TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 623/2013

Sucre: 11 de diciembre 2013        

Expediente: SC-90-13-S

Partes: Roland Ortiz Suarez. c/ Rene Arturo Zambrana Ribera, Ivone Ortiz

             Suarez, Juana Rosa Ribera Hurtado y Jorge Domínguez Hurtado.

Proceso: Cumplimiento de contrato y acción negatoria

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 367 a 369 interpuesto por Juana Rosa Ribera Hurtado contra el Auto de Vista Nº 47/2013 de 01 de abril 2013, cursante de fs. 357 a 360 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de cumplimiento de contrato y acción negatoria seguido por Roland Ortiz Suarez contra la recurrente Juana Rosa Ribera Hurtado, los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, por Sentencia Nº 20/2012 de 4 de junio 2012 el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, declaró probadas las demandas cursantes de fs. 8 a 9 ampliada de fs. 25 a 26 en todas sus partes por cumplimiento de contrato en contra de Rene Arturo Zambrana e Ivone Ortiz de Zambrana y en la misma forma probada la demanda de acción negatoria en contra de los señores Juana Rosa Ribera Hurtado y Jorge Domínguez Hurtado. Por consiguiente declaró probada la excepción de impersonería por falta acción y derecho en contra de la reconvención por manutención o mantención de la posesión.  Asimismo, declaró improbada la demanda reconvencional por manutención o mantención de la posesión, sin costas por ser proceso doble, ordenando a los demandados Juana Rosa Ribera Hurtado y Jorge Domínguez Hurtado la entrega del bien inmueble ubicado en calle La Paz Nº 54, 56 y 62 con superficie de 322,40 m² con registro en DDRR Mat. Nº 7011990040203.  Complementándose la Sentencia con Auto de 9 de agosto 2012 en la que se señala que el inmueble motivo de la litis debe ser entregado en el plazo de 20 días computables a partir de la ejecutoria de la Resolución.

Deducida la apelación por Juana Rosa Ribera Hurtado, ésta fue remitida ante el Tribunal de Alzada, instancia que mediante Auto de Vista Nº 47/2013 de 01 de abril 2013 confirmó la Sentencia apelada y el Auto complementario de 9 de agosto 2012.

En conocimiento de la determinación adoptada por el Ad quem, la co procesada Juana Rosa Ribera Hurtado interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, mismos que se pasan a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En el fondo:

1.- Acusa la violación e interpretación errónea del art. 343 parágrafo 1 del Código de Procedimiento Civil, haciendo suyos los términos expresados por la Vocal disidente, Dra. Teresa Lurdes Ardaya, quien fue de criterio de anular el Auto de 4 de junio 2012, toda vez que el A quo frente a las excepciones planteadas que debieron ser resueltas a momento de dictar Sentencia, éste vulneró el art. 343 parágrafo 1 del adjetivo civil, habiéndose pronunciado sobre la excepción de impersonería y no así sobre la de obscuridad, contradicción o imprecisión de la demanda, guardando silencio absoluto sobre las mismas, omisión que conlleva la nulidad de las actuaciones o lo que es mejor la nulidad de la Sentencia de primer grado, por lo que no solamente se vulnero la norma citada sino también los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y art. 8 de la CADH y 14 de la PIDCP por lo que en virtud al art. 271 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil corresponde anular obrados.

En la forma:

1.- Afirma que se violó el art. 190 del Código de Procedimiento Civil porque se falló ultra petita, al haber el A quo concedido más de lo pedido; es decir en la parte resolutiva del fallo se declara probada la demanda de acción negatoria en contra de  Juana Rosa Ribera Hurtado y Jorge Domínguez Hurtado, sin que su persona haya sido demandada para hacer la entrega del bien inmueble ni la desocupación del mismo, incurriendo en error no solo el A quo sino también el Tribunal de segunda instancia, por lo que no existiendo congruencia entre lo demandado y resuelto corresponde anular obrados.

Asimismo solicita que en virtud al art. 17 de la Ley del Órgano Judicial se revise de oficio el proceso  y se tomen las medidas necesarias para asegurar la igualdad efectiva de las partes.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Que, conforme se tiene en el recurso presentado, siendo el mismo tanto en la forma como en el fondo, se analizará y resolverá el correspondiente a la nulidad, toda vez que de ser evidente la infracción acusada, ya no se ingresaría a resolver el fondo.

