TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo:593/2013                                                Sucre:21 de noviembre 2013                                                         Expediente:        SC-101-13-S                                                                

Partes: María Elena Cuellar Sanabria.        c/ Adolfo Morales Sanabria                

Proceso:Nulidad de Escritura

Distrito:Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 154 a 156, interpuesto por María Elena Cuellar Sanabria contra el Auto de Vista Nº 283/2013, (citado como Nº 273 de manera errada por la recurrente) cursante a fs. 162 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en fecha 15 de agosto de 2013, en el proceso ordinario sobre Nulidad de Escritura Pública de Transferencia, seguido por María Elena Cuellar de Sanabria contra Adolfo Morales Sanabria; contestación de fs. 158-159; la concesión de fs. 160; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz, pronunció Sentencia Nº185 de 3 de diciembre de 2012, cursante a fs. 140 y vlta., declarando IMPROBADA en todas sus partes la demanda principal de fs. 5 a 7, planteada por Sra. María Elena Cuellar Sanabria.

Contra la referida Sentencia, María Elena Cuellar Sanabria, interpuso recurso de apelación cursante de fs. 143 a 144.

En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 283, cursante a fs. 162 y vlta., por el que confirma totalmente la sentencia de fecha 03 de diciembre de 2012.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo, interpuesto por parte de María Elena Cuellar Sanabria, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere que todo lo actuado en el proceso se constituiría en una sistemática y reiterativa de vulneración de preceptos legales, principios fundamentales, concluyendo  con la incorrecta resolución procesal.

Que, los certificados de nacimiento y defunción que habría acompañado constituirían prueba eficaz que acreditaría es hija de Luisa Sanabria Morales fallecida en 31 de enero de 2010, su relación materno filial y el deceso de su madre.

Que, su madre habría tenido el propósito de bienestar de sus hijos habría construido su vivienda familiar en la dirección descrita y que esa vivienda indudablemente ella habría destinado para ambos hijos, que sin embargo la ambición de su hermano habría suscrito un documento de manera unilateral, dolosa en fecha 9 de septiembre de 1986, transcribiendo a continuación disposiciones legales del Código Civil arts. 549 num.3), 551 y 552, pretendiendo vincular la titularía del derecho propietario de su madre con las declaraciones testificales de dos testigos, que ratificarían sus argumentos de demanda, que bajo esos antecedentes debiera según su razonamiento dictarse fallo favorable a sus intereses, empero se habría confirmado bajo el incomprensible argumento que los testimonios de testigos- o serian suficientes para acreditar los argumentos centrales de la demanda cuando ello no fuera evidente.

Se dice que se había vulnerado el debido proceso y no se habría valorado los elementos de prueba, y bajo esa premisa se dictaría una incorrecta sentencia y el Auto de Vista confirmaría, ingresando en la infracción del art. 253 num. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, incurriendo dice en error de derecho.

Que, con esos antecedentes interpone recurso de casación en el fondo, pidiendo se dicte Auto Supremo Casando el Auto de Vista Recurrido y declare probada la demanda y la nulidad de la escritura o documento aclarativo de derecho propietario y cancelada su inscripción en derechos reales.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiéndose planteado recurso de casación en el fondo, en razón a la poca claridad con la que se exponen los fundamentos del mismo habrá que aclarar de manera previa a absolverlo, que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, el mismo que puede ser planteado en la forma, en el fondo o en ambos casos a la vez, conforme está establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil; de manera concreta, cuando se recurre de casación en el fondo o "error in judicando", procede por errores en la Resolución del fondo del litigio y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva sobre el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba.

El o los hechos denunciados deben circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en el art. 253 del adjetivo Civil y cumplir de manera inexcusable el mandato del art. 258 núm. 2) del mismo cuerpo legal; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y sobre todo especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

Bajo ese antecedente, el recurso analizado pretende que todo el proceso fuera una sistemática y reiterativa vulneración de preceptos legales, principios fundamentales que concluiría con una incorrecta resolución, esta afirmación es genérica y referencial sin ninguna concreción, de manera que no es posible que este Tribunal Supremo advierta donde hubo vulneración de esos preceptos y principios.

Por otro lado el que se alegue producción de prueba referido al vínculo familiar demostrativo de su parentesco con su madre y su deceso, no tienen relación alguna con el caso, lo propio sucede, al argumento de que su progenitora hubiera tenido como propósito el bienestar de ambos hijos. Debe tomarse en cuenta que la demanda versó sobre la presunta falsificación de la firma de la madre de ambos demandante y demandado- cuando refirió la existencia de aquello enel documento de aclaración por el que aparecía como titular del bien inmueble cuestionado a nombre del actor, ese era el argumento principal de su pretensión para accionar por presunta falsedad, empero esta situación como concluyeron correctamente los jueces de instancia no fue demostrado en ningún momento, y la demandante no produjo sino prueba testifical con relación a su propósito, que se concretaron en señalar el presunto deseo de la madre de las partes, en cambio el demandado fue quien produjo prueba pericial, la misma que de manera contundente concluyó en señalar la no existencia de falsedad en el documento de aclaración que se pretendió se anule, consecuentemente cambiar ahora de fundamento señalando que el demandado de manera unilateral hubiera suscrito un documento de transferencia a su favor el año 1986, pretendiendo vinculación con los arts. 549 num. 3), 551 y 552 del Código Civil, además con el solo hecho de haber adjuntado en calidad de prueba Certificados de Nacimiento y defunción, no tiene coherencia ni fundamento alguno.

Si bien su madre fue titular de un derecho propietario, ésta aclaró que esa transferencia a su favor en realidad estaba destinado a su hijo hoy demandado- por parte de la que fuera madre a la vez de su progenitora (abuela del demandado), contra esta evidencia y la existencia de prueba pericial que define que no hubo falsedad en la firma de su madre, desvirtuando lo afirmado en la demanda, las declaraciones testificales carecen de relevancia, por ello, el razonamiento de los jueces de instancia se encuentran dentro del marco legal.

El último acápite del recurso refiere vulneración del debido proceso y que no se habría valorado los elementos de prueba que como consecuencia tuviera una sentencia dictada de manera incorrecta, confirmado por Auto de Vista acusando infracción del art. 253 num. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil. Esta situación de igual manera que los anteriores reclamos no tienen asidero fundado, pues no se aclara en cual de sus elementos hubiera sido vulnerado el debido proceso y que elementos de prueba no se hubiera valorado, que en definitiva acarrearía en dictación incorrecta del fallo de primera instancia. Debiendo quedar claro que no es posible acusar la infracción del art. 253 del Código de Procedimiento Civil en sus diferentes numerales, pues a esta norma se subsumirán la existencia de violación o interpretación errónea o aplicación indebida de la ley a tiempo de dictar resolución, o cuando contuviere disposiciones contradictorias y en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de hecho o derecho, que como requisito establece además, se deba evidenciar por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador. En el caso en cuestión se acusa infracción de la norma citada en sus numerales 1) y 3), y conforme al análisis realizado, resulta impertinente esa situación en razón como se dijo, que las vulneraciones acusadas deben estar subsumidas a esta norma para tener soporte el recurso de casación en el fondo, siendo por lo mismo una manifiesta equivocación de la recurrente plantear de esa manera, sin fundamentación pertinente.

Por todo lo expuesto, y en razón de no ser evidentes las vulneraciones denunciadas, corresponde resolver el recurso de casación en sujeción a lo previsto por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por María Elena Cuellar Sanabria, por memorial de fs. 154 a 156, contra el Auto de Vista N° 283 de 15 de agosto de 2013, (identificado erróneamente por la recurrente como No. 273). Con costas.

Se regula el honorario del profesional Abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                 

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: sexto