TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                    S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 670/2013

Sucre: 27 de diciembre 2013

Expediente: LP-121-13-A

Partes: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representado legalmente por

            Gustavo Alberto Flores Azurduy c/ Rossi Rosadi Calderón Bernal y

            María Teresa Alvarado Aguilar

Proceso: Declaratoria de hecho ilícito y de la existencia de responsabilidad civil y

              como emergencia del mismo se califiquen  daños y perjuicios 

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 445 a 448 y vlta., interpuesto por el representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz contra el Auto de Vista Nº 116 de 01 de abril de 2013, de fs. 436 a 439, pronunciado por  la Sala Civil, Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de declaratoria de hecho ilícito y la existencia de responsabilidad civil como emergencia del mismo se califiquen los daños y perjuicios para que se resarza el daño económico causado, seguido por la Institución recurrente contra Rossi Rosadi Calderón Bernal y María Teresa Alvarado Aguilar, el Auto de concesión del recurso de fs. 467, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, la Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció el Auto Interlocutorio Definitivo de fecha 22 de marzo de 2012, de fs. 413 a 416, declarando probada la excepción previa de incompetencia interpuesta por las demandadas anteriormente nombradas, disponiendo que la parte actora ocurra a la vía administrativa legal correspondiente, disponiendo en consecuencia se remita el proceso ante la Jurisdicción Administrativa.

Resolución que es recurrida de Apelación por la Institución demandante a través del memorial de fs. 421 a 423, misma que es resuelta por la Sala Civil, Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 116 de fecha 01 de abril de 2013, cursante a fs. 436 a 439, que confirmó el Auto apelado; ocasionando  que el apoderado legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, interponga el recurso de casación en la forma y en el fondo, que es motivo de Autos.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- Recurso de casación en la forma.-

El impugnante acusa que los de Alzada violaron el art. 254-4) con relación al 236 ambos del Código de Procedimiento Civil, debido a que el Auto de Vista recurrido carece de valoración, motivación racional y lógica respecto de los agravios denunciados en el recurso de Apelación, debido a que el Juez de instancia pese a advertir la carencia de instrumento idóneo emitido por la Contraloría, conforme lo prevé el art. 3 nums. 1) y 2) del Código Coactivo Fiscal, dispuso que el proceso sea tramitado ante la jurisdicción Coactiva Fiscal.  Asimismo, alude que el Auto de Vista no hace referencia a las normas civiles invocadas a tiempo de interponer la demanda principal, argumentos que debieron ser considerados en forma positiva o negativa, situación que -señala- que no aconteció.

2.- Recurso de casación en el fondo:

Refiere que los de Alzada vulneraron el art. 3 del Código de Procedimiento Coactivo Fiscal, debido a que de los antecedentes del proceso se evidencia que no existe el instrumento coactivo fiscal idóneo que permita a la entidad Municipalidad promover acción coactiva fiscal conforme prevé el art. 3 inc. 1) y 2) de la norma referida para lograr el cobro de lo adeudado, consecuentemente, en aplicación a lo previsto por el art. 48 de la Ley 1178, precisa, que sí  correspondía acudir a la vía civil ordinaria tomando en cuenta las previsiones legales contenidas en los arts. 984, 994, 995 y 999 del Código Civil.

Asimismo,también aduce que el Tribunal de Apelación violó el art. 203 de la Constitución Política del Estado, debido a que por analogía debió dar aplicación ala Sentencia Constitucional 01/2004, que dispone:“que ante la falta de pago del pliego de cargo emitido por Juez Coactivo Municipal y de su posterior reliquidación a través de una Nota de Cargo, y al no prever la normativa glosada aplicable al caso ningún mecanismo o facultad para lograr el cobro efectivo de lo adeudado a través de un proceso de ejecución especifico LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEBIERON ACUDIR A LA VÍA ORDINARIA CIVIL para perseguir el cumplimiento de esa obligación ……”, sin embargo, los de  Alzada, sin desvirtuar el contenido de la Sentencia Constitucional, se limitan a realizar una trascripción fragmentada y textual de la Sentencia referida llegando a la conclusión en sentido de que no son casos similares.


CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Recurso de casación en la forma:


Respecto a la supuesta violación del art. 254 num. 4) con relación al 236, ambos del Código de Procedimiento Civil, debido a que la Resolución de Alzada carecería de  valoración, motivación racional y lógica de los agravios denunciados en el recurso de Apelación, porque según el impugnante, el Juez de instancia pese a advertir la carencia de instrumento idóneo emitido por la Contraloría, conforme lo prevé el art. 3 nums. 1) y 2) del Código Coactivo Fiscal, dispuso que el proceso sea tramitado ante la jurisdicción Coactiva Fiscal y que el Auto de Vista no hace referencia a las normas civiles invocadas a tiempo de interponer la demanda principal; al respecto, corresponde precisar que el representante de la Institución impugnante confunde la naturaleza y finalidad del recurso de casación en la forma, porque pretende la nulidad de obrados con argumentos que hacen al fondo del recurso de casación en examen, es más, tampoco precisa cual es la aplicación falsa y errónea de las normas sustantivas que acusa de infringidas y como debieron ser aplicadas las mismas, incumplimiento con el deber exigido por el num. 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, omisión que impide se abra la competencia de este Tribunal para conocer bajo la modalidad de casación en la forma el referido supuesto agravio, mismo que deviene en manifiestamente improcedente; máxime si se tiene en cuenta, que el referido supuesto agravio, casi en los mismos términos, ha sido impugnado en el recurso de casación  de fondo.


Recurso de casación en el fondo:


Antes de resolver  los motivos expuestos en el recurso de casación en el fondo, resulta imprescindible realizar algunas puntualizaciones respecto de la jurisdicción y la competencia de los órganos judiciales; así se tiene que, con relación a la jurisdicción, la misma está concebida como  aquella potestad que tiene el Estado, para solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el Derecho, esa potestad, está encargada al Órgano Judicial, mediante el cual, el Estado provee de justicia a sus ciudadanos, conforme a la Constitución y las leyes, así se halla establecido por el art. 6 del Código de Procedimiento Civil, modificado por los arts. 11 al 14 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010.

En el marco  doctrinal y jurídico precedentemente referido, se tiene que si bien, la jurisdicción es un poder-deber que tiene el Juez para administrar justicia, no pudiendo dicho Juez negarse a resolver un asunto puesto en su conocimiento, la jurisdicción que le confiere el Estado, resulta insuficiente para lograr su cometido principal que sería la Resolución de un conflicto particular, consecuentemente, la jurisdicción no se halla concebida para que por sí misma se cumpla ese poder-deber del Estado, sino, que necesariamente tiene que ir acompañada de la competencia que, conforme lo define el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, "Es la facultad que tiene una Magistrada o Magistrado, una Vocal o un Vocal, una Jueza o un Juez, o Autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto". Consiguientemente, la competencia resulta ser el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, naturaleza, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico, en ese entendido vemos que la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie, así, todos los Jueces tienen jurisdicción pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia para conocer y resolver determinados asuntos; en otras palabras,la jurisdicción es la facultad de administrar justicia y la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce dicha potestad; por lo que, de lo referido se tiene que tanto la jurisdicción como la competencia son de orden público e indelegables y nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas la observancia y la obligatoriedad en su cumplimiento.

En el sub lite, la demanda principal versa sobre declaratoria de hecho ilícito,  la existencia de responsabilidad civil y la calificación de daños y perjuicios para el resarcimiento del daño causado, interpuesta por el representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz, Entidad dependiente del Estado Plurinacional, por lo tanto pública, en contra de las ex servidoras Municipales Rossi Rosado Calderón Bernal y María Teresa Alvarado Aguilar, la primera Responsable de Almacenes y la segunda en su calidad de Jefe de Unidad “A” dependiente de la Administración y Finanzas de la Sub Alcaldía Macro Distrito No. 6  de “Mallasa”, quienes a través de sus acciones u omisiones  presuntamente hubieran generado daño económico en contra del patrimonio del Estado; conforme lo establecieron los informes de auditoría interna del G.A.M.L.P. Nos. ALAIE- 45/2011; AIE-006/2011; ALIE-67/2011; AIE 012/2011; ALAIE-74/2011, AIE-0014/2011, porque según dichos Informes, no se logró evidenciar respaldo documental referido a las salidas o destino final de los materiales adquiridos (luminarias adquiridas por la Sub Alcaldía Macro Distrito 6 Mallasa durante la gestión 2001, determinadas como faltantes) y que tampoco es posible establecer la ubicación física o el destino final del referido material, así como la falta de control que coadyuvó a que los materiales adquiridos no hayan sido objeto de respaldo, conducta que  hace  aplicable lo previsto por el art.  31 inc. c) de la Ley 1178, y art. 77 inc. h) de la Ley de Sistemas de Control Fiscal, por concepto de apropiación arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, generando con esta conducta un daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, valuado en Bs.135.675.-, equivalentes a $us.19.893,70.-, conforme los hallazgos y las determinaciones efectuadas en los referidos Informes de Auditoría.

Por lo que, constituyendo dichos antecedentes, los fundamentos de la demanda, que en caso de ser evidentes los indicios encontrados, que conducirían a la  recuperación de la pretensión incoada en la misma, también corresponde destacar que la Ley 1178, en su art. 3 dispone: "Los sistemas de Administración y de Control, se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios,…... las universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio”. Concordante dicha disposición con lo que establece el art. 28 inc. a) de la misma norma legal que prevé: "Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión." (sic); a su vez, el ya referido art. 31 de la misma Ley, en su inciso a) establece: "La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero..." (textual). Por lo que teniendo en cuenta la referida normativa especial y siendo que las demandadas  ostentan la calidad de ex servidoras públicas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, imputándoseles que en el ejercicio de sus funciones hubieran cometido actos y omisiones irregulares y la posible existencia de daño económico al patrimonio del Estado, las señaladas demandadas se encuentran bajo los presupuestos legales establecidos en la señalada Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, norma destinada específicamente a la regulación de los Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado para lograr que todo servidor público, asuma plena responsabilidad por sus actos, como se tiene previsto en el art. 28 de dicha norma legal, que también concuerda con lo que establecen los arts. 2 y 3 del Reglamento por la Responsabilidad por la Función Pública, pues todo servidor público debe responder de los resultados que emerjan del desempeño de sus funciones, deberes y obligaciones, siendo pasible de responsabilidad civil, penal, administrativa y/o ejecutiva por su incumplimiento, que de producirse, deberá tramitarse conforme lo establecido para el caso en la vía competente, conforme lo prevé el art. 47 de la tantas  veces citada ley especial, que crea la jurisdicción Coactiva Fiscal para el conocimiento y tramitación de todas las demandas que se interpongan cuando los actos de los servidores públicos sean pasibles por acción u omisión, a responsabilidad civil. Consecuentemente y conforme a los términos  expuestos en la presente demanda, teniéndose en cuenta los hallazgos de la existencia de indicios de daño económico en contra del patrimonio del Gobierno Autónomo Municipal  de la ciudad de La Paz  y por consiguiente del Estado, corresponde la aplicación de los arts. 31  y 35 de la Ley 1178 y arts. 39, 40 y 50 del Decreto Supremo No. 23215, con relación a los arts. 51 y 52 del Decreto Supremo 23318 -A, Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, conforme correctamente han interpretado los de instancia, ello, debido a que, en el caso de  la acusación de violación del art. 3 del Código de Procedimiento Coactivo Fiscal, referida a que ante la inexistencia de instrumento coactivo fiscal idóneo para promover acción coactiva fiscal, corresponde la acción ordinaria civil, conforme disponen los arts. 984, 994, 995 y 999 del Código Civil, no resulta evidente, porque si la Institución demandante careciera de título coactivo que les impidiese acudir a la vía coactiva fiscal, es de responsabilidad de la misma, efectuar y agotar las gestiones que correspondan para recabar los títulos coactivos que les permitan acudir a la vía pertinente en cumplimiento precisamente de las obligaciones y deberes de los servidores públicos, conforme lo establecen los arts. 236 y 238 de la Constitución Política de Estado Plurinacional, art.28 inc. a) de la Ley 1178 y art. 2 y 3 del Decreto Supremo 23318-A, motivo por el cual, el Máximo Tribunal encuentra no ajustado a derecho, las invocaciones efectuadas a normas que hacen al ámbito civil por parte de la Entidad Autónoma recurrente, debiendo la misma, ocurrir a la vía coactiva fiscal, cuya competencia resulta ser indelegable y pasible de nulidad su incumplimiento por disposición expresa del art. 122 de la Constitución Política del Estado que refiere: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley." Aconteciendo los mismos, con relación a la supuesta vulneración del art. 203 de la Constitución Política del Estado, también alegada, porque la doctrina establecida en la  Sentencia Constitucional 01/2004, debió ser aplicada por analogía al caso, este Tribunal comparte plenamente los argumentos esgrimidos por los de Alzada, en el sentido de que dicho supuesto no resulta aplicable al caso, por contener hechos distintos a los discutidos en el caso y no cabe aplicar los mismos por analogía, conforme erróneamente pretenden los  recurrentes, por ser ajenos y diferentes al caso de Autos, es decir, devienen de un procedimiento administrativo-tributario por falta de pago de tributos y no como en el caso de Autos en el que se discute las supuestas omisiones administrativas ejercidas por las ex servidoras públicas municipales, que en el ejercicio de sus funciones, hubieran ocasionado daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y por ende al Estado, por una también supuesta pérdida de materiales y activos que estuvieron bajo su responsabilidad.

Por lo que, en base a los fundamentos anteriormente expuestos, corresponde a este Tribunal fallar conforme lo establecen los arts. 271 nums. 1) y 2), 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 nums. 1) y 2), 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma e INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 445 a 448 y vlta., interpuesto por Gustavo Alberto Flores Azurduy representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista Nº 116/2013 de fs. 436 a 439. Sin costas por ser Entidad Pública, conforme lo determina el art. 39 de la Ley SAFCO.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo