TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 635/2013

Sucre:11 de diciembre 2013                        

Expediente: CB-111-13-S

Partes:Carlos Jaime Mario Frías Galindo en representación de Benjamín

Eduardo Hinojosa Urquidi. c/Fernando Antezana Argote y Gladys Doris

Velásquez de Antezana.

Proceso: Cumplimiento de obligación.

Distrito:Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 444 a 447, interpuesto por Fernando Antezana Argote y Gladys Doris Velásquez de Antezana, impugnando el Auto de Vista de fecha 07 de agosto 2013, pronunciado por  la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Cumplimiento de Obligación, seguido por Carlos Jaime Mario Frías Galindo en representación de Benjamín Eduardo Hinojosa Urquidi contra Fernando Antezana Argote y Gladys Doris Velásquez de Antezana, la concesión de fs. 454, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, instaurada la causa por el actor, el Juez de Partido Segundo en lo Civil, emitió Sentencia de fecha 17 de marzo 2010, cursante de fs. 355 a 358 vlta. Donde declaró Probada la demanda principal e improbada la acción reconvencional y probadas las excepciones opuestas a la acción reconvencional.  En consecuencia dispuso que los demandados Fernando Antezana Argote y Gladys Doris Velásquez de Antezana cumplan su obligación de pago de deuda perseguida y paguen a favor del demandante Benjamín Eduardo Hinojosa Urquidi, la asuma adeudada de $us. 46.988,41.- (Cuarenta y seis mil novecientos ochenta y ocho 41/100 Dólares Americanos), más intereses legales al tercer día de su notificación legal bajo conminatoria de subasta y remate de bienes propios, embargados o por embargarse.

Dicha Sentencia fue apelada por los demandados; en virtud a la apelación, el Tribunal de Alzada pronunció Auto de Vista de fecha 07 de agosto 2013 por el cual confirmó laSentencia emitida por el Juez A quo.

Luego, los apelantes, interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el Fondo:

Luego de realizar una pequeña reseña de lo acontecido en la litis, en base al art. 253  núm. 1) del Código de Procedimiento Civil acusó que existió mala fe de los vendedores en virtud a los contradocumentos y los precios simulados, indicando que el documento privado de fecha 27 de agosto de 2002 (fs. 73 a 75) como la EscrituraPública Nº 2116/2004 de 30 de diciembre de 2004 constituyen CONTRADOCUMENTOS que implican una SIMULACIÓN RELATIVA con relación al precio de la venta que se pactó en las escrituras públicas Nos. 14/2003, 13/2003 y 12/2003 de 07 de enero del 2003, conforme lo norma el art. 543 II del Código Civil.

También acusó la violación y aplicación indebida de la ley con referencia a los contradocumentos y la simulación relativa de los mismos, conforme lo establece los arts. 543 II y 1292 I del Código Civil con relación al requisito de validez de los contradocumentos, indicando además que el Auto de Vista aplicó indebidamente los arts. 945 y 949 del Código Civil por que equiparó el documento privado de fecha 27 de agosto de 2002 y Escritura Pública Nº 2116/2004 como uno de Transacción con calidad de cosa juzgada, cuando se evidencia que son contradocumentos en los que se estableció una simulación relativa.

En la Forma:

En apoyo del art. 254 núm. 7) del Código de Procedimiento Civil acusó que en la cláusula segunda de la Escritura Pública Nº 2116/2004 se establece que la señora Silvia Patricia de Ghazarian es la propietario de los lotes B y D, siendo los señores Hinojosa propietarios del lote A y de una lectura cuidadosa se puede evidenciar que no participa de manera personal ni con apoderada la señora Silvia Patricia de Ghazarian por lo que se llega a entender que nunca cedió el monto de venta de la propiedad, es decir que el precio que se pretende ejecutar en la causa es una parte del actor y otra de la señora Silvia Patricia de Ghazarian, en ese entendido se debió incorporar a la causa a la mencionada señora para evitar se vulnere su derecho a la defensa consagrada en la Constitución Política del Estado.

Con lo que terminó peticionando que se Case el Auto de Vista impugnado ya sea en el fondo o en la forma, determinando en su caso la no existencia del monto de venta que se pretende cobrar y/o determinar la regularización del proceso para que la señora Silvia Patricia de Ghazarian pueda participar del mismo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De los antecedentes expuestos precedentemente y analizados los mismos, se tiene las siguientes consideraciones de orden legal:

De la revisión de la litis, se puede evidenciar que la apelación presentada  de fs. 361 a 367, se encuentra enmarcada a objetar como agravios la violación a derechos constitucionales y  la jurisprudencia constitucional vinculante que según, criterio del apelante, ahora recurrente, debió aplicarse en el presente caso; además acuso como agravios una serie de artículos del Código Civil como el art. 1279, 1280, 1281, 1318, 1320; de la misma manera acusó como agravios lo referente a los arts. 3, 4, 90, y 91 todos del Código de Procedimiento Civil. Al margen de dichas normas continuó argumentando en su apelación sobre el principio de buena fe, el derecho a la seguridad jurídica, y al debido proceso con lo que concluyó peticionando que se anule la sentencia apelada por “violar derechos constitucionales”. 

Todos estos argumentos sirvieron para que el Tribunal Ad quem en base a lo determinado por el art. 236 del Código Adjetivo Civil abra su competencia y resuelva la apelación presentada.En ese entendido, el Ad quem se circunscribió a los puntos resueltos por el inferior, que fueron objeto de apelación y fundamentación como agravios sufridos en la sentencia dictada por el Juez A quo; el Ad quem considerando cada uno de los agravios concluyó confirmando la sentencia apelada.

De lo expuesto precedentemente, se puede advertir que los recurrentes en ningún momento, argumentaron sobre la vulneración delos arts. 543 - II y 1292ambos del Código Civil,  mucho menos expusieron la teoría de “contradocumentos y simulación relativa”, como lo efectúan ahora en casación. Al no haber sido expuesto como agravio este aspecto, lógicamente no fue considerado por el Tribunal de Alzada, quien se encontraba limitado a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Al no haber sido argumentado como agravio la infracción de los arts. 543 - II y 1292 del Código Civil y la teoría de “contradocumentos y simulación relativa”, en su recurso de apelación, la parte recurrente mal ahora puede pretender que se considere dicho motivo, no es posible considerar dicho agravio, en virtud de lo dispuesto por el principio del "per saltum", (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes, debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia.

Finalmente respecto a la incorporación a la litis de la señora Silvia Patricia de Ghazarian, se tiene primero que el art. 258 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil establece que: “En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores…”, disposición totalmente clara respecto ala nulidad pretendida por los recurrentes, la cual, además resulta totalmente intrascendente, toda vez que estamos frente a una demanda de cumplimiento de obligación de una deuda asumida por los demandados con el actor, donde se dispuso el pago de la misma, la cual no afecta derechos que pudiese tener la indicada señora y en todo caso cuenta con la vía legal correspondiente para hacer valer sus derechos.

Por todo lo expuesto y conforme a los antecedentes ocurridos en la litis y expuesto en la presente Resolución, concluiremos indicando que no se abre la competencia de éste Tribunal Supremo de Justicia, correspondiendo por ello, fallar en la forma prevista por el art. 271 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm.  1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 núm. 1), del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de forma y en el fondo de fs. 444 a 447, interpuesto por Fernando Antezana Argote y Gladys Doris Velásquez de Antezana, impugnando el Auto de Vista de fecha 07 de agosto 2013,  pronunciado por  la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula el Honorario profesional en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo