaciones no fueran uniformes, empero de ello al margen de no haber acreditado la razón de sus atestaciones para verificar la posesión inicial, continuada en forma permanente y pacífica, dichas atestaciones que se encuentran observadas en cuanto a su plena convicción, son reducidas con la atestación asimilada en audiencia de inspección como consta en fs.  175, dedujo que uno de los vecinos del lugar manifestó que los demandantes viven en ese lugar desde hace dos años atrás, a ello se suma el escrito de fs. 94 que desvirtúa la certificación de fs. 32, lo que quita credibilidad a las atestaciones consignadas en las actas de fs. 171 a 174, conclusión deducida en base al criterio de que toda valoración de la prueba debe ser efectuada en forma conjunta, por lo que no se advierte error de hecho en la valoración de la prueba testifical.

Por otra parte en cuanto al error de derecho en la valoración de la prueba, nos remitimos al contenido señalado en los puntos  1 y 2 de los fundamentos de la presente Resolución; lo propio ocurre  respecto a la valoración de la confesión provocada conforme a la norma establecida en el art. 424 del Código de Procedimiento Civil, cuyo argumento se encuentra contenido en el punto 3 de los fundamentos de la presente Resolución.

Por lo expuesto, corresponde emitir Resolución en la forma previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) y 17 parágrafo I) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y arts. 271 num. 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil declara, INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 255 a 259 formulado por Luciano Portillo Picha y Flora Bernal Coa, contra del Auto de Vista Nº SCCFI-481/2013. Con costas.

Se regula honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero