TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A     C I V I L



Auto Supremo: 624/2013

Sucre, 11 de diciembre 2013        

Expediente: O-40-13-S

Partes: Benigno  Cuaquira  Choque  c/ Luciano  Carlos Nina,    Máximo   Carlos  

             Nina, Evangelina  Choque  Portillo  y   Josefina  Cuaquira López.

Proceso: Nulidad  de  demanda   preliminar  de  reconocimiento  de  firmas,  de

                protocolo  de Escritura Pública.    

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 540 a 542 y vlta. de obrados interpuesto por Luciano Carlos Nina contra el Auto de Vista Nº 187/2013 de 26 de septiembre 2013 cursante de fs. 528 a 537 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso de nulidad de demanda preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas así como del protocolo de Escritura Pública Nº 524/05 incoado por Benigno Cuaquira Choque contra el ahora recurrente, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, por Sentencia Nº 12/2012 de 19 de enero 2012 de fs. 425 a 429 y vlta., el Juez  de  Partido Tercero  en lo Civil de la Capital declaró probada la demanda de fs. 41 a 43, complementada a fs. 48 y aclarada a fs. 62, en consecuencia declaró nulo y sin valor legal el trámite de medida preparatoria de demanda de reconocimiento de firmas y rúbricas de Claudio Calizaya Mamani, suscrita en minuta de transferencia de terreno de fecha 26 de abril de 1983 en fotocopia simple de papel sellado, Nº 2769081 Serie “A”-82 incoada por ante el Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Civil de esta ciudad, por los ciudadanos:  Luciano Carlos Nina, Máximo Carlos Nina, Evangelina Choque Portillo de Carlos y Josefina Cuaquira López de Carlos en contra de la Sra. Antonia Zegarra Gutiérrez Vda. de Calizaya: y, declaró nulo y sin valor legal el protocolo de la Escritura Pública Nº 524 de 18 de noviembre 2005, suscrito por la Dra. Trifonia Ojeda Calluni Notaria de Fe Pública de Primera Clase Nº 17 de esa ciudad, relativo a compra venta de lote de terreno ordenado por el señor Juez de Instrucción Cuarto en lo Civil de la Capital.

Deducida la Apelación por Luciano Carlos Nina  de fs.432 a 435 y vlta., ésta fue remitida ante el Tribunal de Alzada, instancia que mediante Auto de Vista Nº 44/2013 de 26 de febrero 2013 (fs. 492 a 497) anuló obrados sin reposición hasta la providencia de fecha 24 de enero 2009  de fs. 49 y que para fines de una correcta dirección procesal disponga el A quo integrar a la litis a todos los legitimados procesalmente en apoyo al art. 327 num. 4) y 333 del Código de Procedimiento Civil.  Recurrida en casación dicha determinación de Alzada por el demandante Benigno Coaquira Choque, ésta fue resuelta mediante Auto Supremo Nº 319/2013 de 20 de junio 2013 (fs. 515 a 527) en el que se resuelve anular el Auto de Vista Nº 44/2013 y dispuso que el Ad quem sin espera de turno y previo sorteo resuelva la Apelación con la pertinencia del art. 236 del adjetivo civil.

Por Auto de Vista Nº 187/2013 de 26 de septiembre 2013, el Tribunal de Alzada confirmó la Sentencia Nº 12/2012.

En conocimiento de la determinación del Ad quem, el co demandado Luciano Carlos Nina interpuso recurso de casación y nulidad mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Sin especificar cuáles los fundamentos para el recurso de casación en la forma y cuáles en el fondo, el recurrente en trece puntos señala:

1.- Acusa que el Auto Supremo de fs. 515 a 517 debió declarar improcedente el recurso de casación presentado por el demandante en lugar de anular obrados, ya que no hubo pedido de nulidad de obrados, vulnerando el art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial.

2.- Que en todo caso si se va a dar aplicación al art. 17 de la Ley Nº 025, debe procederse a la nulidad de obrados hasta el decreto de admisión de fs. 49, porque la demanda fue admitida después de 6 días de haberse dado plazo de dos días para subsanar la misma.

3.- Que la minuta en fotocopia simple fue reconocida legalmente por la heredera forzosa de Claudio Calisaya, por lo que el testimonio debe ser válido para ambas partes.

4.- Que tanto la Sentencia como el Auto de Vista anularon la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas sin tomar en cuenta que Antonia Zegarra Gutiérrez Vda. de Calizaya fuera parte del proceso y sin respetar su derecho constitucional a la defensa, a quien correspondía integrar al proceso.

5.- Afirma asimismo, que los Tribunales de instancia al declarar nulo y sin valor legal el “protocolo” de la Escritura Pública Nº 524/05 habrían anulado también la minuta contenida en la misma,  en la que figura Claudio Calizaya Mamani quien nunca fue demandado ni sus herederos para que asuman defensa, correspondiendo se aplique el art. 252 del adjetivo civil.

6.- Que al haber sido impugnado el reconocimiento de firmas y rúbricas por Benigno Cuaquira, a quien debió demandarse es al Juez de Instrucción cuarto en lo Civil, porque ellos en momento alguno cuestionaron la determinación de dicho Juez.

7.- Que el demandante no tiene legitimación activa para demandar porque no tiene ningún título sobre el inmueble motivo de la litis y que al presente el Ad quem ha omitido la Apelación diferida que se interpuso al respecto.

8.- Que al declarase la nulidad de la minuta suscrita entre Luciano Carlos Nina y otros, sin embargo subsiste en lo que corresponde a Claudio Calizaya Mamani y sus herederos, generando el Ad quem mayores problemas.

9.- El Tribunal de Alzada equivoca la expresión de Benigno Cuaquira cuando afirma que no tiene ningún documento de propiedad del inmueble, lo que constituye confesión que releva toda la prueba contraria, por lo que corresponde se case el Auto de Vista en aplicación  del art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil y declarar improbada la demanda.

10.- Conforme prevé el art. 1311 del Código Civil las fotocopias harán la misma fe probatoria que los originales, si son legalizados por autoridad competente o a falta de esto, si la parte a quien se oponga no la desconoce expresamente y en el caso presente, la minuta impugnada no fue desconocida por Antonia Zegarra Gutiérrez Vda. de Calizaya mas al contrario fue confirmada por su hijo, por lo que en virtud al art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento  Civil, corresponde casar la Sentencia y Auto de Vista, al existir error de derecho en la apreciación de la prueba.

11.- Que la presente demanda tiene calidad de cosa juzgada porque se tramitó en el Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil, existiendo ejecutoria del Auto de Vista conforme consta de fs. 249 a 259 y fs. 309 a 315, no pudiendo el Tribunal Supremo emitir doble  Sentencia en el mismo asunto; correspondiendo que en este proceder caso conforme señala el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.

12.- El Ad quem omitió resolver una Apelación concedida en el efecto diferido que cursa  a fs. 206, correspondiendo anular obrados hasta el vicio más antiguo en este caso el Auto de Vista recurrido.

13.- Finalmente afirma que Benigno Cuaquira Choque perdió la demanda de nulidad de su minuta falsificada, por lo que al presente no tiene ningún interés legítimo para la presente acción de nulidad de un documento que no le causa ningún efecto.

Por lo anterior, solicita que el Tribunal Supremo anule obrados o en su caso proceda a casar el Auto de Vista y declare improbada la demanda incoada por el actor.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Como se tiene detallado ut supra, el recurrente no discrimina qué puntos son los que corresponden al recurso de casación en la forma y cuáles en el fondo, realizando una relación de aspectos y fijando en algunos puntos las causales previstas tanto en el art. 253 así como en el art. 254 del Adjetivo Civil, sin cumplir con la técnica recursiva adecuada que se obliga para la presentación del recurso formal como es el de casación; sin embargo en virtud a los principios señalados en el art. 180 párrafo I de la Constitución Política del Estado se procederá a dar respuesta; en ese sentido diremos:

Sobre el primer punto de su recurso, simplemente señalar que conforme dispone el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, procede el recurso de casación o de nulidad para invalidar una Sentencia o Auto Definitivo y no procede contra Autos Supremos emitidos; por lo que el cuestionamiento respecto a que el Auto Supremo de fs. 515 a 517 debió declarar improcedente y no anular obrados y que éste vulneró el art. 17 párrafo II de la Ley del Órgano Judicial, no corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto.

Con relación a que corresponde la nulidad de obrados porque la demanda fue admitida fuera del plazo otorgado para subsanar las observaciones señaladas por el A quo; referir que en actuaciones siguientes a fs. 49 no existe ninguna observación o impugnación al respecto por parte del recurrente, quien luego de conocer la demanda interpuso incidentes de nulidad por error en la citación con la misma, por lo que habiendo precluido su derecho a reclamar al respecto, por no haber sido motivo de Apelación y finalmente por no ajustarse dicha denuncia de nulidad a los principios que rigen la materia de nulidades así como al principio de celeridad previsto en el art. 180 párrafo I de la Constitución Política del Estado, no corresponde determinar nulidad alguna.

Respecto a los numerales 3, 4, 5 y 8 en los que básicamente reclama el hecho de que al haberse declarado la nulidad de la medida preparatoria, también habrían dispuesto la nulidad de la minuta suscrita entre él y Claudio Calisaya Mamani, a quien además no se le integró al proceso, ni a sus herederos causándoles indefensión;  cabe señalar que revisados los antecedentes y conforme se tiene en la parte resolutiva de la Sentencia, el A quo no determinó la nulidad de la minuta suscrita entre Luciano Carlos Nina, Máximo Carlos Nina, Evangelina Choque Portillo de Carlos y Josefina Cuaquira López de Carlos y Claudio Calisaya Mamani, lo que declaró nulo y sin valor legal, es el trámite de medida preparatoria de demanda de reconocimiento de firmas y rúbricas suscrita en minuta de transferencia de 26 de abril de 1983, incoada en el Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Civil, asimismo declaró nulo y sin valor legal el protocolo de Escritura Pública Nº 527/05 de 18 de noviembre 2005 suscrito por la Dra. Trifonia Ojeda Calluni, Notaria de Fe Pública de Primera Clase Nº 17 relativo a la compra venta de terreno ordenado por el Juez de Instrucción Cuarto en lo Civil.  Por otra parte no se podía integrar a la presente litis al fallecido Claudio Calisaya o a sus herederos, toda vez que la presente demanda y la pretensión del actor no radica en la nulidad de la minuta de transferencia suscrita entre los antes nombrados, sino únicamente en la nulidad de la demanda preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas que se tramitó en el Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Civil; por lo que en la presente litis al no haberse causado indefensión a Claudio Calisaya Mamani y a sus herederos, tampoco corresponde determinar se anulen obrados.

Sobre el argumento de que la demanda debió dirigirse contra el Juez de Instrucción Cuarto en lo Civil, quien determinó dar como reconocida la minuta de transferencia de lote de terreno en cuestión; simplemente referir que conforme señala el art. 50 del Código de Procedimiento Civil, el Juez de la causa interviene de forma esencial en la sustanciación del proceso, no es menos evidente que su participación se sujeta a las disposiciones previstas en los arts. 3 y 4 de la misma norma   Adjetiva citada, correspondiendo que éstos actúen de manera imparcial, lo que implica que las determinaciones que adoptan lo hacen investidos de Autoridad Jurisdiccional y respecto a las partes actoras y no para sí; aspecto por el que tampoco corresponde anular obrados.

En lo que corresponde a los numerales 7 y 13 en los que se señala que el demandante no tiene legitimación activa para demandar la nulidad de la medida preparatoria de demanda porque no tiene ningún título sobre el inmueble motivo de la litis; al respecto referir que el Auto de Vista recurrido es lo suficiente explicativo sobre lo acusado; sin embargo a mayor abundamiento y para dejar claramente establecido lo impugnado por el recurrente, simplemente señalar que no se debe confundir la legitimación  con la legitimidad, la primera es inherente a la titularidad del derecho, o sea a la cualidad o interés en demandar y ser demandado y la legitimidad para obrar se refiere a la capacidad de las partes para intervenir en el proceso.  Al respecto la doctrina hace referencia sobre la legitimatio ad causan  como la falta de cualidad e interés, para José Andrés Fuenmayor la cualidad procesal es “…la concatenación lógica que debe existir, activa y pasivamente, entre la pretensión procesal y la titularidad del Derecho material cuya aplicación se persigue con la demanda” y la legitimatio ad processum, que es la falta de capacidad procesal, conforme refiere Ricardo Enríquez La Roche en su Libro Instituciones de Derechos Procesal, que la capacidad procesal es la capacidad de ejercicio, la potencia de toda persona de ejercer o actuar, que tenga posibilidad de actuar en el proceso y ejercer los derechos o posibilidades procesales.  En el caso de Autos, es evidente que el actor no intervino en la suscripción de la minuta de transferencia de inmueble de 26 de abril de 1983; sin embargo no es menos cierto que Benigno Cuaquira Choque a tiempo de incoar la demanda y adjuntar la documental respectiva, ha hecho conocer al Juez de la causa a través del Acta de Inspección de Visu realizada dentro la demanda de nulidad de documento seguido por el ahora demandante contra Luciano Carlos Nina, que el lote de terreno que hubiera sido transferido a favor del último nombrado por minuta de 26 de abril de 1983, fue adquirido por él de su anterior propietario Claudio Calisaya en el año 1982, por lo que al presente el demandado tiene pues capacidad procesal o legitimidad para seguir la presente causa.

Respecto a los numerales  9 y 10 en los que precisa que el Ad quem ha incurrido en la causal de casación prevista en el art. 253 num. 3) del Adjetivo Civil, haciendo referencia a que no se ha valorado la confesión del actor,  ni que se ha tomado en cuenta que la viuda de Claudio Calisaya Mamani no opuso objeción alguna a la fotocopia simple de la minuta de transferencia de lote de terreno de 26 de abril de 1983; simplemente referir que conforme dispone el art. 1286 del Código Civil y art. 397 de su procedimiento, corresponde a los Jueces de instancia realizar la valoración de las pruebas conforme a su prudente criterio no correspondiendo al Tribunal Supremo dicha tarea a no ser que se acuse cumpliendo los requisitos previstos en el art. 258 num. 2) del Adjetivo  Civil en lo que refiere a la causal del art. 253 num. 3) de la norma antes señalada.

Sobre la denuncia del numeral 11 en relación a que la demanda tiene calidad de cosa juzgada y no puede el Tribunal Supremo emitir doble Sentencia, porque consta de fs. 249 a 259 y fs. 309 a 315 trámite judicial sobre con los mismos sujetos, objeto y causa; se tiene de los antecedentes revisados que el recurrente en tiempo previsto por ley tuvo oportunidad de presentar excepción de cosa juzgada, por otra parte se evidencia que la demanda de nulidad a la que hace referencia estaba dirigida únicamente contra Luciano Carlos Nina y no contra todos los actuales sujetos procesales, por lo que no existe coincidencia de mismos sujetos procesales.

Finalmente, con referencia al numeral 12 respecto a que el Ad quem omitió resolver una Apelación concedida en el efecto diferido que cursa a fs. 206, correspondiendo anular obrados hasta el vicio más antiguo en este caso el Auto de Vista recurrido, señalar que luego de la concesión del recurso de Apelación de la Sentencia, si bien el A quo omitió conceder la Apelación diferida de fs. 206, el recurrente no observó la actuación del Juez de primera instancia a los fines de reclamar de manera oportuna; sin embargo de ello habrá que puntualizar que la Apelación a la que hace referencia el ahora recurrente se refiere a la impugnación contra el Auto de 31 de enero 2011 por el que el Juez de la causa rechaza el incidente de nulidad por falta de personería en el actor, aspecto que a tiempo de apelar de la Sentencia hizo referencia el recurrente y el Ad quem en su momento respondió de manera correcta en el inc. c) del Auto de Vista en el que fundamenta sobre la carencia o falta de interés legítimo que tendría el actor para incoar la presente acción.  No correspondiendo anular obrados conforme señala el recurrente.

Por lo anterior al no evidenciar causal de casación, ni nulidad en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada, corresponde resolver la presente causa conforme prevén los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento  Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la  Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara:  INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Luciano Carlos Nina contra el Auto de Vista Nº 187/2013 de 26 de septiembre 2013 cursante de fs. 528 a 537 pronunciado por la Sala  Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs.700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo