TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 639/2013

Sucre: 11 de diciembre 2013

Expediente: PT-37-13-S

Partes: Hans Beimar Florero Solares y José Joaquín Florero Solares. c/José

Guido Florero Silva, Fanny Elena Florero Silva, Juan Carlos Florero

Silva y terceros interesados.


Proceso: Delación, Reconocimiento de Sujetos con Derecho a laLegitima

Sucesoria, Colación y División de Herencia.


Distrito: Potosí.

VISTOS:Los recursos de casación, el primero de forma interpuesto por Juan Carlos Florero Silva de fs. 1059 a 1064, el segundo en el fondo interpuesto por Florencia Solares Gutiérrez de fs. 1067 a 1070 vlta., ambos impugnando el Auto de Vista Nº 127/2013 de fecha 20 de julio 2013, pronunciado por la Sala Civily Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso de delación, reconocimiento de sujetos con derecho a la legitima sucesoria,  colación y división de herencia, seguido por Hans Beimar Florero Solares y José Joaquín Florero Solares contra José Guido Florero Silva, Fanny Elena Florero Silva, Juan Carlos Florero Silva y terceros interesados, la concesión de fs. 1087 vlta., los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial del Departamento de Potosí, emitió Sentencia de fecha 1 de febrero 2013, de fs. 976a 993, por la cual declaró Probada la demanda ordinaria de delación, reconocimiento de sujetos con derecho a legitima sucesoria, colación y división de herencia, reconociendo como sujetos con derecho a legítima sucesoria sobre los bienes relictos al fallecimiento de José Florero Ortuño a HANS BEIMAR FLORERO SOLARES (Fallecido), JOSE JOAQUIN FLORERO SOLARES, JOSE GUIDO FLORERO SILVA, FANNY ELENA FLORERO SILVA Y JUAN CARLOS FLORERO SILVA en su condición de hijos del de cujus como herederos legales forzosos; así mismo reconoció a FLORENCIA SOLARES GUTIERREZ como heredera forzosa que concurre a la sucesión con hijos en su calidad de concubina con reconocimiento judicial de unión libre; en los porcentajes convenidos por las partes en forma extrajudicial y convencional, y que para los hijos en forma individual se fijó en el 10 % del acervo hereditario y para la esposa en el 50% sobre los bienes que le corresponden, como estipula el Acuerdo de voluntades respecto a la asignación de cuotas partes para la división y partición de bienes correspondientes al acervo hereditario de José Florero Ortuño saliente de fs. 131 a 139 de fecha 16 de mayo de 2009, documento de transacción saliente de fs. 270 a 275 de obrados de fecha 9 de abril de 2010 y documento de transferencia de derechos y acciones sobre sucesión hereditaria de fecha 25de enero de 2012.

También dispuso haber lugar a la colación en la masa hereditaria de la suma recibida de $us. 10.000 por Juan Carlos Florero Silva de su padre José Florero Ortuño  en fecha 20 de mayo de 1994. Con lugar a la división de los bienes demandados, disponiendo el pago de deudas y detracciones, colación, estimación de bienes de la masa hereditaria; el Juez A quo ordenó la formación de porciones proporcionadas a las cuotas respectivas y herederos.  Asignación de porciones iguales que se hará por sorteo y en su caso por atribución.  DE no existir cómoda división, en su caso compensación o no estar dentro de lo permitido por ley, se procederá al remate de bienes, conforme a los porcentajes convenidos convencional y extrajudicialmente precitados.

Indicó que la cuota hereditaria de Florencia Solares Gutiérrez que ante el fallecimiento de Hans Beimar Florero Solares y la transferencia efectuada por Fanny Elena Florero Silva, asciende a un total general del 70% del acervo hereditario de José Florero Ortuño.

Por otro lado, declaró probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta a fs. 413 por Alfredo Edgar Ticona Linares y María Esther Florero de Ortuño a los que les reconoce judicialmente como propietario del bien inmueble sito en la calle Quijarro 122 de la ciudad de Potosí. Finalmente declaró improbada la demanda reconvencional de reivindicación, pago de daños y perjuicios deducidos de fs. 448 a 451 por José Guido Florero Silva, Fanny Elena Florero Silva y Juan Carlos Florero Silva.

Contra dicha Resolución Juan Carlos Florero Silva y Florencia Solares Gutiérrez Vda. de Florero, José Joaquín Florero Solares,interpusieron recurso de apelación, motivo por el cual, el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emitió Auto de Vistaconfirmando totalmente la sentencia dictada por el A quo.

Resolución que fue notificada a las partes y fue recurrida de casación por Juan Carlos Florero Silva y Florencia Solares Gutiérrez, los mismos que se analizan.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de casación de Juan Carlos Florero Silva:

Acusó la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista,para dicha argumentación, el recurrente, se apoyó en lo establecido por la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional, concluyendo que el Auto de Vista Nº 127/2013 no tiene motivación, y carece de una estructura de forma y de fondo, vulnerando, así, derechos y garantías constitucionales como el derecho de la minoridad, interrupción de la usucapión, edades de los demandados, indicando que estos eran menores de edad y no podían defenderse de una injusta acción ejercida por sus propios tíos lo cual interrumpió la prescripción de la usucapión.

Mencionaron que respecto a la usucapión el Tribunal de Alzada no motiva de fondo y de forma su resolución, tampoco expone por qué no existe vulneración de los Derechos y Garantías Constitucionales, particularmente el derecho a la minoridad, toda vez que el momento en el que se inició la presunta usucapión los codemandados herederos legales contaban con la edad de 1 año y el otro de 6 años, incapaces de asumir su derecho a la defensa, respecto al tema no existe fundamentación.

Por otro lado acusaron a la Sala Civil del Tribunal Departamental de Potosí de no haber resuelto los puntos apelados, los cuales serían el derecho a la minoridad, interrupción de la usucapión y errónea interpretación de la usucapión, agravio que no fue respondido en el Auto de Vista, vulnerando lo normado en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Por todas estas infracciones el recurrente terminó peticionando que se anule el Auto de Vista.   

Recurso de Casación en el fondo de Florencia Solares Gutiérrez:

En la primera parte indicó los fundamentos que hacen improcedente la usucapión, declarado por los Tribunales de instancia, exponiendo antecedentes del proceso y aspectos que se debió tomar en cuenta con referencia a la posesión de los demandantes de usucapión, en ese entendido pasó a fundamentar su recurso de casación en el fondo e indico lo siguiente:

Acusó la infracción y violación de lo normado en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el Tribunal Adquem no respondió los puntos concretos y contiene su recurso de apelación y no fueron parte de la Resolución de Alzada.

Por otro lado acusó la violación e interpretación errónea de los arts. 1283 y 1286 del Código Civil con relación al art. 397 del Adjetivo Civil, indicando que las pruebas presentadas en obrados el Juez al igual que el Tribunal de Alzada no advirtieron que únicamente prueban que los actores de usucapión adquirieron una línea telefónica y lograron la instalación de gas domiciliario en el inmueble objeto de la litis recién el año 2003 y 2004, ya que todas las facturas de energía eléctrica y agua fueron canceladas por José Florero o a su nombre por ser el legítimo propietario del inmueble. De la misma forma indicó que no se valoró la prueba literal de fs. 337 a 447 donde cursan las literales de descargo referidas al pago de impuestos por la propiedad inmueble a la H. Alcaldía Municipal desde el año de su adquisición hasta el año 1994 y de allí hasta el año 2011 de manera continua, incurriendo en error de hecho.

En otro punto acusó la violación de los arts. 1296 y núm. 2) del art. 1328 ambos del Código Civil, mencionando que se da un valor inusual a las declaraciones testificales, las cuales no son concluyentes para llevar al Juez la certeza de la posesión, no indican desde cuando los actores poseyeron el inmueble para el computo de la usucapión, por el contrario indican a fs. 659 que el propietario es José Florero Ortuño, además indican que las declaraciones testificales no pueden restar o contradecir el valor que consta en un instrumento público o privado conforme los dispone el art. 1328 núm. 2).

Continuando su recurso acusó la violación del numeral 2º del art. 253 del Código de Procedimiento Civil indicando que en reiterada jurisprudencia se estableció que es obligación del Juez o Tribunal en la toda causa fundamentar debidamente sus resoluciones de manera que respeten el principio de congruencia como garantía del debido proceso y al Auto de Vista carece de una total relación fáctica y jurídica respecto a la usucapión, impidiendo saber a ciencia cierta en que se funda y motiva para confirmar lo dispuesto en la sentencia, existen graves contradicciones que complican su entendimiento.

Por todo lo indicado terminó solicitando que se Case parcialmente el Auto de Vista en la parte que corresponde a la demanda de usucapión.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando planteado dos recursos de casación, el primero en la forma y el segundo en el fondo, primeramente el Tribunal Supremo de Justicia resolverá lo acusado en la forma, toda vez de ser evidente, derivaría el pronunciamiento en la nulidad de obrados, por dicho motivo no resultaría necesario entrar al recurso de casación de fondo que también fue planteado.

Recurso de Casación en la forma de Juan Carlos Florero Silva:

El recurrente acusa, en términos generales, la falta de motivación y fundamentación de la Resolución de Alzada y la no respuesta a todos los puntos de agravios acusados en apelación, por lo cual, señala el recurrente, la vulneración de la Constitución Política del Estado en su art. 180 parágrafo II, al igual que lo normado en los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

Para verificar si lo acusado en el recurso tiene sustento, debemos realizar las siguientes precisiones:

Nuestra economía procesal tiene como principio relevante el de impugnación, que garantiza la revisión del fallo en doble instancia, es decir el derecho de las partes de apelar ante el inmediato superior, de las resoluciones definitivas que diriman un conflicto y que presuntamente les causen agravio, conforme prevé el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y art. 3 núm. 14) de la Ley N° 025.

En el sistema recursivo, el de apelación tiene un papel preponderante porque es por excelencia el recurso que garantiza la doble instancia; en él se exponen los aparentes agravios que la Sentencia les causa, para que el Tribunal de Alzada revise las decisiones de primera instancia, sobre la base de los agravios expuestos, siendo estas las razones y fundamentos del apelante por el cual le parece injusto lo resuelto.

En tal caso, la respuesta a la apelación debe ser debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, cuestión preponderante porque solo de esa manera se garantiza el derecho de impugnación.

Es así que, abierta la competencia del Tribunal de apelación, éste debe dirimir la problemática planteada, exponiendo los argumentos y razones por el cual confirma la decisión del A quo, o en su caso, atendiendo el recurso, revocando total o parcialmente el contenido de la resolución impugnada;en ésta circunstancia, exponiendo también los argumentos y razones por la cual adopta esa decisión. En tal razón, el Tribunal de Alzada debe dar, una respuesta que alcance por sí misma, el entendimiento y satisfacción del apelante con referencia a la atención de sus agravios expuestos, obviamente la resolución de segunda instancia tiene que estar dentro un marco lógico y lógico- jurídico, al actuar de diferente manera u omitiendo los agravios expuestos en apelación conlleva una vulneración al debido proceso y a la garantía del principio de impugnación.

En este entendido la jurisprudencia desarrolló sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, es así que, el Auto Supremo Nro. 44/2010, entre otros, señala: "La motivación de las Resoluciones Judiciales entraña en el fondo una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas inferencias podrán ser de tipo enunciativo sujetos a los cánones de la lógica común y de tipo jurídico - sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular, circunstancias que encuentran su sustento legal en lo previsto por los artículos 190, 192 y 236 -entre otros- del Código de Procedimiento Civil."

En el caso concreto, el recurso de casación en la forma incide en la falta de motivación y fundamentación de la Resolución de Alzada y la no respuesta a todos los puntos de agravios acusados en apelación. De la lectura de la Resolución de Alzada que cursa de fs. 1053a1056 de obrados, ésta, en su único Considerando, pasa a desarrollar sobre la pertinencia de la resolución, la usucapión decenal o extraordinaria, la cual la subdivide en tres incisos a) sobre la posesión, b) los requisitos de la usucapión y c) sobre la prueba; en otro punto, vuelve a referirse sobre el recurso de apelación y finalmente en el punto sobre la “Sentencia impugnada de fs. 976 a 993” en sus incisos a) y b) realiza un sucinto resumen de los agravios expuestos por los apelantes y luego en cuatro puntos pasa a resolver la litis, con lo cual termina confirmando totalmente la sentencia dictada por el A quo.

De su lectura se aprecia además que, ésta no realiza un análisis de cada punto planteado en la apelación, es más para nada se refiere sobre la vulneración de derechos y garantías constitucionales, al derecho a la minoridad, interrupción de la usucapión y sobre todo, alo ampliamente desarrollado en el recurso de apelación de fs. 1000 a 1006, el cual es, la usucapión contra menores, agravios de fondo que merecían un pronunciamiento positivo o negativo de parte del Ad quem, el cual obviamente, debía estar fundamentado, al no haber cumplido con dicha labor, el Tribunal de Alzada vulneró el derecho de la parte apelante  a recibir una respuesta al petitorio efectuado, sea ésta afirmativa o negativa, aspecto que es corroborado por la SC 0962/2010-R cuya línea jurisprudencial respecto al derecho de petición puntualiza: "...debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas... el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa", criterio jurisprudencial que tiene íntima relación con lo dispuesto con la SC 0195/2010-R que determina sobre el derecho a la petición, que: "...no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también de negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada".

Por lo dicho y al evidenciarse que el Tribunal de Alzada no otorgó un pronunciamiento positivo o negativo a los puntos de agravio expuestos en el recurso de apelación,dañó el debido proceso en su componente de fundamentación y motivación de las resoluciones Judiciales, que según la Sentencia Constitucional N° 2023/2010-R, indica que: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgado..."; en este marco, el Tribunal Ad quem, ha vulnerado el elemento de motivación y fundamentación que debía contener el Auto de Vista en resguardo al debido proceso, al no otorgar una respuesta razonada y fundamentada respecto a los agravios que aparentemente sufrió el recurrente, con ello se afectó el debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, lo que obliga a tomar la extrema medida de anular obrados para que se dicte una nueva Resolución respetando el debido proceso que tienen las partes.

Por lo expuesto éste Tribunal de casación, atendiendo al reclamo del recurso de casación en la forma, emite Resolución conforme lo normado por el art. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, inhibiéndose de emitir criterio sobre elrecurso de casación de fondo, presentado por Florencia Solares Gutiérrez, debido a la nulidad procesal concurrente.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista cursante de fs. 1053 a 1056, de fecha 20 de julio de 2013, debiendo el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo, dictar nueva Resolución dentro el marco establecido por el art. 236 del Procedimiento Civil respecto a la apelación deducida.

No siendo excusable el error, se impone la multa de un día de haber a los miembros del Tribunal Ad quem, a descontarse por la Dirección General Administrativa y Financiera, a tal efecto notifíquese a la misma.

En aplicación del art. 17 parágrafo IV de la Ley N° 025 notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo