TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 658/2013

Sucre: 20 de diciembre 2013

Expediente: PT 47 13 - S

Partes: María Luz Gonzales Flores Vda. de Martínez  c/ David Villafuerte Porco

            y personas naturales y jurídicas desconocidas

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria    

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 323 a 324 y vlta. interpuesto por María Luz Gonzales Flores Vda. de Martínez, contra el Auto de Vista Nº 173/2013 de 07 de octubre de 2013 cursante de fs. 317 a 320 y vlta. pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria seguido por la recurrente contra David Villafuerte Porco y contra personas naturales y jurídicas desconocidas; la respuesta al recurso de fs. 327 a 328 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 328  vlta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Séptimo de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de Cotagaita de la Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, mediante Sentencia Nº 001/2013 de 04 de enero de 2013 cursante de fs. 256 a 264, declaró probada en todas sus partes la demanda de fs. 28 a 39, disponiendo a la demandante propietaria por usucapión del bien inmueble de 754,44 mts2. que fue objeto de litis, y que en ejecución de Sentencia se extienda la minuta de transferencia judicial para su protocolización y su posterior registro en Derechos Reales; por otra parte declaró improbada la demanda reconvencional de reivindicación de parte del inmueble formulada por David Villafuerte Porco y Beatriz Ortega de Villafuerte.  

En Apelación la Sentencia Nº 001/2013 interpuesto por David Villafuerte Porco y Beatriz Ortega de Villafuerte, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Auto de Vista Nº 173/2013 de 07 de octubre de 2013 cursante de fs. 317 a 320 y vlta, revocó totalmente la Sentencia apelada y al mismo tiempo anuló obrados hasta fs. 30 inclusive (admisión de la demanda), disponiendo que el Juez A quo conceda a la parte demandante un plazo prudencial para que subsane su demanda y de cumplimiento al art. 327 del Código Procedimiento Civil y señale con documentación legal el derecho propietario del inmueble motivo de la litis y presente el certificado del Registro de Derechos Reales que acredite el nombre del propietario anterior o tradición registral; en contra de esta Resolución de segunda instancia, la demandante María Luz Gonzales Flores, recurre de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Del contenido del recurso de casación, se resume lo siguiente:

La recurrente indica que la determinación dispuesta en el Auto de Vista recurrido, es consecuencia de una manifiesta confusión en cuanto a la naturaleza y/o clase de usucapión que se demanda, además de ser una determinación totalmente alejada de los puntos apelados, confusión que derivó en la aplicación indebida del art. 134 y violación del art. 138 del Código Civil.

Indica que en el Primer Considerando en sus inc. a), b) y c) el Tribunal de Apelación hace consideraciones y menciona  jurisprudencia para la usucapión quinquenal u ordinaria, confusión que se mantiene a lo largo de todo el Auto recurrido y con mayor claridad en el numeral 3.- inc. a) del mismo Considerando.

Refiere que el Tribunal exige como requisito obligatorio para la admisibilidad de una acción de usucapión acompañar la tradición registral del inmueble que se pretende usucapir, afirmación que según la recurrente contradice la jurisprudencia ordinaria, ya que la usucapión extraordinaria se encuentra exenta de todo requisito, excepto la acreditación de la posesión continuada con ánimo de dueño por el tiempo que indica la ley, sin importar que el inmueble se encuentre registrado o no en Derechos Reales.

Por otra parte, indica que los hechos y/o fundamentos en los cuales se basó el Tribunal de Apelación para anular obrados, no fueron resueltos en sentencia, tampoco fueron objeto de apelación y fundamentación, por lo que el Auto de Vista recurrido no guarda relación con los puntos objeto de apelación, omitiendo por completo pronunciarse sobre cada uno de los puntos apelados, acusando la violación del art. 236 del Código de  Procedimiento Civil  y 17 parágrafos I),II) y III) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.

En base a esos argumentos, solicita que se CASE el Auto de Vista recurrido y se confirme íntegramente la Sentencia de primera instancia.    

CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Se ha establecido en reiterados Autos Supremos que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Tribunal de Casación revise y reforme o anule las Resoluciones expedidas en Apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La Ex Corte Suprema de Justicia como el actual Tribunal Supremo de Justicia, han establecido de manera uniforme señalando, que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, el mismo que puede ser planteado en la forma, en el fondo o en ambos casos a la vez, conforme está establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil; cuando el recurso se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, denominado en doctrina error “in procedendo”, su finalidad es la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas expresamente con nulidad por la ley; en tanto que el recurso de casación en el fondo o “error in judicando”, procede por errores de fondo en la Resolución del litigio y está destinado a que el Tribunal de Casación revise el fondo de la Resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva sobre el fondo de la controversia en base a la correcta compulsa de la prueba y la aplicación o interpretación de la ley; sin embargo por razones de orden lógico, no es posible interponer recurso de casación en el fondo contra una Resolución anulatoria por cuanto el Juez o Tribunal que emite este tipo de Resolución anulatoria lo hizo por aspectos formales o de procedimiento sin ingresar a considerar el aspecto sustancial o fondo del asunto.  

