TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 567/2013

Sucre: 05 de noviembre 2013

Expediente: O -32 13 - S

Partes: Máxima Espejo Murillo c/ Nancy Julieta Rodríguez García Vda. de Nicolls

Proceso: Ordinario, resarcimiento de daños y perjuicios

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de nulidad y casación de fs. 335 a 336 y vlta., interpuesto por Nancy Julieta Rodríguez Vda. de Nicolls, contra el Auto de Vista Nº 107/2013 del 09 de agosto de 2013 de fs. 330 a 332 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso ordinario de resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Máxima Espejo Murillo contra la recurrente; la respuesta al recurso de fs. 339 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 343, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

En su memorial de demanda de fs. 11 a 12, la demandante señala que nació y se crió en el hogar de los esposos Patricio Nicolls y Betty Quiroz de Nicolls (fallecidos) a quienes conoció como padres y ellos le consideraban como su única hija y posteriormente nació Alberto Nicolls Quiroz a quien le cuidó realizando a la vez varios que haceres propios del hogar, poniendo la mayor parte de su vida al servicio íntegro de toda la familia, descuidando sus estudios y su formación personal sin llegar a leer, escribir ni tener familia propia; cuando Alberto ya se hizo mayor de edad le prometió a cambio de sus servicios, quedarse con la casa ubicada en calle Pagador Nº 1047, promesa que no se materializó debido a su fallecimiento, quedándose su esposa Nancy Julieta Rodríguez García con todos sus bienes (tres movilidades, tres casas y joyas de gran valor entre otros) de quien recibió malos tratos siendo posteriormente echada de la casa sin haber sido reconocida por sus servicios prestados por el tiempo de 51 años; en base a esos antecedentes y al amparo de los arts. 984, 994, 999, 1000, 1003 y 1007, interpone demanda de resarcimiento de daños y perjuicios contra Nancy Julieta Rodríguez García, exigiendo el pago con el bien inmueble ubicado en la calle Pagador Nº 1047 entre Montesinos y Caro avaluado en su valor catastral aproximadamente de Bs. 186.600.-   

Sustanciado el proceso en primera instancia con varias nulidades decretadas de por medio, el Juez de Partido 1º en lo Civil de la ciudad de Oruro, mediante Sentencia Nº 25 del 15 de febrero de 2013 cursante de fs. 307 a 309 y vlta., declaró probada en parte la demanda principal de fs. 11 a 12, disponiendo la obligación de resarcimiento de daños y perjuicios por los servicios prestados a Alberto Nicolls Quiroz, obligación que debe ser asumida por la demandada Nancy Julieta Rodríguez García Vda. de Nicolls, disponiendo la averiguación del monto para en ejecución de sentencia; por otro lado, declara improbada la demanda reconvencional de fs. 90, así como las excepciones perentorias de falta de acción y derecho e improcedencia opuestas por la demandada contra la demandante.

En apelación la indicada Sentencia, interpuesta por la demandante Nancy Julia Rodríguez Vda. de Nicolls, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista Nº 107/2013 de 09 de agosto de 2013 cursante a fs. 330 a 332 y vlta., confirma la sentencia apelada; en contra de esta resolución de segunda instancia, la demandante Nancy Julieta Rodríguez Vda. de Nicolls interpone recurso de nulidad y casación.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso se resume lo siguiente:

La recurrente acusa la infracción del art. 190 del Código de Procedimiento Civil indicando que la Sentencia y el Auto de Vista recurrido cambian la naturaleza y amplían la pretensión de la demandante disponiendo el pago en base a una cuantificación dineraria en ejecución de sentencia cuando la pretensión de la actora es que se pague con un determinado inmueble y no con dinero, aspecto que implicaría incongruencia entre lo demandado y lo resuelto y ultra petita en el fallo.

De la misma manera acusa de infringido el numeral 3) del art. 192 del Código de  Procedimiento Civil, indicando que el Auto de Vista confirma una sentencia imprecisa, la misma que al declarar probada en parte la demanda, no especifica que parte se declara probada y cual improbada aspecto que le generaría duda.

Por otra parte acusa la infracción del art. 984 del Código Civil, indicando que su fallecido esposo Alberto Nicolls jamás cometió un hecho doloso o culposo que genere a un tercero un daño injusto a ser resarcido, toda vez que él era un niño cuando fue puesto a su cuidado de modo que un niño no puede obrar dolosa o culposamente.

Por otra parte, acusa la infracción del num. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil señalando que el Tribunal de Alzada ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba testifical de cargo, indicando que los testigos habrían manifestado que la demandante vivió y se ocupó de los que haceres del hogar de los esposos Nicolls-Quiroz y que esa situación no demuestra que Alberto Nicolls habrían sido autor del daño reclamado por la demandante, tampoco fue él quien le habría contratado.            

En base a esos antecedentes, concluye solicitando que se anule la sentencia de primera instancia y el Auto de Vista disponiendo que se dicte una nueva sentencia o alternativamente pide que se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.     

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haber sido interpuesto recurso de nulidad y casación, se entiende que la recurrente interpuso ambos recursos, es decir en la forma y en el fondo, toda vez que en su petitorio solicita por una parte que se ANULE la Sentencia de primera instancia y el Auto de Vista y por otra pide que se CASE el Auto de Vista recurrido y se declare improbada la demanda, aunque en sus fundamentos no realiza una diferenciación entre ambos recursos ni mucho menos señala las casusas establecidas en los arts. 253 y 254 del Cód. Pdto. Civ.; no obstante esa deficiencia, se pasa a considerar dicho recurso.

La recurrente acusa la infracción del art. 190 del Código de Procedimiento Civil indicando que la Sentencia y el Auto de Vista recurrido cambian la naturaleza y amplían la pretensión de la demandante disponiendo el pago en base a una cuantificación dineraria en ejecución de sentencia cuando la pretensión de la actora es que se pague con un determinado inmueble, aspecto que implicaría incongruencia entre lo demandado y lo resuelto y ultra petita en el fallo. De la revisión de los datos del proceso se evidencia que la recurrente expone en su recurso de casación los mismos argumentos que fueron expuestos en su recurso de apelación contra la sentencia, habiendo ya recibido de parte del Ad quem una respuesta motivada sobre cada uno de sus agravios invocados, sin embargo, no obstante esa situación a continuación se pasa a dar respuesta a sus reclamos.

Siendo la pretensión de la demandante el resarcimiento de daños y perjuicios por sus servicios prestados durante más de 51 años a la familia Nicolls-Quiroz conformado por los esposos Patricio Nicolls Guzmán y Betty Benigna Quiroz Ledezma y en especial al hijo Alberto Nicolls Quiroz como afirma en su demanda y a cambio de ello pide directamente que se le pague con el bien inmueble (casa) que este último le prometió otorgarle, inmueble que estaría ubicada en la calle Pagador Nº 1047 entre Montesinos y Caro de la ciudad de Oruro y que no pudo hacerse realidad debido a su fallecimiento del nombrado Señor; promesa de transferencia que al no haber sido demostrada de manera fehaciente en el curso del proceso, pero sí pudo demostrarse los daños y perjuicios que refiere la actora, entonces es lógico que el Juez salve la cuantificación de esos daños en términos monetarios para en ejecución de sentencia, ya que por mandato del art. 192 num. 3) del adjetivo de la materia no podía dejar flotante esa situación, tampoco podía disponer la entrega del inmueble supuestamente prometido, toda vez que aún no se sabe a cuanto haciende los daños y perjuicios ni se conoce el valor real del referido inmueble, resultando por ello correcta la decisión del Juez de la causa y del Tribunal de alzada de salvar la cuantificación de los daños para en ejecución de sentencia, aspecto que no implica cambiar la pretensión de la actora como refiere la recurrente, en todo caso esa situación debió haber sido reclamado por la parte actora y no así por la recurrente ya que a esta última no le causa agravio.  

Respecto a la infracción del num. 3) del art. 192 del Código de Procedimiento Civil debido a que el Auto de Vista confirmaría una sentencia imprecisa que no especifica que parte se declara probada y que parte improbada; si la recurrente tenia duda de los alcances de la sentencia, debió pedir aclaración conforme al art. 196 num. 2) con relación al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, aspecto que no ocurre en el caso presente; no obstante esa situación debemos indicar que sin bien el A quo al momento de dictar la sentencia pudo aparentemente incurrir en alguna falta de precisión en la parte dispositiva, sin embargo de la lectura de su contenido, es fácilmente comprensible los alcances de la sentencia ya que la pretensión de la actora principal es el resarcimiento de daños y perjuicios y al haberse demostrado esa situación, es lógico que se declare probada esa situación e improbada respecto al pago o entrega directa del inmueble de la calle Pagador Nº 1047 entre Montesinos y Caro por las consideraciones anteriormente realizadas, salvando la cuantificación de los daños para en ejecución de sentencia, no existiendo más pretensiones de la actora principal, y por consiguiente no existe mayor inconveniente en comprender los alcances de la Sentencia, y por consiguiente no amerita decretar la nulidad solicitada toda vez que la misma es de última ratio y se encuentra restringida a lo que dispone el art. 16 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.  

La recurrente acusa también la infracción del art. 984 del Código Civil indicando que su fallecido esposo Alberto Nicolls jamás cometió hecho doloso o culposo que genere a un tercero un daño injusto a ser resarcido, toda vez que él era un niño cuando fue puesto al cuidado de la demandante, de modo que un niño no podría obrar dolosa o culposamente; al respecto, para entrar en contexto y comprender los alcances de la responsabilidad civil, se hace necesario realizar algunas consideraciones previas.

La responsabilidad civil es uno de los temas más importantes del derecho civil que a lo largo del tiempo ha ocupado a doctrinarios y estudiosos del derecho quienes desde diferentes perspectivas han desarrollado teorías de diversa índole en extensos manuales y tratados, expandiéndose aún más en la época moderna con el apoyo de los juristas por la fundamentación y nuevas aplicaciones a casos concretos; implica una noción profunda de deber u obligación de reparar un perjuicio causado ya sea por acción u omisión, toda vez que el derecho en general descansa en el presupuesto de que el hombre es responsable de sus actos y si con su accionar u omisión causa daño u ofende a los demás, no puede sustraerse a las consecuencias de su actuación perjudicial, debiendo ser reparado en favor del damnificado; dejar de lado su aplicación cuando la misma se encuentra acreditada, implicaría retroceder a las expresiones más crudas del salvajismo y con la consiguiente impunidad frente a las culpas más graves que se dan cada vez con mayor rigor en la humanidad.

En toda responsabilidad debe existir la relación de causalidad o el nexo causal, siendo éste uno de los elementos importantes de la responsabilidad civil, tiene como ingrediente principal al obrar contingente de la conducta humana, es una vinculación entre el accionar humano y el resultado acaecido; constituye el factor aglutinante entre la conducta dolosa o culposa del agente y el resultado dañoso, se integre en una sola unidad que constituye fuente de la obligación de indemnizar.

Nuestro Código Civil en su Segunda Parte, Libro Tercero, Título VII, establece la responsabilidad civil extracontractual bajo la denominación de “Hechos Ilícitos”, y en el art. 984 del Código Civil que hoy se acusa de infringido, establece lo siguiente: “Quien con un hecho doloso o culposo, ocasione a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento”; al respecto el A.S. Nº 325/2013 había mencionado que:  “…con relación al hecho ilícito debemos señalar que éste es una conducta o acto contrario al ordenamiento jurídico vigente generado por la imprudencia, impericia, negligencia, mala fe, abuso de confianza en los que va acompañado el elemento de dolo y culpa; y, que ante la comisión del mismo la persona o actor se obliga a resarcir por el daño causado …”. De lo que se concluye que cuando se ocasiona el hecho ilícito civil, cuya conducta contiene el dolo o la culpa genera indefectiblemente responsabilidad a ser resarcida”. 

Como se tiene indicado, la norma legal en análisis atribuye como elementos generadores de responsabilidad civil, al “dolo y la culpa”; el primero en su contexto general es entendido como la maquinación, engaño, fraude, artificio, y de manera específica se entiende como la actuación consiente, encaminada a producir antijurídicamente un daño a otro; en otras palabras, es la voluntad de perjudicar del agente materializada en un acto concreto la que esencialmente configura la conducta dolosa  capaz de generar responsabilidad civil; en cambio la “culpa”, es entendida como la falta de previsión de un resultado antijurídico, una dejación del cuidado exigible que determina una conducta causante de daño, la inobservancia de un determinado deber de cautela que exige el actuar humano; su razón principal radica en la falta de diligencia y previsibilidad en la actuación del sujeto, siendo esta situación la que se adecua al caso presente.

En el caso de Autos, el argumento central de la recurrente para negar el reconocimiento de los daños y perjuicios se basa en el hecho de que su esposo fallecido cuando fue puesto al cuidado de la demandante, era un niño incapaz de obrar dolosa o culposamente y que además él no fue quien contrató a la demandante; al respecto debemos indicar si bien no se puede atribuir directamente responsabilidad civil a un niño o menor de edad, porque esa situación por mandato legal corresponde ser asumida por los padres, tutores o los encargados de la vigilancia del menor y en esa medida, por los servicios que pudo haber prestados la actora a los esposos Patricio-Quiroz y al hijo Alberto durante su niñez, adolescencia y juventud de este último, correspondía ser reclamado a los indicados esposos o en su defecto, a sus herederos, aspecto que no ocurre en el caso de autos.

Sin embargo, al esposo de la recurrente Alberto Nicolls Quiroz, le correspondía asumir la responsabilidad civil a partir del momento que su persona adquirió la mayoría de edad (21 años en aquel tiempo) aspecto que no fue tomado en cuenta por los jueces de instancia, quienes aparentemente consideran que estaría obligado a responder por todo el tiempo de su niñez, adolescencia y parte de su juventud cuando esa responsabilidad únicamente puede ser atribuida a partir del momento que adquirió la mayoría de edad, momento desde el cual la ley civil le otorgó plena capacidad de obrar y discernir y de responder por sus propios actos; en consecuencia el esposo de la recurrente una vez adquirida la mayoría de edad y al haber continuado valiéndose de los servicios de la demandante para los quehaceres propios de su hogar por mucho más tiempo (aproximadamente 27 años) hasta el momento de su fallecimiento sin brindarle a la actora ninguna recompensa a cambio de su sacrificio (solo por el hecho de ser considerada parte de su familia), le puso prácticamente en un estado de servidumbre al servicio de su persona, aspecto que se presume que fue también de conocimiento de la recurrente por la vinculación matrimonial con Alberto Nicolls, toda vez que su matrimonio con la nombrada persona data desde 1972 conforme se evidencia de la partida matrimonial y del certificado de matrimonio de fs. 71 y 203.

Corresponde aclarar que la presente litis no se trata de pago de beneficios sociales emergente de una relación laboral estrictu sensu al no concurrir los elementos que configuren esa situación, toda vez que según los hechos denunciados, la demandante no se encontraba bajo una relación laboral ni mucho menos percibía una remuneración mensual ni periódica, sino que vino desempeñando sus funciones durante la mayor parte de su vida bajo una relación suigéneris de ser considerada como “parte integrante del vínculo familiar” de la familia de Alberto Nicolls y de sus padres, pero sin ningún goce de los derechos inherentes que hace a una verdadera familia.

Bajo esa relación suigéneris de ser considerada como parte integrante de la familia, se burlaron los derechos que corresponden a la demandante, ya que ésta en primer lugar no tuvo acceso por lo menos a la instrucción escolar a nivel primario considerada como elemental y obligatoria en aquellos tiempos y actualmente esa obligación se impone por mandato constitucional hasta adquirir el bachillerato; como consecuencia de esa situación no logró aprender a leer ni escribir y menos adquirió una profesión, no recibió ninguna remuneración ni recompensa por su trabajo, he ahí el daño causado, aspecto que se encuentra demostrado por las declaraciones testificales de cargo de fs. 283 a 286 y vlta.

Gran parte de los aspectos anteriormente descritos bien podían haber sido fácilmente prevenidos por parte del esposo de la recurrente procurando la remuneración justa por el trabajo prestado por la ahora actora, lo contrario supuso un acto indebido contrario a la normativa legal respecto a los derechos humanos desarrollados a nivel internacional, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y otras disposiciones internacionales que prohíben terminantemente la servidumbre y otras formas análogas de explotación humana.        

Al fallecimiento de Alberto Nicolls Quiroz indudablemente que han quedado situaciones pendientes con relación a Máxima Espejo Murillo emergente de los servicios prestados ya que la promesa de la cual se habla (a título de recompensa) no habría podido ser materializada por el fallecimiento del esposo de la recurrente, siendo hoy objeto de reclamado por la actora vía resarcimiento de daños y perjuicios, y al haber la recurrente Nancy Julieta Rodríguez García en su calidad de esposa supérstite del prenombrado, llegando a adquirir por sucesión hereditaria el patrimonio del de cujus conforme dispone los arts. 1000 y 1007 del Código Civil, toda vez que la sucesión hereditaria se apertura con la muerte de la persona y se adquiere por el solo ministerio de la ley, siendo además trasmisibles los derechos y obligaciones del de cujus a sus herederos conforme lo dispone el art. 1003 del mismo Código sustantivo de la materia; frente a esa situación es correcto y legal que la recurrente tenga que asumir la obligación de su causante, cual es el de resarcir los daños y perjuicios a favor de la actora conforme manda el art. 984 del Código Civil. Por todo lo expuesto, se considera parcialmente correcta la decisión asumida por los jueces de grado, y en lo esencial no han incurrido en  vulneración de la referida y última citada norma legal; aunque en su fundamentación no fueron lo suficientemente precisos a establecer cuál el hecho ilícito civil generador del daño y de la responsabilidad que ahora se demanda.   

En cuanto a la infracción del art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, no corresponde su acusación toda vez que esta norma legal simplemente se constituye en una de las causales para la procedencia del recurso de casación en el fondo y de ninguna manera implica que la violación se encuentre en esa misma norma legal; sin embargo la recurrente bajo ese cuestionamiento acusa error de hecho en la apreciación de la prueba testifical de cargo poniendo nuevamente de manifiesto la condición de niño de su esposo fallecido y que él no habría sido quien contrató a la demandante; sobre esos aspectos ya se realizó de manera amplia su consideración líneas arriba; sin embargo en cuanto a la prueba testifical de cargo que cursa de fs. 283 a 286 y vlta., se debe indicar que las mismas fueron absueltas por los testigos de manera amplia con toda naturalidad sujetas a libre interrogatorio de ambas partes y del Juez, mismas que ponen en evidencia de manera objetiva los hechos acontecidos dando razón de sus respuestas, aspecto que no ocurre lo propio con las declaraciones testificales de descargo, mismas que no brindan mayores elementos de juicio.

Con las referidas declaraciones testificales de cargo, quedó demostrado que efectivamente la demandante prestó sus servicios por mucho tiempo en la familia Nicolls sin recibir ninguna recompensa a cambio, demostrándose de esta manera la relación de causalidad para acoger de manera favorable la pretensión de la demandante; pruebas que fueron apreciadas por el Juez de la causa conforme a los arts. 1286, 1331 del Código Civil y arts. 397, 476 de su Procedimiento, no advirtiéndose el indicado error que denuncia la recurrente.

Por todo lo anteriormente señalado, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 num.  2), 273 y 271 num. 4) y 274 del Código Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. l) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de nulidad y en aplicación del art. 41 de la Ley Nº 025 y arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, respecto al recurso de casación en el fondo, CASA PACIALMENTE el Auto de Vista Nº 107/2013 del 09 de agosto de 2013 de fs. 330 a 332 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y deliberando en el fondo dispone que en ejecución de sentencia se proceda a la cuantificación del monto a ser resarcido, teniendo en cuenta para tal efecto el tiempo de servicios prestados por la actora a favor de Alberto Nicolls Quiroz a partir de la mayoría de edad de éste hasta la fecha en que efectivamente cesaron los servicios de la actora.

Sin responsabilidad por considerarse error excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: sexto