TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

        S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 630/2013.

Sucre: 11 de diciembre 2013.         

Expediente:         PT-43-13-S

Partes: Laura Patzy Mendoza Velásquez  c/ Carlos Fernando Heredia Mendivil

Proceso: Ordinario de divorcio.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación  en el fondo cursante de fs. 417 a 425 y vlta., interpuesto por  Carlos Heredia contra el Auto de Vista Nº 112/2013, cursante de fs. 412 a 415, pronunciado el 12 de septiembre de 2013 por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí en el proceso ordinario de divorcio seguido por Laura Patzy Mendoza Velásquez contra el recurrente; la concesión sin respuesta de fs. 428 vlta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez de Partido Primero de Familia de la ciudad de Potosí, el 28 de junio de 2013 pronunció la Sentencia Nº 40/2013 cursante de fs. 385 a 389,  declarando improbada la demanda principal  de fs. 9 a 12 y probada la demanda reconvencional de fs. 33 a 39 por las causales previstas por los incisos 1) y 4) del art. 130 del Código de Familia. Como consecuencia de ello declaró disuelto el vínculo conyugal, ordenando que en ejecución de Sentencia se proceda a la cancelación de la Partida Nº 28 de la Oficialía Nº 2587 de 16 de enero de 2010 de la ciudad de Potosí. Igualmente ordenó el cese de la asistencia familiar dispuesta a favor de la actora y la división de bienes gananciales en ejecución de Sentencia. Sin costas por tratarse de juicio doble.

Contra esa Sentencia de primera instancia la demandante principal Laura Patzy Mendoza Velásquez interpuso recurso de Apelación cursante de fs. 393 a 396 y vlta., en cuyo mérito la Sala Familiar de Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí 12 de septiembre de 2013 emitió el Auto de Vista  Nº 112/2013 cursante de fs. 412 a 415, anulando la Sentencia Apelada, ordenando que el Juez de la causa  pronuncie nueva sentencia prescindiendo de las pruebas ofrecidas, recibidas y producidas fuera del plazo  probatorio fijado en el Auto de Relación Procesal.

Resolución de alzada recurrida en casación en el fondo por el demandado y reconventor Carlos Heredia.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La parte recurrente manifestó que dentro el término probatorio ambas partes solicitaron la producción de sus pruebas propuestas, en cuyo mérito por decreto de 12 de marzo de 2013 se fijó una primera audiencia para la producción de su prueba para el 28 de marzo de 2013, la cual no pudo llevarse a cabo por haberse decretado horario continuo, lo que motivó su  reprogramación para el 12 de abril de 2013,  en atención no solo al  informe de la Secretaria sino a su expresa solicitud, y si bien el plazo probatorio de cincuenta días formalmente concluyó el 5 de abril de 2013, la producción de su prueba el 12 de abril se realizó dentro de los parámetros legales cuando aún no fue clausurado el término probatorio. Respecto a la prueba ofrecida por la parte actora, refirió que la Juez de la causa señaló audiencia de producción para el 10 de abril de 2013, no habiendo concurrido en esa oportunidad la parte demandante, quien solicitó nueva audiencia fuera del plazo probatorio lo que determinó su rechazo. En base a esos antecedentes el recurrente sostiene que la situación de ambos litigantes no es la misma en virtud a que la audiencia inicialmente fijada para la producción de su prueba se suspendió por un motivo no atribuible a su persona y que la solicitud de nueva audiencia se realizó cuando aún estaba vigente el término probatorio, por lo que la demora en el señalamiento de la audiencia no podría considerarse en su contra como infirieron los de Alzada, en tanto que respecto a la actora principal, la audiencia de producción de prueba no se llevó a cabo por su inasistencia y la solicitud de nueva audiencia se presentó fuera del plazo probatorio. Por las razones expuestas considera que el Tribunal de Alzada vulneró el principio de igualdad jurídica consagrado en el art. 30 inc. 13) de la Ley del Órgano Judicial y 3 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, al pretender que al no haberse dado lugar a la solicitud de la parte actora como consecuencia se le prive al ahora recurrente de la consideración y valoración de su prueba presentada oportunamente.

Manifestó que el Tribunal de Alzada al disponer la emisión de una Sentencia en la que se prescinda de la prueba producida después del 5 de abril de 2013, no tomó en cuenta que toda su prueba fue producida con posterioridad a esa fecha, aspecto que considera lesivo a sus intereses al igual que contrario al debido proceso, a la seguridad jurídica, la imparcialidad y equidad, más aún si se tiene en cuenta  que la producción de su prueba en  la fecha fijada por la Juez de la causa no responde a un actuar negligente de su persona ni le es atribuible.

Por las razones expuestas en previsión de los arts. 250, 253 num. 1), 255 num. 1) y 5), 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil interpuso recurso de casación en el fondo por violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, manifestado al respecto que el disponer la emisión de una nueva Sentencia en base a una etapa probatoria incompleta repercutiría en el fondo mismo de la demanda.

Acusó que el Auto de Vista recurrido vulneró el debido proceso consagrado por la Constitución Política del Estado en su art. 115, al disponer que la prueba, cuya producción fue solicitada oportunamente, no sea considerada, ni valorada so pretexto de haber vencido el término probatorio, ello en un afán de igualdad que paradójicamente pretende cubrir la negligencia de la parte contraria, con lo que se vulneraría además la garantía de igualdad reconocida por el art. 119 de la Constitución Política del Estado. Sobre dicha alegación el recurrente sostiene que el Tribunal Ad quem debió confirmar la Sentencia Apelada, pretendiendo en consecuencia que éste Tribunal Case el Auto de Vista recurrido y confirme la Sentencia de primera instancia.

Por otro lado acusó la vulneración del debido proceso y la errónea interpretación del art. 378 del Código de Procedimiento Civil, al respecto manifestó que la facultad prevista por el citado art. Es de carácter facultativo y no imperativo, señala también que el Tribunal de Alzada simplemente se refirió a la posibilidad de que la Juez A quo pudo utilizar dicha facultad sin expresar en términos concretos la justificación de esa determinación, sin considerar que la prueba ofrecida por la parte actora no fue producida por inasistencia de ésta a la audiencia señalada, lo que evidencia la vulneración al debido proceso por parte del Tribunal Ad quem quien pretende que la Juzgadora supla la deficiencia y negligencia de la parte. En mérito a esos argumentos pretende que el Tribunal Supremo case el Auto de Vista y confirme la Sentencia Apelada.

Igualmente acusó la indebida nulidad de la Sentencia, en ese sentido refirió que  la nulidad de obrados responde al principio de especificidad en virtud al cual ningún trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por ley, en ese contexto concluye señalando que no existiría ningún motivo que funde la nulidad dispuesta por el Tribunal de Alzada que supone la anulación de prueba producida en el proceso.

Finalmente señaló que toda nulidad debe ser consecuencia de un daño que produzca indefensión a las partes, extrañando en el caso concreto la indefensión que pudo ocasionarse a las partes.

Por lo expuesto solicitó se case el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo el recurrente interpuesto recurso de casación en el fondo contra una Resolución de Alzada anulatoria de obrados, solicitando además se emita Auto Supremo Casando el Auto de Vista recurrido y confirmando la Sentencia de primera instancia,  resultaría lógico declarar ab initio  la improcedencia del recurso toda vez que el recurrente no comprendió la diferencia que existe entre el recurso de casación en la forma y en el  fondo, ni tomó en cuenta que contra una Resolución anulatoria de obrados no es procedente el recurso de casación en el fondo sino el de forma, porque ese resulta el medio idóneo para impugnar un Auto de Vista anulatorio de obrados que se considera equivocado, en virtud a que dicho pronunciamiento se funda, como es lógico, en la existencia de un aparente error in procedendo y, para que éste Tribunal de Casación analice si el error de procedimiento tenido en cuenta por el Tribunal de Alzada resulta evidente y si sobre el mismo resulta pertinente o no la determinación de anular obrados, el recurso que debe intentarse es el de nulidad o de forma y no el de fondo que está destinado a la consideración de la norma sustantiva y no al análisis de las normas de procedimiento que son las que deben considerarse a tiempo de analizar un Auto de Vista anulatorio de obrados.

No obstante el error advertido, corresponde señalar que la argumentación del recurso de casación que se analiza está orientada en su integridad a cuestionar el pronunciamiento de Alzada por considerar que la decisión de anular la Sentencia de primera instancia y disponer que se emita nuevo fallo sin tener en cuenta la prueba producida fuera del periodo probatorio formalmente establecido, resultaría contraria al debido proceso y a los principios constitucionales que orientan a la jurisdicción ordinaria, por lo que es posible concluir que, al margen de la errada interposición del recurso en el fondo, la intención del recurrente está orientada a la determinación de legalidad de la nulidad dispuesta por el Ad quem, en cuyo mérito éste Tribunal considera pertinente ingresar a su consideración, teniendo en cuenta además  que de la revisión de antecedentes del proceso resulta manifiesta la infracción del debido proceso.

En ese contexto conviene señalar que el Tribunal de Alzada anuló la Sentencia por considerar que la Juez A quo recibió prueba fuera del plazo probatorio y sustentó el fallo de primera instancia en dicha prueba sin apreciar que la ley no puede otorgar  ningún valor a la prueba recibida fuera de ese término.

