TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                    S A L A    C I V I L


Auto Supremo: 547/2013

Sucre: 24 de octubre 2013        

Expediente: B-25-13-S

Partes: Rubén Julio Feliciano Rosso. c/ Gabriel Sossa Salvatierra Mery Balcazar  

             Iriarte de Sossa.

Proceso: Resarcimiento y/o Responsabilidad Civil

Distrito: Beni


VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 556 a 559 de obrados interpuesto por Bergman Cuellar Arauz en representación de Gabriel Sossa Salvatierra y Mery Balcazar Iriarte  de Sossa contra el Auto de Vista Nº 70/2013 de 18 de junio 2013, cursante de fs. 552 a 554 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro el proceso de resarcimiento y/o responsabilidad civil incoado por Rubén Julio Feliciano Rosso contra los recurrentes, los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, mediante Sentencia Nº 01/2013 de 4 de enero 2013 el Juez Primero de Partido Mixto Niño, Niña y Adolescente de Guayaramerin declaró improbada la demanda de resarcimiento y/o responsabilidad civil, con costas.

Deducida la apelación por el actor, ésta fue remitida ante el Tribunal Ad quem, instancia que mediante Auto de Vista Nº 70/2013 de 18 de junio del año en curso, revocó totalmente la Sentencia apelada y declaró probada la demanda, cuyo monto a resarcir sería averiguable en ejecución de Sentencia.

En conocimiento del Auto de Vista, los demandados a través de su apoderado Bergman Cuellar Arauz presentaron recurso de casación en el fondo, mismo que se pasa a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- Acusa error en el Auto de Vista indicando que se realizó una incorrecta tipificación de los hechos ilícitos a la actuación de los esposos Sossa-Balcazar quienes no entregaron el inmueble que ocupan y que esta ocupación de manera alguna puede ser calificada como hecho ilícito, más aún cuando el derecho de propiedad del demandante no se tiene definida y que en todo caso los daños y perjuicios debieron ser exigidos a quien vendió el inmueble y no así a los esposos Sossa-Balcazar quienes detentaban y detentan el inmueble primero como consecuencia de un contrato anticrético y luego por un contrato de comodato suscrito con una de las herederas del inmueble objeto del litigio.

2.- Afirma que se violó e interpretó de manera errónea el art. 984 del Código Civil, porque el Ad quem consideró como hecho ilícito la no entrega del inmueble por parte de los demandados, ya que un hecho ilícito jamás surge como consecuencia de un incumplimiento de contrato o de juicios frustrados, los hechos ilícitos están tipificados en los arts. 984 al 999 del Código Civil, por lo que la conducta de los demandados no se acomoda ni configura hecho ilícito alguna.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Los recurrentes, representados por Bergman Cuellar Arauz, acusan que el A quem realizó una incorrecta tipificación de los hechos ilícitos porque de ninguna manera se puede calificar como hecho ilícito el que ellos no hayan entregado un inmueble reclamado por el demandado del que no se tiene certeza si pertenece  a  éste, mucho menos cuando de por medio existe un contrato de comodato entre quien fuera heredera de dicho inmueble; reiterando lo propio cuando afirman que el Ad quem violó e interpretó de manera errónea el art. 984 del Código Civil porque la conducta de los recurrentes no se acomoda a ninguna de las que se encuentran previstas en el art. 984 al 999 del Código Civil; es decir, que el supuesto hecho ilícito de no entregar el inmueble a favor del demandante no constituye un hecho ilícito.

Conforme se tienen en el recurso presentado y a los fines de contextualizar el caso presente, se tiene como antecedentes:

1.- Que, en fecha 23 de marzo 2003 la Sra. Casta Dañin Vda. de Rodríguez transfirió inmueble ubicado en Av. Federico Román Esq. Sucre a favor de su hijo Manuel José Rodríguez Dañin, con reserva de derecho de usufructo de por vida y la obligación  de cancelación del gravamen que pesa sobre parte del inmueble con la Sra. Mery Balcázar de Sossa. (fs. 68 a 69 Testimonio Nº 17/2003)

2.- El 22 de febrero 2005 los esposos Manuel José Rodríguez Dañin y Cecilia Andrade de Muñoz transfieren en calidad de anticipo de herencia el inmueble ubicado en calle Av. Federico Román Esq. Sucre de 450,31 m² a favor de sus hijos Miklos, Nubia Rita, José Gabriel, José José, Rolando Manolo y José Luis todos Rodríguez Andrade, mismo que se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales con Mat. 8.02.2.01.0001018 conforme consta a fs. 173 de obrados.

3.- De fs. 71 a 72 y vlta, consta Testimonio Nº 82/2012 por el que en fecha 15 de enero 2011 los hermanos Rodríguez Andrade representados por su padre Manuel José Rodríguez Dañin transfieren inmueble de 450,31 m² a favor de los esposos Rubén Julio Feliciano Rosso y Miguelina Ramos Cuevas, mismo que al presente se encuentra inscrito en Derechos Reales bajo la Mat. 8.02.2.01.0001018 según se tiene de fs. 107 de obrados. Y conforme consta a fs. 78, el 8 de julio 2011 la Sra. Mery Balcazar de Sossa suscribe documento de devolución de dinero de anticresis con el Sr. Manuel José Rodríguez Dañin, en el que afirma recibir la suma de $us.7.000.- como devolución de capital anticrético de una tienda y trastienda ubicada en la Av. General Federico Román casi Esq. Sucre, donde tiene instalada su farmacia con razón social “Santa Ana” y que dicho anticrético lo había suscrito con la fallecida Sra. Casta Dañin Salvatierra Vda. de Rodriguez, documento que por Auto de 12 de marzo 2012 el Juez Primero de Instrucción de Guayaramerin dio por reconocida la firma de Mery Balcázar Iriarte de Sossa.

4.- Según se tiene de fs., 105 en fecha 2 de septiembre 2011, la co propietaria Miguelina Ramos Cuevas dirigió nota a la Sra. Mery Balcázar de Sossa a los fines de hacer conocer que al haber adquirido el inmueble en el que tiene instalada su farmacia debe ser desocupado; reiterando el pedido de desocupación del inmueble el 8 de febrero 2012 a través de carta notariada según consta a fs. 104 de obrados y en el que advierte que en caso de no proceder a desocupar los dos ambientes lamentará iniciar proceso de pago de daños y perjuicios toda vez que ya tenía firmado contratos para la demolición del inmueble con albañiles contratados desde la ciudad de La Paz.

Asimismo, es necesario realizar la siguiente precisión de orden legal:

El art. 984 del Sustantivo Civil  referido al resarcimiento por hecho ilícito señala: “Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento”.  Sobre la norma antes citada, en el A.S. Nº 325/2013 había mencionado que:  “…con relación al hecho ilícito debemos señalar que éste es una conducta o acto contrario al ordenamiento jurídico vigente generado por la imprudencia, impericia, negligencia, mala fe, abuso de confianza en los que va acompañado el elemento de dolo y culpa; y, que ante la comisión del mismo la persona o actor se obliga a resarcir por el daño causado; por el ello el art. 984 del Código Civil señala que quien con un hecho doloso o culposo ocasione a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento.  De lo que se concluye que cuando se ocasiona el hecho ilícito civil, cuya conducta contiene el dolo o la culpa genera indefectiblemente responsabilidad a ser resarcida”

Alberto Luna Yáñez, en su Libro Obligaciones-Curso de Derecho Civil, sobre el acto ilícito civil expone cuatro características: A) Voluntariedad del obrar.  No hay acto ilícito posible si su agente actúa involuntariamente, es decir, sin discernimiento, intención o libertad.  Consecuentemente no puede hacer acto ilícito que sea obrado involuntariamente. Por otra parte, el acto ilícito, hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que ocasione a una persona y contrariamente a los hechos involuntarios, no producen por sí obligación alguna. Por tanto, existe incompatibilidad entre los actos ilícitos y los hechos involuntarios.  B) Prohibición expresa de la Ley.  Para ser tal, ha de estar en contradicción con la norma legal. Por ausencia de este requisito, no configura un acto ilícito la creación de un riesgo mediante el uso lícito de una cosa que por razón de ese riesgo causa daño a otras personas.  De ahí que el creador del riesgo no es deudor de la reparación a título de responsabilidad sino a título de obligación legal proveniente de un acto ilícito.  C) Causación de un Daño. Sin daño no hay acto ilícito civil porque falla el presupuesto de cualquier indemnización. El daño constituye por lo tanto, uno de los presupuestos de la obligación de resarcir, o, si se prefiere de la responsabilidad jurídica.  No hay responsabilidad jurídica si no hay daño, pero el daño, para generar responsabilidad, debe haberse producido en razón de un acto antijurídico que, en su consideración objetiva, se atribuye a un sujeto sea a título de culpa, dolo u otro factor de atribución objetivo (riesgo, obligación legal de garantía, etc.), mediando además una relación de causalidad adecuada entre el acto imputable y el daño. D) Culpabilidad del Responsable. No hay responsabilidad sin culpa, este es un axioma tradicional al que el derecho de nuestro tiempo ha llegado después de una evolución secular, particularmente en lo referente a la responsabilidad por hecho propio. Existen algunos casos de los cuales, la culpa o el dolo dejan de ser factores de atribución, tal el caso de la responsabilidad por actividades riesgosas, en la cual la culpabilidad del agente es un elemento que no cuadra en la configuración de la responsabilidad”.

De lo anterior podemos también concluir que la conducta que conlleva un hecho ilícito, es todo acto voluntario (imputabilidad en primer grado) contrario al ordenamiento jurídico (antijuridicidad), considerado éste en su totalidad, culpable (imputabilidad en segundo grado) que causa (relación de causalidad entre el daño y el hecho) un daño a otro y que genera responsabilidad civil (contractual o extracontractual) para el agente que lo cometió; aclarando que en esto último no necesariamente la responsabilidad civil para resarcir el daño emerge de una relación contractual directa, sino también extracontractual como se señala.

Por su parte el procesalista mexicano Dr. Ignacio Galindo Garfias afirma que:  “La conducta que se desarrolla en conformidad con el orden jurídico, a la que llamamos conducta lícita, es objeto de tutela, de reconocimiento o protección por ese orden.  La conducta que se realiza en contraste con las disposiciones del ordenamiento, por ser ilícita, produce también ciertos efectos de derecho, efectos que las partes no han buscado ni se han propuesto siquiera, pero previstos en la disposición de la norma.

El ilícito como violación de un deber jurídico fundamental, de esta manera y en razón de este presupuesto las leyes son prohibitivas, preceptivas o simplemente permisivas.

Así pues en principio, el acto ilícito, por ser contrario a las leyes prohibitivas, al orden público o a las buenas costumbres, no debe producir efecto alguno y por esta razón podría ser considerado como conducta irrelevante para el derecho. Y sin embargo no es así. El acto ilícito, realizado en disconformidad con el orden jurídico, tiene particular trascendencia jurídica aunque sea porque el derecho se ocupa de él para cuidar que sus autores no alcancen los resultados  que pretenden con la ejecución del acto, pues dichos resultados se juzgan de allí la relevancia jurídica del ilícito- contrario al orden público y a las buenas costumbres.

Por regla general, el acto ilícito desemboca en la invalidez, en la ineficacia jurídica del acto.  Hay casos no menos frecuentes, en que el ilícito produce efectos no de invalidez, sino de eficacia, en un sentido especial. Cuando aparece el solo calificativo de ilícito respecto de una conducta, ésta resulta dañosa en contra de un particular. En esta hipótesis de daño, el ilícito produce el efecto de dar nacimiento a la obligación, a cargo del autor del acto, de reparar el daño causado”.

Señalado lo anterior y conforme se tiene en los antecedentes descritos ut supra, en el caso de Autos, se evidencia que los esposos demandados Sossa-Balcazar han incurrido en un hecho ilícito (civil) que va en contra del ordenamiento jurídico; toda vez que permanecen en un inmueble que no es de su propiedad utilizando dos ambientes tienda y trastienda en el que funciona la farmacia “Santa Ana” de propiedad de la co demandada Mery Balcázar, quien a pesar de habérsele devuelto la suma de $us.7.000.- por concepto de capital anticrético por parte del anterior propietario Manuel José Rodríguez Dañin tal cual había dispuesto la Sra. Casta Dañin Salvatierra Vda. de Rodríguez con quien firmó el contrato de anticresis tiempo atrás, quien fuera primera propietaria de dicho inmueble; no valiendo al presente el argumento de que tiene suscrito un contrato de comodato con una de las co herederas del inmueble como es la Sra. Neyda Rodríguez Dañin a quien considera propietaria del mismo, toda vez que como se tiene de fs. 204 a 262 consta antecedentes de la demanda ordinaria de nulidad de transferencia efectuada por Escritura Pública Nº 17/2003 y 17/2005 por el que Casta Dañin Salvatierra Vda. de Rodríguez transfirió el inmueble ubicado en Av. General Federico Román casi Esq. Sucre a favor de su hijo Manuel José Rodríguez Dañín y éste a su vez junto a su esposa la transferencia a favor de sus seis hijos, demanda incoada por Casta Dañín Salvatierra Vda. de Rodríguez, José Rodríguez Dañin y Neyda Rodríguez Dañin, misma que por Sentencia Nº 34/07 de 10 de septiembre 2007 fue declarada improbada la pretensión de nulidad de contrato de transferencias y consecuente cancelación de partidas y registros en Derechos Reales, siendo revocada la determinación del A quo por Auto de Vista Nº 197/07 de 4 de diciembre 2007 y ante el recurso de casación interpuesto por Manuel José Rodríguez Dañin, esposa e hijos, por Auto Supremo Nº 222/11 de 28 de junio 2011 se resolvió casar el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se mantuvo subsistente la Sentencia de primera instancia; es decir mantener como improbada la demanda incoada de nulidad de Escrituras Públicas, ratificándose el derecho propietario que ostentaba Manuel José Rodríguez Dañin y posteriormente sus seis hijos quienes transfieren el inmueble en el que en una parte (tienda trastienda) los demandados continúan ocupando; concluyendo y precisando que el actor, en la presente demanda, tiene demostrado ser, junto a su esposa, únicos propietarios del inmueble objeto del litigio.

De otro lado, también se tiene evidencia que los demandados sin autorización alguna de los actuales propietarios y contrario al ordenamiento jurídico  permanecen en el inmueble y continúan utilizando y usufructuando  el mismo como farmacia, a pesar de las oportunidades en las que se les solicitó desocuparan el inmueble sin aceptar inclusive que el actor y su esposa hubieran ofrecido otro ambiente para hacer efectivo el traslado de la farmacia y evitando que los actuales propietarios del inmueble puedan iniciar trabajos de demolición para una posterior construcción, ocasionando al demandante que se frustre la contratación que tenía proyectada conforme se tienen en los planos de construcción presentados y debidamente aprobados. Conducta de los demandados que como señaló el Dr. Ignacio Galindo se encuentra en disconformidad con el orden jurídico y contrario a las buenas costumbres, correspondiendo que el daño causado al continuar permaneciendo en parte del inmueble de propiedad del actor, genera daño injusto y como se tiene manifestado en el Auto de Vista recurrido, debe ser resarcido.

De lo anterior, es insostenible el argumento de los recurrentes cuando señalan que no puede tomarse como hecho ilícito la no entrega del inmueble, error en el que habría incurrido el Ad quem; al contrario y como se tiene descrito, además de demostrado, los esposos Sossa-Balcázar al permanecer en parte del inmueble de propiedad de Rubén Julio Feliciano Rosso sin tener ninguna relación contractual con el mismo (demandante) ni derecho que legitime su posesión oponible a estos, causan daño injusto por una indebida ocupación de la tienda y trastienda limitando los derechos del actor.

Por lo anterior al no evidenciar que el Tribunal de Segunda instancia ha incurrido en violación del art. 984 del Código Civil ni que ésta norma haya sido aplicada falsa o erróneamente, al contrario efectuó un razonamiento correcto respecto al hecho ilícito civil que trae como consecuencia o resultado un daño injusto al interés del otro, corresponde resolver en la forma prevista en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Adjetivo Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Bergman Cuellar Arauz en representación de Gabriel Sossa Salvatierra y Mery Balcázar Iriarte de Sossa contra el Auto de Vista Nº 70/2013 de 18 de junio 2013, pronunciada por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia del Beni.  Con costas.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: sexto