TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                          S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 596/2013.

Sucre: 21 de noviembre 2013.        

Expediente: CB-101 -13-S

Partes: Iván José Antonio Severiche Espinoza         c/Angélica Pastora Seleme Zubieta

Proceso: Anulabilidad de matrimonio                        

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 357 a 366, interpuesto por Iván José Antonio Severiche Espinoza contra el Auto de Vista No.124/2013, cursante de fs. 343 a 347, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en fecha 11 de junio de 2013 y Auto de complementación de fs. 353, en el proceso ordinario sobre Anulabilidad de Matrimonio seguido por Iván José Antonio Severiche Espinoza contra Angélica Pastora Seleme Zubieta; respuesta de fs. 401 a 404; la concesión de fs. 405; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Séptimo de Partido de Familia de Cochabamba, pronunció Sentencia de  2 de diciembre de 2010, cursante de fs. 302 a 310, declarando IMPROBADA la demanda de fs. 5 y PROBADA la excepción planteada por la demandada, al haber demostrado la misma en el proceso, complementado a fs. 312 por Auto de fecha 07 de diciembre de 2010 en cuanto a la condena en costas y rechazando la petición del demandante a fs. 316 en 07 de diciembre de 2010.

Contra la referida Sentencia, Iván José Antonio Severiche Espinoza, interpuso recurso de apelación cursante de fs. 319  a 324.

En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de fecha 11 de junio de 2013, cursante de fs. 343 a 347, por el que confirma totalmente la Sentencia pronunciada en fecha 2 de diciembre de  2010.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo, interpuesto por parte de Iván José Antonio Severiche Espinoza, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Comienza por señalar que los antecedentes deben servir para casar o anular el Auto de Vista, refiriendo que interpone recurso en sujeción a lo determinado por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, pasando luego a describir lo que estableció la Sentencia Constitucional No. 0315/2012 de 18 de junio de 2012, concluyendo que el presente recurso ante la inobservancia, infracción interpretación errónea y vulneradora de las normas legales vigentes por parte de los operadores de justicia, fuera el medio idóneo  que restituiría su derecho al debido proceso consagrado en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado con referencia dice a los arts. 13, 63, 115, 119  y 122 de la misma norma.

Como punto I subtitula recurso de casación en el fondo y transcribe el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, ingresando luego a referir interpretación errónea o aplicación indebida de la ley y que de acuerdo a lo establecido por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil se tendría que la Sentencia pone fin al proceso en los términos que contiene la referida norma, que en relación a ello el art. 192 inc. 2) de la norma establecería el contenido fundamental.

Que se habría planteado recurso de Apelación reclamando de manera oportuna con expresión de agravios contra la Sentencia que contraviniera todo el ordenamiento jurídico y que el Auto de Vista ingresaría en el mismo error e incumplimiento, describiendo en cuadro los antecedentes, realizando mención que en fecha 21 de septiembre de 1992 no estaría gozando de libertad de estado, refiriéndose a la demandada.

Relata infracción por interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en relación a los arts. 63, 122, 123, 180, 410 de la Constitución Política del Estado, arts. 5, 80, 46, 55 al 60, 101, 129, 141, 366, 369, 380, 387 del Código de Familia con relación al art. 41, 46, 73 y 82 de la misma norma legal, arts. 12 y 30 num. 6 y 11 de la Ley 025 de 24 de junio de 2010 y art. 2 num. II del Decreto Supremo No. 132 de 20 de mayo de 2009, remitiendo su razonamiento a la afirmación que se hubiera realizado en el Auto de Vista recurrido que citaría el art. 63 de la Constitución Política del Estado, que si bien existiera el acto de matrimonio por dos veces, no fuera menos cierto que el vínculo jurídico emergería de su matrimonio fuera uno solo, que esa afirmación  del Tribunal Ad quem constituiría una violación a la norma e interpretación errónea de los arts. que ya se citó, razonando en sentido de que el matrimonio entre un hombre y una mujer constituye vínculos jurídicos, por lo tanto para nacer a la vida, debe estar libre de todo impedimento que pueda anular esa unión, que debe cumplirse obligatoriamente con los requisitos establecidos en los arts. 44 al 54 del Código de Familia, llegando a concluir que en el caso no se cumplió y que su unión matrimonial con Seleme por contravenir a la ley, no daría lugar como efecto directo la existencia de comunidad de gananciales, por lo que el Tribunal Ad quem interpreta y aplicaría erróneamente la Ley violándola al considerar que el matrimonio, al ser asentado en una partida es un acto administrativo, sin considerar que esa partida determinaría la publicidad respecto a la libertad o no de estado que pueda tener un contrayente.

El Tribunal Ad quem determinaría que la segunda partida matrimonial al haber sido disuelto el primero, que podía por acto administrativo cancelarse, entendiendo el recurrente que según aquello, la Sentencia de divorcio del primer matrimonio también  fuera para el segundo, sin considerar dice los arts. 327 y 190 del Código de Procedimiento Civil, realizando una relación de antecedentes y estableciendo que habría violación de lo establecido por los arts. 129 y 141 del Código de Familia, que determinaría que el matrimonio se disuelve solo por Sentencia ejecutoriada de divorcio, llegando a transcribir lo que refiere el Auto de Vista, acusa de apreciación subjetiva nada objetiva que vulneraria el art. 5 del Código de Familia y  123 de la Constitución Política del Estado, admitiendo dice la retroactividad de una Sentencia de divorcio del año 1968 a otro de 1969. Refiere a prueba y efectúa conclusiones desde su perspectiva transcribiendo partes integras de la Resolución recurrida, referidos a diversos tópicos de manera reiterativa, acusando que el Ad quem desconocería la jerarquía normativa, acusando violación del art. 410 num. II de la Constitución Política del Estado, haciendo consideraciones subjetivas inconducentes a un recurso, en relación a los juzgadores de instancia. Concluyendo desde su perspectiva que no habría nada de jurídico en el razonamiento, acusando una vez más violación de los arts. 101, 129, 141 y 387 del Código de Familia, transcribiéndolos sin explicación alguna.

Señala además que en el presente caso no existiría posibilidad de efectuar una cancelación administrativa del matrimonio de Seleme-Jiménez, describiendo a la nulidad de Resolución jerárquica, por imperio del art. 122 de la Constitución Política del Estado, que por tanto la prueba aportada ni siquiera debiera ser tomada en cuenta por esa nulidad, en relación a que los únicos que pudieran ejercer jurisdicción y competencia que solo emanaría de la ley, fueran los Jueces de familia.

Considera que la demandada no contaba con libertad de estado y que no habrían tramitado Seleme ni Jiménez divorcio de su matrimonio celebrado el año 1968, que con posterioridad habría el trámite de anulabilidad.

Que fuera claro el art. 83 del Código de Familia en relación a la imprescriptibilidad y la posibilidad de demanda por lo que se señala, y en el caso su persona fuera directo interesado al haber sido objeto de un engaño y abusado en su buena fe cuando contrajo matrimonio en la creencia de su libertad de estado. Que no fuera subsanable pero que el Tribunal pretendería justificar la actitud de la demandada con el argumento de que se habría casado dos veces pero con el mismo hombre, y que podría ser cancelado de manera administrativa y fuera un precedente funesto.

Concluye señalando que cumplió con los requisitos exigidos por el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a señalamiento de fojas, normativa violada y/o vulnerada y cuya infracción se explica, para la procedencia de su recurso, ruega se de curso a fin de que se case el Auto de Vista de 11 de junio de 2013 y deliberando en el fondo declarar probada su demanda de anulabilidad de matrimonio.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Sin embargo de lo extendido del memorial de recurso, el recurrente en definitiva tiene la pretensión de hacer ver que tiene asidero el razonamiento expuesto en sentido de que la demandada a tiempo de contraer nupcias con el demandante no contaba con uno de los requisitos para su celebración, en este caso, la libertad de estado, en razón desde su perspectiva de no haber disuelto el vínculo matrimonial que le unió con su anterior esposo que responde al nombre de René Ruperto Jiménez Roca, a ese fin expone que estaría vigente la partida matrimonial celebrada en fecha 07 de junio de 1969 y que solamente en proceso de divorcio se habría cancelado la Partida de Matrimonio celebrada en fecha 04 de mayo de 1968, considerando que con ese antecedente existiera la vigencia de ese vínculo conyugal, no habiendo concurrido a tiempo de la celebración de su matrimonio de él con la demandada el requisito habilitante como fuera la libertad de estado.

Ese es el punto de partida para generar controversia en el proceso, para finalmente en recurso de casación cuestionar el razonamiento expuesto por los Jueces de instancia que declararon improbada su pretensión, ante esa circunstancia, corresponde a este Tribunal Supremo, examinar los antecedentes con relación a lo denunciado como vulnerado con la cita de diversa normativa legal y verificar si tiene sustento a efectos de dar curso al recurso, consecuentemente se dirá que:

Resulta siendo vago y contradictorio la introducción del recurso cuando de manera ambigua refiere que deban los antecedentes servir para casar o anular, en razón que estos resultados devienen de concepciones diferentes para un resultado asimismo diferenciado, es decir, la petición de casar debe ir antecedido por el recurso de casación en el fondo, en cambio la petición de anular obrados o el Auto de Vista, debe estar fundado en un recurso de casación en la forma, que en todo caso están inmersos en diferentes artículos de la norma procesal civil, lo referido a la casación como tal en el art. 253 y la nulidad en el art. 254, esa carencia de precisión, sumado a que en la parte del petitorio no se concreta a cual de los numerales de la norma inserta en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil se enmarcaría las vulneraciones descritas, en consideración que se dice plantear casación en el fondo, no obstante esa deficiencia, en razón que se está en la vigencia de un nuevo orden constitucional que apertura de manera mas amplia la comprensión de la administración de justicia, se pasa a absolver los cuestionamientos expuestos.

De manera genérica se acusa la infracción del art. 180 de la Constitución Política del Estado, pretendiendo relación con los arts. 13, 63, 115, 119 y 122 de la norma constitucional, sin que exista explicación coherente de que es lo que se pretende en definitiva y cual el entendimiento que se quiere dar con este reclamo, debiendo quedar claro que en recurso como el planteado, no es posible el solo describir la norma, sino la demostración de que estas fueron vulneradas y la manera en que hubiera sucedido ello a tiempo de dictar una Resolución judicial.

Cuando aparentemente concreta su recurso de casación, simplemente describe el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, refiriendo que procedería el mismo en los casos que señala, posteriormente, sin embargo de nombrar a los arts. 190 y 192 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, no concreta en marcar a cual de los numerales se subsumiría la alegada vulneración.

Lo propio sucede cuando en un punto que identifica como “A”, refiere infracción por interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, nombrando de manera indiscriminada disposiciones legales de la Constitución Política del Estado, Código de Familia, Ley 025 y D. S. No. 132 de 20 de mayo de 2009, para concluir el razonamiento que según el art. 63 de la Constitución Política del Estado el matrimonio entre un hombre y una mujer constituye vínculos jurídicos por lo tanto ese vínculo jurídico para nacer a la vida, debe estar libre de todo impedimento en sujeción a lo previsto por los arts. 44 al 54 del Código de Familia, que desde su perspectiva no se habría cumplido.

Con relación a ello habrá que señalar que el matrimonio esencialmente es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros, siendo así, cuando existe desvinculación matrimonial por divorcio como en el caso referido de principio, esta inmerso el alejamiento de las personas que intervinieron en esa vinculación, entendiéndose entonces que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, que deja a los cónyuges en la posibilidad de contraer otro matrimonio, es la ruptura del vínculo conyugal, pronunciado por un Juez competente. Se puede entender además como sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una autoridad judicial facultada por las leyes, por ello el entendimiento del art. 129 del Código de Familia en su segundo párrafo “También se disuelve por Sentencia ejecutoriada de divorcio…”

En el caso en cuestión, existe una singularidad y es el hecho de que las mismas personas hubieran contraído “dos matrimonios entre los mismos”, pero que sin embargo existió la demanda de divorcio que desvinculó esa relación; estamos de acuerdo en que ese aspecto no es el normal, es decir, que entre las mismas personas se haya registrado celebraciones distintas referidas al matrimonio, empero deberá quedar claro que amen de esas dos “celebraciones” entenderemos de un solo vínculo matrimonial y por ende cuando hubo divorcio, aun se haya tramitado formalmente y cancelado solo el primer registro, estaremos de acuerdo que existió desvinculación conyugal de esa dos personas, pues no cabe la posibilidad de señalar que existieran dos vínculos matrimoniales con la misma persona sino uno, precisamente por ello, la posibilidad de acudir a la vía administrativa a fin de cancelar la segunda partida o registro que hubo autorizado el órgano encargado de estos registros, en ello no existe infracción de normativa legal alguna, pues el proceso de divorcio en sujeción a las normas que rigen la materia, ciertamente fue declarado por un Juez competente investido de las prerrogativas otorgadas desde la Constitución Política del Estado, el Código de Familia y la Ley de Organización Judicial que regía a momento de la tramitación del mentado divorcio entre Jiménez Roca y la hoy demandada, consecuentemente disuelto como fue la unión conyugal que unía a los referidos esposos, habiendo adquirido ejecutoria y autoridad de cosa juzgada esa Resolución judicial, la demandada quedó en libertad de estado, consecuentemente podía perfectamente estrechar una nueva unión conyugal, es decir, cuando contrajo nupcias con el demandante, cumplía con el requisito extrañado de contar con libertad de estado, bajo esos antecedentes, lo razonado por el A quo como por el Ad quem se enmarcan a la legalidad y razonamiento lógico jurídico que pretende no entender el recurrente.

Habrá que incidir asimismo en el hecho de que necesariamente se debe considerar lo ya expuesto, que el matrimonio constituye un vínculo entre dos personas y si hubo por alguna razón el asentamiento de dos partidas distintas de ese vínculo, es mas incluso celebración en doble partida, debe quedar claro que ante la desvinculación, no se puede tener la creencia que una segunda partida pudiera seguir manteniendo el vínculo matrimonial, siendo que es sólo uno y ante el divorcio se destruye con la declaración de la sentencia, mas allá que se diga que persiste el registro o que una segunda partida no se hubo considerado.

El razonamiento anterior de ninguna manera puede considerarse vulneratorio de las disposiciones legales que expuso el recurrente referido a los arts. 129 y 141 del Código de Familia, pues en definitiva, como se vio de antecedentes, existió la desvinculación de ese matrimonio, declarada por autoridad competente, consecuentemente la existencia de la segunda partida matrimonial supone simplemente la cancelación en vía administrativa, no implicando necesidad de un nuevo trámite de divorcio, pues aquello sí representaría una anomalía, en el entendido que no existen dos vínculos matrimoniales sino uno.

En ese sentido, no hay vulneración del art. 5 del Código de Familia, ni la norma constitucional que se cita, ni que ello suponga desconocimiento de la jerarquía normativa como pretende, el que tenga sus apreciaciones personales e irrespetuosas consideraciones subjetivas, no son conducentes a la interpretación real de los antecedentes expuestos en la demanda, la prueba producida durante la sustanciación del proceso, así como no existe sustento en la acusación de violación de los arts. 101, 129, 141 y 387 del Código de Familia, que se la transcribió sin sustento valorativo de cual su propósito, a mas de esa afirmación de una presunta violación.

Demostrado está entonces que tramitado el divorcio y declarada la desvinculación matrimonial de los esposos Jiménez Seleme, la demandada adquirió libertad de estado, entonces no tiene mayor sustento el incidir en el tema de la existencia de una segunda partida que presuntamente mantenía aun ese vínculo matrimonial, consecuentemente a tiempo de la celebración del matrimonio con el ahora demandante, reunía las condiciones para contraer un nuevo matrimonio y esencialmente la libertad de estado que se cuestiona.

El razonamiento del demandante que se hubo abusado de su buena fe, no tiene asidero legal, cuando de los antecedentes del proceso se establece que incluso participó como testigo en la demanda de divorcio que se tramitó entre Jiménez Roca y Seleme Zubieta, de manera que tenía perfecto conocimiento de esta “desvinculación matrimonial”; y en el caso no existió cuestionamiento sobre la posibilidad de imprescriptibilidad de la acción, sin embargo cuando accionó la demanda, lo hizo bajo una premisa equivocada, de manera que lo razonado por los Jueces de instancia de ninguna manera constituirían precedente funesto como afirma el recurrente.

Sin embargo de la exposición extensa de antecedentes y la petición de casación conforme se hizo notar, no existe subsunción conforme a que norma pretende se acoja su petición, empero como se dio respuesta explicativa a los diferentes tópicos planteados de manera errática y en razón de no encontrar sustento razonado para dar curso a su petición, corresponderá emitir Resolución, en previsión a lo contenido en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de Casación en el fondo interpuesto por Iván José Antonio Severiche Espinoza por memorial de fs. 357 a 366 vlta., contra el Auto de Vista No. 124/2013 de 11 de junio de 2013. Con costas.

Se regula el honorario del profesional Abogado en la suma de Bs. 1.000.- 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: sexto