Establecido lo anterior conviene referir que por Auto de 4 de febrero de 2013 (fs. 132 vlta.) la Juez de la causa estableció la relación procesal, calificó el proceso como ordinario de hecho, aperturó un período probatorio de 50 días comunes para las partes y fijó los puntos de hecho a probar  para cada una de ellas. Con dicha providencia ambas partes fueron notificadas el 14 de febrero de 2013 (fs. 135), consiguientemente el término probatorio dispuesto comenzó a correr desde el 15 de febrero del 2013 y fenecía el 5 de abril de 2013.

Tanto la parte actora como la demandada y reconventora propusieron sus medios probatorios dentro los cinco primeros días del período de prueba conforme determina el art. 379 del Código de Procedimiento Civil, habiendo solicitado dentro de la vigencia del referido plazo la producción de la prueba ofrecida, en cuyo mérito la Juez de la causa señaló audiencia de recepción de prueba testifical de descargo para el 28 de marzo de 2013  (fs. 341 vlta.) y para la testifical de cargo para el 10 de abril de 2013 ( fs. 44). Adviértase que el señalamiento de audiencia para la parte reconventora se encuentra fijado dentro el plazo probatorio y para la parte actora principal dicho señalamiento está fuera de ese término, lo que si bien conlleva  un alejamiento de las formas procesales, empero no supone  ser  una infracción del debido proceso, porque debe tenerse en cuenta que el debido proceso no pretende elevar a grado de ritualismo la observancia de las formas procesales, sino un equilibrado y justo desarrollo del proceso.

Siguiendo el criterio del Tribunal de Alzada en sentido de que no es posible valorar,  ni apreciar la prueba producida fuera del plazo probatorio, deberíamos concluir que la prueba testifical que hubiese producido la parte actora en fecha 10 de abril de 2013, vale decir cinco días de haber fenecido el mismo, no hubiera podido ser considerada por la Juez a tiempo de dictar Sentencia, lo que  supondría una seria lesión al derecho a la defensa en su componente al derecho a producir prueba.

Las razones que llevaron a la Juez de primera instancia a programar la audiencia de producción de prueba testifical de cargo fuera del período probatorio no son del caso analizar, pero en todo caso dicho señalamiento no puede ser entendido en perjuicio de las partes a quienes,  como se precisó anteriormente, tal determinación no les puede afectar en su derecho a la defensa.

Ahora bien, la audiencia de prueba testifical de descargo fijada para el 28 de marzo de 2013 no pudo verificarse porque el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí para esa oportunidad fijó horario continuo, conforme acredita la representación cursante a fs. 346, en virtud a ello la Juez A quo por decreto de 2 de abril de 2013 señaló nueva audiencia para el 12 de abril de 2013 Fs. 346 vlta.), señalamiento que ciertamente se encuentra fijado para una fecha en la que el periodo probatorio se encontraba fenecido, empero, dicha determinación no le es imputable a la parte, quien en principio solicitó se fije audiencia para la producción de su prueba dentro la vigencia formal del periodo probatorio y luego se vio impedido de producir la misma por razones ajenas a su voluntad en consideración a un horario continuo determinado por el Tribunal Departamental, lo que determinó la reprogramación de la audiencia, oportunidad en la que produjo la declaración de sus testigos, prueba que luego fue valorada por la Juez a tiempo de dictar Sentencia. Consiguientemente el Tribunal de Alzada al haber concluido que la producción de las testificales de descargo se realizaron de manera ilegal fuera del periodo probatorio razón por la que, en aplicación de los arts. 377 y 397 del Código de Procedimiento Civil, no debió ser valorada por la Juez A quo, interpretó de manera limitativa las disposiciones legales citadas y no tomó en cuenta, ni ponderó los principios rectores de la jurisdicción ordinaria,  contemplados en el art. 180  parágrafo  I de la Constitución Política del Estado.

El  citado art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado determina: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”.

Los principios contenidos en la normativa constitucional se configuran como presupuestos o criterios rectores que orientan y dan sentido a la jurisdicción ordinaria, se constituyen en presupuestos básicos en los cuales se debe fundamentar la justicia ordinaria.

Para el caso presente nos interesa analizar algunos de los principios contenidos en la norma.

En ese sentido diremos que el  principio de Eficacia supone que la jurisdicción ordinaria cumpla con el mandato de impartir justicia conforme a los principios contenidos en el art. 178 de la Constitución Política del Estado. Asimismo supone que el proceso debe lograr su finalidad, cual es la de arribar a una solución justa de las controversias,  removiendo los obstáculos puramente formales.

El principio de verdad material orienta que las Resoluciones de los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria se funden  en la  comprobación de los hechos, para lo cual deben dar prevalencia a la verdad antes que a los ritualismos, aunque ello no supone eliminar las formas procesales establecidas por ley, sino interpretarlas de manera amplia y no restrictiva en sentido de que las mismas no sean limitativas de la averiguación de los hechos.

Establecido lo anterior, podemos concluir que el Tribunal de Alzada en sentido contrario a los presupuestos antes desarrollados, privilegió el formalismo prescrito para la producción de las pruebas ante el fin que se persigue con la producción probatoria como es la comprobación de los hechos.

Si bien la prueba de descargo efectivamente se produjo el 12 de abril de 2013, cuando la vigencia del período probatorio era hasta el 5 de ese mismo mes y año, no es menos evidente que tal circunstancia no le era atribuible a la parte reconventora quien se vio perjudicada por una suspensión de la audiencia de recepción de declaración testifical por motivos ajenos a su voluntad como la suspensión de las labores en la fecha programada por haberse dispuesto el trabajo en horario continuo. Por otro lado tampoco se tomó en cuenta que si bien el período de prueba fenecía el 5 de abril de 2013,  a la fecha en que se produjo la prueba, 12 de abril, formalmente no se había declarado la clausura o la conclusión del mismo, consiguientemente la recepción de la probanza no se encontraba viciada como erradamente entendió el Tribunal de Alzada, quien interpretó la literalidad de la norma contenida en el art. 377 del Código de Procedimiento Civil, sin considerar que el principio de verdad material se impone ante el formalismo rescatado de la citada disposición, de tal manera que en el caso concreto debió entenderse que al haber sido propuesta oportunamente la prueba dentro del término previsto por el art. 379 del Código  de Procedimiento Civil y al haberse solicitado su producción en la vigencia del periodo probatorio no existe razón alguna que justifique su rechazo y menos su no consideración, cosa distinta hubiere sido que la prueba se hubiese producido estando formalmente clausurado o concluido el periodo probatorio, supuesto en el cual únicamente es posible la producción de prueba cuando el Juez considera pertinente hacer uso de la facultad conferida por el art. 378 del Código de Procedimiento Civil.

En consideración a los fundamentos expuestos resulta evidente que el Tribunal de Alzada al haber invalidado la Sentencia de primera instancia disponiendo se emita una nueva Resolución prescindiendo de la prueba producida fuera del 5 de abril de 2013, lesionó el debido proceso en su componente al derecho a la defensa y en especial al derecho a producir prueba legal.

Sin embargo este Tribunal encuentra que la lesión de esos derechos se hizo extensiva también a la parte actora principal, a quien la Juez de primera instancia por decreto de 12 de abril de 2013 le negó la posibilidad de producir prueba alegando que el período probatorio se encontraba concluido. Al respecto habrá que señalar que la parte actora oportunamente ofreció sus medios de probanza y para la producción de los mismos la Juez señaló audiencia para el 10 de abril (fuera de la vigencia del término probatorio), habiéndose suspendido la misma por inasistencia de la parte, quien en el día solicitó nuevo señalamiento en consideración a que los testigos no pudieron ser habidos, solicitud rechazada en virtud a que el período de prueba hubiera concluido.

El rechazo dispuesto por la Juez de la causa resulta injustificado en razón a que formalmente el período de prueba recién fue clausurado por Auto de 22 de abril de 2013 (fs. 355) y porque la propia juez por decreto de 2 de abril de 2013 señaló audiencia de recepción de testigos de descargo para el 12 de abril de 2013, consiguientemente fue la Juez quien habilitó la posibilidad de recepcionar   prueba el 12 de abril de 2013, es decir fuera del plazo probatorio, y si esa posibilidad fue permitida para el demandado también debió ser  habilitada para la actora, lo contrario supone desconocer el principio de igualdad de las partes, que determina que éstas sean puestas en el proceso en paridad de condiciones, es decir que los derechos, cargas y obligaciones emergentes de un proceso se conceden, recaen o se imponen, respectivamente, sobre las partes sin distinción entre ellas. Ahora bien se dirá que la inasistencia de la actora propicio la suspensión de la audiencia fijada para la recepción de su prueba, sin embargo ese aspecto no desvirtúa el hecho de que si para el demandado y reconventor la Juez consideró pertinente la producción de la prueba en fecha 12 de abril de 2013 igual consideración debió merecer la solicitud de reprogramación que la parte actora presentó el 10 de abril de 2013, aspecto que fue oportunamente reclamado por la demandante mediante recurso de reposición bajo alternativa de Apelación de fs. 368 a 369, desestimado por la Juez mediante Auto de fs. 381 y vlta., y que en Alzada no fue atendido favorablemente por el Tribunal Ad quem como correspondía.

Por las razones expuestas corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia,  con la atribución conferida por el art. 42 num.1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 354 vlta. y dispone que la Juez A quo ordene la recepción de la prueba de cargo y con su resultado proceda con el trámite de la causa y emita nueva Sentencia.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Comuníquese al Consejo de la Magistratura a los efectos del art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo