TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA  CIVIL

Auto Supremo: 536/2013

Sucre: 24 de octubre 2013

Expediente: SC-78-13-S

Partes:        Jesús Ángel Ferrel Calizaya c/ Gabriel Filiberto Ferrel Claure

Proceso:        Acción Reivindicatoria, mejor derecho y desocupación de

                   inmueble, más pago de daños y perjuicios.

Distrito:        Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación o de nulidad de fs. 233 a 237,  interpuesto por Gabriel Filiberto Ferrel Claure, en contra del Auto de Vista de fecha 13 de Junio de 2013 de fs. 230 a 231  pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz, en el proceso Reivindicación, mejor derecho y desocupación de inmueble, más pago de daños y perjuicios, seguido porJesúsÁngel Ferrel Calizaya en contra de Gabriel Filiberto Ferrel Claure, la concesión de fs. 244, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Mediante Sentencia Nº 17/2013 de 07 de marzo de 2013 que cursa de fs. 196 a 200 vlta., el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, falla declarando Improbada la demanda principal al igual que la demanda reconvencional junto con su excepción perentoria interpuesta por Gabriel Filiberto Ferrel Claure.

Contra la Sentencia de primera instancia, el demandante interpuso recurso ordinario de apelación, que previo traslado y contestación, el mismo es concedido al Tribunal de Alzada y como consecuencia de ello la Sala Civil Primera dictó el Auto de Vista de fecha13 de junio de 2013, revocando parcialmente la Sentencia apelada, declarando Probada parcialmente la demanda principal, sólo en lo pertinente a las pretensiones de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble bajo prevención de lanzamiento.  Como consecuencia de ello el Tribunal Ad quem dispuso que Gabriel Filiberto Ferrel Claure desocupe y entregue dentro del plazo de 30 días al actor el inmueble objeto del litigio.

Dicha Resolución de segunda instancia, fue recurrida en casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En la parte inicial de su recurso de casación realiza un resumen del fundamento del recurso de Apelación presentado por el actor en la litis, luego pasa a indicar sobre los fundamentos del Auto de Vista concluyendo que contiene violación, interpretación errónea  y  aplicación indebida de la ley, incurre en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, omite pronunciarse sobre las pretensiones deducidas en el proceso y es dictado faltando diligencias esenciales, cuyas faltas son expresamente penadas con nulidad de obrados; pasando a argumentar lo siguiente:

Detalla los antecedentes de la demanda principal al igual que su contestación y reconvención a la demanda principal, pasa a indicar sobre el Auto de relación procesal dictado por el Juez A quo, transcribiendo los puntos de hecho a probar para ambas partes.

En su punto IV, indica la vulneración y quebrantamiento a los arts. 105, 1066, 1254 y 1255 del Código Civil, mencionando que en la presente causa, el presunto título que presenta el actor en los hechos es un documento que acredita una simple liberalidad del causante, es sólo un anticipo de legítima, por lo cual el derecho de propiedad aún se encuentra pendiente por la vía del derecho sucesorio, debiendo consolidar su derecho a través de la declaratoria de herederos y demás trámites, para permitirle al actor usar, gozar y disponer el bien inmueble y mientras su derecho no se encuentre consolidado, no puede dicho documento servir para la reivindicación como lo estableció el Tribunal Ad quem de manera errónea.

En su punto V. argumenta que el actor confesó que nunca vivió en el inmueble objeto del proceso, quedando claro que el demandante nunca tuvo la posesión material  del  inmueble y éste no puede tener la posesión civil porque su derecho no fue consolidado por el derecho sucesorio y por el contrario el recurrente tuviese la legítima posesión y al revocar la Sentencia el Tribunal Ad quem incurre en violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 105 y 1453 del Código Civil.

Finalmente indica que es injustificado que el Juez de oficio salve la inacción probatoria del actor y que el Ad quem incurre en error de hecho y de derecho, vulnerando los arts. 1283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que las pruebas que se adjuntó en la demanda principal no ameritan ser considerados por no tener ningún valor probatorio al no reunir los requisitos formales que acrediten relaciones jurídicas de arrendamiento del inmueble.

Por lo indicado interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, solicitando que se Case el Auto de Vista, manteniendo firme e incólume la Sentencia dictada por la Juez de instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la vasta jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia, plasmada en el Auto Supremo No. 98 de 26 de abril de 2000,  A.S. No. 80 de 4 de noviembre de 2004, A.S. No. 29 de 10 de febrero de 2004 y otros; se estableció que no es necesario estar en posesión material de la cosa para reivindicar, línea jurisprudencial que el actual Tribunal Supremo de Justicia mantiene, donde además de lo indicado, estableció que la acción reivindicatoria es una acción real, pues nace del derecho de propiedad que tiene este carácter; y está dirigida a obtener el reconocimiento del citado derecho y la restitución de la cosa a su dueño. La acción real de reivindicación, es la que la ley le otorga al propietario de una cosa singular de la que no está en posesión, para que la ejerza contra la persona que está poseyéndola.

Por su parte Alexander Rioja Bermúdez en su artículo Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación, comenta y afirma que: "13. La prueba de la acción reivindicatoria se establece con tres requisitos; estos son: el derecho de dominio de quien se pretende dueño; la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y la posesión de la cosa por el demandado"; ante estos tres requisitos dicho autor, también afirma que: "El reivindicador debe probar, en primer lugar su derecho de dominio sobre la cosa que trata de reivindicar; en segundo lugar, la posesión de la cosa por la parte demandada; y por último, la identificación de la cosa que reivindica"

En ese entendido, para la procedencia del proceso de reivindicación será necesario un título de propiedad que demuestre que el que solicita dicha acción, tenga su derecho propietario, debidamente registrado y oponible a terceros, constituyéndose en el legítimo dueño y con derecho para reivindicar la cosa de manos del poseedor o detentador, derecho propietario que por su naturaleza con lleva la posesión, emergente del derecho mismo, no siendo necesario estar en posesión corporal del bien, o demostrar el despojo sufrido, lo que simplemente se requiere es que se pruebe quien es el actual poseedor, toda vez que el propietario titular tiene la "posesión Civil" mediante la cual ostenta el corpus y el animus, no importa cuánto tiempo lo ha tenido en su poder, sino que en el momento de solicitarla la tenga.

Al respecto, el art. 56 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, indica que se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo, asimismo el Código Civil, aclara en su art. 105, que la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y obligaciones que establece el ordenamiento jurídico, de tal forma que el poder de uso, goce y disfrute puede ser utilizado en cualquier momento por el propietario, así también en su parágrafo II señala:"el propietario puede reivindicar la cosa de las manos de un tercero", complementada por los arts. 1453 parágrafo I y 1454 del referido cuerpo legal donde se dispone: "que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta y que la acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de usucapión". Siguiendo esta línea este Tribunal, expresó con claridad que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al:"propietario que ha perdido la posesión de una cosa" y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la "posesión Civil" que está integrada en sus elementos "corpus y ánimus",  quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y puede ser aplicada en cualquier momento, por el propietario.

En el caso analizado el actor Jesús Ángel Ferrel Calizaya, por intermedio de la documental que cursa de fs. 15 a 16, correspondiente a un Segundo Testimonio expedido por el Sub Registrador Departamental  de Derecho Reales, demostró que en la partida computarizada No. 010111249 del registro de propiedad de fecha 10 de agosto de 1992, se encuentra inscrito la minuta de anticipo de legitima otorgada por su padre Emith Ferrel Claure a su hijo que ahora se constituye en demandante;  por dicho motivo el actor llegó a constituirse en propietario del bien inmueble ubicado en la zona sud Oeste, UV. No. 27 y 49 MZ. No. ET-11, sobre la calle Tomas de Lezo final, con una superficie total según mensura y título de 610.85 mts2, documento que demuestra además del derecho propietario, la publicidad en Derechos Reales conforme lo norma el art. 1538 del Código Civil, publicidad que hace oponible su derecho a terceros, surgiendo por tanto la certeza de que el actor, tuvo la posesión civil del bien inmueble en el entendido que: La posesión civil es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real o como indica Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales como: "la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona, que une a ello la intensión de haber la cosa o derecho como suyos."

En ese entendido y conforme a lo ampliamente analizado en la parte superior de la presente Resolución, el hecho que el actor confiese o reconozca que él nunca vivió en el inmueble y que siempre vivió en otro inmueble, como argumenta el recurrente, resulta totalmente irrelevante para acusar la vulneración y quebrantamiento de los arts. 105 y 1453 del Código Civil; toda vez que, como se tiene establecido en la amplia jurisprudencia, para la viabilidad de la reivindicación no es necesario haber estado en posesión corporal del bien, o demostrar el despojo sufrido, lo que simplemente se requiere es que se pruebe quien es el actual poseedor, porque el propietario titular tiene la "posesión Civil" mediante la cual ostenta el corpus y el animus.

En cuanto a la supuesta vulneración y quebrantamiento de los arts. 1283 del Código Civil y 375 del adjetivo Civil, se tiene que el actor mediante prueba suficiente, demostró en primer lugar su derecho de dominio sobre la cosa que trata de reivindicar; en segundo lugar, la posesión de la cosa por la parte demandada; y por último, la identificación de la cosa que reivindica, tres requisitos necesarios para reivindicar.  En lo que corresponde a la prueba adjuntada con la demanda principal, la consideración de la misma no tiene incidencia en la presente acción reivindicatoria, como se dijo anteriormente para la viabilidad de la misma, tan solo es imprescindible acreditar la titularidad del inmueble y que en ella exista un tercero sin título, para pedirle su entrega.

Finalmente resulta necesario considerar sobre lo que se entiende por anticipo de legitima, doctrinalmente se conoce a ésta figura como, la institución del Derecho Sucesorio por el cual el causante, a través de un acto de disposición a título gratuito, transmite parte de los bienes que integran la legítima a favor de uno o más de sus herederos forzosos. Por su parte, Félix C. Paz Espinoza respecto  a la legítima nos dice: “La legitima es la reserva que establece la ley sobre la mayor parte de los bienes patrimoniales pertenecientes al testador a favor de las personas con quienes se halla estrechamente vinculado por los nexos del parentesco de consanguinidad.”, este mismo autor en su libro Derecho de Sucesiones Mortis Causa, nos dice que: “El sistema de la sucesión por la legítima, tiene la virtud de excluir en el llamamiento a los parientes lejanos o menos próximos, y se constituye en un remedio a las liberalidades que podría incurrir el causante sobre el patrimonio que se considera como perteneciente a la familia, como una especie de co-propiedad familiar sobre el cual el causante no tendría que disponer libremente en beneficio de otras personas ajenas a su círculo familiar (hijos, cónyuge y  padres).”  Por lo dicho los titulares de la legitima que se vean afectados con la “nulidad de las modificaciones y pactos y de las cargas y condiciones sobre la legítima” (art. 1066 C.C.) son las personas con las que el causante se halla vinculado estrechamente a través de los nexos del parentesco en la línea recta o directa, o sea, los descendientes, los hijos, quienes se constituyen en la primera categoría de los parientes con privilegio para suceder al de cujus.

En ese entendido, la vulneración o quebrantamiento de los arts. 1066, 1254 y 1255 del Código Civil, argumentado por el recurrente, no serán analizados porque el demandado no cuenta con la legitimación activa para pretender dicha nulidad, máxime si de la revisión del proceso, se tiene que dicho aspecto no fue debatido en la litis y de manera oficiosa fue fundamentada en la Sentencia por el Juez A quo la cual fue revocada por el Tribunal de Alzada con el que se comparte criterio al indicar que “…existe la probabilidad legal de que el derecho emergente del anticipo de legítima pueda ser modificado mediante sentencia judicial, pero esa posibilidad es remota y solo a consecuencia de un proceso iniciado y concluido a instancias de otro heredero forzoso con legitimación activa suficiente (otro hijo del causante) para promover la colación hereditaria de bienes, lo cual no sucedió hasta la fecha…”; conclusión que se llega, primeramente porque no existe prueba que demuestre la existencia de otro hijo, y segundo de la lectura del documento de anticipo de legitima que cursa en obrados, se evidencia que Emith Ferrel Claure (padre fallecido) sólo contaba con dos hijos, María Selva Ferrel Ruiz y Jesús Ángel Ferrel Calizaya a quienes dejo en vida, a cada uno un inmueble, en conformidad  sus descendientes firmaron como signo de aceptación.

Por lo dicho y no siendo evidente lo acusado por el recurrente, concluiremos indicando que el Tribunal Ad quem, realizó una correcta interpretación y aplicación de las normas, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por el art. 271 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO:La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 233 a 237, inter puesto por Gabriel Filiberto Ferrel Claure, en contra del Auto de Vista de fecha 13 de Junio de 2013 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz. Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.- 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: sexto