TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

               S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 573/2013

Sucre: 05 de noviembre 2013

Expediente: P - 8 13 S.

Partes: Severo Edmundo Rodríguez Quiroga. c/ Martha Azebedo Vda. de Saucedo

         Gobierno Municipal de Cobija.

Proceso: Acción negatoria, mejor derecho de propiedad y otros.

Distrito: Cobija.


VISTOS.- El recurso de casación de fs. 1285 a 1293 interpuesto por Juana Rojas de Romero, en representación de Severo Edmundo Rodríguez Quiroga contra el Auto de Vista Nº 81 de 8 de julio de 2013 que cursa de fs. 1271 a 1275 emitido por la Sala Civil Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando dentro el proceso de Acción negatoria, mejor derecho de propiedad y otros, seguido por el recurrente en contra de Martha Azebedo Vda. de Saucedo y Gobierno Municipal de Cobija, la concesión del recurso de fs. 1299 vlta., los antecedentes del proceso, y.

CONSIDERANDO I

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, el Juez de Partido Segundo en lo Civil de Cobija dicta la Sentencia Nº 02/2013 de 01 de febrero de 2013 que cursa de fs. 1226 a 1236 de obrados, declarando probada la demanda principal de mejor derecho propietario y acción negatoria intentada por Severo Edmundo Rodríguez Quiroga sobre “Quinta la Victoria”, con los datos técnicos consignados en los informes y en la presente sentencia, consiguientemente declara el mejor derecho propietario del demandante y la inexistencia de derechos sobre dicho predio a Martha Azebedo Vda. de Saucedo, asimismo dispone la cancelación de la inserción al sistema catastral de Cobija de planos, en contra de la Honorable Alcaldía Municipal de Cobija, disponiendo la cancelación en el sistema Catastral del predio “Tres Puentes” y las urbanizaciones que emergen de él e insertar en el sistema catastral de Cobija y previa rectificación que corresponde por parte del propietario, “Quinta La Victoria”, conforme al informe pericial de fs. 1094 a 1102 además del título ejecutorial agrario individual Nº 3042 de fecha 22 de noviembre de 1990, condenando en daños y perjuicios averiguable en ejecución de sentencia; asimismo declara improbada la demandante reivindicación, cancelación de registro en Derechos Reales y consiguiente desocupación de propiedad y nulidad de transferencias y adjudicaciones; asimismo declara sin lugar a la excepción a la demanda principal de cosa juzgada opuesta por Martha Acevedo Vda. de Saucedo y la Honorable Alcaldía Municipal de Cobija; y finalmente declara improbada la demanda reconvencional de nulidad de mensura y deslinde, formulado por el apoderado de la demandada, sin costas por juicio doble.

Fallo que fue recurrido de apelación por la parte demandada, a raíz de ello se emitió el Auto de Vista de fs. 1285 a 1293, por la que el Ad quem revocó la Sentencia apelada y declaró improbada la demanda principal  de mejor derecho propietario, acción negatoria y otros, y probada la demanda reconvencional, sin costas, fallo de segunda instancia que a su vez es recurrida de casación por el demandante.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

a) Luego de efectuar una relación de los antecedentes de la demanda y su pretensión, describe la propiedad denominada como Quinta Victoria y la propiedad Tres Puentes, con sus colindancias y antecedentes de propiedad de dichos predios, aduciendo que la propiedad de ambos litigantes no tienen colindancia común para poder confundir a las partes, sin que haya lugar a la mínima contradicción y confusión, ni posibles sobre posiciones, que fueron considerados por el Auto de Vista que extrañamente señala que fueran distintos y no interpretan ni califican la verdad de los documentos y pruebas y se alejan de las pretensiones de los recurrentes por lo que se hubiera vulnerado los arts. 1286, 1453, 1454, 1455, 1287, 1296, 1311 del Código Civil, aplicando erróneamente el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, ya que la violación de la norma procesal y sustantiva es causal de casación conforme al art. 253 del Código de Procedimiento Civil, apartándose de los puntos objeto de la apelación, pues ninguno de los recurrentes señaló la falta de citación a una persona en proceso voluntario fuera causal para revocar la sentencia; asimismo señala que la falta de citación a un colindante en proceso voluntario no acarrea la nulidad de un proceso y no es causal de nulidad como expresa el Auto de Vista.

b) Señala que al momento de la demanda ha presentado la Sentencia Agraria de 4 de julio de 2004, dictada por el Tribunal Agrario Nacional señala que los predios “Quinta Victoria” y “Tres Puentes”, son diferentes y ambos subsisten,  por lo que las mismas fueran oponibles a terceros, por su registro conforme al art. 1538 del Código Civil y los jueces deben aplicar los arts. 1454 y 1455 del Código Civil.

c) Por otra parte se ha presentado una Sentencia ejecutoriada de mensura y deslinde, la misma que se ha encargado de corroborar que no existe ninguna sobre posición entre los predios “Quinta Victoria” y “Tres Puentes”, que no ha merecido observación por los colindantes y se encuentran distantes y en medio de ambos predios se encuentra la propiedad de Juan Ferreira, y el colindante no opuso objeción, empero de ello el Auto de Vista refiere que el colindante Guido Saucedo no hubiera sido citado, sin embargo el mismo no es parte en el proceso, y los recurrentes señalan que son herederos de “Guido Saucedo”, y no de Guido Sauceso, como señala el título ejecutorial, por lo que el Auto de Vista ha otorgado más de lo pedido, enmarcando su actuar dentro de lo previsto en el art. 253 con relación al art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, al haber otorgado más de los pedido, afectando la Sentencia dictada en Autos, aclarando que el colindante de Edmundo Rodríguez, Guido Sauceso, no ha sido demandado ni reconvenido, por lo que el haberse pronunciado sobre la violación del derecho a la defensa ha actuado ultra petita.

d) El Auto de Vista y su complemento no ha valorado la prueba correctamente vulnerando el art. 1286 del Código Civil, concordante con el art. 397 del Adjetivo Civil, ya que solo se apoya en una simple violación del derecho a la defensa de una colindante y en un proceso voluntario, cuando la prueba debió valorarse en forma conjunta en cumplimiento de los artículos citados, pues por la duda el Juez ha designado un perito imparcial, para que realice el trabajo de identificación y ubicación de los predios objeto de la Litis, que han servido al Juez para que dicte la Sentencia aplicando los arts. 1453, 1454, 1455, 1286, 1287 y 1296 del Código Civil, Sentencia que se ha encargado de complementar y corroborar lo dispuesto por la Sentencia Agraria de 4 de julio de 2004, donde mantiene subsistente ambos títulos y que al presente se confirmará la validez de ambos títulos, en resguardo de su derecho de propiedad conforme a los arts. 24, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado y casará el Auto de Vista manteniendo la Sentencia de primera instancia, por lo que el predio Quinta Victoria, al demandar la acción negatoria lo hace conforme a los planos, siendo aplicable el art. 1455 del Código Civil, porque la demandada tiene su derecho propietario en otro lugar y no en el espacio de Quinta Victoria.

e) Asimismo señala que el Auto de Vista que impugna se aparta de las pretensiones de la demanda, arguyendo que en el proceso voluntario no se hubiera citado a Guido Saucedo, con el cual se hubiera violado el derecho constitucional a la seguridad jurídica, porque el Auto de Vista de fs. 1271 a 1275 no resuelve nada, dejando a las partes sin solución a los problemas de sobre posición y pugna sobre un derecho propietario que está en discusión, por lo que el Auto de Vista no cumple con lo dispuesto en los  arts. 236, 237 num. 3) del Código de Procedimiento Civil y se aparta del art. 190 y 192 ambos del Adjetivo Civil, defecto que se adecúa al art. 253 num. 2) que refiere que es procedente cuando el Auto de Vista contuviere disposiciones contradictorias y la decisión de revocar la Sentencia por falta de citación a Guido Saucedo (que no es parte en el proceso voluntario), es contradictorio a la demanda, Sentencia y apelación, pues en caso de vulneración del derecho a la defensa lo correcto es anular obrados

f) Sostiene, como parte final de su recurso de casación que la demanda ha sido declarada probada por el Juez A quo, en base a la prueba producida por las partes y la producida por el juzgador y el A quo antes de dictar sentencia, en aplicación de los arts. 3, 45, y 378 del Código de Procedimiento Civil, ha generado prueba para esclarecer dudas, ha recorrido linderos de ambos predios, con la presencia de un perito nombrado de oficio, quien estableció la ubicación y las colindancias de ambos predios, son distintos y son distantes el uno del otro,  por lo que impetra que aplicando en forma correcta los arts. 1286, 1287, 1311, 1538, 1454, 1455 del Código Civil, concordante con los arts. 374, 375, 376, 397 y 399 casara el Auto de Vista confirmando la sentencia.

Señala que por otra parte el Auto de Vista impugnado por el presente recurso de casación en su parte resolutiva, declara improbada la demanda de mejor derecho propietario, acción negatoria y otros, pero no fundamenta porque revoca la Sentencia sin mayores argumentos aplica  los arts. 1286, 1453, 1454 y 1455, que solicita se aplique en casación, y esa falta de fundamentación viola el derecho del debido proceso, previsto en los arts. 24, 115, 119, 54 y 55, sin exigir a los herederos de Martha Azebedo Vda. de Saucedo, sin siquiera exigir el registro de su derecho propietario, con plano actualizado del predio adquirido, es mas no se presentó plano del predio “Tres Puentes”, cuando la Sentencia ha señalado la ubicación  y colindancias del título ejecutorial, estos elementos deberán ser valorados por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en apego de los arts. 250, 253 numerales 1), 2) y 3) y art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, por lo que se casará el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Corresponde señalar que el art. 252 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente: “(Nulidad de oficio).- El Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público”, norma que faculta a este Tribunal de casación anular el proceso cuando se evidencie infracciones que atentan al orden público, como es la seguridad jurídica que la administración de justicia debe brindar a las partes, al efecto corresponde señalar las siguientes consideraciones de orden legal:

1.- De la convocatoria obligatoria de terceros a formar parte del proceso (litisconsorcio pasivo).-

Resulta necesario señalar que este Tribunal ha emitido diversa jurisprudencia entre ellos el Auto Supremo Nº 350/2012 de 25 de septiembre de 2012 en el que ha señalado lo siguiente: “…corresponde anotar que si el Auto de Vista, resulta ser anulatorio, es porque el mismo ha considerado que, en sujeción a los títulos presentados por el demandante como es la Escritura Pública Nº 390 de 13 de noviembre de 1997, relativa a la transferencia de un inmueble que otorga Blanca Luz María Requena de Serrano en favor del demandante, cuyo documento estipula una venta sin gravámenes, por otra parte también resulta objeto de observación la E.P. Nº 62/2000 suscrito entre Cervecería Taquiña S.A. y Mirtha Roxana Guzmán Díaz de Oropeza, relativa a un reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria y cancelación de deuda (cláusula primera 1.3 del contrato) en favor de la vendedora del inmueble descrito precedentemente, razón por la cual, para viabilizar la petición de extinción de obligación y cancelación de gravamen deben concurrir las personas que han suscrito el contrato anterior contenido en la Escritura Pública Nº 139/94 de 23 de abril de 1994 (fs. 9-14 de préstamo de dinero que otorga Taquiña S.A., en favor de Consuelo Martínez Oroza y la garante hipotecaria Blanca Luz Maria Requena vda. De Serrano) de la que emerge en parte la Escritura Pública Nº 62/2000 antes referida, por lo que el Tribunal Ad quem al haber dispuesto que a la causa se integre por litisconsorcio a personas ajenas al demandante y entidad demandada, ha dado correcta aplicación a lo previsto en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, que señala: "...(Litisconsorcio).- Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez...", en la especie existe litisconsorcio por la situación del título, como se ha explanado precedentemente, esto tomando en cuenta que para una posible reconvención de la entidad demandada, las mismas tengan que asumir defensa en la presente causa, de lo contrario sería inadmisible cualquier demanda reconventora en la que se impugnen algunos títulos, los que hubieran sido suscritos por más de dos personas, pues para una eventual contrademanda, no se podrá demandar a uno de los que suscribió el contrato, sino a todos los que suscribieron el mismo, lo que no significa que el Tribunal de apelación haya causado una demora innecesaria, sino que ha ajustado su criterio de acuerdo a los antecedentes del proceso en el afán de otorgar seguridad jurídica, para todas aquellas personas, que tengan interés de acuerdo a los títulos mencionados”, asimismo para el enriquecimiento del presente fallo corresponde citar el Auto Supremo Nº 99 de 22 de noviembre de 2004, emitido por la extinta Corte Suprema de Justicia en la que se señaló lo siguiente: “La pluralidad de partes en el proceso o litis consorcio implica la existencia de un proceso con varios sujetos en la misma posición de parte, sea como actores o demandantes (litis consorcio activo), así como demandados (litis consorcio pasivo), o también cuando conjuntamente sean demandantes y demandados (litis consorcio mixto); a veces es la ley la que exige que sean varias personas las que, conjuntamente, deduzcan la pretensión frente a las cuales la pretensión ha de decirse (litis consorcio necesario), otras veces se produce por libre decisión de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sin que ello impida a que sea la autoridad judicial la que disponga de oficio un litis consorcio, por dos razones: a) la primera relativa a su rol de director del proceso, debiendo cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, como establecen los arts. 3 num. 1) y 87 del Código de Procedimiento Civil y b) la segunda referida al derecho de defensa en el proceso, de todas las partes o eventuales comparecientes respecto a los cuales se amplía la cosa juzgada, característica de la Sentencia que se dicta en el fondo del proceso, cuyas disposiciones y alcance sólo comprenden a las partes y a las que derivaren sus derechos de aquellas, conforme establece el art. 194 del indicado Código adjetivo de la materia.

En consecuencia, a los efectos de las previsiones de los arts. 3 num. 1), 87 y 194 del Código de Procedimiento Civil se establece la necesidad de la integración a la litis de todos aquellos que deban ser sometidos al proceso, en función de la naturaleza de la relación o del objeto de la controversia, tarea que no sólo puede ser de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sino de la autoridad judicial de instancia que en su calidad de director del proceso debe cuidar que se desarrolle sin vicios de nulidad, para lo que podrá disponer un litis consorcio de oficio; siendo esa la única manera de asegurar que sus decisiones sean útiles para las partes demandantes, demandadas y otros que se hayan integrado en el proceso, alcanzando a todos ellos los efectos de la cosa juzgada.

En el caso presente, se constata que la demanda ordinaria ha sido planteada por ETT Ltda., quién reconoció la existencia de un contrato de trabajo suscrito por COMTECO Ltda... y SIEMENS A. G. de Alemania, obras que fueron ejecutadas por su persona en calidad de subcontratista y como emergencia del trabajo se produjo un hecho ilícito por lo que pidió se establezca el monto que debe indemnizar a fin de reparar el daño que causó; a su vez, en la contestación y reconvención la familia Capriles demandada pidió que se reconozca que el responsable de la indemnización por el hecho ilícito es COMTECO Ltda.., siendo precisamente ese uno de los puntos a probar, según auto de relación procesal; es decir, que el objeto de la controversia (demanda, contestación y reconvención) es establecer no sólo el monto de la indemnización, sino determinar en primer lugar quién es el responsable, pues según el demandante es su propia empresa -es decir ETT-, de manera inversa a lo señalado por la parte demandada que afirma que el responsable sería COMTECO Ltda..

Conforme a la función de dirección del proceso y de acuerdo al objeto de la controversia (establecer quien es el responsable de la indemnización por el hecho ilícito, así como el resarcimiento) antes de dictar el auto de relación procesal correspondió al Juez A-quo disponer de oficio litis consorcio e integrar al proceso a las partes que suscribieron el contrato de trabajo (de cuya ejecución se produjo el hecho ilícito o daño en los inmuebles de las familias Capriles y Callau) como son COMTECO Ltda.. y SIEMENS A. G. de Alemania. Al no haberlo hecho así el Juez a-quo, correspondió al Tribunal Ad- quem percatarse de esa irregular situación y de acuerdo a su facultad fiscalizadora del proceso, reconocida en la previsión del art. 15 de la Ley de Organización Judicial, debió anular obrados disponiendo la integración de la litis a las partes que suscribieron el contrato, pero de ninguna manera confirmar la Sentencia de primera instancia (que ha sido declarada probada, aunque hubiera sido pronunciada en sentido contrario), precisamente por ser necesaria la integración de otros sujetos al proceso por el objeto de la controversia…”

Esta intervención del tercero en nuestra legislación se encuentra en el art. 67 del Código de procedimiento Civil que a la letra dice: “Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez”, norma que resulta ser aplicable cuando en la litis deben intervenir terceros, con el objeto de asegurar los efectos de una cosa juzgada.

En el ámbito doctrinario, podemos citar la opinión Escriche refiere que “… litisconsorte es aquel que litiga por la misma causa o interés que  otro,  formando con él  una sola parte, ya sea de actor o de reo demandado en pleito…”, por su parte Couture define al litisconsorcio como: “la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente como actores (litisconsorcio activo) o como demandadas (litisconsorcio pasivo) para deleitar sobre el instituto corresponde señalar que la palabra litisconsorcio se encuentra compuesto del latín “litis consors” (litis, conflicto; con, junto; y sos, junto), de acuerdo a la clasificación doctrinaria existe el litisconsorcio voluntario o necesario, la primera que de común acuerdo de los litigantes participe un tercero a quien estará a las expectativas de la resolución debatida, y el necesario cuando, radica la existencia de resguardar el derecho de defensa en el proceso de todos los interesados a quien ha de ampliarse la cosa juzgada, razón por la cual en el litisconsorcio necesario, el Juez se encuentra obligado a verificar si de acuerdo a la naturaleza de la cuestión planteada o de acuerdo al título de las partes, sea necesario a la concurrencia de terceros, como el caso del litis consorte pasivo, tomando en cuenta la pretensión del recurrente.

2.- De la pretensión del demandante y el litisconsorcio pasivo.

a.- En el memorial de demanda de fs. 83 a 84, señala que Martha Azebedo vda. de Saucedo al haber fraguado los planos  hubiera efectuado ventas de porciones en superficie de propiedad del demandante, en el que señaló como su pretensión en forma textual lo siguiente: “el mejor derecho de propiedad y acción negatoria, nulidad de transferencias hechas por la demandada en favor de terceras personas, acción reivindicatoria y consiguiente desocupación de mis terrenos, éstas contra las personas que se hubieran comprado los terrenos parcelados de mi propiedad, pidiéndole a S.S. imprimirle a estas acciones el trámite procesal de rigor y, al final, pronunciar Sentencia declarando PROBADA la demanda en toda sus partes la presente demanda”.

b.- En el memorial de fs. 258 a 261 vlta., expuso la ampliación de la demanda solicitando la cancelación de la inserción al sistema catastral (SISCAT), asimismo la cancelación de la aprobación de planos y código catastral en la H. Alcaldía Municipal de Cobija, arguyendo que Martha Azebedo vda. de Saucedo, al adjuntar el plano de propiedad del demandante, para suplantar el nombre de la propiedad de “Quinta la Victoria” por el de “Tres Puentes”, nombre último que le correspondería a la demandada, y que en base a la misma en complicidad de personeros de la Alcaldía efectuó ventas de más de 700 Has., habiendo efectuado transferencias a título oneroso que supuestamente a través del Alcalde se los hubiera dotado (enajenado), ante tal situación amplia la demanda solicitando la cancelación de la inserción al sistema catastral de la Alcaldía Municipal de Cobija lo referente a la propiedad TRES PUENTES, y la cancelación del registro de Derechos Reales, de la inscripción Nº 9.01.1.01.0000799, escrito que mereció el decreto de fs. 263 en el que en el punto II numeral 4.- el A quo señaló que se establezca de manera sucinta la fundamentación de las pretensiones sobre todo la de mejor derecho de propiedad  y la nulidad de las transferencias y la desocupación de propiedad.

c.- Posteriormente en el escrito de fs. 328 a 329, en el que con la suma de cumplir con las observaciones, en el punto 4.- arguye textualmente lo siguiente: “…que las pretensiones inmediatas fueran: acción negatoria (en la que se demostrará que la demandada no tiene ningún derecho propietario sobre mi predio) declaración de mejor derecho propietario y reivindicación (probadas esas pretensiones, las transferencias hechos por la demandada serán nulas y mis terrenos me serán devueltos, desocupados, y como lógica consecuencia, serán también cancelados y  en el Sistema Catastral…”, sobre la misma extrañamente el A quo mediante decreto de fs. 330, admite la demanda de acción negatoria, declaración de mejor derecho de propiedad, reivindicación y nulidad de las transferencias, desocupación de terrenos y otros, cuando el demandante no ha subsanado la observación contenida en el punto II numeral 4 del decreto de fs. 263, en el que el operador judicial de primera instancia observó sobre la pretensión de nulidad de las transferencias y la desocupación.

d.- Posteriormente, en el escrito de fs. 423 a 425 de obrados el demandante nuevamente amplió la demanda, señalando que es propietario del predio denominado “Quinta la Victoria”, con título ejecutorial de la gestión de 1990, de la que mantiene su posesión desde 1956, señalando que de una mala interpretación de la Sentencia Agraria Nº 023/2006, la Alcaldía Municipal se apropia ilegalmente de terreno ajeno, señalando que el demandante no fuera propietario de urbanización alguna, para lotear y adjudicar su propiedad a un sin número de personas, cuya lista la presenta, por lo que resulta claro que teniendo título de propiedad y habiendo efectuado el trámite de mensura,  ante el Juez Instructor en lo Civil amplia la demanda en contra del Alcalde Municipal de Cobija, por la pretensión que se trascribe a continuación: “a) anulabilidad de los contratos de adjudicación hechas a favor de la personas, cuyas listas adjunto, al tenor del art. 554 del Código Civil.; por cuanto a los honorables alcaldes no les asiste ningún derecho para disponer de una propiedad privada que les corresponde. B) Mejor derecho de propiedad, por cuanto sobre mi titulación, debidamente inscrita en Derechos reales, no existe, que tenga prioridad. c) Acción reivindicatoria, por cuanto la acción dolosa del Municipio y de los alcaldes de Cobija, han hecho que mi persona pierda la posesión de mi propiedad art. 453 del Código Civil. D) Como corolario del inicio anterior, a su vez demando, la desocupación y entrega de todos los lotes que fueron parcelados…pretensión que por Auto de fs. 426, se admite la ampliación de demanda de mejor derecho de propiedad, nulidad de adjudicaciones, reivindicación y su correspondiente desocupación.

Ahora la observación en la demanda principal es que el demandante en su pretensión ha solicitado que se declare la nulidad de las transferencias efectuadas por Martha Azebedo Vda. de Saucedo, también en la ampliación de la demanda en contra de la H. Alcaldía Municipal de Cobija, ha solicitado la nulidad de las adjudicaciones efectuadas por el Municipio de Cobija en favor de terceros; lo extraño de ello es que el Juez haya admitido las demandas de nulidad de transferencias (efectuadas por Martha Azebedo Vda. de Saucedo) y la nulidad de adjudicaciones (efectuadas por el Municipio de Cobija), así planteada la demanda resulta ser defectuosa, que a la larga podría generar inseguridad jurídica sobre los fallos que se puedan emitir en la presente causa, pues cuando el demandante alude la nulidad de los transferencias efectuadas por Martha Azebedo Vda. de Saucedo y la nulidad de las adjudicaciones efectuadas por el Municipio de Cobija, sobre qué títulos o actos jurídicos es que se pudieran pronunciar la nulidad o improcedencia de la nulidad, que hubiera efectuado tanto Martha Azebedo Vda. de Saucedo y el Municipio de Cobija en favor de terceros, no se tiene especificada los títulos que se pretende anular, menos a los terceros a quienes posiblemente pudieran afectar esa nulidad en caso de que se declare por su procedencia, esa ausencia de no identificar a los terceros a quienes pudiera afectar esa nulidad que se pretende, es la causa para generar inseguridad jurídica, pues en caso de que se declare probada la pretensión de nulidad, se podría condenar la nulidad de las transferencias o adjudicaciones de terceros que hayan contratado Martha Azebedo Vda. de Saucedo y el Municipio de Cobija, ahora en contraste a ese supuesto, se tiene una hipótesis, en caso de negarse la nulidad pretendida, para el demandante se le abre otra posibilidad de iniciar nuevo juicio en contra de los terceros, sea por nulidad, mejor derecho, reivindicación o la que considere conveniente, esto tomando en cuenta que los terceros no han sido demandados en esta causa, por lo que al admitirse dicho aspecto, podría dar lugar a que las resultas del juicio no sean las mismas a la que se emita en la presente causa, ante tal eventualidad podrían emitirse dos resoluciones judiciales contradictorias, esa consecuencia generaría también inseguridad jurídica para las parte ahora contenientes y los terceros a quienes se pretende anular sus actos jurídicos de adquisición de inmuebles, los que no han participado en la presente causa.   

Consiguientemente, para evitar tales supuestos en el Código de Procedimiento Civil se encuentra el instituto del litisconsorcio contenido en su art. 67, que señala: “Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez”, y en la especie lo que busca el demandante es la nulidad de los títulos de transferencia generados por Martha Azebedo Vda. de Saucedo y las adjudicaciones efectuadas por el Municipio de Cobija en favor de terceros, los mismos que en consideración a los títulos que se pretenden anular deben ser integrados a la litis, en calidad de demandados y de esa manera con las resultas de proceso generar efectos jurídicos de cosa juzgada, entre el demandante, los demandados Martha Azebedo Vda. de Saucedo, el Municipio de Cobija y los terceros a quienes se pretende afectar con las nulidades de trasferencia y adjudicación, todo con el fin de otorgar seguridad jurídica, entre las partes y los terceros como se ha explanado supra.

A ello se suma, que la pretensión de reivindicación y entrega de terrenos, no ha sido suficientemente especificada, pues la reivindicación o entrega de terrenos, se la interpone en contra del poseedor actual, ese extremo es el que no ha sido especificado por el demandante como para establecer e identificar a los poseedores del bien sobre el cual se impetra la reivindicación.

Consiguientemente, al establecer que la demanda se encuentra defectuosa conforme al art. 333 del Código de  Procedimiento Civil, toda vez que la misma no se encuentra dirigida en contra de todas aquellas personas que en su condición de litis consorcio necesario deben ser integradas a la pretensión demandada, por lo que corresponde a este Tribunal, disponer el saneamiento del proceso.     

Por las razones expuestas, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 252  del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del   art. 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta la admisión de la demanda de fs. 263, disponiendo que el Juez A quo otorgue un plazo razonable para subsanar el contenido de la demanda y la ampliación si viera por conveniente el demandante.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

Conforme al art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: sexto