TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                S A L A     C I V I L


Auto Supremo: 664/2013

Sucre, 26 de diciembre 2013

Expediente: Cbba-118-13-S

Partes: Rolando Mendoza García c/ Rolando Néstor Herrera Gutiérrez  y

             Elizabeth  Deysi Tambo Céspedes                                 

Proceso: Nulidad de reconocimiento de hija y de inscripción de partida

Distrito:   Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación de fs. 305  a  305 vta.,  interpuesto por  Rolando  Mendoza García, representado por María del Carmen Rojas Ortega  contra el Auto de Vista de fs. 298 a 299 pronunciado el  11 de octubre de 2013 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de nulidad de reconocimiento de hija y de Inscripción de Partida,  instaurado por el recurrente  contra  Rolando Néstor Herrera Gutiérrez y Elizabeth Deysi Tambo Céspedes,  la concesión del mismo mediante Auto de fs. 313 vlta. de  05 de noviembre de 2013, las respuestas de fs. 308 a 309 y vlta.  y la de fs. 312 a  313, los antecedentes procesales analizados para Resolución y:

CONSIDERANDO I.-

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que tramitada la demanda ordinaria de referencia, el  25 de enero de 2013,  el Juez Segundo de Partido de Familia de la Capital, pronunció la Sentencia de primera instancia, conforme consta de fs. 260 a 269 de obrados, declarando probada la demanda de nulidad de reconocimiento de  hija y de inscripción de nacimiento e improbada la excepción de prescripción formulada por los demandados, declarando la nulidad de reconocimiento  de fecha 08 de julio de 2001, realizada por los demandados en la Localidad de Villa Tunari, ante el Oficial de Registro Civil Oscar Paz Peralta  Nº 1022, ordenando la  cancelación  de la Partida de Nacimiento  de E.Y.H.T., dejando subsistente la primera partida de nacimiento.

Deducida la Apelación por los  demandados, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 11 de octubre de 2013, cursante de fs. 298 a 299, anuló la Sentencia apelada,  porque no se amplió la demanda en contra de la menor  E.Y.H.T. como sujeto pasivo principal.

Esta decisión, motivó que el demandante interponga el presente recurso de casación en el fondo  que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Señala el recurrente, que plantea recurso de casación por error en las apreciaciones y no considerar que el aspecto observado, (ampliación de la demanda en contra de la menor  E.Y.H.T.) fue subsanado en la primera instancia, resultando ser inexistente el error observado, porque nunca se ha vulnerado los derechos de la niña y menos coartado su  defensa por incumplimiento  de normas procesales.

Recurso que carece de petitorio.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El art. 252 del Código de Procedimiento Civil, señala: "(Nulidad de oficio).- El Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público...", articulo que obliga a los Tribunales de Casación realizar una revisión exhaustiva del proceso con la finalidad de verificar si en las diferentes instancias del mismo, los operadores judiciales hubieran realizado sus actos dentro del marco de la competencia que se encuentra revestida por el orden público.

De la revisión de antecedentes que informan el proceso, verificamos que la acción  incoada por el actor y ahora recurrente, está relacionada con la nulidad de reconocimiento de hija y de inscripción de nacimiento, que hubieran  realizado los demandados Elizabeth Deysi Tambo Céspedes y Rolando Mendoza García, respecto de la menor E.Y.H.T., cuando la misma ya estaba reconocida anteriormente por  su padre biológico, hoy demandante.

Demanda que mereció la Sentencia de fs. 260 a 269, que apelada por los demandados, fue anulada por el Tribunal de Alzada, bajo el argumento de que la demanda habría sido dirigida solamente en contra de los padres de la menor y no así en contra de  E.Y.H.T. como sujeto pasivo principal de la presente acción, omisión que significaría  grave atentado contra el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica que se encuentran protegidas por la Constitución Política del Estado en sus  arts. 59 parágrafo IV y 60 y art. 5 del Código de Familia, citando el Auto Supremo  Nº 82 de 11 de abril de 2005, señalando asimismo que la A quo, al no haber dispuesto la ampliación de la demanda en contra de la menor  E.Y.H.T., habría permitido que el proceso se tramite con vicio de nulidad descuidando el deber y obligación que le imponen los arts. 3 num. 1) y 87 del Código de Procedimiento Civil.

En ese marco y, revisados los antecedentes de obrados, de fs. 96 a 97 y vlta. sale memorial de fecha 20 de abril de 2011, por el cual se amplía la demanda incoada  por el actor en contra de la menor E.Y.H.T,  en cuyo mérito el Aquo emitió el Auto de fs. 99 de 26 de abril de 2011 por el que se admite la misma corriéndose traslado a los demandados, designándose a la madre de la menor como tutora ad-litem a los efectos de su representación legal en el presente proceso, Auto en el que se toman otras medidas complementarias como la notificación al SEDEGES para que realice  un Informe psicosocial de la menor, siguiendo posteriormente su curso normal el proceso hasta la dictación de la Sentencia anulada.

De lo anterior, se infiere que el Ad quem a tiempo de emitir Resolución, no ha tenido el debido cuidado en la revisión del proceso, error que le ha llevado a emitir una Resolución anulatoria  indebida, en conculcación de los principios procesales constitucionales de celeridad, eficacia, eficiencia, inmediatez, verdad material y debido proceso que rigen la jurisdicción ordinaria y se encuentran regulados en el art. 180 parágrafo I de la referida norma constitucional, replicados  en el art. 30 de la ley del Órgano Judicial, inobservancia que debe ser sancionada con la nulidad de la Resolución emitida, máxime cuando está de por medio una menor cuyos derechos y garantías son de preferente atención por cualesquier autoridad, jurisdiccional o administrativa conforme previenen la Constitución Política del Estado, el Código Niño, Niña Y Adolescente en sus arts. 5º, 6º,7º y 8º entre otros;  el art. 19 de la  Convención Americana de Derechos Humanos, de manera especial la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, normas que disponen que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la aplicación de  las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia,  la sociedad y del Estado en resguardo de su interés superior, concluyendo que la Resolución emitida por el ad quem, resulta indebida, debiendo en consecuencia este Tribunal fallar conforme dispone el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

Para concluir se debe señalar que el Ad quem al anular la Sentencia no solo que  no ha realizado la revisión de los antecedentes del proceso anulando indebidamente la Sentencia, sino que ha omitido dar respuesta al recurso de Apelación, conforme los fundamentos expuestos en el mismo, en consecuencia existiendo violación al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, corresponde fallar en aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por  el art. 252  del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista  de fs. 298 a 299 pronunciado el 11 de octubre de 2013 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y se dispone que el Ad quem pronuncie nueva  Resolución conforme los datos del proceso y el recurso de Apelación planteado, sin espera de turno y previo sorteo.

No siendo excusable el error, se impone multa con el descuento de un día de haber a los señores Vocales suscribientes del Auto de Vista recurrido, para tal efecto notifíquese con la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y d evuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo