TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo:589/2013

Sucre: 15 de noviembre 2013

Expediente:LP-96-13-A

Partes: Genaro Freddy Álvarez Salinas. c/ Alcira Ticona Espejo.

Proceso:División y Partición de bien inmueble

Distrito:La Paz

VISTOS: El recurso de casación  cursante de fs. 69 a 70, interpuesto por Alcira Ticona Espejo, contra el Auto de Vista Nº 162/2013, cursante de fs.57 y vlta., emitido el 20 de junio de 2013, por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre división y partición de bien inmueble, seguido por  Genaro Freddy Álvarez Salinas contra la recurrente; la respuesta de fs.76 a 77; la concesión de fs. 78; los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Genaro Freddy Álvarez Salinas,  a fs.  9 yvlta., interpuso demanda de división y partición de inmueble, contra  Alcira Ticona Espejo, bajo el argumento de que en forma conjunta habrían comprado un lote de terreno de 250 ms.2, correspondiéndole a cada uno de ellos, 125 ms.2, elmismo que hasta la fecha no había podido ser dividido de común acuerdo, amparándose enlos arts. 167 y 105 del Código  Civil.

Citada la demandada, responde afirmativamente en parte, pidiendo audiencia conciliatoria y señalando que ese lote lo habrían comprado durante su vida concubinaria para su hija, habiendo acuerdo para ceder cada uno el 50% que le corresponde en su favor, sin embargo pasados los años de separación, el demandante habría cambiado de parecer y le había propuesto que a cambio de la renuncia de su 50 %, le entregue una suma de dinero, acordando en $us 15.000.- en un tiempo prudencial, motivo por el que solicita la audiencia.

Para tal efecto, se celebró la audiencia de fecha 17 de septiembre de 2012, en la cual las partes acordaron los siguientes puntos: 1.- La demandada se comprometió entregar en efectivo la suma de  $us 12.000.- a favor del actor, asimismo devolver lasuma del anticrético a Juan Calderón.2.- Por su parte el actor, a ceder todos sus derechos y acciones respecto al bien inmueble a favor de su hija y que el incumplimiento de lo acordado implicaría la prosecución del proceso.

En audiencia de fecha 26 de noviembre, modificaron el primer acuerdo señalando que si hasta 30 de enero de 2013, la demandada no cumplía con lo pactado,  sería eldemandante quien haga entrega de esa suma a favor de la demandada, quedándose en el inmueble  en co propiedad  con su hija, cediendo la demandada en su favor las acciones y derechos quelecorresponden.

En fecha 31 de enero la demandada hizo entrega de $us 8.000.-al actor, pidiendo un plazo para la entrega del  saldo, el mismo que le fue concedido hasta el 8 de febrero, cuando hizo entrega de  $us 2.500.- manifestando que no había podido conseguir el total y pidiendo un último plazo hasta el  15 de febrero de 2013 a hrs.11:00 a.m. La fecha acordada la demandada no asistió a la misma, dictando el Juez el Auto Interlocutorio de la misma fecha, disponiendo el cumplimiento de lo pactado.

Contra esa Resolución, la demandada interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, contra el Auto Interlocutorio definitivo de fecha 15 de febrero de 2013, que fue rechazado y concedida la apelación en el efecto suspensivo, recurso de apelación, que mereció el Auto de Vista  Resolución N° 162/2013 de fecha  20 de junio de 2013 que anuló el Auto de concesión de Alzada, disponiendo que quede firme  y subsistente el Auto de fs. 32, de 15 de febrero de 2013.

Contra esa Resolución de segunda instancia, Alcira Ticona Espejo, interpuso el recurso de casación  que se considera.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Manifiesta la recurrente, que  por los antecedentes del proceso, se evidencia que el lote objeto de la  Litis, fue adquirido en vigencia de su unión concubinaria  con el actor, aspecto que está totalmente reconocido  por ambas partes.

- Que, no obstante el carácter ganancialicio del bien,  y debidamente reconocido por las partes, el demandante sorprendió a la autoridad judicial de primera instancia presentando una ilegal demanda civil sobre división y partición de bien inmueble como si se tratara de una simple copropiedad sin indivisión  forzosa que pertenecía a dos personas completamente ajenas.

- Que,  la autoridad jurisdiccional, sin observar las reglas de la jurisdicción y de la competencia, admitió la demanda y viabilizó una serie de extrañas audiencias conciliatorias se procedió a transar, disponer y negociar el bien de acuerdo a la voluntad de las partes, sin considerar el origen del inmueble

- Que,  no obstante lo acordado en la primera audiencia de 17 de septiembre de 2012,  el Juez permite  contra todo procedimiento que se lleve a  cabo una serie  de audiencias sin las debidas notificaciones, donde se regatean montos, plazos, se incorpora a terceras personas que a la larga son acuerdos contradictorios que no hansido cumplidos por ninguna de las partes, sin embargo el Juez, de manera arbitraria, cerró la negociación rechazando todas sus solicitudes sin darse cuenta que todoslos actos llevados a cabo en sede civil, son nulos de pleno derecho porque son contrarios  a la ley.

-Que, la abundante jurisprudencia  en la materia, Señala que la jurisdicción es de orden público, indelegable y que solo emana de la ley, sancionándose  con nulidad los actos que usurpen  funciones que no les competen.

- Que, en Autos y tratándose de un bien  ganancialicio,  reconocido por  ambas partes de manera expresa,  el asunto debía ser remitido de oficio  al ámbito familiar,  por lo que  todos los actos  sustanciados, son nulos de pleno derecho conforme a la Constitución Política del Estado.

Concluida su  exposición, manifiesta que han sido vulneradoslos artículos 24, 62,63-II, 122 de la Constitución Política del Estado, los artículos 2, 4, 5, 6, 101,102 del Código de Familia, numerales  1 y 3 del Código  deProcedimiento Civil, solicitando que esta instancia declare la ANULACIÓN DE OBRADOS hasta el vicio más antiguo

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el caso que se analiza, el recurso deviene de la conciliación a la que han arribado las partes en conflicto, respecto al bien inmueble cuya división se demandó, acuerdo que ha sido consensuado en las audiencias de fechas 17 de septiembre de 2012, en la cual las partes acordaron lo siguiente: 1.- La demandada se comprometió entregar en efectivo la suma de  $us 12.500.- a favor del actor, asimismo devolver la suma del anticrético a Juan Calderón $us 2.000.- señalando como fecha para la entrega del dinero, el 15 de noviembre de 2012 y que a cambio el actor, cedería todos sus derechos y acciones respecto al bien inmueble a favor de su hija y que el incumplimiento de lo acordado implicaría la prosecución del proceso.

En audiencia de fecha 26 de noviembre, modificaron el primer acuerdo señalando como nueva fecha  para la entrega de la suma de dinero, el  30 de enero de 2013, acordando asimismo, que si hasta fecha acordada, la demandada no hacia entrega del dinero, sería el demandante quien haga entrega de esa suma a favor de la demandada y devuelva el anticrético a Juan Calderón quedándose en el inmueble  en co propiedad  con su hija, cediendo la demandada sus acciones y derechos en  favor  de la misma.

Dispuesto y aclarado lo anterior por Auto de la misma fecha,  en  cumplimiento de lo acordado, el 31 de enero 2013 la demandada hizo entrega de $us 8.000.- pidiendo plazo de una semana para  el pago delsaldo  de $us 4.000.-fijándose por Auto de la fecha,  un nuevo plazo  hasta el 8 de febrero de 2013, llegada esta fecha  la demandada, hizo entrega de $us 2.500.- solicitando por última vez un nuevo plazo para la entrega de los restantes  $us 2.000.- fijándose una  última  audiencia para  el 15 de febrero 2013 a hrs. 11:00. Llegada esta fecha, la demandada no se hizo presente, dictando el Juez de la causa, Auto  Interlocutorio definitivo  en cumplimiento de lo acordado por las partes y disponiendo que el demandado devuelva a la hoy recurrente la suma de $us 10.500.-  y haga entrega de la suma también acordada de $us 12.500.- y se haga cargo del anticrético ya referido, quedando él con el inmueble en las mismas condiciones pactadas, manteniendo subsistentes las medidas acordadas respecto a la cesión  por parte de la demandada de sus acciones y derechos a nombre de su hija y otorgándole un plazo de 90 días para que desocupe el inmueble. Apersonándose la misma  posteriormente, con  el argumento de que no había podido llegar a tiempo  porque la flota en la que viajaba había sufrido un percance, justificando su  inasistencia con la presentación de dos pasajes de esafecha.

Ante la negativa de reconsideración por parte del Juez, la demandada interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación  contra el Auto de fecha 15 de febrero, el mismoque fue rechazado, concediéndose la apelación en el efecto suspensivo, cuya resolución emitida  por el Tribunal de Alzada anuló el Auto de concesión del recurso, manteniendo subsistente lo dispuesto en el Auto Interlocutorio de fecha 15 de febrero de 2013,  resolución  de la cual deviene el presente recurso de casación que se analiza.

Expuestos los antecedentes del proceso, corresponde precisar lo siguiente:

Conforme señala el art. 181 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil, “Si las partes llegaren a un acuerdo total suscribirán conjuntamente el Juez el acta de conciliación, la cual tendrá el valor de cosa juzgada. Su cumplimiento podrá exigirse en proceso de ejecución.” En Autos, con la realización de las audiencias de fechas  17 de septiembre y 26 de noviembre de 2012, las partes arribarona una conciliación, la mismatiene  la calidad de cosa juzgada y por tanto irrevisable, toda vez que para arribar a la conciliación, se dilucidaron  los puntos de controversia llegando a un acuerdo suscrito por voluntad de las partes.  En ese entendido, las posteriores audiencias celebradas ante la autoridad jurisdiccional, solamente tuvieron el objetivo del cumplimiento de lo acordado, es decir que las mismas se constituyeron en esa otra fase del proceso que es la ejecución de la Sentencia o de la Resolución, aspecto que aparentemente  confundió el Ad quem, toda vez que  anuló el Auto de Concesión de la apelación, bajo el argumento de que la  conciliación  es una resolución que por su carácter de cosa juzgada, no admite recurso ulterior,  en la creencia de que la apelante, estaba impugnando el acto  mismo de la conciliación, lo que no es evidente, pues lo que motivo el recurso de apelación fue el Auto dictado el 15 de febrero 2013 (en ejecución), consiguientemente dicha apelación debió ser analizada y resuelta por el Tribunal de Alzada, quien tiene competencia para resolver las apelaciones deducidas contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, como es el caso de Autos, al no haber obrado de esa forma el Tribunal Ad quem vulneró el derecho a la impugnación de la parte demandada; sin embargo, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que, conforme se desarrollará posteriormente, contra una resolución dictada en ejecución de sentencia, únicamente procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo sin recurso ulterior. Teniendo la parte recurrente librada la vía constitucional si así considera pertinente a efectos de activar la tutela de sus derechos.

Por otro lado  y remitiéndonos  al recurso de casación interpuesto por  Alcira Ticona Espejo y establecido que  la conciliación entre partes, deviene en una Resolución que adquiere la calidad de cosa juzgada,  como en el caso de Autos, respecto del acuerdo  arribado entre las partes que se encuentra traducido en las actas de fechas 17 de septiembre y 26 de noviembre de 2012 y sus correspondientes Autos Interlocutorios Definitivos y, establecido también que la efectivización del pago en las audiencias posteriores, ya no es parte de la conciliación, sino el resultado del cumplimiento  de lo ya resuelto, es decir la ejecución de esa resolución que  tiene carácter de cosa juzgada y que corresponde precisamente a la fase de ejecución de sentencia.

Al respecto, el art. 255 del Código de Procedimiento Civil, contiene el catálogo  de las  resoluciones que son susceptibles de ser recurridas en casación, dentro de las cuales no se encuentran establecidas, aquellas  dispuestas en ejecución de Sentencia, aspecto que tampoco ha sido advertido por el Ad quem, en esa misma línea la Ex Corte Suprema de Justicia con la cual este Tribunal comparte criterio, ha regulado también este aspecto,  por lo que  el Tribunal Ad quem, al conceder el recurso de casación interpuesto por Alcira Ticona Espejo, se apartó de la previsión contenida en el art. 518 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual "las resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas solo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior”  así como de la previsión del art. 26 de la Ley Nº 1760 Ley de Abreviación Procesal Civil, que complementa el art.  262 del Adjetivo Civil señalando: “El  tribunal o Juez de segundo grado, deberá negar la concesión del recurso de casación y declarar ejecutoriada la Sentencia oAuto recurrido:...

3) Cuando el recurso  no se encuentre  previstoen los casos señalados  por el art. 255”, disposición a la que el órgano jurisdiccional debe  sujetar sus actuaciones.

En esa misma línea,  el Tribunal Constitucional en su SentenciaSC:1300/2010-R señaló: "...Deduciendo resulta que la Resolución pronunciada por las autoridades demandadas no está enmarcada a derecho; es decir, dentro de lo previsto por el Código de Procedimiento Civil, normas legales que -como se tiene dicho- con absoluta precisión y claridad señalan: el art. 518 inc. 5) del Código de Procedimiento Civil que: "La apelación en el efecto devolutivo procederá en los casos siguientes: 5) De las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia" y el art. 225 inc. 5) "Las resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior..." "...Debemos tener presente que las normas jurídicas -en cuanto se refiere a la tramitación de las causas y los recursos- son de orden público y de cumplimiento obligatorio, pues los litigantes no pueden crear su propio procedimiento o sus propios mecanismos de impugnación o pretender calificar un recurso de alzada en el efecto que les convenga, como acontece en el caso analizado; las autoridades demandadas quieren dar a la apelación concedida, un efecto que no le corresponde, cuando dicho aspecto no está a disposición de los sujetos procesales, pues la procedencia del recurso, en sus diferentes efectos, emana de la ley y no de la voluntad de las partes ni de los juzgadores: Los justiciables saben de los hechos y los juzgadores el derecho, conforme al principio "Iuranovit curia..."

En esa misma línea, definida por el Tribunal Constitucional, se tiene la  Sentencia Constitucional 0585/2005-R, de fecha 31 de mayo de 2005 que señala: "No hay casación en ejecución de Sentencia. Dentro de procesos judiciales o administrativos en curso, la vía del amparo constitucional se activa en los supuestos en los que se produzca una severa lesión al derecho al debido proceso, en cualquiera de sus elementos, entre ellos el derecho al Juez natural, lesión que podría motivarse por las siguientes circunstancias, entre otras: a) un Juez natural admita y sustancie un recurso que no está previsto por la legislación procesal; así por ejemplo, el recurso de casación contra un Auto de Vista emitido en ejecución de Sentencia".

De lo anteriormente preceptuado, se infiere que el recurso de casación interpuesto por la recurrente,  al haberse impugnado una resolución  dictada en ejecución  de Sentencia, no  existe  la posibilidad de que la misma sea  admitida  y  tratada en etapa casacional, de  lo que se infiere que  con la facultad contenida en el art. 213 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil y en previsión de lo dispuesto por el art. 518 de la misma norma, el recurso que se analiza,  deviene en improcedente,  correspondiendo a este Tribunal,  fallar en conformidad con los arts. 271 núm. 1),  y 272  del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los arts. 271 núm. 1) y272 en previsión de los arts. 213 parágrafo II y 518, todos del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE  el recurso de casación  cursante de fs. 69 a 70, interpuesto por Alcira Ticona Espejo, contra el Auto de Vista Nº 162/2013 cursante de fs. 57yvlta. Con costas.

Se regula el honorario del abogado de la parte que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: sexto