En ese sentido tenemos:

Del recurso de casación en la forma:

Acusa de violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil al no existir congruencia entre los demandado y lo resuelto, especificando que el demandado en momento alguno impetró o demandó que la co procesada, ahora recurrente, desocupe y entregue el inmueble objeto de la litis, resolviendo de manera ultra petita, correspondiendo anular obrados.

Al respecto debemos señalar que revisados los antecedentes, se tiene que el demandante en el numeral cuarto de su memorial de demanda referido al Petitorio, de manera clara expresa su base legal en el art. 614 y 615 del Código Civil respecto al cumplimiento de contrato en contra de Rene Arturo Zambrana Ribera e Ivone Ortiz de Zambrana y por el art. 1455 Acción Negatoria- en contra de Juana Rosa Ribera Hurtado y Jorge Domínguez Hurtado, impetrando además que una vez declarada probada su demanda de cumplimiento de contrato de 14 de febrero 2006, se proceda al desapoderamiento y la entrega del inmueble de su propiedad ubicado en la calle La Paz Nº 54, 56 y 62 de la ciudad de Santa Cruz de 322,40 m² más el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a su persona. En conformidad a dicha pretensión, el A quo, por Sentencia Nº 20/2012 de 4 de junio 2012 fue preciso y de manera expresa y positiva resolvió declarar probada la demanda de cumplimiento de contrato en contra de los co procesados Rene Arturo Zambrana e Ivone Ortiz de Zambrana y respecto a la acción negatoria declaró también probada la demanda en contra de Juana Rosa Ribera Hurtado y Jorge Domínguez Hurtado y como en el transcurso de la demanda el actor demostró que el inmueble motivo del litigio se encuentra ocupado indebidamente por Juana Rosa Ribera, en consecuencia lógica dispuso la entrega del bien inmueble, aclarando y complementando por Auto de 9 de agosto 2012 que dicha entrega debía realizarse en el plazo de 20 días computados a partir de la ejecutoria de la Sentencia, determinación confirmada por el Tribunal de Alzada; por lo que no se evidencia existir incongruencia alguna, toda vez que conforme se tiene en el art. 1454 del Código Civil la acción negatoria será planteada por el propietario que afirme tener derechos sobre la cosa y pedir se reconozca la inexistencia de tales derechos contra quien se demanda.  En el sub lite, se tiene que el actor demostró con la documental idónea que él es propietario del bien inmueble ubicado en calle La Paz Nº 54, 56 y 62 con superficie de 322,40 m² por transferencia efectuada por los co procesados Rene Arturo Zambrana e Ivone Ortiz de Zambrana conforme consta en Escritura Pública Nº 351/2006 (fs. 1 a 14 y vlta.) y para efectos de la acción negatoria el objeto de la misma, conforme señala el Dr. Carlos Morales Guillen en su Libro Código Civil Concordado y Anotado, es “… obtener una Sentencia declarativa que establezca que la cosa está libre y franca de determinada carga, o que la carga es inexistente.  Puede tratarse de servidumbre, usufructo, uso inmobiliario, habitación. Al propietario le basta probar su derecho, correspondiendo al demandado probar la existencia del derecho real que alega sobre la cosa ajena”; de lo que se infiere que al no haber demostrado la parte contraria la existencia de un derecho real sobre el inmueble de la calle La Paz Nº 54, 56 y 62 y siendo la pretensión del demandante la entrega del mismo previendo inclusive un desapoderamiento, es que los jueces de instancia sin incurrir en yerro alguno resolvieron la demanda conforme las solicitudes efectuadas y particularmente determinaron que sea Juana Rosa Ribera Hurtado y Jorge Domínguez Hurtado quienes entreguen el inmueble motivo del litigio al no contar ellos con derecho para ocupar el mismo, basados además en el principio iuria novit curia cuando se tiene evidencia que el actor pretende se le haga entrega del inmueble adquirido por compra de sus anteriores propietarios también demandados.

Por lo que no existe motivo de nulidad alguna, correspondiendo resolver el recurso de casación en la forma como infundado.

Del recurso de casación en el fondo:

Sobre la violación del art. 343 num.1) del Código de Procedimiento Civil y arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y art. 8 de la CADH y 14 de la PIDCP y que debió darse cumplimiento a lo expresado por la Vocal disidente en sentido de anular la Sentencia de 4 de junio 2012 de fs. 321 a 323 porque en ésta se pronunció solo respecto a la excepción de impersonería y no así sobre la de obscuridad, contradicción o imprecisión de la demanda correspondiendo que el Tribunal Supremo anule obrados conforme al art. 271 num. 3) del Adjetivo Civil; al respecto se hace preciso señalar dos aspectos:

El primero en sentido que, frente al planteamiento del recurso de casación en el fondo, la jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia, con la que el Tribunal Supremo de Justicia comparte criterio, ha señalado que cuando éste se interpone es por errores en la Resolución de fondo del litigio; es decir por errores "in iudicando", caso en el cual los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del Adjetivo Civil y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea en la forma error "in procedendo", es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el art. 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.  En el sub lite, el fundamento de la recurrente se basa en denunciar un aspecto que hace a un error de procedimiento, haciendo alusión a que el A quo obvio el pronunciamiento sobre las excepciones de obscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda y que dicha omisión constituye motivo de nulidad; causal que corresponde haber denunciado en un recurso de nulidad en la forma y no en el fondo, por lo que el Tribunal Supremo no puede abrir su competencia para resolver el mismo, deviniendo en improcedente.

Y un segundo aspecto, solo a manera de aclaración, señalar que conforme se tiene en el art. 336 del Código de Procedimiento Civil, el demandado podrá interponer excepción de obscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda cuando evidencie que la misma contiene defectos legales y no se ajustan a los requisitos y solemnidades que la ley prevé o cuando no se señala con precisión la pretensión, o no existe exposición clara de los hechos o cuando éstos son ambiguos y al ser de interés del demandado, en este caso del demandante frente a la demanda reconvencional de mantención de la posesión sobre el inmueble motivo de la litis, suscitada por los co demandados Juana Rosa Ribera Hurtado y Jorge Domínguez Hurtado, es a quien interesa que las excepciones que extraña ahora la recurrente sean resueltas al haber sido planteadas por el mismo, no existiendo vulneración al art. 343 parágrafo I del Código Procesal Civil, en todo caso correspondía al actor reclamar en su oportunidad dicho aspecto y que en este caso la omisión de pronunciamiento del A quo sobre dichas excepciones al no haber sido impugnadas, observadas o reclamadas por quien correspondía, al tenor del art. 16 de la Ley del Órgano Judicial habría precluido su derecho, por una parte y por otra de manera alguna dicha situación causa indefensión a la parte co demandada.

Finalmente, respecto a la petición de que en virtud al art. 17 de la Ley Nº 025 el Tribunal Supremo haga uso de su facultad de revisión de oficio; simplemente señalar que al presente si bien la nueva Ley del Órgano Judicial prevé que para efectos de la nulidad de actos se proceda a la revisión de oficio, no es menos evidente que el art. 16 de la misma norma legal señalada refiere que los y las Magistrados y Magistradas darán continuidad al proceso sin retrotaer a las etapas concluidas, excepto cuando exista irregularidad procesal que se reclame oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley, en el caso presente si bien este hecho fue reclamado en oportunidad de recurrir en apelación; sin embargo como se señaló de manera precedente frente a una excepción dilatoria de obscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda planteada por el actor frente a la acción reconvencional, éste no reclamó ni observó en momento alguno y sobre todo no se ha causado indefensión alguna a la co demandada el no pronunciamiento de dicha excepción, no correspondiendo que el Tribunal Supremo de Justicia anule obrados de oficio, menos al presente cuando conforme los nuevos principios establecidos en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado obligan a que los Tribunales de justicia ordinaria resuelvan los casos con la oportunidad, eficiencia y eficacia debida.

Por lo anterior, corresponderá resolver el recurso de casación en la forma en sujeción a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil y, el recurso de casación en el fondo conforme establece los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) de la misma norma procesal.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en virtud a los arts. 271 num. 1) y 272 núm. 2) del Adjetivo Civil, declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Juana Rosa Ribera Hurtado contra el Auto de Vista Nº 47/2013 de 1 de abril 2013, pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.  Con costas.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs.700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo