TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 666/2013

Sucre: 19 de diciembre de 2013

Expediente: CB-116-13-A

Partes: Mirael Villarroel Claros  c/   María Victoria Maldonado; Nancy Elvira

            Guevara Maldonado,   Elvira Guevara de López,   Paúl Edison Ramírez

            Robles,  Martha Irene Zamora  de Solís,  Juan Pablo López Guevara  y

  Gustavo Iván López Guevara.

Proceso: Ordinario de Nulidad de contrato de Mandato y Nulidad de Escritura

               Pública

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de nulidad (fojas 82 a 85 y vlta.) interpuesto por Mirael Villarroel Claros, impugnando el Auto de Vista Nº REG/S.CII/AINT.165/06.09.13  de  fecha  6 de septiembre de 2013 (fs. 73), pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental  de Justicia de Cochabamba dentro del proceso civil seguido por Mirael Villarroel Claros contra Maria Victoria Maldonado, Nancy Elvira Guevara Maldonado, Elvira Guevara de López, Paúl Edison Ramírez Robles, Martha Irene Zamora de Solís, Juan Pablo López Guevara y Gustavo Iván López Guevara sobre Ordinario de Nulidad de Contrato de Mandato y Nulidad de Escritura Pública.


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, por memorial de fs. 54 a 59, Mirael Villarroel Claros, interpone demanda de  proceso ordinario de Nulidad de Contrato de Mandato y Nulidad de Escritura Pública, manifestando que en fecha 21 de julio del 2009, en la Notaria a su cargo se presento el Abogado Edison Paúl Ramírez Robles con una instructiva de poder que llevaba la impresión digital de la otorgante Maria Victoria Maldonado, solicitando se traslade a la Oficina ubicada en la Calle Lanza Nº 0-324. Edificio Orión, 4to Piso, Oficina 4004, a objeto de  recibir las impresiones de la mandante, la cual no podía caminar. Constituido en ese domicilio, el notario demandante, pregunto a la mandante si estaba de acuerdo con otorgar el poder a Edison Paul Ramírez Robles, habiendo manifestado que sí, se labro el protocolo suscribiendo los testigos Maria Elena Camino, Imar Huarachi Gonzales y Luis Alberto Palacios Chacón. Posteriormente en fecha 24 de julio de 2009, en la misma Notaria y con el poder expedido por el propio demandante, se protocolizó una minuta de préstamo de dinero con garantía hipotecaria otorgado por Martha Irene Zamorano de Solís a favor Edison Paúl Ramírez Robles por la suma de $us. 15.000.- Con estos antecedentes, el demandante fue imputado dentro del proceso penal seguido por Juan Pablo López Guevara contra Verónica Muñoz Guevara y Otros por los presuntos delitos previstos en los arts. 342, 33, 198, 203 y 132 del  Código Penal.

Añade en su demanda, que la Ley del Notariado en ninguna de sus disposiciones no contempla las causales de anulabilidad y nulidad por lo que es plenamente aplicable el Código Civil que al señalar en su art. 804 que el contrato de mandato es un contrato sinalagmático imperfecto, de tal modo, que el contrato de mandato elaborado por el demandante, pese a la intervención de buena fe, carece de objeto cierto, porque al momento de otorgar el mandato, la mandante ya no era dueña del bien inmueble a hipotecar, es decir existe un objeto incierto.  Por otro lado, si el mandato es nulo por falta de objeto cierto, también por lógica consecuencia se impone la nulidad parcial de la Escritura Pública de préstamo con garantía hipotecaria al tenor del art. 1372 parágrafo I del Código Civil, por lo que interpone demanda de nulidad total del Poder Especial y Protocolo Nº 1420/2009 de 21 de  julio de 2009 y Nulidad Parcial de la Escritura Pública y Protocolo Nº 427/2009 de 24 de julio del 2009.

Que, el Juez de Partido de Materia Civil  Nº 8 de la Ciudad de Cochabamba emite Auto Interlocutorio Definitivo en fecha 8 de febrero del 2012, rechazando in limine la demanda de Mirael Villarroel Claros, con el fundamento de que la jurisprudencia y doctrina han reconocido al Juez ir más halla de los presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión. En consecuencia aquellas pretensiones en las que falta un interés susceptible de ser protegido o demanda imposible deben ser rechazados verbigracia, el cobro de una deuda de juego. Justifica además su rechazo, en que del análisis de los arts. 50 y 51 del Código de Procedimiento Civil y 551 del Código Civil, se puede determinar que el ahora demandante no se halla comprendido en ninguna de las disposiciones legales, ni como parte esencial, ni accesoria, ni mucho menos con interés legítimo, toda vez que el demandante no cuenta con legitimación activa para plantear la demanda, ya que al demandarse la nulidad absoluta del Protocolo o Matriz de Poder Especial y Nulidad Parcial de la Escritura de préstamo con garantía hipotecaria, el demandante no tiene la legitimación activa que esta reservada solo a las partes intervinientes en el Protocolo o Matriz  de Poder Especial Nº 1420/2009 de 21 de julio de 2009 y no como ocurre en el caso de Autos que quien interpone la demanda resulta ser la misma persona que faccionó el poder.

Que, Mirael Villarroel Claros, interpone recurso de Apelación contra el Auto interlocutorio definitivo de fecha 8 de febrero del 2012 (fojas 65 a 67) fundado en que: a) No es evidente que la demanda incumple con el presupuesto procesal de proponibilidad y existencia de interés legitimo y legitimación activa; b) Violación al derecho a la acción o tutela judicial efectiva; c) Cumplimiento de la demanda con los requisitos de forma y de fondo; y d) Contradicción en el Auto apelado.

Que, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ha pronunciado el Auto de Vista Nº REG/S.CII/AINT.165/06.09.13 de fecha 6 de septiembre del 2013 (fojas 73 y vlta.), confirmando el Auto interlocutorio definitivo de fecha 8 de febrero del 2012, con la siguiente motivación:

  1. Resulta importante referirse a lo que se entiende por proceso ordinario y demanda. El proceso ordinario, es aquel que tiene como objeto una pretensión tendiente a que el órgano judicial (o arbitral) dilucide y declare, mediante la aplicación de normas pertinentes a los hechos planteados y discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica entre las partes, persiguiendo una declaración de certeza de la existencia o inexistencia del derecho reclamado por el actor y por otra parte, la demanda es un acto procesal, por el cual el actor, ejercita una acción solicitando del Tribunal o Juez la protección o declaración de una situación jurídica. Estando todo el proceso sujeto a los términos de la demanda y por tal razón su preparación y redacción requiere del mayor cuidado y reflexión.
  2. Como se sabe necesariamente todo proceso se inicia con la demanda y el art. 50 del Código de Procedimiento Civil establece que: “las personas que intervienen en el proceso son esencialmente el demandante, el demandado y el Juez”. En el caso de Autos, se tiene que las partes intervinientes en el Protocolo o Matriz del Poder Especial Nº 1420/2009 de 21 de julio de 2009, son la Sra. Maria Victoria Maldonado en su calidad de mandante, el Sr. Edison Paúl Ramírez  Robles en su calidad de mandatario y el Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº 31, Dr. Mirael Villarroel Claros, quien  ejerce esa función pública y en esa condición  es que deduce la presente demanda ordinaria de nulidad del mismo protocolo o matriz del Poder Especial señalado, extremo que sin duda alguna resulta irregular y anómalo, por cuanto resulta siendo el mismo funcionario público que elaboró y extendió el referido documento público, quien efectivamente no cuenta con legitimación activa para accionar la presente demanda pretendiendo anular actos que fueron convalidados por su misma persona.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Que, Mirael Villarroel Claros, interpone el recurso de casación contra Auto de Vista Nº REG/S.CII/AINT.165/06.09.13 de fecha 6 de septiembre del 2013 (fs. 73 y vlta.), pidiendo casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo ordenar al Juez admitir la demanda, fundada en resumen en los siguientes aspectos:

  1. Infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en ese aspecto la citada norma determina que “El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la Apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227…”. En el caso presente, constituyen fundamento de la Apelación: a) No es evidente que la demanda incumple con el presupuesto procesal de proponibilidad y existencia de interés legitimo y legitimación activa; b) Violación al derecho a la acción o tutela judicial efectiva; c) Cumplimiento de la demanda con los requisitos de forma y de fondo; y d) Contradicción en el Auto apelado. Ninguno de estos puntos apelados, descritos precedentemente, no fueron considerados, analizados ni resueltos por el Tribunal ad quem.
  2. Violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley (art. 334 del Código de Procedimiento Civil), porque no es evidente que la demanda incumpla con el presupuesto procesal de proponibilidad, existencia de interés legítimo y de legitimación activa. El Tribunal no ha analizado ni considerado en la resolución impugnada, que el notario de Fe Pública de Primera Clase Nº 31, esta siendo procesado penalmente, precisamente por haber intervenido como auxiliar del órgano judicial y en cumplimiento a la Ley del Notariado, en la protocolización del Poder Especial Nº 1420/2009 de 21 de julio de 2009 y de la Escritura Pública Nº 427/2009 de fecha 24 de julio de 2009 y es precisamente de esta cualidad de demandado penalmente que nace o se origina su interés legitimo y legitimación activa para demandar, puesto que las partes principales tanto del poder especial como de la escritura pública no iniciaron el proceso civil de anulabilidad, ni nulidad de los referidos contratos.
  3. Contradicción en el Auto de Vista recurrido, el Tribunal superior, incurre en flagrante contradicción para confirmar, el Auto apelado al decir: “…y no como ocurre en el caso de Autos que quien interpone la demanda resulta ser la misma persona que faccionó el poder, extremo por demás anómalo, toda vez que el mencionado Notario Mirael Villarroel Claros, no tiene legitimación activa para accionar la presente causa, peor aún pretender anular actos que han sido convalidados por su misma persona, no pudiendo alegar la nulidad de sus propios actos”. En ambos fallos (refiriéndose al Auto Interlocutorio Definitivo y  Auto de Vista), por una parte implícita y tácitamente se sostiene que el demandado, es parte, al afirmar que resulta ser la misma persona que faccionó el poder, por la referida contradicción y aplicación errónea de los arts. 50 y 86 del Código de Procedimiento Civil, es que se pide se case el Auto de Vista.
  4. Los tribunales de instancia, al declarar inadmisible la demanda por falta de fundabilidad y confirmar el Auto apelado, atentan contra el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de accionar y el derecho al acceso a la justicia pronta e imparcial, en efecto, si se acepta que el derecho de acción o de tutela judicial efectiva, tiene como contenido esencial que la pretensión del justiciable sea atendida por el operador de justicia y que amerite un pronunciamiento debidamente motivado respecto a la pretensión deducida, su ilegal rechazo importa desconocimiento de ese derecho, privando al accionante de su derecho a la acción o tutela judicial efectiva.
  5. La demanda cumple con los requisitos de forma y de fondo para ser admitida, así esta tiene: a) La cosa demandada, designándola con claridad y precisión; b) Los hechos en los que se fundare, expuestos con claridad y precisión; c) El derecho expuesto sucintamente y la petición en términos claros y positivos.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Que, una vez analizado los fundamentos que esgrime el recurrente, al cual se debe circunscribir la Resolución del recurso de casación, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, procede a decidir el fondo del recurso, en los siguientes términos:

  1. Antes de entrar al fondo del recurso es necesario realizar las siguientes consideraciones referidas a la interposición del recurso de casación por el recurrente:
  1. Por un error en la presentación del recurso, se pretende que éste Tribunal se pronuncie sobre un recurso de casación en el fondo y en la forma, cuando de la revisión de las causales de interposición del recurso de casación en el fondo y en la forma del presente caso, este Tribunal solo se puede pronunciar sobre las infracciones denunciadas, sin extenderse al fondo de la controversia, ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que hayan efectuado los Tribunales de instancia sobre aspectos no contemplados en el Auto de Vista, además porque las mismas supuestas infracciones del Auto de Vista en la forma son reiteradas en el recuso en el fondo, por ello la Sala Civil, solo se pronunciará sobre el recurso de casación en la forma y no sobre el recurso de casación en el fondo.
  1. Con la anterior consideración, respecto al recurso de casación interpuesto se procede a resolver el recurso con el siguiente análisis de hecho y de derecho:
    1. Con relación al punto recurrido de: Infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en ese aspecto la citada norma determina que “El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la Apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227…”. En el Caso presente constituyen fundamento de la apelación: a) No es evidente que la demanda incumple con el presupuesto procesal de proponibilidad y existencia de interés legitimo y legitimación activa; b) Violación al derecho a la acción o tutela judicial efectiva; c) Cumplimiento de la demanda con los requisitos de forma y de fondo; y d) Contradicción en el Auto apelado. Ninguno de estos puntos apelados, descritos precedentemente, no fueron considerados, analizados ni resueltos por el Tribunal ad quem”, se debe considerar que el Auto de Vista Nº REG/S.CII/AINT.165/06.09.13 de fecha 6 de septiembre del 2013 (fojas 73), da una respuesta global a los puntos recurridos en la Apelación fundado en cinco aspectos: a) características del proceso ordinario; b) características de la demanda; c) el principio dispositivo previsto en el art. 86 del Código de Procedimiento Civil; d) las partes esenciales en un proceso civil previstas en el art. 50 del Código de Procedimiento Civil; y e) que el mismo funcionario que elaboró y extendió los documentos públicos acusados de nulidad absoluta y relativa no tiene legitimación activa para accionar la demanda.
    2. La Sala Civil, en el presente caso, considera que el Tribunal de Alzada, al contestar los puntos recurridos en la Apelación de forma general observo las exigencias previstas en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. 
  2. A pesar de que el recurso interpuesto, ya estaría resuelto con el anterior considerando, es obligación de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia aplicar al presente el principio de eficacia procesal previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Nº 1922/2012 de 12 de octubre de 2012 que señala que : “… los preceptos de una Constitución al entrar en vigencia, deben ser aplicados de forma inmediata, aún en casos pendientes de Resolución iniciados con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política que se está aplicando, pues los derechos fundamentales, garantías constitucionales y los principios contenidos en la Constitución Política del Estado, adquieren plena e inmediata eficacia al entrar ésta en vigencia”, por ello se deben considerar los siguientes aspectos legales y de hecho:
    1. El principio de eficacia procesal previsto en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, ha sido entendido por la Sentencia Constitucional Nº 0010/2010-R de 6 de abril de 2010 como: “…el cumplimiento (refiriéndose al principio procesal de eficacia) de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal …”(lo resaltado entre paréntesis ha sido añadido por este tribunal).
    2. En el presente caso de Autos en cumplimiento del principio constitucional de eficacia, debe considerarse el art. 555 del Código Civil que establece que: “La anulación del contrato puede ser demandada solo por las partes en interés o protección de quienes ha sido establecida”, es decir que la anulación o anulabilidad del contrato puede ser demandada sólo por las partes en interés o protección de quienes ha sido establecida, entendiendo por interés legitimo que la pretensión o poder de exigencia respecto a la anulación o declaración de ilegalidad de un contrato solo corresponde a la parte que haya intervenido en éstos.
    3. En el presente caso, la nulidad demandada se refiere a la nulidad de Poder Especial  Nº 1420/2009 de 21 de julio de 2009 y nulidad parcial  de la Escritura Pública Nº 470/2009 de 24 de julio de 2009 sobre préstamo de dinero con garantía hipotecaria, en el primero de los casos, al emerger de la causal 2) del art. 554 del Código Civil referida a que el contrato es anulable por la incapacidad de una de las partes contratantes, se refiere a la anulación o anulabilidad relativa, que conforme al art. 555 solo puede ser interpuesta por la parte que haya intervenido y en el segundo caso, referido a la nulidad parcial de la Escritura Pública Nº 470/2009, que esta dirigida a la nulidad del contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria y no propiamente a la nulidad de la escritura que tendría como causales la incompetencia del notario o la inobservancia de las formas legales para la realización de la escritura, que no es el caso. Ahora bien, aún a pesar de que la demanda se dirigiera en el segundo caso, a la nulidad del contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, al devenir esta nulidad del primer contrato de mandato igualmente, se encontraría entre las causales de anulación o anulabilidad, que como se ha señalado solo puede ser demanda por las partes que han intervenido en el contrato.
    4. En conclusión, aplicando el principio de eficacia establecido en la Constitución Política del Estado, el Notario de Fe Pública que faccionó la protocolización e inscripción primero del contrato de mandato y luego de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, no puede interponer una demanda de anulación o anulabilidad de contratos en los que no fue parte al tenor del art. 555 del Código Civil.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo en sujeción a los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento  Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025  (Ley del Órgano Judicial) y en aplicación de lo previsto en los  arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Mirael Villarroel Claros, impugnando el Auto de Vista Nº REG/SCII/AINT.165/06.09.13  de  fecha  6 de septiembre de 2013, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental  de Justicia de Cochabamba, sin costas.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo