TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALACIVIL

Auto Supremo: 621/2013

Sucre: 29 de noviembre 2013

Expediente: B-27-13-S

Partes: Eliana Cartagena Franco. c/ Salustio Cartagena García.

Proceso: Rendición de Cuentas.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 135 a 140 vlta, interpuesto por Salustio Cartagena García contra el Auto de Vista Nº93/2013, de fs. 132  a 133 de 19 de agosto de 2013, pronunciado  por la Sala Civil Mixta del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro el proceso de Rendición de Cuentas, seguido por Eliana Cartagena Franco contra Salustio Cartagena García; la concesión de fs. 149; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad, el 31 de diciembre de 2012 pronunció Sentencia, cursante de fs. 110 a 113 vlta, declarando Probada en parte la demanda de Rendición de Cuentas, aprobando como monto descargado en calidad de Rendición de Cuentas: Siete Mil Seiscientos 00/100 Dólares Americanos, así como : Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro 00/100 Bolivianos. Debiendo entregar, como monto faltante la suma de: Dos Mil Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos, sea en parte del demandado a favor de la demandante.

Contra dicha Resolución, presentó su recurso de apelación Salustio Cartagena García (demandado), exponiendo sus agravios sufridos.

El Tribunal de Alzada en virtud a la apelación y los antecedentes del proceso, Confirmó totalmente la Sentencia apelada.

Contra la Resolución de segunda Instancia, recurre en casación el demandado, el mismo se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Indica que el proceso adolece de varios v icios de nulidad, tan fragantes y contundentes que sorprende que no se los haya observado al momento de dictar el Auto de Vista y así parcializarse con la parte demandante, las cuales serían las siguientes:

1.- No se le señaló nueva fecha, día y hora de recepción de prueba testifical de descargo.

2.- Menciona que existía una solicitud de peritaje para que el Banco Los Andes expida o remita los videos de seguridad de fecha 27 de enero de 2010, donde se hace el retiro de dinero de un depósito a plazo fijo por parte de su esposa el cual fue retirado y cancelado a la demandante, como consta también en las documentales de fs. 20, 21 y 22 y no fueron tomadas en cuenta en el proceso, aspectos o hechos que a criterio del recurrente demostrarían el estado de indefensión en el que se le dejó a lo largo de todo el proceso, vulnerando su derecho a la defensa, debido proceso y de igualdad jurídica al no tomar en cuenta como parte fundamental dicha prueba en la presente litis.

3.- Por otro lado indica que no se le notificó de manera personal en todo el proceso, en especial con la Sentencia dictada en obrados, situación que evidenciaría las irregularidades procesales con las cuales se tramitó el proceso. Por otro lado menciona que tampoco fue notificado de manera personal con el cierre del plazo probatorio conforme lo establece el art. 137 del Adjetivo Civil, indica que no se notificó nunca con el cierre de ese plazo tal como sale del formulario de notificación de fs. 94, vulnerándose sus derechos a la defensa e igualdad procesal.

4.- Indica que las normas procesales son completamente claras y su cumplimiento es obligatorio, al no cumplirse con la notificación con el cierre probatorio se le dejó en indefensión, por dicho motivo el proceso sería nulo, así lo establece la jurisprudencia constitucional, la cual es vinculante y obligatoria, indica la S.C. 1138/2004-R de 21 de julio y otras, concluyendo que se vulneró sus derechos constitucionales.

Finalmente acusa que no se revisó el proceso como manda el art. 3 inc. 1) del Procedimiento Civil, aspecto que fue denunciado desde el memorial de conclusiones, el Juez no hiso nada para subsanar sus errores y más al contrario en un auto lo que hace es atacar su defensa, vulnerando lo establecido en el art. 189 y 378 del Adjetivo Civil que le facultaba a solicitar la prueba necesaria.

Por todo lo indicado, terminó peticionando que en virtud a la vulneración a sus derechos a la legítima defensa, art. 119, 115 parágrafo II, seguridad jurídica art. 117 y 120 y al debido proceso art. 115 parágrafo II, todos de la Constitución Política del Estado y las normas procesales descritas en su argumentación se Case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda principal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Corresponde establecer que la argumentación total de recurso de casación se encuentra desarrollada para acusar errores de forma, concluyendo el recurrente, que los actos denunciados están viciados de nulidad, argumentación que sirvió para terminar peticionando que se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda principal, situación completamente fuera de lugar en virtud de ser dos cosas muy distintas los aspectos formales, los cuales buscan una Resolución anulatoria en contraposición a los aspectos de fondo que están orientados a casar la resolución de segunda instancia. No obstante a dicha deficiencia que ameritaba la improcedencia del recurso de casación planteado, se otorgará respuesta fundamentada a cada uno de los puntos indicados en su recurso, en ese entendido tenemos:

  1. Sobre la solicitud denueva fechade recepción de prueba testifical de descargo, acusado en casación, se tiene que evidentemente el recurrente a fs. 71 y vlta., ofreció prueba testifical, la misma que fue aceptada por decreto de 08 de marzo de 2012 cursante a fs. 72, continuado el proceso antes que se cierre el termino probatorio el Juez A quo en fecha 27 de abril de 2012 fijó audiencia de declaración testifical para el día martes 15 de mayo a horas 11:00, disposición que fue notificada a las partes, a fs. 87 cursa un memorial presentado por la parte recurrente solicitando la suspensión de audiencia testifical bajo el argumento de no saber si la audiencia fijada por el Juez era para los testigos de cargo o de descargo, situación confusa que impidió presentar sus testigos. A dicha solicitud el Juez A quo de manera textual indicó: “Lamentamos desestimar el petitorio de suspensión por las razones siguientes: la extemporaneidad del memorial, si le fue confuso el señalamiento debió pedirse aclaración inmediatamente de su comunicación, no en el día de la audiencia. Se señaló para los testigos propuestos sea de uno o de otra parte.  Por último, si se revisa antecedentes, los únicos testigos propuestos son los de usted.  No hay donde perderse”, resolución que no fue objetada por la parte recurrente, que en ese momento procesal contaba con todos los recursos que la ley establece para poder observar la negativa del A quo, y al no haber agotado dicha instancia, ahora en casación no pueda ser considerado dicho agravio en virtud a los principios de convalidación y de preclusión, principios que rigen las nulidades procesales y orientan que las mismas no son “pruritos formales” como nos enseña Couture.  Además la SC 0731/2010-R de 26 de julio señaló que: ”…los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos `No hay nulidad, sin ley específica que la establezca´ (Eduardo Cuoture, «Fundamentos de Derecho Procesal Civil», p. 386); b) Principio de finalidad del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto' (Palacio, Lino Enrique, 'Derecho Procesal Civil', T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, ´en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento´ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, « nulidades procesales »)
  2. Respecto al punto segundo de su recurso, donde acusósobreuna solicitud de peritaje de videos de seguridad del Banco Los Andes de fecha 27 de enero de 2010, el cual probaría el retiro de dinero y posterior entrega a la demandante, se tiene en obrados que el Juez A quo admitió la misma; pero por negligencia propia del recurrente no hiso efectiva dicha prueba a tal extremo de no presentar ninguna prueba más al proceso, por dicho motivo el Juez de instancia de oficio dispuso la declaración testifical de descargo, testifical que tampoco fue cumplida por el demandado.  Respecto a las documentales de fs. 20, 21 y 22, que a criterio del recurrente no fueron tomadas en cuenta en el proceso, dichas documentales, no prueban que los montos indicados en las certificaciones cursantes, se hubieren entregado a la parte actora y si así lo creía el demandado, debió dirigir su argumentación a evidenciar el error de hecho o de derecho que hubieran cometido los Tribunales de instancia al valorar las pruebas acusadas en casación, así lo manda y establece el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.
  3. Con referencia la falta de notificación con la Sentencia de manera personal, de la revisión de obrados se puede constatar a fs. 114 cursa formulario de notificaciones, donde se encuentra corrida y diligenciada la notificación practicada al recurrente con la Sentencia, diligencia de fecha 09 de enero de 2013 a  horas 15:47, que fue practicada en el domicilio señalado por el demandando, notificación totalmente válida y legal que además sirvió para hacerle conocer sobre la resolución extrañada, para luego, en el plazo legal ser apelada por el ahora recurrente, demostrándose que la infracción acusada resulta totalmente intrascendente.Por otro lado, sobre el agravio, que no fue notificado personalmente con el cierre del termino probatorio, acusado, y que éste tuviese relación con lo normado en el art. 354 parágrafo III y 137, ambos del Código de Procedimiento Civil, se tiene que el régimen de notificaciones se encuentra claramente establecido en el Código de Procedimiento Civil  y al efecto  la ley Nº 1760 sustituyó el art. 133 del mencionado adjetivo estableciendo la norma general que debe observarse en las notificaciones, las mismas que se practicarán  por regla general en secretaría del juzgado, teniendo las partes y sus abogados teniendo la obligación de concurrir a estrados judiciales los días martes y  viernes, y en caso de inconcurrencia las notificaciones se tendrá por efectuada en secretaría, constituyendo la excepción a esta previsión los casos previstos en el art. 137 del Código de Procedimiento Civil, en cuya enumeración no se encuentra expresamente prevista la resolución que pone fin al término probatorio, en consecuencia el agravio deducido al respecto resulta infundado.
  4. Finalmente respecto a la vulneración a los derechos constitucionales, se debe indicar que revisado todo el proceso, se puede establecer que el recurrente fue parte activa del mismo, fue citado conforme a procedimiento, contestó a la demanda, tuvo las mismas oportunidades de presentar prueba en el proceso, fue notificado con la Sentencia, recurrió en apelación; actuados que demuestran que en ningún momento fue lesionado su derecho a la legitima defensa, seguridad jurídica o al debido proceso acusados impertinentemente en su recurso de casación. En conclusión contó con un proceso justo y equitativo, donde en observancia de las normas procesales se cumplió con el debido proceso.

Por lo indicado anteriormente, y al no existir ningún vicio procesal de relevancia,  concluiremos que los Tribunales de Instancia no vulneraron los derechos constitucionales acusados en el recurso de casación y los vicios de nulidad argumentados, no demuestran que se vulneró las garantías constitucionales acusadas;por dicho motivo no amerita nulidad alguna y al no ser fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, corresponde fallar en la forma prevista por el art. 271 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 135 a 140 vlta, interpuesto por Salustio Cartagena García contra el Auto de Vista Nº 93/2013, de fs. 132  a 133 de 19 de agosto de 2013, pronunciado  por la Sala Civil Mixta del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Con costas.

Se regula el honorario del profesional en la suma de Bs.- 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo