TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 563/2013

Sucre: 05 de noviembre 2013

Expediente: SC 83 13 - A

     Partes: Yenny Paniagua Ortiz c/Evaristo Fernández Bazán y otros.

Proceso: Reivindicación 


Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación  de fs. 181 a 186 de obrados, interpuesto por Yenny Paniagua Ortiz, contra el Auto de Vista Nº 80/2013 de fs.175 a 176  y Vlta., de  fecha 21 de mayo de 2013, pronunciada por la Sala Civil Segunda  del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Reivindicación, desocupación, entrega de inmueble,  pago de daños y perjuicios y no reconocimiento  de mejoras introducidas arbitrariamente,  seguido por Yenny Paniagua Ortiz contra Evaristo Fernández, Marco Antonio Fernández Villca y Apolinaria Villca , el Auto de concesión de fs. 196, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Yenny Paniagua  Ortiz, a fs. 18 interpone demanda ordinaria de Reivindicación, desocupación, entrega de inmueble,  pago de daños y perjuicios Usucapión y no reconocimiento de mejoras introducidas arbitrariamente, contra Evaristo Fernández, Marco Antonio Fernández Villca y Apolinaria Villca, adjuntando testimonioNº 1536/2010 de fecha 18 de noviembre de 2010 de protocolización sobre transferencia de un lote de terreno, alegando ser propietaria de un inmueble  sito en la U.V. Nº 91, manzana Nº 45, Lote Nº1, Zona Sud-Este  Barrio  Héroes del Chaco, con una superficie de 546.73 Mts2 inscrito en Derechos Reales bajo la Matricula Nº 7011060098763 de fecha 26 de febrero de 2010, indicando que hace cuatro años tuvo una recaída de una grave enfermedad, situación que fue aprovechada por los demandados para arbitrariamente ingresar a su lote de terreno y pese  a los pedido en forma verbal y escrita los demandados se negaron a desocupar su inmueble  no habiéndole quedado otra opción que acudir a la vía judicial y al amparo de los arts. 1449 y 1453 del Código Civil demanda la reivindicación, desocupación, entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios y el no reconocimiento de mejoras introducidas arbitrariamente, contra Evaristo Fernández, Marco Antonio Fernández Villca y Apolinaria Villca.

Dándose por citado Evaristo Fernández Bazán, se apersona oponiendo excepciones de prescripción y cosa juzgada, adjuntando  copias legalizadas del proceso de usucapión decenal, señalando  haber adquirido el inmueble objeto de laLitis por prescripción adquisitiva el año 2001, y al amparo del art. 1454 del Código Civil, que establece una excepción a la regla de imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria por efecto de usucapión, solicitó se declare prescrito el  derecho de la actora, tramitada que fue  la excepción, por Auto Definitivo de fecha de 22 de noviembre de 2012 se declaró probada la excepción de prescripción e improbada la excepción de cosa juzgada.

Resoluciónque fue recurrida por Yenny Paniagua Ortiz, vía recurso de apelación, habiendo la  Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz,en  fecha  21 de mayo  de 2013, pronunciadoAuto de Vista confirmando el Auto Definitivo apelado, Resolución de Alzada que fue recurrida en casación por la actora, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente interpuso recurso de casación bajo el rotulo de recurso  extraordinario sin invocar la causal por la cual interpone dicho recurso,  al margen de haber transcrito gran parte de todo el proceso y de la  petitorio final   se entiende  que  es en la forma de cuyo contenido se puede extraer lo siguiente:

1.- Que, el Auto de Vista recurrido confirmó el Auto apelado, señalando que el Auto de fecha 22 de octubre de 2012 de fs. 144 a 145 que deja sin efecto la providencia de fecha 26 de septiembre de 2012 de fs. 140, no fue enervado por la recurrente, consecuentemente sería un acto consentido y convalidado, pero que sin embargo al haber apelado  en termino hábil el Auto de fecha 22 de noviembre de 2012, pidiendo se corrijan las ilegalidades de la Juez A quo, entre ellas precisamente el Auto de fecha 22 de octubre de 2012  su  derecho no habría prelucido  como contradictoriamente  sostuvo el de Alzada.

2.- Manifiesta que el Auto de Vista sostuvo que, el proceso de usucapión a instancia de Evaristo Fernández Bazán se encontraría plenamente ejecutoriado hace muchos años y que el título de derecho propietario adquirido a través de dicho proceso es válido, mientras no se demuestre que ese proceso se tramitó con vicios de nulidad, y en atención a que cuenta con prueba que el citado proceso de usucapión fue tramitado fraudulentamente, es que amplio su demanda por fraude procesal y mejor derecho propietario, que la Sentencia dictada en dicho proceso si bien se encuentra  ejecutoriada, no es irrevisable tomando en cuenta que su derecho se encontraba inscrito preventivamente en Derechos Reales desde  el 25 de noviembre de 2006 hasta su registro final el 26 de noviembre de 2010, de manera que no resultaría ser evidente que su registro sea  de data reciente.

3.- Que, el Ad quem señaló que no era necesaria la citación ala demandada Apolinaria Villca al haberse confirmado la procedencia de la prescripción, pero que sinembargo al haberse pronunciado una resolución de fondo,conforme lospuntos demandados que no solo se refieren a  reivindicación y entrega de inmueble, sino también al pago de daños y perjuicios, derecho preferente, fraude procesal y otros, no haber citado a Apolinaria Villca constituiría violación al derecho de igualdad de partes, al principio de legalidad y debido proceso.

4.-Que, en criterio del Tribunal de Alzada, la recurrente no demostró con argumentos valederos la violación al debido proceso y derecho a la defensa, pero que sin embargo la Señora Juez A quo al haber dictado decretos y Autos que fueron modificados, cambiados, cercenados y dejados sin efecto como se habría notar, constituirían violación al debido proceso ya que con dichas actuaciones irregulares se hubiese favorecido ostensiblemente a la parte contraria. Consecuentemente el Tribunal de Alzada habría incurrido en error de hecho y de derecho  al convalidar las actuaciones ilegales de la  Juez A quo violando los art. 3  num.1 y 3), 332, 351, 194, 90,189 todos del Código de Procedimiento Civil y el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, que independientemente de los puntos del recurso de apelación el Ad quem debió observar los vicios procesales y de oficio anular obrados hasta el vicio más antiguo con facultades que le otorga el art. 3 núm. 1 y 3), 90  y 250 del Código de Procedimiento Civil, con esos argumentos solicitó se  anule obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En nuestra economía jurídica, el recurso de casación en la forma se dirige con la finalidad  de invalidar una resolución pronunciada o sustanciada con violación de las formas esenciales establecidas por ley. En ese marco, es preciso señalar que un acto jurídico es nulo cuando la ley le priva de los efectos que regularmente debía producir y de acuerdo con la doctrina, la nulidad consiste en apartarse de ese conjunto de formas necesarias establecidas por ley, además de tener en cuenta los principios esenciales de especificidad o legalidad (no hay nulidad sin ley específica que la establezca), el principio de la finalidad del acto, indica que el acto es legítimo si ha sido actuado de un modo apto para el logro de la finalidad a que estaba destinado el principio de trascendencia, plasmado en la máxima "pas de nullite sans grief" (no hay nulidad sin perjuicio), en cuya virtud no es posible admitir la declaración de la nulidad por la nulidad misma, por ello el litigante que invoca el vicio formal debe probar que el mismo le acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad; de igual modo, para la viabilidad de declaración de nulidad, es menester que la omisión o el acto defectuoso no haya sido convalidado expresa o tácitamente, puesto que los actos viciados o supuestamente viciados se consolidan si no son reclamados en tiempo hábil, precluyendo el derecho a solicitar la nulidad, principio que se encuentra respaldado por el art. 258 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, que determina que en el recurso de nulidad no está permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los Tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del art. 252 del Adjetivo Civil.

En caso de Autos  y de  una exhaustiva revisión de los antecedentes de la causa, se concluye que no existen vicios procesales que den lugar a la anulación de la causa como solicitó la recurrente, toda vez que los supuestos actos irregulares en la que hubiera incurrido la Juez A quo por Auto de fecha 22 de octubre de 2012 modificado por Auto Definitivo de fecha 22 de noviembre de 2012, impugnándose a través del recurso de  apelación cursante de fs.160 a 163 de obrados, al margen de constituir el mismo transcripción de gran parte de los actuados procesales, en el acápite de irregularidades procesales, hace una relación de los decretos y Autos que fueron dejados sin efecto, sin precisar de manera clara y precisa cual el agravio sufrido con ellos, ya que mediante Auto de fecha 22 de octubre de 2012 cursante a fs. 144,  que fue mutado  en  parte  por Auto Definitivo de fecha 22 de noviembre de 2012,  reponiendo  providencia de fecha 26 de septiembre de 2012 por la que se dio por contestadas a las excepciones planteadas por  el demandado, no dando lugar a la contestación a la reconvención por encontrarse pendiente la Resolución de la excepciones planteadas, mismas que interrumpen  el plazo para contestar la demanda, en atención al art, 341 del Código de Procedimiento Civil, se entiende que con esa actuación la Juez A quo  no hizo otra cosa que corregir procedimiento, toda vez que  las excepciones  perentorias de prescripción y cosa juzgada planteadas como previas necesariamente merecían pronunciamiento previo, al margen de lo manifestado las supuestas irregularidades o errores de forma acusados no fueron reclamados expresamente en el recurso de apelación, habiéndose abocado la recurrente a solicitar la revocatoria del Auto definitivo, es decir se declare improbada la excepción de prescripción y cosa juzgada, consecuentemente lo que se solicitó fue una Resolución de fondo y no  de forma, de manera que lo acusado por la recurrente carece de fundamento.

Respecto a violación al derecho de igualdad de partes, al principio de legalidad y debido proceso debido a que no se citó a la codemandada Apolinaria Villca esposa del codemandado Evaristo Fernández Bazán, señalar que la recurrente no puede alegar indefensión por terceras personas en este caso por la codemandada, siendo que la falta de dicha actuación procesal no le causa ningún agravio a la recurrente, como ya se tiene manifestado solo puede alegarse nulidad cuando existe perjuicio, máxime si el proceso  ha concluido al haberse declarado probada la excepción de prescripción que también le favorece a la codemandada Apolinaria Villca, consecuentemente tampoco se observa perjuicio alguno en este aspecto para la recurrente.

Respecto a que no se habría operado la prescripción para reclamar la acción reivindicatoria toda vez que el proceso de usucapión tramitado por Evaristo Fernández Bazán, fue realizado con vicios de nulidad y en atención a que la recurrente cuenta con prueba sobre dicho ilícito habría ampliado su demanda por fraude procesal y mejor derecho propietario y consecuentemente dicho proceso de usucapión no sería inmutable , se debe aclarar en este punto que mientras no exista una Sentencia ejecutoria que demuestre que el proceso de usucapión decenal tramitado por Evaristo Fernández Bazán  fue  realizado  con  vicios de nulidad  dicho proceso no puede ser invalidado y surte todos sus efectos mientras no se demuestre  lo contrario.

En cuanto al hecho  de que el derecho propietario de la recurrente no  es de data reciente; señalar que si bien resulta evidente  que  el inmutable objeto de la Litis estuvo registrado preventivamente desde el año 2006 y posteriormente inscrito definitivamente en fecha 26 de noviembre de 2010, sin embargo  de las copias legalizadas de fs. 24 a 98 referentes al proceso de usucapión seguido por eldemandado, se advierte que dicho proceso fue presentado en fecha 11 de marzo de 1999 habiendo adquirido ejecutoria en fecha 14 de diciembre de 2001, es decir antes que la recurrente inscriba definitivamente su derecho propietario el año 2010, el codemandado Evaristo Fernández ya había adquirido el inmueble objeto de la Litis por usucapión decenal.

Finalmente, respecto a que el Tribunal de Alzada habría incurrido en error de hecho y de derecho al convalidar las actuaciones ilegales de la Juez A quo violando los arts. 3 num.1) y 3), 332, 351, 194, 90, 189 del Código de Procedimiento Civil y el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, al margen de no precisar cómo y de qué forma se vulneraron estos artículos, incumpliendo  lo establecido por el art. 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, referida a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros concretos y preciosos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o errores y proponiendo la solución jurídica pertinente, toda vez que el recurso de casación requiere  no simplemente expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnado,  el presente  recurso  no fue planteado coherentemente en virtud a que se pide la anulación del proceso hasta el vicio más antiguo sin haber señalado cuales fueron esos vicios y de qué manera le causaron agravios, supuestos defectos de forma que nada tienen que ver con el fondo de lo resuelto, consiguientemente a éste Tribunal le corresponde fallar en la forma prevista por el art. 271 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 181 a 186 interpuesto por la recurrente contra el Auto de  Vista de fecha 21  de mayo de 2013 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de San Cruz. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: sexto