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación extraordinarios distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes que no pueden ser confundidas, y en ambos casos, los hechos denunciados deben circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 del Adjetivo Civil respectivamente y cumplir con el mandato del art. 258 num. 2) del mismo cuerpo legal.

En el caso que se analiza, la recurrente al interponer recurso de casación en el fondo contra una Resolución de Alzada anulatoria pretendiendo que éste Tribunal emita pronunciamiento de fondo sobre el litigio, no comprendió la naturaleza del fallo y equivocó el medio de impugnación deducido, toda vez que como se tiene indicado, contra una Resolución que anula obrados no es posible interponer recurso de casación en el fondo, correspondiendo contra esa Resolución únicamente recurso de casación en la  forma, destinado a que el Tribunal de Casación revise si los motivos que dieron lugar a la nulidad dispuesta son o no correctos; en el caso de Autos tanto la pretensión recursiva como el petitiun está orientado a que se CASE el Auto de Vista recurrido y se confirme íntegramente la Sentencia apelada, situación que este Tribunal Supremo no puede emitir pronunciamiento en el sentido como lo solicita la recurrente, deviniendo en improcedente el recurso de casación interpuesto en el fondo por las razones ampliamente expuestas.

Sin embargo, a manera de orientación corresponde indicar que la anulación de obrados dispuesta por el Ad quem, por una parte fue para que se dé cumplimiento al art. 327 del Código de  Procedimiento  Civil y por otra, se presente el certificado de Derechos Reales que acredite quién es la persona propietaria del inmueble objeto de litis, siendo necesario este requisito para dirigir la demanda de usucapión contra el verdadero titular del inmueble que se pretende usucapir para efectos de establecer la calidad de sujeto pasivo de la acción, toda vez que en caso de ser declarada probada la demanda generaría la extinción del derecho propietario para el titular del inmueble, razón por la cual es necesario conocer quién es el titular registral del inmueble y dirigir la demanda contra esa persona para que asuma su defensa, de lo contrario se llegaría a vulnerar derechos  dejando en estado de indefensión aspecto que la ley castiga con la nulidad. En caso de no ser posible identificar al titular registral del inmueble, se debe agotar su averiguación a nivel de otras instancias como ser en la respectiva Alcaldía Municipal quien también debe emitir certificación a través de su área técnica a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble; en todo caso es requisito indispensable contar con la certificación de Derechos Reales ya sea en sentido positivo o negativo, aspecto que coadyuva en gran medida al Juzgador a no incurrir en errores y emitir una Sentencia justa y equitativa; en ese sentido se tiene modulada y establecida la línea jurisprudencial ordinaria desarrollada a través de diferentes Autos Supremos.

Ahora, si la recurrente considera que ya tiene la calidad de propietaria sobre el inmueble en cuestión y solo falta regularizar su derecho propietario como menciona en su demanda, tiene la opción de acogerse a lo dispuesto en el art. 26 del D.S. 27957 del 24 de diciembre del 2004 o en su caso ver la pertinencia de acogerse a la Ley Nº 247 del 05 de junio del 2012 de Regularización del Derecho Propietario Urbano; debiendo en todo caso darse participación procesal poniendo en conocimiento de la existencia de la demanda de usucapión al Representante Legal del Servicio Departamental de Caminos dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, para que asuma defensa de los intereses del Estado si así ve por conveniente, toda vez que por la literal de fs. 25-27 presentada por la propia actora y reiterada en el curso del proceso, se evidencia que la nombrada Institución Caminera fue una de las primeras que suscitó oposición en un anterior proceso interdicto de adquirir la posesión, manifestando tener derecho propietario debidamente registrado en Derechos  Reales con respecto al inmueble objeto de usucapión.

Finalmente, el Tribunal Ad quem por una parte debe proceder a revisar las citas que realiza en calidad de jurisprudencia del número y contenido de los Autos Supremos, sobre todo del número del A.S. 162, y por otra parte, debe diferenciar de manera clara las citas legales que realiza con respecto a la usucapión quinquenal u ordinaria con relación a la usucapión decenal o extraordinaria, toda vez que se ha podido advertir en el presente proceso como en otros similares, las mismas deficiencias o falencias en los datos que se indican.       

Por todo lo anteriormente señalado y con las aclaraciones que anteceden, corresponde resolver en la forma prevista por el art. 271 num. 1) con relación al art. 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 núm. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por María Luz Gonzales Flores Vda. de Martínez, contra el Auto de Vista Nº 173/2013 de 07 de octubre de 2013 cursante de fs. 317 a 320 y vlta. pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Sin costas al haber sido contestado el recurso fuera del plazo. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo