TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

              S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 648/2013

Sucre: 11 de diciembre 2013

Expediente: LP-103-13-S

Partes: Banco Ganadero S.A. c/ Policía Boliviana

Proceso: Mejor derecho propietario

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 370 a 375 interpuesto por Gustavo Alberto García Ugarte,  Dieter Hugo Haenke Villegas e Ingrid Laura Vaca Arauz en representación del Banco Ganadero S.A., contra el Auto de Vista Nº 220/2013 de 28 de mayo de 2013, cursante de fs. 351 a 352 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de mejor derecho propietario seguido por Banco Ganadero S.A. contra Policía Boliviana, la concesión de fs. 386, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz dicta  Sentencia Nº 232/2012 de 22 de octubre de 2012, cursante de fs. 307 a 311 de obrados, declarando improbada la demanda  de fs. 84 a 86 sobre mejor derecho propietario, reivindicación y pago de daños y perjuicios.

Resolución de fondo que es Apelada por la parte actora,  por escrito de fs. 331 a 335, y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 220/2013 de 28 de mayo de 2013, cursante de fs. 351 a 352 de obrados, que confirma la Sentencia apelada;  Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por los demandantes que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

El recurrente señala que en el art. 1545 del Código Civil es una la disposición legal inaplicable en el caso, que existe un inmueble con doble titulación, al respecto argumenta que  el derecho propietario de demandante es desconocido por el demandado quien alega tener derecho propietario totalmente distinto al del demandante y que de ninguna manera supone la transferencia efectuada por un mismo propietario, por lo que el fallo no se puede confirmar comparando fechas.

Acusa errada apreciación de la prueba en relación al peritaje técnico cursante a fs. 125-126, porque no existe consideración legal ni jurídica que permita  125 a 126, por que no existe  consideración legal, ni  jurídica  que permita evidenciar la razón por la que dicho documento creo convicción de que el demandante no es mejor propietario. Agrega que el peritaje no es prueba del mejor derecho de propiedad de la Policía Nacional siendo la referencia efectuada por el Ad quem inútil e irreverente.

A continuación el recurrente señala que habiéndose omitido la consideración de todos los agravios formulados reitera estos y considere esos extremos, por lo que transcribe textos de su Apelación referidos a los antecedentes, valoración de pruebas no presentadas a tiempo de contestación y reconvención de la demanda, valoración de pruebas documentales impertinentemente ofrecida en tal calidad y cuyo ofrecimiento no fue admitido y fallo sin prueba alguna.

Finalmente indica que interpone recurso de casación en el fondo solicitando al tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista declarando probada su demanda sobre mejor derecho propietario y reivindicación.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Es primordial incidir que, la Sentencia al definir la contienda debe contener decisiones expresas, positivas y precisas, recaer sobre las cosas litigadas  en la manera que hubieren sido demandadas y en esa tarea  jurisdiccional no puede dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar derechos de los litigantes para otro proceso, por lo que debe fundar su Sentencia en los principios generales del Derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado, conforme establece el art. 193 del Código de Procedimiento Civil; en esa circunstancia el Juez, necesariamente, debe definir el conflicto sometido a su jurisdicción,  ya sea en aplicación de la ley o sujetándose a los principios generales del Derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado.

Una vez establecido aquello, conforme el recurso interpuesto, el recurrente señala que el art. 1545 del Código Civil es una norma inaplicable al presente caso, por ser ésta para propiedades que emanan del mismo dueño y no para propiedades de diferentes propietarios. En consecuencia, analizando lo denunciado se debe señalar que, el art. 1545 del Código Civil establece: “(PREFERENCIA ENTRE ADQUIRIENTES DE UN MISMO INMUEBLE) Si bien por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”, norma legal que establece la preferencia de adquirientes de un mismo inmueble bajo el presupuesto de prelación en el tiempo de registro, que concuerda con la publicidad que emerge del registro en Derechos Reales conforme señala el art. 1538 del mismo Sustantivo  Civil.

La solución que otorga la norma de referencia para establecer el mejor derecho propietario es confrontar los títulos de propiedad, verificar el antecedente dominial y la fecha del registro del inmueble para considerar el mejor derecho, o sea, para fundar el mejor derecho de propiedad se debe tener en cuenta que: a) la litis verse sobre el mismo bien inmueble, b) acreditar el antecedente dominial del actor y del demandado, estableciendo el origen común del derecho propietario y c) confrontar las fechas de registro de los títulos de propiedad.

La interpretación del art. 1545 del Código Civil debe ser en sentido amplio en lo referente al propietario de quien emana los títulos de propiedad del inmueble, por cuanto el autor no debe ser entendido como causante inmediato sino en establecer el origen del derecho propietario común, acudiendo al principio del tracto sucesivo, este criterio fue asumido por la extinta Corte Suprema de Justicia- adoptada por éste Tribunal Supremo- mediante el Auto Supremo Nº 46 de 9 de febrero de 2011 que señaló: “…frente a una demanda de mejor derecho propietario, es necesario, en principio acreditar que el derecho propietario del actor como del demandado emergen de un mismo vendedor o lo que es lo mismo tienen un mismo origen, conforme establece el artículo 1545 del Código. Pero, la interpretación de esa disposición no se limita a un sentido restringido, es decir a establecer que el causante del actor y del demandado sea la misma persona, por el contrario, en sentido amplio, dicha determinación orienta a establecer el origen del derecho propietario, vale decir establecer si los derechos contrastados tienen un mismo origen”.

Siguiendo con el análisis, resulta importante determinar el antecedente del dominio por cuanto es desde ahí de donde se establece los derechos, pues la cadena de transmisiones acreditará el derecho de sus antecesores otorgando legitimidad al título del contendiente.

Ahora bien, es posible que en este análisis del tracto sucesivo de ambos contendientes, no se arribe a un antecedente común, en cuyo caso la solución del mejor derecho de propiedad no pasa por establecer la prioridad de registro de uno u otro contendiente o de sus antecedentes, sino por determinar en base a otros criterios el mejor derecho de propiedad, para lo cual resulta indispensable también realizar un análisis del antecedente dominial del origen de los derechos de propiedad en contienda.

En la problemática planteada, se observa que el Banco Ganadero S.A. alegando derecho propietario de cuatro lotes de terreno, predios 1, 2, 3 y 4 del manzano 614 de la zona Alto Següencoma, registrados bajo el sistema computarizado 01496555, 01496554, 01496552, 01496551, todos en fecha 22 de junio de 1999, mediante adjudicación judicial del anterior propietario Franco S.R.L., demanda el mejor derecho propietario en contra de la Policía Nacional.

Conforme los términos de la demanda la institución bancaria reconoce el derecho propietario de la Policía Nacional, por ello la pretensión va dirigida en que se reconozca que su derecho de propiedad, sobre los lotes,  es mejor que el derecho propietario de la institución policial. En los antecedentes procesales desarrollados a lo largo del proceso no se encuentra que la parte actora aporte al proceso documentos que permitan identificar el origen dominial de su propiedad, limitándose sólo a conocer el inmediato causante del inmueble, conforme los títulos glosados con la demanda y mismo razonamiento vale a los documentos que esclarecen la propiedad de la Policía Nacional.

Bajo esa consideración el Juez de instancia y el Ad quem compulsaron el proceso verificando los antecedentes del registro y el causante inmediato de su derecho, y ante la ausencia del historial que permita aprehender el causante común de origen contando solo los elementos producidos en proceso-aplicaron el art. 1545 del  Sustantivo Civil, por no tener una solución más próxima a los fines de conocer el mejor derecho propietario sin que se conozca el antecedente de los causantes del bien inmueble; en tal sentido ante la limitación señalada ese baremo era el más adecuado por la ausencia de datos para establecer con exactitud mediante el tracto sucesivo los causantes anteriores a su derecho por lo que se justifica la aplicación del citado artículo.  Por otro lado,  es de incidir que la fecha de registro del título de la Policía Nacional data de fecha 10 de noviembre de 1960, conforme se tiene de fs. 121 a 124 y vlta., que deriva de una expropiación del ex Fundo Següencoma por mandato del D.S. 03107 de 3 de junio de 1952; los antecedentes glosados en el tenor del documento se establece que en el procedimiento expropiatorio seguido por la Prefectura del Departamento de La Paz se tiene comoúnico propietario a Carlos López Arce de los terrenos del ex fundo Següencoma, que luego paso a propiedad de la Policía Nacional; en mérito a ese antecedente histórico podemos señalar que los terrenos en cuestión desde 1960 pertenecían a la institución policial, y en ese marco toda forma de adquirir la propiedad posterior debía ser de ese propietario, en tal caso no se puede asumir la existencia de otro derecho que no haya derivado del ente policial, posterior a la fecha indicada, más aún cuando para esclarecer el mejor derecho de la propiedad el ente bancario no ha aportado los elementos suficientes para cumplir con el art. 1283 del Sustantivo Civil.

En relación a la errada apreciación de la prueba respecto al peritaje técnico cursante de fs. 125 a 126 porque no existe consideración legal,  ni jurídica que permita evidenciar la razón por la que dicho documento creó convicción de que el demandante no es mejor propietario. Se debe señalar que el Informe de Peritaje técnico citado establece que del análisis de los documentos del proceso la propiedad del Banco Ganadero S.A. se encuentra dentro la propiedad de la Policía Nacional, en el entendido que los títulos de propiedad presentados acreditan la identidad del mismo bien inmueble, o sea que el terreno es el mismo, mas dicho elemento probatorio no fue el decisivo para considerar el mejor derecho de propiedad, porque el fallo emanó de confrontar la fecha de registro de los títulos aportados en el proceso.

En relación a que el Ad quem no habría otorgado respuesta a todos  los agravios expuestos en Apelación; se debe señalar que tal denuncia es relativa a una incongruencia negativa en el Auto de Vista que constriñe infracción en la forma, mas no en el fondo de la controversia, por lo que siendo este recurso de casación en el fondo, diferente a la naturaleza de la denuncia, no se apertura la competencia para el tratamiento de lo alegado. Asimismo, se debe aclarar que la jurisdicción ordinaria se sustenta en el principio de verdad material conforme señala el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, que conforme a la jurisprudencia constitucional por éste principio “…no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la Constitución  Política del  Estado, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente”, (SCP Nº 1662/2012) principio que justifica la consideración de las literales de fs. 121 a 124 vlta. en las Resoluciones judiciales.

Por lo expuesto corresponde fallar a éste Tribunal de casación  de la forma establecida por los arts. 271num. 2) y 273 del Código Adjetivo Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 370 a 375 interpuesto por Gustavo Alberto García Ugarte,  Dieter Hugo Haenke Villegas e Ingrid Laura Vaca Arauz en representación del Banco Ganadero S.A., contra el Auto de Vista Nº 220/2013 de 28 de mayo de 2013, cursante de fs. 351 a 352 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con  costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo