TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 511/ 2013

Sucre:  01 de octubre  2013

Expediente: LP - 77 13 S.

Partes: Pablo Kasa Lopez y otra.  c/  Eugenio Nogales Chillo y otra.

Proceso: Nulidad de escritura pública y otros.

Distrito: La Paz.


VISTOS: Los recursos de casación de fs. 373 a 378, de fs. 385 a 391 y de fs. 432 a 439, interpuestos por Eugenio Nogales Chillo y Rufina Quispe de Nogales contra el Auto de Vista Nº 015/2013 de 15 de febrero de 2013 de fs. 367 a 369 y el Auto de 26 de febrero de 2013 de fs. 372, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de nulidad de escritura pública y otros, seguido por Pablo Kasa López y otra en contra de los recurrentes, la concesión de fs. 451, los antecedentes del proceso y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto, dicta la Sentencia Nº 45/2012 de 5 de abril 2012 que cursa de fs. 321 a 327 vlta., por la que declara probada en parte la demanda instaurada por Pablo Kasa López y Domitila Huanca de Kasa, solo en cuanto a la nulidad de Escritura Pública y no en cuento a la de reivindicación, asimismo declara improbada la demanda reconvencional de pago de daños y perjuicios.

Contra dicha Resolución de primera instancia, los ahora recurrentes interponen recurso de apelación que es resuelto mediante Auto de Vista que cursa en fs. 367 a 369 y Auto de fs. 372, por el que confirma la Resolución, dicho fallo a su vez es recurrido de casación en la forma y en el fondo por Eugenio Nogales Chillo y Rufina Quispe de Nogales, formulando su recurso por tres oportunidades, como consta en fs. 373 a 378, de fs. 385 a 391 y de fs. 432 a 439 que es objeto de análisis y estudio.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el recurso de fs. 373 a 378, luego de resumir antecedentes de la cronología del proceso acusa infracciones en la forma y en el fondo, las que se pasan a describir la manera siguiente:

EN LA FORMA.-

En memorial de demanda de fs. 21 a 23 vlta., los demandantes interponen demanda ordinaria de nulidad contrato de venta por la existencia de  vicios en el consentimiento por la no existencia del protocolo notarial, sin embargo pese de no adjuntar la matrícula de propiedad y el correspondiente pago de impuestos, ante ese incumplimiento el Juez ordenó se cumpla con los numerales 6) y 8) del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, que tampoco fue cumplida y el Juez admitió la demanda sin advertir que el contrato de venta no fue efectuado por Pablo Kasa López y Domitila Huanca de Kasa, sino por el titular del derecho de propiedad, que se hizo notar en memorial de fs. 87 a 91.

Refiere que en aplicación del inc. 3) del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, debían identificarse y demostrar su interés propio, que no sucedió en ningún momento, puntualizan que en reiteradas oportunidades que ellos son “Kasa” y no “Casas”, que constituye un vicio procesal insubsanable, afectando la nulidad de todo lo obrado.

El Juez en la Sentencia, señala el apellido Casas consignado en la Escritura Pública N° 213/76, debe ser un error cometido al elaborar dicho documento, suposición que no puede servir de convicción para dictar el fallo, no debe perderse de vista que conforme al art. 194 del Código de Procedimiento Civil la Sentencia alcanza a las partes y no a terceros, ya que la misma no podrá ser ejecutada respecto a Pablo Kasa López.

Por lo que señala que se ha demostrado haberse violado formas esenciales del proceso, al haberse admitido la demanda interpuesta por personas ajenas a la relación obligacional emergente del negocio jurídico, y violado el art. 50, 90, 190, 194, 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, por lo que solicita la anulación de obrados hasta la demanda de fs. 21 a 23.

EN EL FONDO.-

Señala que conforme a la Sentencia Constitucional N° 527/2010-R, la garantía del debido proceso señala que las resoluciones deben exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas legales que sustentan la parte dispositiva, motivación que  implica la valoración de la prueba, que no debió ser desconocida por el Tribunal de alzada.

El Auto de Vista no es más que una simple glosa de los antecedentes del proceso, además el Tribunal de alzada no realizó un análisis prolijo de las pruebas aportadas al proceso menos valorarlas de acuerdo al art. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento y refiere lo siguiente:

a)        De acuerdo al auto de calificación del proceso y sujeción de la prueba, los actores tenía la obligación de demostrar que son propietarios del inmueble ubicado en el Ex fundo San Roque con una superficie de 9.9500 Has., pues en el expediente no existe documento en el que demuestre que Pablo Kasa y Domitila de Kasa hubiera demostrado su derecho de propiedad.

b)        En el punto dos, se demuestra que los actores conocían haber efectuado la venta mediante la E. P. N° 213/76, como costa a fs. 3 mediante memorial de fecha 29 de marzo de 2011.

c)        No demostraron que hubiesen, estado en posesión pacífica y continua del inmueble desde hace 40 años, al contrario en demanda de fs. 21 a 23 solicitaron se reivindique el lote de terreno, lo que admite que los demandados estuvieron en posesión del inmueble.

d)        En cuanto al punto cuarto, que los actores debían demostrar que al suscribir la Escritura Pública N° 213/76 el notario ya no ejercía dichas funciones, por la parte contraria se demostró que dicho notario ejerció funciones hasta 1968, por lo que loa actores no demostraron ninguno de los puntos de prueba fijados por el Juez.

e)        En el inc. 3) del segundo considerando se efectúa una errada interpretación del informe de fs. 4, en sentido que los archivos a cargo del notario Miguel Atahuichi, no existiría la referida escritura pública, siendo que señala que le entregó un solo tomo de la gestión de 1977 que corresponde a dicho Notario, lo que significa que los archivos no le fueron entregados en su totalidad, una cosa es que la Escritura Pública se haya entrepapelado o extraviado.

Las otras pruebas a las que el Tribunal de alzada hace mención en el punto 3) del indicado, como el certificado emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, de fs. 19 que se basa en el certificado emitido por la comunidad originaria de San Roque de fs. 20, son inadmisibles, por cuanto las mismas no se sustentan absolutamente en ninguna prueba y son afirmaciones subjetivas.

f)        La última parte del citado inc. 3) del segundo considerando concluye que el certificado de nacimiento de fs. 123, 124, certificación emitida por la Unidad de Servicios Judiciales, informe de Derechos Reales de fs. 128, no se efectúa el análisis y valoración de esas pruebas documentales; refiere que el certificado de fs. 128 señala que no se tiene datos de la existencia de los archivos generados en la gestión de 1976, en tanto que la certificación de fs. 128, señala que son propietarios de la extensión de 9.500 Has., adquirida mediante contra venta de Pablo Casas López según Escritura Nº 213 de 27 de julio de 1976 y registrado en Derechos Reales.

2.- Acusa indebida aplicación de norma en el Auto de Vista, siendo que el acto jurídico fue realizado durante la vigencia del Código Civil abrogado, por ello refiere que el art. 1003 del Código Civil abrogado, señala que la venta es un contrato por el que se obliga uno a entregar una cosa y otra pagarla puede celebrarse por Escritura Pública o privada, y según el art. 1004 señala que la venta se perfecciona entre las partes y el art. 1024 señala la obligación de entregar el inmueble por parte del vendedor, en mérito a dichas normas la venta quedó perfeccionada, mediante suscripción del documento de 19 de julio de 1975, que originó la Escritura Pública Nº 213/76; sin embargo el Juez y Ad quem al dictar sus resoluciones aplicaron el Código Civil actual, haciendo notar que semejante error fue inducido por los actores, siendo que debían aplicar el art. 1567 del Código Civil.

Concluye señalando que concurren las causales previstas en el art. 253 inc. 1 y 3 del Código de Procedimiento Civil, ya que el Ad Quem al emitir el Auto de Vista ha incurrido en violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, así como apreciación y valoración errónea de las pruebas aportadas al proceso, al efecto interpone recurso de casación contra el Auto de Vista, e impetra si perjuicio del recurso de casación en la forma se expida Auto Supremo casando el  referido Auto de Vista.

El resto de los recursos de casación de fs. 385 a 391 y de fs. 432 a 439, interpuestos por Eugenio Nogales Chillo y Rufina Quispe de Nogales, tiene un similar contenido al expuesto precedentemente. 

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Antes de ingresar a considerar las acusaciones vertidas en los recursos de casación, corresponde señalar el art. 258 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, señala que el recurso de casación debe contener ciertas especificaciones, asimismo señala que las mismas deben efectuarse  en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, esto implica que no se puede admitir que se presenten complementaciones al recurso de casación, menos que se amplíe el recurso de casación o que se presenten varios recursos de casación, como ha sucedido en la especie, ahora de la verificación de los actuados judiciales, se evidencia que al dictarse el Auto de Vista Nº 015 de fs. 367 a 369, sin que se haya notificado a las partes, los ahora recurrentes presentan el memorial de 01 de marzo de 2013, (fs. 370 a 371), por el que solicitan explicación, aclaración y enmienda del Auto de Vista, que es respondido mediante Auto de 26 de febrero de 2013 (fs. 372), luego de emitido el mismo, sin que exista notificación con la mencionada Resolución, Eusebio Nogales Chillo y Rufina Quispe de Nogales interponen recurso de casación mediante escrito de fs. 373 a 377 vlta., extrañamente el mismo es presentado ante Notario de Fe Pública, como si el plazo para su presentación estuviera siendo afectado de caducidad.

Sin embargo de ello en forma posterior presentan otro recurso de casación de 26 de marzo de 2013 (fs. 385 a 390 vta.), sosteniendo que una vez formulada su petición de explicación y enmienda al Auto de Vista luego de ser notificados, el expediente permaneció hasta el 21 del mes y año en curso, y ante el inminente riesgo de que venza el plazo para recurrir tuvieron que plantear por lo que interponen su recurso manteniendo su memorial de fs. 373 a 377; y posterior a esos actos procesales  mediante escrito de 10 de mayo de 2013 (fs. 432 a 439), en la que señalan los mismos argumentos de haber presentado su primer recurso en forma apresurada sin embargo ratifican en contenido de dicho recurso que cursa de fs. 373 a 377 vlta; consiguientemente se dirá que al haber planteado en recurso de casación de fs. 373 a 377 vlta., se ha generado una notificación tácita con el Auto de Vistay en base a la misma los recurrentes han activado la vía de impugnación casacional y conforme a la última parte del 258 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, por lo que en forma posterior el Ad quem no podía generar nuevos traslados sobre nuevos recursos planteados por las mismas partes recurrentes, menos conceder tres recursos de casación planteados por las mismas personas, como se advierte del Auto de fs. 451, consiguientemente no corresponderá considerar los memoriales de fs. 385 a 390 vlta. y de fs. 432 a 439, toda vez que el citado art. 258-2 del Código de Procedimiento Civil. Los fundamentos del recurso de casación deben ser expuestos en un solo acto, no pudiendo ser fundamentados en forma posterior.

Consiguientemente, en base al recurso de fs. 373 a 377 vlta., y conforme a las acusaciones se pasa a absolver el recurso de acuerdo a lo siguiente:

EN LA FORMA.-

Los recurrentes manifiestan que los numerales 6 y 8 del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, no hubieran sido cumplidos por los demandantes,  en la que se observa que la venta no fue efectuada por Pablo Kasa López y Domitila Huanca de Kasa y que conforme a lo previsto en el inc. 3) del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, debía identificarse el interés propio de los demandantes, tomando en cuenta que observa el apellido paterno del demandante de “Kasa” diferente del de  “Casas”, que llegaría a constituir un vicio insubsanable, y que conforme al art. 194 del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia alcanza a las partes y no a terceros en la que se sostiene haberse violado formas esenciales del proceso, al haberse admitido la demanda interpuesta por personas ajenas a la relación obligacional emergente del negocio jurídico, y violado el art. 50, 90, 190, 194, 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, por lo que solicita la anulación de obrados hasta la demanda de fs. 21 a 23.

Sobre dicha acusación corresponde señalar que el principio de congruencia se encuentra identificado por la mayoría de los sistemas procesales en materia civil, en ellas tenemos varios aportes, en sentido de que la pretensión se encuentra identificado por tres elementos; el objeto, los sujetos y la causa, y conforme señala Lino Enrique Palacio en su Obra de Derecho Procesal Civil, tomo V página 430 Abeledo-Perrot 1990, que: “…la observancia del principio de congruencia exige una rigurosa adecuación de la Sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan a la pretensión y la oposición. b) en primer lugar, por lo tanto, la Sentencia sólo puede contener pronunciamiento con respecto a quienes hayan revestido en el proceso la calidad de partes…”  en base a la misma es que el doctrinario Maximiliano Cal Laggiard, en la ponencia denominada: “PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LOS PROCESOS CIVILES”,presentada en la Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, señalo lo siguiente: “Atendiendo a la incongruencia referida a los sujetos, DE LOS SANTOS refiere a la misma como “incongruencia subjetiva”, manifestando que existe cuando: “La decisión jurisdiccional condena a quienes no son parte juntamente con quiénes sí lo son (incongruencia subjetiva por exceso), u olvida condenar a quién corresponde hacerlo (incongruencia subjetiva por defecto) o condena una persona distinta de la demandada (incongruencia mixta)”. Similares apreciaciones realiza Greif, que indica: “La Sentencia ha de alcanzar a quienes tuvieron la calidad de actores así como los demandados. Ello incluye a los terceros y a los casos de sucesión o sustitución... Vescovi plantea la interesante cuestión de la posibilidad de relevar de oficio la falta de legitimación o interés de la parte y si en caso de hacerlo, dicha Sentencia será o no incongruente. Al respecto, cita la postura de Millán, que considera que la capacidad para ser parte o la ausencia de capacidad procesal se encuentran dentro del poder de disposición de los litigantes y que por ende solamente podrán ser dispuesta cuando media la instancia de partes...”, bajo esa perspectiva se encuentra desarrollado el denominado principio de congruencia.

En el sub lite los demandantes Pablo Kasa López y Domitila Huanca de Kasa, se identifican como titulares del inmueble de una superficie de 9.9500 Has, alegando que se enteraron supuestamente que la misma la hubiera transferido a los demandados, Eugenio Nogales Chillo y Rufina Quispe de Nogales, quienes luego de ser citados, en su memorial de fs. 87 a 91 vlta., reconocen que el demandante tuvo el apellido de “Casas” y actualmente lleva al apellido de “Kasa”, ese extremo implica el reconocimiento de la legitimación de las partes para someterse a la litis, consiguientemente a esta altura del proceso no se puede acusar falta de legitimación activa de los demandantes, o que se ha vulnerado los arts. 50, 90, 190, 194, 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil.

EN EL FONDO

1.- Señala que conforme a la Sentencia Constitucional N° 527/2010-R, la garantía del debido proceso señala que las resoluciones deben exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas legales que sustentan la parte dispositiva, motivación que implica la valoración de la prueba, que no debió ser desconocida por el Tribunal de alzada, corresponde señalar que la misma resulta ser una acusación en la forma, pues se observa la forma procesal de haberse cumplido con la fundamentación, consiguientemente desde esa perspectiva no puede ser absuelta como fundamento para un recurso de casación en el fondo, pues en la misma se verifica si la otorgación o no del derecho sustantivo para las partes ha sido la correcta, por lo que la misma no corresponde ser absuelta.

2.1.- En cuanto a la valoración de los medios de prueba, como se encuentra expuesto en los numerales 1 al 4, insertos en el recurso de casación, corresponde señalar, que cuando se acusa valoración de la prueba, el art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente: “(Recurso de casación en el fondo).- Procederá el recurso de casación en el fondo… 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”, el texto de la norma refiere a fijar el error de hecho o error de derecho en la valoración de los medios de prueba, el primer caso se activa cuando los de instancia hubieran confundido, errado o tergiversado el contenido de los medios de prueba cualquiera que sea ella, confesión, testifical, documental, inspección pericia u otras; en cambio el error de derecho se activa, cuando al momento de evaluar la prueba u otorgarle su valoración no se hubiera otorgado el valor que de acuerdo a la norma le corresponde, o en caso de prueba no tasada librada a la sana critica, no ha aplicado las directrices de la lógica, la ciencia o experiencia para considerar dicho medio de prueba; también puede darse el caso que en la valoración se haya errado en ambos sentidos, esto es error de hecho y error de derecho en la valoración del medio de prueba; sin embargo de ello en la descripción del recurso de casación en el fondo, en los numerales 1 al 4, el recurrente alega que de acuerdo a los puntos de hecho a ser probados se hubiera generado medios de prueba, esa redacción se asimila a una especie de alegatos, que no puede ser considerado como una acusación, de que en la causa se hubiese generado error de hecho o error de derecho en la valoración de los medios de prueba, por lo tanto dichas acusaciones contenidas en los referidos numerales resultan ser impertinentes como para efectuar una evaluación de los medios de prueba que han sido descritos.

2.2.- La acusación contenida en el numeral 5) del recurso de casación en sentido de que en el Auto de Vista, efectuaría una interpretación errada de  del informe de fs. 4, y que los Vocales hubieran sostenido que entre los archivos del Notario Atahuichi entregados a la Notaria Santa Cruz, no existiría la escritura pública, sin embargo de ello el informe solo indicaría que a la Notaria Santa Cruz, únicamente se le entregó un tomo de la gestión de 1977, que los archivos no le fueron entregados en su totalidad, lo que incurre en admitir una realidad inadmisible.

Sobre dicha acusación, entendida como error de hecho en la valoración del medio de prueba de fs. 4, señala: “De la revisión de inventario de libros de archivo actualmente a cargo de la suscrita Notario de Fe Pública… se evidencia que no figura en la presente Notaría la Escritura Pública Nº 213/76 de fecha 27 de julio de 1976 correspondiente al ex Notario de Fe Pública Dr. Miguel Atahuichi, escritura solicitada por el señor PABLO KASA LOPEZ y orden judicial emitida por la Dra. Erika Valdez Cuba… sin embargo me permito informar a su autoridad que la mencionada escritura no se encuentra a mi cargo porque a tiempo de recepcionar el archivo solamente me hicieron entrega de un solo tomo de Escrituras Públicas del año 1977 correspondiente al ex Notario de Fe Pública Dr. Miguel Atahuichi…”, por una parte corresponde señalar que el Auto de Vista que si bien toma en cuenta dicha certificación para confirmar la Sentencia, no debe soslayarse el criterio del A quo, quien en el considerando (cuarto)  ordinal primero, ha señalado a las certificaciones de fs. 98, 103 y 125 para sostener la inexistencia de los registros públicos del Notario Miguel Atahuichi, y conforme a dichas certificaciones, no se tiene datos respecto de los archivos de dicho notario, referentes a otras gestiones como la de 1976 (fs. 98) y que en la gestión de 1977 se tiene el registro que Miguel Atahuichi fuera Notario de Fe Pública (fs. 103), al margen de ello no se tiene constancia de archivos generados en la gestión de 1976 por el Notario de Fe Pública Miguel Atahuichi (fs. 125), esos medios de prueba y en forma conjunta, han resultado ser suficientes en generar convicción en los de instancia para determinar la inexistencia del protocolo de la Escritura Pública Nº 213/76, consiguientemente, el recurrente no podía acusar en forma individual, error de hecho en la valoración de la prueba, al atacar en forma singular el certificado de fs. 4, cuando el sustento para determinar la nulidad, no ha sido en base al certificado de fs. 4 sino al resto de los documentos de fs.  98, 103 y 125, como lo ha desarrollado el  A quo, por lo expuesto la acusación sobre el error de hecho en la valoración de la prueba no resulta ser suficiente.

Por otra parte, en cuanto al certificado de fs. 19 basado en de fs. 20, no explican los recurrentes de qué manera contendrían error de hecho o error de derecho en la valoración de la prueba.

2.3.- En cuanto, a la falta de valoración de los medios de prueba contenidos en los certificados de fs. 123 y 124 por parte del Ad quem, asimismo señala que el certificado de “fs. 128”, señalaría que no se tendrían datos de la existencia de los archivos del ex Notario Miguel Atahuichi Aliaga de la gestión de 1976, y que el certificado de “fs. 128”, acreditaría que los demandantes son propietarios de una propiedad de 9.9500 has registrado en Derechos Reales, sin embargo dicho documento no enerva el fundamento de que los de instancia han tomado convicción de la inexistencia de la Escritura Pública Nº 213/76, que se impugna de nulidad, remitiéndonos al fundamento descrito en el punto anterior.     

3.- En cuanto a la aplicación indebida de las normas legales en el Auto de Vista, en la que se sostiene que el Ad quem como el A quo, hubieran incurrido en error al aplicar normativa prevista en el Código Civil vigente a un acto celebrado de acuerdo a las normas del Código Civil abrogado, describiendo a los arts. 1003, 1004, 1024 del Código Civil abrogado, para señalar que la venta hubiera quedado perfeccionada mediante documento privado de 19 de julio de 1975 que originó la Escritura Pública 213/76, no obstante ello, los de instancia hubieran aplicado las normas del Código Civil actual, error inducido por los demandantes y que el fallo basado se sustentó en los arts. 452, 485, 549, 554, 1286 y 1295 del Código Civil,   siendo que se debió aplicar el Código Civil abrogado conforme al art. 1567 del Código Civil vigente.

Sobre dicha acusación corresponde señalar que, en el recurso de  apelación de fs. 338 a 344, los recurrentes han fundado sus agravios en cuanto a los siguientes puntos: 1) indispensable referencia a la demanda como base determinante del proceso, 2) análisis de los argumentos de la demanda en cuanto a la supuesta nulidad de la escritura pública Nº 213/76, 3) Sentencia completamente contradictoria e incongruente, 4) defectuosa apreciación y valoración de las pruebas, 5) apreciación equivocada de la supuesta inexistencia de la escritura pública, 6) documento ratificatorio del contrato de compra venta, 7) inexacta y contradictoria apreciación de prueba ocular, 8) eficacia y validez del contrato de compra venta, 9) prueba esencial de la Sentencia, y 10) demanda reconvencional injustamente declarada improbada; dentro de esta exposición de agravios no se hizo alusión de haberse vulnerado el art. 1567 del Código Civil actual, menos argumentar que el proceso debía ser desarrollado en base a las normas del Código Civil  abrogado, y no en las disposiciones contenidas en los arts. 452, 485, 549, 554, 1286 y 1295 del Código Civil actual, lo que significa que esa acusación resulta ser nueva y reciente en la vía de casación, que no ha sido expuesta en recurso de apelación menos haberse alegado en el desarrollo del proceso, como para que este Tribunal pueda considerar dicha acusación, por cuanto no es permisible el “per saltum”, que consiste en saltar las instancias y realizar la denuncia de la infracción llanamente en el recurso de casación, ya que la misma correspondía ser efectuada en la instancia del recurso de apelación, situación que no permite examinarla.

Por lo expuesto, no se ha evidenciado la certeza de las infracciones acusadas, por lo que corresponde fallar en la forma prevista en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADOS los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por Eugenio Nogales Chillo y Rufina Quispe de Nogales contra el Auto de Vista Nº 015/2013 de 15 de febrero de 2013 de fs. 367 a 369 y el Auto de 26 de febrero de 2013 de fs. 372. Con costas.

Se regula honorario en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: sexto