TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 612/2013

Sucre: 28 de noviembre 2013

Expediente: SC - 94 13 S

Partes: Simeón Soleto Montero c/ Nelson Núñez F. y Elsa Alvarado Guillen y

            presuntos propietarios

Proceso: Ordinario, usucapión decenal y declaratoria de propiedad de mejoras

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 513 a 518 interpuesto por Simeón Soleto Montero contra el Auto de Vista Nº 32/2013 del 01 de marzo de 2013 de fs. 501 a 502 y vlta. y su Auto Complementario Nº 76/2013 de 12 de abril  de 2013 de fs. 511, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el proceso ordinario de usucapión decenal y declaratoria de propiedad de mejoras seguido por el recurrente contra Nelson Núñez F. y Elsa Alvarado Guillén y demás presuntos propietarios; la respuestas al recurso de fs. 520 a 523; el Auto de concesión de fs. 524; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El demandante mediante memorial del 15 de marzo de 2005 de fs. 3, al amparo de los arts. 105, 110 y 138 del Código Civil, interpone demanda de usucapión decenal y declaratoria de propiedad de mejoras con respecto al inmueble de 1.045,75 mts2 ubicado en la Zona Sur Este U.V. Nº 92, Manzana Nº 7 de la ciudad de Santa Cruz, indicando que se encuentra en posesión de dicho inmueble por más de 17 años de manera continua, pública y pacífica, dirigiendo su demanda contra presuntos y desconocidos propietarios, misma que es ampliada a fs. 24 contra Nelson Núñez F. y Elsa Alvarado Guillen, citándose a los demandados mediante edictos. 

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 1º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia del 04 de abril de 2006 cursante de fs. 64 a 66 y vlta., declaró probada la demanda declarando al actor propietario del inmueble objeto de litis en la extensión demandada con más sus construcciones y mejoras introducidas, salvando el derecho del Estado, Municipalidad y otras instituciones públicas que pudieran tener derecho sobre el referido inmueble.

Después de varios incidentes y nulidades decretadas con posterior a la ejecutoria de la Sentencia, la misma es objeto de Apelación por parte de Darwin Salazar Suarez mediante memorial de fs. 476 a 480 y vlta. y sustanciado dicho recurso, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 32/2013 del 01 de marzo de 2013 cursante de fs. 501 a 503 y vlta., anula obrados hasta fs. 27 inclusive (admisión de la demanda) ordenando al Juez de instancia conmine a la parte actora para que amplié su demanda contra el recurrente, Resolución que es objeto de solicitud de complementación y enmienda, siendo la misma denegada; en contra de esta Resolución de segunda instancia y su Auto complementario, el demandante recurren de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación, se resume lo siguiente:

1.- En la forma, el recurrente acusa que el Auto de Vista recurrido adolece de falta de pertinencia, motivación y congruencia y apreciación errónea de los hechos. En cuanto a la falta de pertinencia indica que el Tribunal de Alzada resuelve un agravio que jamás fue expuesto por el apelante modificando por otro, situación que no le dio la oportunidad para pronunciarse y contrarrestarlo al momento de la contestación de la Apelación.

Indica que el agravio expuesto por el apelante pidiendo la nulidad del proceso fue en razón de haberse designando a la Defensora de Oficio de manera prematura, mientras que lo expuesto por el Tribunal de Apelación para anular el proceso se funda en que la Defensora de Oficio no hizo una defensa real y efectiva y que su persona al momento de plantear su demanda omitió señalar el domicilio de Darwin Salazar.

En cuanto a la falta de motivación del fallo indica, que no se realiza la fundamentación legal, no se cita las normas que sustenta la parte dispositiva del fallo, que se utiliza frases y fórmulas genéricas impidiéndole conocer los motivos o razones de su determinación, que no se menciona ni se relaciona los argumentos expuestos en su defensa en la contestación a la Apelación.

2.- En el fondo, acusa la violación del art. 1538 del Código Civil indicando que el Tribunal al anular actuados procesales de fecha anterior a la inscripción en DD.RR. del supuesto derecho propietario del apelante, se está otorgando y extendiendo los efectos contra terceros antes de la publicidad del supuesto derecho propietario del apelante en Derecho Reales, incluso desde el año anterior a la suscripción del contrato de compra-venta.

Al haber Darwin comprado e inscrito su supuesto derecho propietario en Derechos Reales en forma posterior a la Sentencia, todas las actuaciones procesales llevadas a cabo son válidas y legítimas, no existiendo obligación de su persona ni del Juez de notificar a Darwin Salazar con la demanda ni con la Sentencia, pues su supuesto derecho aún no existía y por tanto no debieron ser anuladas.

Por otra parte, acusa también error en la apreciación de las pruebas, entre estas señala la de fs. 234 indicando que no analiza otros antecedentes como los cursantes  a fs. 280-281 y 283 que demuestran de donde proviene el derecho de Darwin Salazar y que a la fecha de ampliación de su demanda, el apelante no tenía nada que ver con este asunto, toda vez que la indicada persona compró la casa recién al año siguiente.  

Indica que resulta curioso y contradictorio que el mismo Tribunal de Alzada cuando anteriormente conocieron otro recurso de Apelación emergente de un incidente donde Darwin Salazar solicitaba la nulidad hasta la citación con la demanda y el A quo simplemente anuló obrados hasta que se notifique con la sentencia, esa Resolución fue confirmada por el Ad quem y no dispusieron la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda.

En base a esos antecedentes solicita como único petitorio que se CASE el Auto de Vista recurrido y se disponga el rechazo de la Apelación confirmando totalmente la sentencia.     

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Para entrar dentro del contextode la problemática suscitada y tener una idea clara de lo acontecido en el curso del proceso y las actuaciones procesales que dieron lugar al recurso de casación que hoy es objeto de conocimiento, corresponde previamente precisar algunos aspectos y dependiendo de ello se podrá determinar si corresponde o no entrar a realizar la consideración sobre el fondo de dicho recurso, no sin antes aclarar que la decisión asumida por el Ad quem de anular obrados de todo el proceso, no se encuentra comprendida dentro de los alcances del art. 518 del Código de  Procedimiento Civil, aspecto que da lugar a este Tribunal Supremo tomar conocimiento del recurso.

1.- De la revisión de los antecedentes procesales se establece que como emergencia de la interposición de una demanda de usucapión decenal en marzo del 2005 por el ahora recurrente respecto al inmueble de 1.045,75 mts2, se llegó a dictar la Sentencia Nº 45/06 del 04 de abril del 2006 por la cual se declara probada la demanda del actor reconociéndole derecho propietario a su favor con respecto al  inmueble de 1.045,73 mts2. (fs. 64 a 66 y vlta.), misma que fue declarada ejecutoriada por Auto de fecha 19 de junio del 2006.

2.- En febrero del 2008 se apersona Darwin Salazar Suarez mediante apoderado (fs. 256) y posteriormente interpone tercería de dominio excluyente y el 20 julio de 2010 interpone incidente de nulidad pidiendo la anulación de todo el proceso, mismo que fue resuelto mediante Auto Nº 587/10 del 02 de octubre de 2010 (fs. 335 a 336) anulando obrados hasta que se notifique con la Sentencia; en contra de esta Resolución, ambas partes recurrieron de Apelación, habiendo sido confirmado por Auto de Vista Nº 219/11 del 03 de octubre de 2011; de esta manera se dio lugar a la Apelación de la Sentencia Nº 45/06 del 04 abril de 2006 de fs. 64 a 66 y vlta. por parte del Darwin Salazar Suarez conforme se evidencia de  fs. 476 a 480.  

3.- Sustanciado el recurso de Apelación contra la Sentencia de primera instancia, el Tribunal Ad quem, por Auto de Vista Nº 32/2013 del 01 de marzo de 2013, anuló obrados hasta la admisión de la demanda (fs. 27), lo cual motivó por parte del demandante la interposición de los recursos de casación en la forma y en fondo que hoy es de conocimiento de este Tribunal Supremo.

4.- Sin embargo, debe tenerse presente que como consecuencia de la interposición de una Acción de Amparo Constitucional por parte del ahora recurrente, el Tribunal de Garantías mediante Resolución Nº 07/2013 del 25 de febrero del 2013, dejó sin efecto el Auto Nº 587/10 de fs. 335 a 336, así como el Auto de Vista Nº 219/11 de fs. 425 a 426 y vlta. y su Auto Complementario de fs. 433 por el cual se había confirmado la anulación de obrados dispuesta por el Juez de la causa hasta la notificación con la Sentencia; la Resolución del Tribunal de Garantías dispone que el A quo dicte una nueva Resolución resolviendo el incidente planteado por Darwin Salazar en estricta sujeción al art. 236 del Código de  Procedimiento Civil, Resolución que posteriormente fue confirmada mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0943/2013 del 24 de junio de 2013.

De los antecedentes descritos, se establece con total claridad que el Tribunal de Garantías al haber anulado las Resoluciones judiciales como son el Auto Nº 587/10 y el Auto de Vista Nº 219/11 y sus Autos Complementarios que dieron lugar a la interposición del recurso de Apelación de Darwin Salazar Suarez contra la Sentencia de primera instancia Nº 45/06, no solo que dejó sin efecto esas Resoluciones judiciales que se constituyen en la base misma y el origen que dio lugar a la interposición del recurso de Apelación contra la Sentencia de primera instancia, sino que también implícitamente se ha dejado sin efecto el resto de las actuaciones procesales llevadas a cabo y como consecuencia de ello, todo lo actuado a partir de la última Resolución anulada (fs. 433), resulta viciado de nulidad toda vez que por mandato del art. 40 del Código Procesal Constitucional, las Resoluciones del Tribunal de Garantías son de ejecución y de inmediato cumplimiento y por tanto no debió haberse sustanciado por parte de los Jueces ordinarios ningún procedimiento ulterior y menos haberse emitido el Auto de Vista recurrido Nº 32/2013, toda vez que esta Resolución es de fecha posterior a la Resolución del Tribunal de garantías.  

Por lo manifestado, resulta vano y ocioso entrar a considerar el recurso de casación traído a colación cuando de por medio ya existe una Sentencia Constitucional Plurinacional signada con Número 0943/2013 del 24 de junio de 2013, misma que fue puesta en conocimiento de este Tribunal Supremo por el recurrente mediante memorial presentado en fecha 13 de noviembre de 2013, a través de la cual se confirma totalmente la Resolución del Tribunal de Garantías Nº 07/2013 del 25 de febrero de la ciudad de Santa Cruz que anuló y dejó sin efecto las Resoluciones judiciales anteriormente descritas que dieron curso a la Apelación de la Sentencia.

Que las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme lo determina el art. 203 de la Ley fundamental del Estado y el art. 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional, toda vez que esas decisiones pasan esencialmente por observar la supremacía constitucional frente a las actuaciones sometidos a su conocimiento y en el caso específico, se trata del control del debido proceso en su triple dimensión que fue ejercido por la instancia competente y en resguardo de ese derecho y conforme a la doctrina, orden normativo y la jurisprudencia constitucional, el carácter vinculante de las Resoluciones constitucionales, no solo es para los Jueces y Tribunales que conocieron del proceso sino también para el propio Tribunal Constitucional.

Por las razones y circunstancias antes expuestas, corresponde dar aplicación al art. 252 del Código de Procedimiento Civil  y art. 17 parágrafo I de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, para que el Juez A quo proceda directamente a dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0943/2013 en los términos que se encuentra dispuesta.

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver en la forma prevista en el Art. 271 num. 3)   del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 17 parágrafo  I y 42  parágrafo  núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 434 para que el Juez A quo sin espera de turno dé estricto cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0943/2013 del 24 de junio de 2013 y pronuncie nueva Resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente.

No siendo excusable el error incurrido, toda vez que al no haberse observado que las resoluciones dictadas por el Tribunal de Garantías son de inmediato cumplimiento, el Juez A quo y el Tribunal Ad quem permitieron que la causa se desarrolle irregularmente, inobservando una Resolución emergente de Acción de Amparo Constitucional. Consiguientemente se impone multa de un día de haber a cada uno de los Vocales signatarios del Auto de Vista recurrido Nº 32/2013 y al Juez A quo Oscar J. Menacho Angeleri, a ser descontado por ante  la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17  parágrafo  IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo