TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Auto Supremo: 04/2014 

Sucre: 05 de febrero 2014

Expediente: B 30 13 - S

Partes: Hans Dellien Barba c/ Presuntos propietarios                    

Proceso: Ordinario, Usucapión Decenal o Extraordinaria  

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación y recurso de nulidad de fs. 362 a 364 interpuesto por Hugo Vaca Hurtado contra el Auto de Vista Nº 03 de 30 de septiembre de 2013 cursante de fs. 344 a 347 pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso ordinario de usucapión decenal  o extraordinaria seguido por Hans Dellien Barba contra presuntos propietarios desconocidos; la respuesta al recurso de fs. 369 a 371 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 373; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Del contenido del memorial de demanda de fs. 11 a 12 y su modificación de fs. 15, se resume lo siguiente: El demandante indica que desde hace 15 años viene poseyendo junto a su familia de manera quieta, pacífica y continuada sin ninguna perturbación, un lote de terreno de aproximadamente 1.320 mts2. ubicado en la zona San José entre la Av. 18 de Noviembre y calle Nicolás Suarez, mismo que tendría la característica de ser un lote “ciego” sin salida a ninguna vía pública, donde habría procedido a instalar servicios básicos de agua y luz, construido un pequeño depósito y embardado; en base a esos antecedentes y al amparo de los arts. 110 y 138 del Código Civil interpone demanda de usucapión decenal o extraordinaria  inicialmente contra el Municipio Trinitario, SENAPE y cualquier interesado y posteriormente modifica su demanda dirigiendo únicamente contra de presuntos propietarios si lo hubieren.      

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido 3º en lo Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad-Beni, mediante Sentencia Nº 065/2012 de 23 de octubre de 2012 de fs. 301 a 304, declaró improbada en parte la demanda con relación a 1.000 mts2. de terreno y probada respecto a 320 mts2., y por otra parte declaró improbada la demanda reconvención de acción reivindicatoria interpuesta por Hugo Vaca Hurtado, disponiendo en el fondo que la Registradora de Derechos Reales proceda a la inscripción del derecho constitutivo de la propiedad del actor principal respecto al inmueble objeto de litis en la fracción indicada de 320 mts2.

En Apelación contra la Sentencia Nº 065/2012, interpuesto en forma separada por Hans Dellien Barba y Hugo Vaca Hurtado, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, por Auto de Vista Nº 03 del 30 de noviembre 2013 de fs. 344 a 347  revoca parcialmente la Sentencia y en consecuencia declara probada la demanda; en contra de esta Resolución de segunda instancia, Hugo Vaca Hurtado interpone recurso de casación y recurso de nulidad.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación, se resume lo siguiente:

En el fondo, el recurrente indica que la usucapión decenal no ha sido demostrada con prueba idónea, por el contrario fue desvirtuada por su persona; que el demandante únicamente tenía el corpus que no era por diez años.

Acusa incorrecta aplicación del art. 138 del Código Civil indicando que el Tribunal de Alzada revoca la Sentencia y declara probada la demanda incoada por un mero detentador que no ha demostrado su posesión pacífica y continuada por diez años.

Refiere que el único argumento en el cual se basa el Tribunal de Apelación para revocar la Sentencia, es el proceso interdicto de adquirir la posesión que fue anulado según criterio del Tribunal, partiendo de una falsa prueba que no existe ni consta en el expediente, hecho que además no habría sido fundamentado por el apelante.

Indica que su persona presentando títulos de propiedad que acreditan su derecho propietario y la posesión civil sobre el inmueble en cuestión y demandó de acción reivindicatoria, no siendo necesario para el efecto demostrar la posesión material de la cosa, siendo suficiente demostrar la propiedad y de ella subyace la propiedad civil, citando para el efecto el A.S. 225/2012.

En la forma, indica que la falta de mención en la demanda de la existencia de un propietario del inmueble objeto de usucapión, amerita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; de la misma manera refiere que la falta de mención en el Auto de Relación Procesal de probar el periodo prescriptivo como los mecanismos de suspensión de la prescripción, implica omisión por parte del Juez de controlar la causa como director del proceso.

En base a esos argumentos indica que interpone recurso de casación en el fondo y en la forma contra el Auto de Vista y contra la Sentencia de primera instancia, pidiendo en el fondo que se revoquen ambas Resoluciones declarando improbada la demanda y probada la reconvencional de acción reivindicatoria o en su defecto se disponga la nulidad de obrados hasta la demanda inclusive para que el actor indique contra quien dirige la misma.

CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del contenido del memorial de recurso de fs. 362 a 364 se advierte que el recurrente interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma bajo el denominativo de “recuso de casación y de nulidad”, conforme se encuentra establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, por lo que en observancia de la garantía del principio de impugnación previsto en el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, se pasa a considerar dicho recurso, empezando primeramente por los aspectos que corresponde al recurso de casación en la forma, toda vez que de ser evidente lo denunciado, ameritaría la nulidad de obrados o de la Resolución recurrida, sin que sea necesario ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo.  

En la forma, en lo esencial el recurrente indica que la demanda de usucapión no fue dirigida contra el verdadero propietario del inmueble y que esa situación ameritaría la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, solicitando en su petitorio que se anulen obrados hasta la demanda inclusive para que el actor dirija la misma contra el propietario del inmueble que pretende usucapir.

Al respecto, de manera uniforme y sólida se tiene establecida la línea jurisprudencial ordinaria a través de varios fallos emitidos, entre estos los Autos Supremos Nº 151; 120; 110; 28 entre otros emitidos el 2013, en los cuales se estableció que la usucapión reconocida en el Código Civil como uno de los modos de adquirir la propiedad, una vez declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el que demanda y adquiere el derecho de propiedad de un determinado bien, y extintivo para el que pierde ese derecho de propiedad, por ello resulta indispensable que el actor dirija la demanda contra quienes figuren en el registro de Derechos Reales como titulares del derecho propietario del inmueble que se pretende usucapir; solo así la Sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto, toda vez que al tratar de adquirir la propiedad ajena por la sola posesión del bien, en el fondo implica una situación de orden público que afecta el derecho a la propiedad que se encuentra plenamente garantizado por la Constitución Política del Estado; pues el hecho de dirigir la demanda en contra de una persona que no sea propietaria del inmueble o contra presuntos propietarios desconocidos, implica vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa que se encuentra garantizado no solo por la Ley fundamental del Estado, sino también por tratados internacionales.

Por ello, el actor debe necesariamente dirigir su demanda contra el verdadero titular del bien inmueble que se pretende usucapir o contra los herederos del mismo, toda vez que el sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura en el registro de Derechos Reales como titular del bien, para lo cual además debe acompañar a la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es el titular del inmueble contra quien se pretende que se opere el efecto extintivo de la usucapión no siendo procedente la acción de usucapión contra personas desconocidas o presuntos propietarios; en ese sentido la jurisprudencia ordinaria ha exhortado a los Tribunales de instancia, exigir que en los procesos de usucapión el actor a tiempo de interponer la demanda acredite mediante documentación o certificación de Derechos Reales quien es la persona que figura como titular del inmueble más el antecedente dominical que la precede, quien además está en la obligación de cumplir con otros requisitos referentes a la situación física del inmueble como ser la individualización y la ubicación exacta, superficie, colindancias y todos los datos que tengan que ver con la identificación del inmueble o fracción que se pretende usucapir.

Por otra parte, se orientó también en caso de que el inmueble que se somete a demanda de usucapión pertenezca a más de un titular, el actor debe determinar en forma precisa ese aspecto identificando a los titulares de esas fracciones que se verían afectados y dirigir la demanda contra ellos, siendo de vital importancia que los propietarios y terceros que tengan interés cierto, conozcan a plenitud de la acción intentada a efectos de que estén a derecho y asuman defensa si ven por conveniente, de lo contrario se llegaría a vulnerar el debido proceso dejando en estado de indefensión al titular del inmueble, aspecto que la ley castiga con la nulidad.

En el caso de Autos, el actor principal inicialmente mediante memorial de fs. 11 a 12 de 18 de enero de 2012, interpuso demanda de usucapión decenal o extraordinaria alegando tener posesión por más de 15 años del inmueble de 1.320 mts2. ubicado en la zona San José entre la Av. 18 de Noviembre y calle Nicolás Suarez de la ciudad de Trinidad-Beni, dirigiendo inicialmente su demanda contra el Municipio Trinitario, SENAPE y cualquier interesado y posteriormente ante la observación realizada por parte del Juez A quo, mediante memorial de fs. 15 modifica su demanda dirigiendo únicamente contra presuntos propietarios desconocidos si lo hubieren, pidiendo la citación mediante edictos, sin establecer y menos acreditar si dicha superficie se encuentra o no registrada en Derechos Reales, cual su antecedente dominial, quien el titular o titulares del total o parte de esos terrenos que se verían afectados con la usucapión demandada.  

Al margen de ello, simplemente a manera de hacer notar las deficiencias con la que se ha tramitado el proceso, debemos indicar que de la revisión de los antecedentes procesales se advierte que no cursa en el expediente ninguna constancia de publicación de los edictos en ningún medio de comunicación para efectos de la citación con la demanda conforme exigen los arts. 124 y 125 del Código Procedimiento Civil, corriendo la misma suerte la Sentencia y el Auto de Vista, tampoco existe nombramiento de Defensor de Oficio para que asuma defensa de las personas desconocidas, lo cual constituye una violación al debido proceso.

Por otra parte, la Sentencia de primera instancia es confusa e imprecisa, toda vez que al declarar probada en parte la demanda de usucapión únicamente con respecto a 320 mts2, no indica contra quien opera el efecto extintivo del derecho ni se tiene establecido quien fue el titular de esa fracción de terreno, tampoco se ordena la cancelación en Derechos Reales de ninguna partida referente  al registro de dicha fracción; al margen de ello la Sentencia aparentemente solo se resolvió en función al memorial de demanda de fs. 11 a 12 sin tomar en cuenta para nada la modificación que hizo el actor mediante memorial de fs. 15 respecto a los demandados, mismo que dio lugar a la admisión de la demanda. De la misma manera el Auto de Vista que revoca parcialmente la Sentencia, incurre en las mismas imprecisiones generando aún más confusión, ya que en la parte dispositiva del fallo no indica con respecto a cuál de las pretensiones se revoca la Sentencia, toda vez que se trata de un proceso doble y ambos litigantes apelaron contra la Sentencia, tampoco se individualiza absolutamente para nada el inmueble ni se establece contra quien se genera el efecto extintivo del derecho, generando una total incertidumbre en relación a la persona o personas que se verían afectadas con la extinción de su derecho propietario, ni mucho menos se ordena la cancelación de matrícula alguna en Derechos Reales, situación que genera inseguridad jurídica y contraviniendo lo dispuesto por los arts. 190 y 192 num. 3) del Código de  Procedimiento Civil y el principio de Eficacia previsto en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y 30 num. 7) de la Ley 025 del Órgano Judicial.

No obstante lo manifestado anteriormente, el origen del vicio procesal se encuentra en la interposición de la demanda misma, la cual no se encuentra dirigida contra el propietario registral del inmueble de 1.320 mts2. que el actor pretende usucapir, ni mucho menos cumple con los requisitos de especificidad que debe contener con respecto a la identificación del titular del derecho que se pretende usucapir para efectos de instaurar válidamente el proceso, siendo esta la causa y razón fundamental que amerita la nulidad de obrados; pues si el actor decide adquirir un bien ajeno por prescripción adquisitiva usucapión- resulta absolutamente lógico y razonable que desde el inicio mismo del proceso quede establecido y determinado con total claridad quien se verá afectado con dicha pretensión y por mandato legal se encuentra compelido a dirigir su demanda contra el verdadero titular del inmueble que pretende usucapir y los Jueces de grado están en la obligación de exigir para que se cumpla con esa obligación, garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho a la defensa a la persona o personas que verían afectadas en su derecho de titularidad. 

En el caso presente y como se tiene indicado líneas arriba, el actor dirige su demanda de usucapión simplemente contra presuntos propietarios desconocidos del inmueble de 1.320 mts2. ubicado en la Zona San José entre la Av. 18 de Noviembre y calle Nicolás Suarez, bajo el argumento de que desconoce a los verdaderos titulares del mismo; si bien en el curso del proceso compareció a asumir defensa el hoy recurrente Hugo Vaca Hurtado indicando ser propietario del inmueble de 1.000 mts2., (extensión inferior a lo demandado) terreno que aparentemente formaría parte del inmueble que hoy pretende usucapir el actor, sin embargo el recurrente afirma en su contestación a la demanda que dicho inmueble tendría un distinto Código Catastral señalando como tal el Nº 2-48-10 y que se trataría de otro inmueble distinto al indicado por el demandante, correspondiendo a este último el Código Catastral Nº 2-48-11, así se evidencia por la documental de fs. 2, 9 y 85; por otra parte, según el acta de fs. 75 a 76 se evidencia que la audiencia de inspección judicial se llevó a cabo en el inmueble ubicado en calle Santa Cruz Prolongación, Zona San Antonio Sur, lugar totalmente distinto a la ubicación del inmueble objeto de demanda. 

Al margen de ello, las colindancias del inmueble que se indican en el plano de fs. 1 y la demanda de usucapión no coinciden con respecto a los documentos de propiedad presentados por el demandando que cursan a fs. 22 a 26, este último habría adquirido aparentemente en el mismo lugar un inmueble de tan solo 1.000 mts2. en fecha  04 de noviembre del 2010, así consta por el Testimonio Nº 170/2011, resultando dicha extensión adquirida relativamente menor con relación a lo pretendido en la demanda de usucapión; ante esas afirmaciones imprecisas de las partes y contradicciones en la documentación cursante en obrados, se pone en duda la ubicación e identificación del inmueble que se pretende usucapir, ni se conoce con total certeza quien es el verdadero titular del terreno de 1.320 mts2., cuya determinación corresponde ser establecida por los Jueces de instancia por tratarse de una situación de hecho que no puede ser dilucidado en casación. 

Por otra parte, el demandante al margen de no dirigir la demanda contra el verdadero propietario del inmueble, tampoco presentó la certificación de Derechos Reales que acredite quien es el titular del terreno de 1.320 mts2, requisitos que son indispensables para efectos de establecer la calidad de sujeto pasivo de la acción, toda vez que cuando la Sentencia declara probada la demanda de usucapión, genera la extinción del derecho propietario para su titular, razón por la cual es indispensable conocer quién es el titular registral del inmueble y dirigir la demanda contra esa persona poniendo en su conocimiento la existencia de la misma para que asuma su defensa si así ve por conveniente.

En caso de no ser posible identificar al titular registral del inmueble, se debe agotar su averiguación a nivel de otras instancias como ser en la respectiva Alcaldía Municipal quien también debe emitir certificaciones a través de su área técnica y Catastro estableciendo a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble, especificando con total exactitud la ubicación, extensión, colindancias y otros aspectos que permitan una adecuada identificación; en el caso presente, si bien cursa el Informe de fs. 41, sin embargo éste no proporciona mayores datos, limitándose simplemente a indicar que el área no es municipal y que su uso es de suelo residencial privado, sin especificar a nombre de quien se encuentra registrado dicho inmueble; los documentos mencionados anteriormente, son indispensables para determinar las condiciones físicas y legales del inmueble que se somete a usucapión, toda vez que los mismos coadyuvan en gran medida al Juzgador a no incurrir en errores y emitir una Sentencia justa y equitativa; en ese sentido se tiene modulada y establecida la línea jurisprudencial ordinaria desarrollada a través de diferentes Autos supremos.

De lo fundamentado, se concluye que el demandante de usucapión ha omitido por completo cumplir con los requisitos de admisibilidad para la viabilidad de este tipo de demandas, mismos que se tienen descritos de manera extensa en la presente Resolución; como también el Juez de la causa y el Tribunal Ad quem no exigieron el cumplimiento de los mismos, permitiendo la sustanciación del proceso con una serie de vicios procesales que amerita la anulación de obrados hasta la admisión de la demanda para que en resguardo del derecho de defensa, la misma sea dirigida contra los verdaderos titulares del inmueble de 1.320 mts2. que pretende usucapir, previa identificación adecuada del mismo, y como consecuencia de esta determinación, resulta innecesario ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo.

Por todo lo anteriormente señalado y en aplicación del art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, corresponde emitir Resolución en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 15 vlta.,  disponiendo que el Juez A quo, antes de admitir la demanda de usucapión, ordene que la parte demandante acompañe certificado de la Oficina de Registro de Derechos Reales, certificación de la Oficina Técnica y de Catastro del Gobierno Municipal Autónomo de Trinidad, en los que conste las personas que figuren como titulares del derecho de propiedad del inmueble que se pretende usucapir, debiendo dirigir la demanda en contra de los titulares de dicho inmueble; finalmente, en caso de que el inmueble a usucapir pertenezca a más de un titular, el actor deberá determinar con claridad la fracción del inmueble de los demandados que se vería afectada con la pretensión demandada.

Sin multa por ser excusable.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Mgda. Relator: Dra. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Primero