TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 622/2013

Sucre: 29 de noviembre 2013

Expediente: SC - 95 13 S

Partes: Miguel Fiscoya Sonko, Doris Durán Durán y Marco Antonio Crespo

            Crespo en representación legal de vecinos del Barrio 30 de Enero 

            c/ Freddy Corrales Coca

                        

Proceso: Ordinario, mejor derecho propietario y reivindicación.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 455 a 457 interpuesto por Miguel Fiscoya Sonko y Doris Durán Durán, en representación legal de Javier Toco Trejo, Juan Carlos Solorzano Subelza, Santiago Yale y otros, contra el Auto de Vista Nº 48/2012 de 12 de abril de 2012 de fs. 448 a 451 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el proceso ordinario de mejor derecho de propiedad y reivindicación seguido por los recurrentes contra Freddy Corrales Coca; la respuestas al recurso de fs. 460 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 461; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Del contenido del memorial de demanda de fs. 281 a 282 y en lo esencial se resume lo siguiente: los demandantes (quince en total) indican que en fecha 10 de septiembre (2008) fueron sorprendidos con una notificación con un Auto de Sentencia ejecutoriada en la cual declara como dueño de sus lotes de terreno al Sr. Freddy Corrales Coca quien les habría amenazado a despojarles de sus propiedades, persona a la cual jamás le conocieron en el vecindario no obstante que sus personas viven desde hace más de 9 años en el lugar; sin embargo indican que se enteraron que el nombrado sujeto tenía un juicio por daños y perjuicios con Justo Sarmiento Alanes (vendedor de los demandantes), pero ese problema no atinge a sus personas porque cuando compraron los terrenos, éstos se encontraban alodialmente garantizados, siendo además de absoluto conocimiento del demandado que los lotes de terreno en cuestión se encontraban legalmente habitados con todas las mejoras.  En   base   a  esos antecedentes y al

amparo de los arts. 1545, 1453 del Código Civil, interponen la demanda indicada al exordio.      

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 12º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 157 del 02 de octubre de 2009 de fs. 414 a 415, declaró improbada la demanda principal de fs. 281 a 282 y probada en parte la demanda reconvencional de fs. 310 a 311 y vlta. en lo que corresponde a la acción negatoria de derechos e improbada respecto a la nulidad de planos topográficos como también declaró improbada la excepción perentoria de inexequibilidad opuesta a la demanda principal de mejor derecho.

En Apelación la Sentencia Nº 157, interpuesto por los demandantes, la  Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 48/2012 de 12 de abril de 2012 cursante de fs. 448 a 451, confirmó totalmente la Sentencia  Apelada y el Auto del 09 de diciembre de 2009 de fs. 435; en contra de esta Resolución de segunda instancia, los demandantes recurren de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación, se resume lo siguiente:

1.- En la forma, los recurrentes reclaman de la falta de Resolución de un recurso de reposición bajo alternativa de Apelación que habría sido interpuesto por el demandado sin que haya sido resuelto dicho recurso y que sus personas habrían solicitado en su oportunidad que se sanea el proceso sin que tal situación haya ocurrido, llegándose a dictar Sentencia vulnerando el art. 90 del Código de Procedimiento  Civil.  

2.- En el fondo, acusan de interpretación errónea del art. 1553 del Código Civil indicando que el Tribunal de Alzada para confirmar la Sentencia se basa en dicha norma legal determinado que el derecho propietario del demandado se encuentra consolidado en todos sus efectos desde el registro de la anotación preventiva del 19 de septiembre de 2002 y el demandando se adjudicó y procedió a registrar el inmueble en Derecho Reales, en el mes de marzo (01) de 2008, no siendo posible que se confirme la  Sentencia  sin analizar correctamente las pruebas aportadas por las partes, toda vez que habrían demostrado que el derecho del demandado surtiría sus efectos recién a partir del mes de marzo de 2008 y no así desde el inicio de las anotaciones preventivas que se encontraban caducadas.

Que no es evidente que al momento de presentar la demanda hayan presentado fotocopias simples de su documentación que demuestra sus derechos propietarios y el registro en Derechos Reales de cada uno de ellos, por el contrario se habría presentado documentación original y en el transcurso del proceso habrían solicitado simplemente desglose de esa documentación quedado en su lugar fotocopias legalizadas, aspecto que no habría sido considerado por el Tribunal de Alzada desconociendo el valor legal de dicha prueba.

Indican también que por la propia prueba documental presentada por el demandando y sus afirmaciones, éste habría confesado de que procedió a anotar preventivamente el bien inmueble objeto de litis el año 2002 y no demostró que dentro del plazo legal de los dos años haya procedido a realizar su inscripción definitiva conforme al art. 1553 del Código Civil, ni solicitó prórroga ante la caducidad de la primera anotación.      

En base a esos antecedentes solicitan como único petitorio que se CASE el Auto de Vista recurrido y declare probada la demanda y improbada la demanda reconvencional de acción negatoria de derechos.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Al estar interpuestos los recursos de casación en la forma y en el fondo por las causales de los arts. 254 num. 4) y 253 nums.1) y2) del Código de Procedimiento Civil respectivamente, se pasa a considerar dichos recursos en el orden como fueron planteados.

Recurso en la forma:   

Los recurrentes a través de sus apoderados exponen en su recurso de casación en la forma como único agravio la falta de resolución de un recurso de reposición bajo alternativa de apelación que habría sido interpuesto por el demandado, acusando para el efecto la vulneración del art. 90 del Código de Procedimiento Civil; al respecto, de los antecedentes del proceso se tiene que a fs. 322 cursa el indicado recurso de reposición interpuesto contra el Auto de fs. 314 que declara improbada las excepciones previas que fueron interpuestas por el demandado y una vez corrido en traslado, los actores principales no contestaron dicho recurso, quienes por el contrario se empecinaron por pedir que se dicte el Auto de Relación Procesal y consecuentemente el indicado recurso no fue resuelto menos concedido en ninguna de las formas previstas por la ley procesal, pero de ese aspecto correspondía ser reclamado oportunamente por el demandando al ser éste quien interpuso el recurso de reposición, sin embargo a lo largo del proceso no realizó ningún reclamo dejando prelucir su derecho y convalidando cualquier defecto procesal; de donde se concluye que a los ahora recurrentes no les corresponde reclamar de esa situación porque no les causa ningún agravio ni perjuicio a sus intereses ni tendrían legitimidad procesal para hacerlo; sin embargo, no obstante esa situación y al haber sido también motivo de reclamo en el recurso de Apelación, el Ad quem se pronunció y les dio respuesta en el sentido que se tiene  indicado y por consiguiente no merece realizar mayor consideración al respecto, debiendo en todo caso los recurrentes tener presente lo establecido en el art. 16 y art. 17 parágrafo III de la Ley 025 del Órgano Judicial, misma que prohíbe retrotraer el proceso a las etapas ya concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente que viole esencialmente el derecho a la defensa en juicio, aspecto que de ninguna manera ocurre en el caso presente, razón por la cual el recurso de casación en la forma deviene en infundado.           

Recurso en el fondo:

Los recurrentes acusan de interpretación errónea del art. 1553 del Código Civil indicando que el Tribunal de alzada para confirmar la sentencia se basa en dicha norma legal determinado que el derecho propietario del demandado se encuentra consolidado con todos sus efectos desde la fecha de la anotación preventiva; afirman los recurrentes que ese registro se realizó el 19 de septiembre de 2002 y el demandado se adjudicó y procedió a registrar el inmueble en Derechos Reales en el mes de marzo de 2008 y que sus personas habrían demostrado que el derecho del demandado surtiría sus efectos a partir de esta última fecha y no así desde el inicio de las anotaciones preventivas por encontrarse caducadas las mismas.

Respecto al tema en cuestión, el art. 1553 del Código Civil establece el término y/o vigencia de la anotación preventiva referente a los casos contemplados en el art. 1552 del mismo cuerpo legal, este último a su vez tiene estrecha relación con el art.157 del Código de Procedimiento Civil; en el caso específico nos referiremos únicamente al art. 1553 del Código sustantivo de la materia por ser la norma legal que se acusa de infringida y debido a la importancia del tema a ser tratado, se transcribe su contenido.

La indicada norma legal establece lo siguiente: Parágrafo I. “La anotación preventiva caducará si a los dos años de su fecha no es convertida en inscripción. El Juez puede prorrogar el término por un nuevo lapso de un año, que no perjudicará a tercero si no se asienta a su vez en el registro”.

Parágrafo II. “La anotación preventiva se convertirá en inscripción cuando se presente la sentencia favorable pasada en autoridad de cosa juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía momentáneamente la inscripción y ella es estos casos produce todos sus efectos desde la fecha de la anotación, sin embargo de cualquier derecho inscrito en el intervalo”.

Del contenido de la norma legal de referencia se puede establecer con total claridad que el término de vigencia de la anotación preventiva es de dos años, bajo sanción de caducidad si al vencimiento del mismo no es convertida en inscripción definitiva; de manera excepcional la ley permite que dicho plazo pueda ser prorrogado por un año adicional previa autorización judicial y al vencimiento del mismo la anotación preventiva caduca de pleno derecho, restando simplemente proceder a la cancelación del registro. El término “caducidad” según el Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio, es entendido como la acción y efecto de extinguir, perder su efecto o vigor por el vencimiento del plazo, pasado el cual pierde su validez de pleno derecho; mientras que la “prórroga” en términos de tiempo, es entendida como la concesión de un plazo adicional antes de que expire el plazo principal.

De lo manifestado se deduce que la prórroga por tratarse de un plazo complementario se encuentra indisolublemente ligado al plazo principal y ambos constituyen una sola unidad de tiempo para efectos del cómputo de la vigencia de la anotación preventiva y por consiguiente la prórroga debe hacerse efectiva precisamente en vigencia de la misma, y no después de operada la caducidad de la anotación preventiva; en caso de existir de por medio un trascurso de tiempo, la prórroga establecida en la ley sustantiva ya no resulta tal, porque este nuevo plazo que empieza a nacer se convierte en un plazo independiente, toda vez que su vigencia se computa hacia el futuro y no respecto al pasado, cosa distinta es cuando al vencimiento del término de vigencia de la anotación preventiva más la prórroga que establece la ley, la inscripción preventiva se convierte en definitiva por efecto del registro en Derechos Reales de la Sentencia que le es favorable al solicitante, caso en el cual la inscripción definitiva tiene carácter retroactivo como lo dispone la segunda parte del art. 1553 del Código Civil, y de no darse esa situación, la anotación preventiva por disposición expresa de la ley caduca de pleno derecho y pierde su vigencia y como consecuencia de ello también quedan sin efecto todos los derechos que fueron precautelados.

Ahora bien, en el caso específico y conforme a jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia de  la Nación con la cual este Tribunal Supremo comparte criterio, si al vencimiento de la vigencia de la anotación preventiva no se hace realidad la inscripción definitiva, el Juez de la causa a solicitud expresa y debidamente fundamentada de la parte interesada, puede disponer una segunda anotación preventiva por el mismo tiempo de vigencia (dos años) y bajo las mismas condiciones descritas anteriormente, y si al vencimiento de esta última tampoco se hace realidad la inscripción definitiva, esta última también caduca de pleno derecho como los mismos efectos negativos respecto a los derechos precautelados.  

En el caso presente, el demandado en ningún momento ha demostrado de su parte en el curso del proceso, que habría tramitado anotaciones preventivas a su favor en otro proceso civil, esa información se conoce por la documentación presentada por los propios recurrentes a través de los distintos folios reales que cursan en el expediente, donde se evidencia que en fecha 26 de septiembre de 2002 se encuentra registrado en el Asiento Nº 2 una anotación preventiva a favor de Freddy Corrales Coca (demandado) afectando la Matrícula 7011060001776 referente al inmueble del Justo Sarmiento Alanes (vendedor de los recurrentes) dispuesta por el Juez Segundo de Partido en Materia Civil de la ciudad de Santa Cruz dentro de un proceso ordinario de resolución de contrato, anotación preventiva que al no haberse realizado su prórroga al vencimiento de su término legal y en aplicación de lo dispuesto en el art. 1553 parágrafo I del Código Civil, habría caducado en septiembre del 2004.

Al margen de lo señalado, después de trascurrido más de ocho meses del vencimiento de la primera anotación preventiva, existe un segundo registro en el Asiento Nº 4 también en calidad de anotación preventiva realizado en fecha 14 de junio de 2005, dispuesto por el mismo Juez y en el mismo proceso antes referido afectando la misma partida, y conforme a jurisprudencia señalada, se considera como una segunda anotación preventiva, cuya vigencia también habría caducado en junio del 2007, toda vez que no existe ninguna constancia de que la misma hubiera sido prorrogada.

Continuando con el tema de los registros, diremos que de fs. 297 a 304 cursa documentación consistente en los Testimonios Nº 006/2008 y 180/2008 y a fs. 306 Folio Real en fotocopias simples, por los cuales se evidencia que en los Asientos A-1 y A-2 se encuentra registrada una adjudicación judicial realizada a favor del hoy demandado Freddy Corrales Coca con respecto a un terreno de 12.600 mts2., cuyo registro en Derechos Reales data de fecha 01 de marzo de 2008 bajo la Matrícula Computarizada Nº 7011060076311; se debe aclarar que este registro no se trata de una sentencia específicamente como lo establece la segunda parte del art. 1553 del Código Civil, por el contrario corresponde a la Escritura Pública judicial Nº 006/2008 y su Testimonio complementario Nº 180/2008 ordenado por el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial como emergencia de un proceso de remate llevado a cabo en ejecución de sentencia, a través del cual el demandado recién consolida la inscripción definitiva de su derecho propietario respecto al indicado inmueble, siendo en todo caso ésta la fecha (primero de marzo de dos mil ocho) que debe ser tomada en cuenta para efectos de establecer el mejor derecho propietario frente a la pretensión de los recurrentes, toda vez que las anotaciones preventivas anteriormente dispuestas a favor del demandado habrían caducado conforme se tiene indicado supra. 

Para establecer el mejor derecho propietario de los inmuebles objeto de la litis, corresponde realizar una relación de las fechas de los registros de cada uno de los demandantes y del demandado, en ese entendido diremos que el demandado FREDDY CORRALES COCA procedió a registrar en Derechos Reales su derecho propietario, el 01 de marzo del 2008; en cambio los demandantes tienen los siguientes registros:

    DEMANDANTES:              FECHA REG. DD.RR.        FS. EXPEDIENTE             

1.- Javier Toco Trejo …………..  26-06-06                        (20; 24-25)

2.- Félix Iriarte Fuentes ………  30-03-04                         (34; 36-37)

3.- Leonor Tumiri de Iriarte ….  30-03-04                        (34; 36-37)

4.- Cesar Peña Salguero ……… 30-10-06                         (106-107; 111)

5.- Rosa Echalar Peña ………..  19-07-06                         (113) ojo

6.- Serafín Soto Chavarría …… 20-07-07                         (128-129)

7.- Lucio Zurita López ………… 20-07-07                         (162; 165-166)

8.- Santiago Yale Mamani ……. 16-08-06                        (186-187)

9.- Paulina Lelalli Solíz ……….  29-06-05                        (214-216)

10.- Sonia León Vargas ………. 09-04-01                         (255-257)

11.- Adrián Guzmán Bernal ………………. No tiene registro       (fs. 51)

12.- Francisco Yale Mamani ……………… No tiene registro        (31)

13.- Juan Carlos Solorzano Subelza ……. No tiene prueba

14.- Wilfredo Salazar Terrazas ……………. No tiene prueba

15.- Francisca Tapia Villarroel …………… No tiene prueba.

Como se podrá advertir, todos los registros efectuados en Derechos Reales por parte de los demandantes y ahora recurrentes de quienes acreditaron esa situación registral, son de fecha anterior al registro del demandado Freddy Corrales Coca; de la misma manera se debe indicar que las compras de los terrenos efectuadas por los recurrentes fueron realizadas de un mismo propietario y vendedor que es el Sr. JUSTO SARMIENTO ALANES, por lo que en aplicación del art. 1545 del Código Civil, el mejor derecho propietario corresponde a los recurrentes; sin embargo el Tribunal de alzada para confirmar la sentencia llega a la conclusión de que  demandado al haber obtenido sentencia a su favor en el proceso de resolución de contrato contra Justo Sarmiento Alanes, fue consolidada la inscripción a su favor conforme al art. 1553 del Código Civil, adquiriendo todos sus efectos desde la fecha de la anotación preventiva, sin tomar en cuenta que esa sentencia como tal no fue registrada en Derechos Reales, sin especificar además a cuál de los registros de las dos “anotaciones preventivas” se refiere; de donde se colige que el Ad quem como el Juez de la causa no realizaron una adecuada revisión de los datos del proceso ni tomaron en cuenta que las anotaciones preventivas ya se encontraban caducadas.     

Por otra parte, los recurrentes indican que no es evidente que al momento de presentar su demanda hayan adjuntado fotocopias simples de su documentación que demuestra su derecho propietario y su registro en Derechos Reales, por el contrario indican que presentaron documentación original y que en el transcurso del proceso y con el fin de precautelar su documentación, solicitaron desglose quedando en su lugar fotocopias legalizadas, situación que no habría sido tomado en cuenta por el Tribunal de alzada; al respecto, de la lectura del Auto de Vista recurrido el Ad quem indica que cuatro de los recurrentes habrían acompañado fotocopias simples, que no contarían con la fe probatoria asignada por el art. 1311 del Código Civil y dos de los recurrentes no habrían acreditado la respectiva inscripción en DD.RR. y tres no presentaron prueba documental que acredite sus pretensiones conforme al art. 1545 del Código Civil y en base a esas afirmaciones llega a la conclusión de que los actores principales no habrían cumplido con la carga procesal de probar sus pretensiones. 

Revisada la documentación que cursa en el expediente, se evidencia que los recurrentes Santiago Yale Mamani, Lucio Zurita López, Paulina Lelalli Solíz y Rosa Echalar Peña, acompañan a su demanda en calidad de prueba documental fotocopias simples, sin embargo el Ad quem no tomó en cuenta la última parte del art. 1311.I del Código Civil que salva esa situación cuando la parte contra quien se oponen dichas pruebas no las desconoce expresamente; en el caso presente el demandado Freddy Corrales Coca al momento de contestar la demanda no cuestionó en lo absoluto la validez legal de la prueba documental de los actores conforme dispone el art. 346 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, más por el contrario en el Otrosí 3º de su memorial, hace suya toda la prueba adjuntada por los actores principales, de esta manera partes litigantes consintieron expresamente en la presentación de prueba documental y no podía el Tribunal descalificar de oficio la validez legal de dicha prueba; sin embargo el Ad quem no razonó de la misma forma respecto a la prueba documental del demandado de fs. 295 a 309 que también cursa en fotocopias simples toda vez que no lleva la firma ni el sello original de legalización de ningún funcionario, a la cual le otorga todo el valor legal para confirmar la sentencia y reconocer el mejor derecho propietario en favor del demandando, no obstante que éste al margen de las documentales de fs. 295 a 309 que cursan en fotocopias simples, no ofreció y produjo ninguna otro tipo de prueba,  de donde se infiere que el Ad quem no obró dentro del marco del principio de equidad que establece la ley.

Con respecto a los recurrentes Juan Carlos Solorzano Subelza, Wilfredo Salazar Terrazas y Francisca Tapia Villarroel, efectivamente no cursa en antecedentes del proceso prueba documental que acredite su derecho propietario, menos la inscripción en Derechos Reales; en tanto que los recurrentes Adrián Guzmán Bernal y Francisco Yale Mamani, si bien presentaron prueba documental que acreditan su derecho propietario respecto a sus lotes de terreno, sin embargo no existe prueba que demuestre su inscripción en el registro de Derechos Reales, aspecto que impide realizar la ponderación y determinar el mejor derecho propietario; al no haber cumplido con ese elemental requisito, sus pretensiones no son oponibles frente al derecho del demandado.

De lo manifestado se concluye que tanto el Juez de la causa como el Tribunal Ad quem, interpretaron incorrectamente los alcances del art. 1553 del Código Civil en cuanto a la vigencia de la anotación preventiva con respecto a los efectos de la inscripción definitiva que establece dicha norma legal, como también no realizaron una adecuada valoración de la prueba documental; situación que amerita casar parcialmente el Auto de Vista recurrido.

Por lo anteriormente señalado corresponde resolver en la forma prevista por el art. 271 num. 2 y 4) y 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil en concordancia a lo dispuesto por los arts. 41 y 42 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42 parágrafo I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Miguel Fiscoya Sonko y Doris Durán Durán, en representación de Javier Toco Trejo, Juan Carlos Solorzano Subelza y otros, y en aplicación de los arts. 271 num. 4) y 274 del mismo Código adjetivo de la materia,   CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 48/2012 de 12 de abril de 2012 de fs. 448 a 451 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y deliberando en el fondo declara PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 281 a 282 reconociendo el mejor derecho de propiedad a favor de Javier Toco Trejo, Serafín Soto Chavarria, Cesar Peña Salguero, Félix Iriarte Fuentes, Leonor Tumiri de Iriarte, Sonia León Vargas, Santiago Yale Mamani, Lucio Zurita López, Paulina Lelalli Solíz y Rosa Echalar Peña, con respecto a cada uno de sus terrenos que fueron demandados, y declara IMPROBADA con respecto al resto de los demás demandantes, así como también se declara IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 310-311 referente a la acción negatoria de derechos, manteniendo en lo demás subsistente la sentencia de primera instancia.       

Sin responsabilidad por ser error excusable.  

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo