TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 605/2013

Sucre: 26 de noviembre 2013

Expediente: CB - 108 13 S

Partes: Adriana Noemí Urrutia. c/ José Santiago Mejía Gonzales.

                                                                                                  

Proceso: Divorcio.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 454 y vlta., interpuesto por  José Santiago Mejía Gonzales, contra el Auto de Vista de fecha 19 de julio de 2013 de fs. 447 a 448, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de divorcio, seguido por Adriana Noemí Urrutia contra el recurrente; la respuesta al recurso de fs. 458 a 460 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 462; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Adriana Noemí Urrutia, de fs. 43 a 45 y vlta., al amparo de los arts. 131, 132 y 390 del Código de Familia, interpone demanda de divorcio contra su esposo José Santiago Mejía Gonzales, indicando que en fecha 28 de septiembre de 1984 contrajo matrimonio civil con el nombrado Señor en la Provincia de Córdoba-Argentina y fue registrado en Bolivia mediante trámite administrativo el 2010 y que con el pasar del tiempo su vida en común se tornó insostenible debido al cambio de carácter de su esposo, siendo víctima de injurias, malos tratos de palabra y actos de violencia psicológica y moral, al extremo de causarle trastornos depresivos, ante esa situación, decidieron separarse voluntariamente de común acuerdo en el mes de marzo del 2007 sin  que a la fecha exista la posibilidad de reconciliarse. Manifiesta también haber procreado dos hijos que tendría 23 y 17 años de edad que estarían estudiando pidiendo para los mismos una asistencia familiar de Bs. 2.500; en cuanto a bienes indica haber adquirido en vigencia de su matrimonio un inmueble tipo oficina en propiedad horizontal, signado como “6-I” de 58,09 mts2. de superficie privada y 6,03 mts2 de área común ubicado en el sexto piso del Edificio Continental de la ciudad de Cochabamba, por la suma de $us. 22.050.- monto del cual se habría cancelado $us. 7.120,12.- con un préstamo hipotecario, quedando un saldo por cancelar a la Entidad Financiera de $us. 4.369,53.- mismo que pide sea dividido incluido la deuda.   

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Cuarto de Familia de la Capital, mediante Sentencia de fecha 05 de febrero de 2011 cursante de fs. 142 a 146, declaró probada la demanda principal e improbada la reconvencional así como las excepciones perentorias opuestas a la misma, declarando la disolución del vínculo conyugal y ordenando la cancelación de la partida matrimonial y como mediadas complementarias dispone la homologación del acuerdo arribado pro las partes de fecha 05 de enero de 2011 por la cual se fijó una asistencia familiar en la suma de Bs. 1.000,00, por otra parte declara al bien inmueble adquirido por ambos como ganancial sujeto a división y partición al 50% para cada uno de los contendientes y en caso de no admitir cómoda división se proceda a su subasta y remate; de la misma manera dispuso como pasivo ganancial la deuda contraída de $us. 4.369,53.- a ser cancelado al 50% por cada uno.

Apelada la Sentencia por el demandado, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de fecha 19 de julio de 2013 de fs. 447 a 448, confirma la sentencia; en contra de esta Resolución de segunda instancia, el demandado recurre en casación en el fondo:

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente en su breve recurso, acusa como único agravio la errónea aplicación e interpretación del art. 111 inc. 1) del Código de Familia respecto a los bienes comunes por modo directo, indicando haber demostrado la existencia de aportes por parte de la demandante en la AFP. Zúrich-Bolivia, aspecto que también debió ser objeto de división y partición con más sus frutos rentas o intereses percibidos, pendientes y devengados por haberse realizado durante la vigencia del matrimonio, aspecto que no hubiese sido tomado en cuenta por los de instancia.

Sobre la base de esos antecedentes, interpone su recurso en el fondo en cuyo petitorio solicita que se declare infundado su recurso, ordenando al inferior que se tome en cuenta los aportes realizados a la AFP y se considere como gananciales dichos aportes procediéndose a su división y partición de los mismos.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haber sido interpuesto recurso de casación de manera breve exponiendo un único agravio, se pasa a considerar dicho recurso.

Debido a la brevedad con lo que se encara en la interposición del recurso, el recurrente expresa de manera superficial un único agravio, acusando la errónea aplicación e interpretación del art. 111 numeral 1) del Código de Familia respecto a los bienes comunes por modo directo, indicando haber demostrado la existencia de aportes por parte de la demandante en la AFP Zúrich-Bolivia, aspecto que también debió ser objeto de división y partición con más sus frutos rentas o intereses percibidos, pendientes y devengados por haberse realizado durante la vigencia del matrimonio, aspecto que no hubiese sido tomado en cuenta por los de instancia.

Al respecto, diremos que el art. 111 del Código de Familia que se acusa de haberse aplicado e interpretado erróneamente, se refiere a los bienes comunes por modo directo y en su numeral 1) señala a los bienes “adquiridos con el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges”; en el caso presente, por la certificación que cursa a fs. 137 emitido por el Gerente Regional de la AFP Zúrich-Bolivia se evidencia que el dinero que reclama su división y partición el recurrente, se trata de un aporte al Seguro Social Obligatorio efectuado por el empleador de la demandante (Universidad Privada del Valle S.A.) sobre su ingreso cotizable de Bs. 10.066,93.- por el periodo octubre 2010; este tipo de aportes se constituyen en un bien propio de carácter personal que está destinado para una renta de vejez de la demandante y que se encuentra comprendido dentro de los alcances del art. 107 inciso 1) del mismo Código Familiar y no constituye un bien ganancial para que se proceda a su división y partición como erróneamente entiende el recurrente.

La norma legal de referencia (art. 107 C.F.) establece qué bienes se consideran como bienes propios personales de los cónyuges y en su numeral 1) describe como tales, a las “pensiones de asistencia familiar, las rentas de invalidez o vejez y similares”; en el caso presente, si bien el aporte realizado  a la AFP en la actualidad no constituye una renta propiamente dicha en curso de cobro, sin embargo por disposición expresa de la Ley de Pensiones y el Código de Seguridad Social, ese aporte se encuentra destinado de manera exclusiva para ese propósito que es la de consolidar a futuro una renta de vejez para la demandante, no pudiendo el recurrente pedir la división de esos aportes como bienes gananciales.

Por otra parte, corresponde hacer notar al recurrente que durante el curso de la tramitación del proceso en primera instancia, no reclamó la división y partición de ningún bien ni mucho menos el aporte realizado a la AFP que hoy pretende su división y partición, no obstante de haber interpuesto demanda reconvencional y la documental que acredita la existencia del aporte realizado al Seguro Social (AFP) fue ofrecida y producida dentro de un incidente con el propósito de lograr la rebaja de asistencia familiar y no necesariamente en el curso del proceso principal para pedir la división y partición de ese aporte.             

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver en la forma prevista en el art. 271 núm. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil, más aún si se toma en cuenta que es el propio recurrente quien solicita en su petitorio que se declare “infundado” su recurso.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuestos por José Santiago Mejía Gonzales, contra el Auto de Vista de fecha 19 de julio de 2013 de fs. 447 a 448, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgdo. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: séptimo