TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 606 /2013

Sucre: 26 de noviembre de 2013

Expediente: LP-94-13-S

Partes: Consuelo Valencia Vda. de Vera  c/Genara Natalia Rodríguez de

            Rodríguez

Proceso: Ordinario de Usucapión Decenal o Extraordinaria

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación (fojas 200 a 204) interpuesto por Consuelo Valencia Vda.  de Vera, impugnando el Auto de Vista Nº S-210/13 de  fecha 27 de mayo del 2013 (fojas 196 a 197), pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental  de Justicia de La Paz dentro del proceso civil seguido por Consuelo Valencia Vda. de Vera contra Genara Natalia Rodríguez sobre Ordinario de Usucapión Decenal o Extraordinaria.


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, por memorial de fojas 13, Consuelo Valencia Vda. de Vera representada por Yerco Quiroga Márquez, interpone demanda de Usucapión Decenal o Extraordinaria, manifestando que adquirió de Genara Natalia Rodríguez de Rodríguez, a título de compra venta, en fecha 23 de noviembre 1981, un terreno de ubicado, en la Av. Santa Bárbara (entre calle Tihuanacu) de la Localidad de Laja, Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, que tiene una superficie de 1392 mts2 y que a partir de su posesión por más de 10 años empezó a construir una casa cuya antigüedad se puede comprobar por medios probatorios, interponiendo demanda de usucapión decenal o extraordinaria del bien inmueble señalado.

Que, a fojas 16 de obrados, Genara Natalia Rodríguez de Rodríguez responde a la demanda en forma afirmativa y que a fs. 90 del proceso, Martha Valencia Flores de Cadima interpone tercería de dominio excluyente.

Que, el Juez de de Partido y Sentencia de Achacachi de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, pronuncia Sentencia Nº 141/2012 en fecha 14 de noviembre de 2012 de fs. 157 a 160  declarando probada la demanda, declarando propietaria a Consuelo Valencia Vda. de Vera del bien inmueble objeto de usucapión y declarara improbada la tercería de dominio excluyente de Martha Valencia Flores de Cadima.

Que, Martha Valencia Flores de Cadima como tercerista de dominio excluyente, interpone recurso de Apelación (fs. 169 a 171) fundada que la demanda no cumple con los requisitos del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, no se notifico a la Alcaldía de Laja y que la superficie otorgada en usucapión no coincide con la demanda.

Que, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental  de Justicia del La Paz, ha pronunciado el Auto de Vista Nº S-210/13 de  fecha 27 de mayo del 2013 (fs. 196 a 197), anulando obrados hasta fojas 14 inclusive, con el siguiente fundamento o motivación:

  1. El inferior en grado cometió el graso error de no ejercer  en su debida oportunidad el control de la demanda y de la prueba, por cuanto conforme se tiene del contenido de la demanda y de la prueba adjunta, se establece que la demandada transfirió a la actora un bien inmueble con una superficie de 1.390 mts2., empero en el pago de impuestos por las gestiones 1997 a 2010 se cancelan impuestos por una superficie de 245.90 mts2., no existiendo correspondencia entre la prueba base de la acción y el contenido de la demanda y lo que es peor la Sentencia recurrida en forma incongruente concede la demanda por otra superficie que es 1.255.85 mts2.
  2. Se infiere que el inferior en grado con la facultad conferida en el art. 87 del Código de Procedimiento Civil, al haber conocido la existencia de un documento base donde se establece que la superficie de transferencia es distinta a la consignada en las pruebas adjuntas a la demanda, debió disponer que la actora adecue su demanda conforme a la previsión del art. 330 del Código de Procedimiento Civil, empero al haber omitido esto, vulnero el debido proceso.
  3. Por otra parte, de la compulsa de los antecedentes del proceso, se infiere que el Juez A quo, por Auto de fojas 19 de obrados, califico el proceso como ordinario de hecho, señalando como punto de hecho a probar: “Demostrar que han adquirido un lote de terreno de 1392 mts2. de superficie ubicado en la Av. Santa Bárbara entre calle Tihuanacu, de la Localidad de Laja, Provincia Los Andes del Departamento de La Paz desde el año 1981 como compra de Generara Natalia Rodríguez que era su propietaria”, sin embargo de la minuciosa revisión de obrados, se tiene que no se ha cumplido el citado punto, por cuanto en obrados no existe prueba legal alguna que demuestre que la anterior propietaria del bien inmueble transferido sea la demandada Genara Natalia Rodríguez de Rodríguez, de lo que se demuestra que el A quo a inobservado la jurisprudencia del Tribunal Supremo inserta en el Auto Supremo Nº 242 de fecha 3 de octubre del 2012  y la jurisprudencia concordante a esta de la Ex Corte Suprema de Justicia.
  4. En el exordio al no haber la actora Consuelo Valencia Vda. de Vera adjuntado el requisito obligatorio para la admisibilidad de la demanda como es la tradición registral del inmueble que se pretende usucapir, el que tampoco fue exigido por el Juez, a efectos de determinar la legitimación pasiva, no se tiene certeza si la demandada es la verdadera titular del bien inmueble, por lo que de conformidad al art. 90 del Código de Procedimiento Civil anula obrados hasta fs. 14 inclusive.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:


Que, Consuelo Valencia Vda.  de Vera, interpone el recurso de casación contra el Auto de Vista Nº S-210/13 de  fecha 27 de mayo del 2013 (fojas 196 a 197), pidiendo casar el Auto de Vista, fundada en los siguientes aspectos:

  1. Conviene recordar al Tribunal de segunda instancia, que no se puede determinar judicialmente una nulidad si ésta no se encuentra prevista en la normatividad tanto sustantiva como adjetiva, es decir la nulidad debe estar establecida expresamente en la Ley. En ese sentido, el Tribunal de segunda instancia no identifica el vicio o infracción legal determinada en ley, toda vez que la norma invocada el art. 87 del Adjetivo Civil que establece la dirección de la autoridad jurisdiccional sobre el proceso, no indica que la acción sea nula o que represente un vicio que afecte derechos constitucionales.
  2. Sobre las obligaciones del Juzgador, previstas en el art. 3 del Código de Procedimiento Civil, aplicado a la revisión del expediente, hace advertir que no existe omisión alguna, incluso la apelante es admitida como tercerista de dominio excluyente y que siendo oída en el juicio, no se le infringió derecho constitucional alguno.
  3. Se debe recordar, que la nueva Ley del Órgano Judicial, en sus arts. 16 y 17, establecen presupuestos mínimos para una revisión de oficio por parte de la autoridad jurisdiccional, dejando constancia que la nulidad solo se aplica cuando existe flagrante conculcación de derechos y garantías constitucionales establecidas en la Ley, igualmente el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, se establece que para la nulidad de obrados y su reposición solo es posible cuando así lo mande la Ley en forma expresa.
  4. Los Rodríguez Vocales olvidan que en las provincias de nuestro departamento casi el 90 % de su gente no cuentan con registros de sus propiedades, utilizando hasta la fecha para sus transacciones, simples documentos privados, un plano, así como un pago de impuestos, que por la fuerza de la costumbre adquieren calidad y fuerza de Ley.
  5. El Auto de Vista, hace hincapié en que el Auto de calificación del proceso habría sido infringido en su valoración en la Sentencia, al afirmar no se habría probado que la anterior propietaria haya sido Genara Rodríguez, lo que solo de la revisión del proceso, se demuestra que la demandante ha probado que ha adquirido de buena fe, el bien inmueble objeto de litis, de una persona con capacidad de obrar dentro los alcances del art. 1287 del Código Civil. Es decir, no se cuenta con los antecedentes de registro propietario, pero ha transcurrido la pacífica posesión de la actora, se ha  actuando con el ánimo de propietaria y hecho mejoras que han sido constadas por el Juez, diferente sería que la tercerista ahora apelante hubiese demostrado por un medio legal que el documento es fraguado y falso o que jamás hubiera existido la pacífica posesión.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Que, una vez analizados los fundamentos que esgrime el recurrente, al cual se debe circunscribir la Resolución del recurso de casación, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a decidir el fondo del recurso, en los siguientes términos:

  1. Antes de entrar al fondo del recurso es necesario realizar las siguientes consideraciones referidas a la interposición del recurso de casación por el recurrente:
  1. Por un error en la presentación del recurso, se pretende que éste Tribunal se pronuncie sobre un recurso de casación en el fondo, cuando por todo el tenor del escrito de interposición del recurso, se entiende que se trata de un recurso de casación en la forma, en consideración a que el recurso de casación en la forma, es un recurso procesal de la parte agraviada, destinado a obtener del Tribunal Supremo de Justicia, invalide la Sentencia o Auto de Vista, por haber sido dictada por los tribunales inferiores, prescindiendo de los requisitos legales, o por emanar de un procedimiento viciado al haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece.
  2. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 8 de noviembre de 2012, ha impuesto la línea jurisprudencial de que en la Resolución de los recursos de casación conforme al Código de Procedimiento Civil, se evite los excesivos requisitos y ritualismos, así la referida, Sentencia Constitucional expresamente indica en su parte resolutiva: “…Poner en conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y los Tribunales Departamentales de Justicia que conocen y resuelven recursos de casación en los cuales se aplica el Procedimiento Civil, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional con la finalidad de que efectúen una interpretación conforme a la Constitución Política del Estado de los requisitos y condiciones para ingresar al fondo de recursos de casación, evitando los excesivos rigorismos y exigencias ritualistas o debiendo fundamentar, en su caso, adecuadamente sus resoluciones de improcedencia a efectos de no generar incertidumbre en las partes procesales”.
  3. En criterio de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por los fundamentos expuestos, se considera que se ha interpuesto un recurso de casación en la forma, por lo que conforme a las normas invocadas seguidamente se procede a resolver las infracciones normativas aludidas.
  1. Con la anterior consideración, respecto al recurso de casación interpuesto se procede a resolver el recurso con el siguiente análisis de hecho y de derecho:
    1. Con relación a que: “no puede disponer una nulidad si ésta no se encuentra prevista en la normatividad tanto sustantiva como adjetiva y que el art. 87 del Código de Procedimiento Civil, que establece la dirección de la autoridad jurisdiccional sobre el proceso, no indica que la acción sea nula o que represente un vicio que afecte derechos constitucionales”, se debe considerar que la nulidad de la Sentencia Nº 141/2012 de fecha 14 de noviembre de 2012, fue solicitada y argumentada, por la parte apelante y que el Tribunal de Alzada, aunque con distinta motivación al art. 17 parágrafo III de la Ley del Órgano Judicial, procedió a declarar la nulidad de obrados hasta fojas 14.

Asimismo, conforme a la Sentencia Constitucional Nº 0085/2006-R de 25 de enero de 2006 la interpretación de la legislación ordinaria corresponde a la jurisdicción común y con esa facultad, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha sentado la línea jurisprudencial, en numerosos Autos Supremos, entre ellos, el Auto Supremo Nº 361/2012  de 25 de Septiembre de 2012 y Auto Supremo Nº 28/2013 de 6 de febrero 2013, que el actor de un proceso de usucapión debe acreditar el antecedente dominial del inmueble que se pretende usucapir a fin de que se conozca con certeza quien es el titular que se verá afectado con la extinción de su derecho de propiedad a favor del demandante y, únicamente en el supuesto caso en que el inmueble no cuente con antecedente dominial, se podría, a efectos de regularizar el derecho de propiedad, demandar la usucapión en contra de presuntos propietarios, siempre que la inexistencia del antecedente dominial se encuentre debidamente acreditada.

Por último, sobre el punto recurrido,  la Sentencia Constitucional Nº 0144/2012 de 14 de mayo de 2012 , ha establecido: “…La posibilidad de dejar sin efecto la llamada cosa juzgada “aparente” que es aquella obtenida en franca y manifiesta violación de derechos fundamentales y derechos humanos, porque no es posible alcanzar un orden social justo y en definitiva la paz social reconocidos por la doctrina como fines del derecho, con Resoluciones que a la vista del colectivo resultan ser obtenidas de forma injusta”. Así la posibilidad de declarar la nulidad de obrados, aun no se establezca de forma expresa en la ley, puede ser aplicada aún en ejecución de Sentencia, mediante el incidente de nulidad, con los únicos requisitos de manifiesta violación de derechos fundamentales y derechos humanos, que en este caso son derecho al debido proceso y defensa del propietario del bien inmueble que se pretende usucapir y que al no presentarse el antecedente dominial, estaría en indefensión.

    1. Sobre el punto recurrido de que: las obligaciones del Juzgador, previstas en el art. 3 del Código de Procedimiento Civil, aplicado a la revisión del expediente, hace advertir que no existe omisión alguna, incluso la apelante es admitida como tercerista de dominio excluyente y que siendo oída en el juicio, no se le infringió derecho constitucional alguno”, debe realizarse una revisión de normas sobre nulidades, así el art. 3 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, obliga a los Jueces en general incluidos los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a cuidar que los procesos puestos a su conocimiento se desarrollen sin vicios de nulidad, ahora bien, la señalada disposición debe relacionarse con el art. 237 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, que faculta al Tribunal de Alzada a poder disponer en el Auto de Vista, la anulación o reposición con responsabilidad del inferior, como se efectuó en el presente caso, pero además, el art. 17 parágrafo III de la Ley del Órgano Judicial, al delimitar la nulidad de actos determinados por los Tribunales, claramente establece que la nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos, de tal forma que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, al  advertir en los agravios del apelante (tercerista) nulidades o irregularidades dentro del proceso de usucapión decenal o extraordinaria, procedió a declarar la nulidad hasta fojas 14 de obrados y aunque no fundamenta el Auto de Vista, en las nulidades recurridas, procede a realizar una revisión de oficio fundada en el art. 17 parágrafo I del la Ley del Órgano Judicial y  art. 237 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, para ordenar la nulidad hasta fojas 14 de obrados.
    2. Sobre el punto recurrido referido a que: “la nueva Ley del Órgano Judicial, en sus arts. 16 y 17, establecen presupuestos mínimos para una revisión de oficio por parte de la autoridad jurisdiccional, dejando constancia que la nulidad solo se aplica cuando existe flagrante conculcación de derechos y garantías constitucionales establecidas en la Ley, igualmente el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, establece que para la nulidad de obrados y su reposición solo es posible cuando así lo mande la Ley en forma expresa”, se debe necesariamente, hacer referencia a  la señalada Sentencia Constitucional Nº 0144/2012 de 14 de mayo de 2012  que ha establecido, la posibilidad de declarar la nulidad de obrados, aun no se establezca de forma expresa en la ley, siempre y cuando exista manifiesta violación de derechos fundamentales y derechos humanos, que en el presente caso se da en la indefensión del propietario cuya propiedad se pretende usucapir o de dirigir la demanda contra los supuestos propietarios sino existiere antecedentes dominiales. Asimismo la violación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, no puede aludirse al no tratarse de un recurso de casación sino de un recurso de Apelación.
    3. Sobre el tercer punto recurrido, referido a que: “los Vocales olvidan que en las provincias de nuestro departamento casi el 90 % de su gente no cuentan con registros de sus propiedades, utilizando hasta la fecha para sus transacciones, simples documentos privados, un plano, así como un pago de impuestos, que por la fuerza de la costumbre adquieren calidad y fuerza de Ley”, se debe reiterar que conforme a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en forma uniforme y repetida, se ha establecido que en una demanda de usucapión, el legitimado pasivo es siempre el titular del inmueble que se pretende usucapir, es decir  que se debe dirigir la demanda contra la persona o personas que figuren en el registro de Derechos Reales como titulares del bien inmueble que se pretende adquirir la propiedad, toda vez que es él o son ellos quienes se verían afectados con la Resolución que declare probada la usucapión, perdiendo, en consecuencia, su derecho propietario a favor del usucapiente y que en caso de no existir antecedentes dominiales, recién se puede dirigir la demanda contra los presuntos propietarios. Esta línea jurisprudencial, se ha establecido bajo el criterio de que en la emisión de fallos se debe otorgar seguridad jurídica a los litigantes y a terceros y defender los derechos de los posibles propietarios que ejercen o ejercían su derecho propietario sobre el bien inmueble a adquirir la propiedad, evitando futuros conflictos jurídicos con los posibles propietarios que pierden su propiedad y en caso de no existir antecedentes dominiales, ratificar que ha operado la prescripción adquisitiva sobre un bien que no tiene antecedentes de registro dominial y notificar a los posibles propietarios mediante edictos.
    4. En relación al último punto recurrido referido a que: “el Auto de Vista, hace hincapié en que el Auto de calificación del proceso habría sido infringido en su valoración en la Sentencia, al afirmar que no se habría probado que la anterior propietaria haya sido Genara Rodríguez, lo que solo de la revisión del proceso, se demuestra que la demandante ha probado que ha adquirido de buena fe, el bien inmueble objeto de litis, de una persona con capacidad de obrar dentro los alcances del art. 1287 del Código Civil”, se debe considerar, que los puntos de hecho a probar son cuestiones de hecho, que se deben probar dentro del término probatorio y que son determinantes para el fallo final del proceso, ya que de acuerdo a lo comprobado de los puntos de hecho a probar se determina si la demanda ha sido probada, improbada o probada en parte, de tal modo que el no demostrar cualquiera de los puntos de hecho a probar, incide de forma determinante en la Sentencia final del proceso. El enlace de los puntos de hecho a probar, con lo probado y la Sentencia, esta claramente establecido en el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el Juez tendrá obligación de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas. En el caso de autos, no solo no se comprobó que la demandada (Genara Natalia Rodríguez de Rodríguez), sea la propietaria del bien inmueble a usucapir, sino que la superficie del bien inmueble es distinta, en la demanda, con lo probado y en el fallo final, así se tiene que en la demanda se señala una superficie de 1.392 mts2, en lo probado (formularios de pagos de Impuestos que cursan a fs. 8 a 12) se tiene una superficie de 245.90 mts2. y en la Sentencia se declara la usucapión por una superficie de 1.255.85 mts2. Los anteriores aspectos ya fueron advertidos por el Tribunal de Alzada y fueron determinantes para anular obrados. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Consuelo Valencia Vda. de Vera, impugnando el Auto de Vista Nº S-210/13 de  fecha 27 de mayo del 2013 de fs. 196 a 197,  con costas.


Se regula el honorario en favor del Abogado de la parte demanda demandada en la suma de Bs. 700.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo