TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 507/2013

Sucre: 1ro de Octubre 2013

Expediente: LP -82 13 - S

Partes: María Luisa Saavedra Roncal  c/ Magali Angélica Sánchez Achabal


Proceso: Nulidad de inscripción de reposición de partida de matrimonio.


Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación y/o nulidad de fs. 225 a 226 interpuesto por María Luisa Saavedra Roncal contra el Auto de Vista-Resolución Nº 132/2013 de 30 de abril de 2013 de fs. 223 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de nulidad de inscripción de reposición de partida de matrimonio seguido por la recurrente contra Magali Angélica Sánchez Achabal; la respuesta al recurso de fs. 331 a 332 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 230; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

María Luisa Saavedra Roncal, por memorial de 19 de octubre de 2010 cursante de fs. 72-73 interpuso demanda ordinaria de nulidad de inscripción de reposición de partida de matrimonio contra Magali Angélica Sánchez Achabal, demanda que es subsanada a fs. 79, de cuyo contenido se resume lo siguiente: indica que ante al fallecimiento de su esposo Germán Saavedra Azurduy, la persona a la cual señala como demandada, valiéndose de una serie de actuaciones ilícitas, sorprendió a autoridades judiciales y pretendió asumir la calidad de esposa supérstite a través de la obtención de un fraudulento trámite de reposición de partida matrimonial que la sitúa como legitima esposa del nombrado señor con el fin de obtener beneficios económicos; en base a esos antecedentes y al amparo del art. 549 num. 1, 2, 3, 4, y 5), 1531, 1535, 1536 del Código Civil demanda la nulidad de la Resolución Nº 632/02 dictada en el Juzgado Segundo de Partido en lo Civil  en el trámite de reposición de partida matrimonial, indicando que dicho trámite nunca fue realizado legalmente; por otra parte también pide la nulidad de la Partida Matrimonial Nº 96, Folio 96 del Libro Nº 1-2004 registrado por ante la Oficialía del Registro Civil  Nº D4SM el 5 de abril del 2006.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia- Resolución Nº 230/2012 de 07 de septiembre del 2012 cursante de fs. 203 a 204, declaró probada la demanda de fs. 72-73 subsanada a fs. 79, disponiendo que en ejecución de Sentencia se proceda por ante el Registro del Servicio Cívico a la anulación de la inscripción de reposición de la Partida de Matrimonio Nº 96, folio 96, Libro 12004 registrada el 05 de abril de 2006 en la Oficialía de Registro Civil Nº D4SN.

En apelación la indicada Sentencia, interpuesta por la demandada Magali Angélica Sánchez Achabal, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Resolución Nº 133/2013 del 30 de abril de 2013 cursante a fs. 223 y vlta., anula obrados hasta fs. 73 vlta. inclusive, por falta de competencia en razón de la materia bajo el argumento de que la demanda civil depende de una cuestión familiar; en contra de esta Resolución de segunda instancia, la actora María Luisa Saavedra Roncal interpone recurso de casación y/o nulidad (fondo y forma).

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso se resume lo siguiente:

La recurrente indica que la autoridad jurisdiccional competente para el conocimiento del caso es el Juez de Partido en Materia Civil y no como se pretende aplicar el art. 255 num. 2) estableciendo una supuesta incompetencia del Juez A quo.

Afirma que existe falsedad o error ya que la demandada Magali Angélica Sánchez Achabal jamás contrajo matrimonio con Germán Saavedra Azurduy, habiendo falsificado testimonios para proceder a la reposición de una partida que jamás existió; en base a esos argumentos indica que no se abre la vía familiar para dejar sin efecto un acto ilícito, acusando al mismo tiempo falta de valoración de la prueba de fs. 1 a 71 de obrados.

Refiere que si no existió matrimonio ni mucho menos inscripción de partida original, no se podría dilucidar la problemática en el ámbito familiar cuando la naturaleza de la acción corresponde a tuición de la acción civil por imperio del art. 549, concordante con el art.1534 y siguientes del sustantivo civil.

Realizando una exposición de los antecedentes de lo acontecido, refiere que ante el error y mala aplicación de la ley por parte del Tribunal de Alzada quien pretendió sustentar su decisión en el art. 380 del Código de Familia, indica que deberá CASARSE el Auto de Vista recurrido.

Finalmente, cuestiona al Tribunal Ad quem de no haberse adecuado al art. 28 de la L.O.J. acusando la violación dicha norma legal, ya que la demandada de manera tácita aceptó la tuición del Juzgado Civil sin oponer excepción de incompetencia.

Sobre la base de estos antecedentes concluye que debe CASARSE el Auto de Vista impugnado, pidiendo que se mantenga firme y subsistente la sentencia decretada en primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haber sido interpuesto de manera deficiente recurso de casación bajo el denominativo de: “deduce recurso de casación u nulidad en contra de auto de vista que refiere, fundamentando agravios de orden formal y sustantivo”, indicando que se lo realiza en el fondo y en la forma, en cuyo contenido se hace referencia a aspectos de fondo y forma, solicitando se “case” el Auto de Vista recurrido; ante esa deficiencia en el planteamiento del recurso, se hace necesario dejar establecido lo siguiente:

La uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia como por el actual Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que, contra una Resolución anulatoria no se puede interponer recurso de casación en el fondo, por cuanto el Juez o Tribunal que emite ese tipo de Resolución lo hace por aspectos estrictamente formales o de procedimiento sin ingresar a considerar lo sustancial o fondo del asunto, toda vez que como es lógico, con la interposición del recurso en el fondo lo que se pretende es que se case la resolución recurrida lo cual implica que el Tribunal de casación debe emitir una nueva resolución sobre el fondo del asunto en base a la correcta aplicación de la ley realizando una adecuada compulsa de los medios de prueba, situación que solo será posible en caso de que el Ad quem haya emitido resolución resolviendo el fondo del asunto y no así cuando existe resolución anulatoria; en este último caso, si el Tribunal de Casación ingresaría a analizar el fondo de la problemática, estaría resolviendo en per saltum, razón por la cual en el caso de autos, todos los aspectos de fondo reclamados en el recurso de casación devienen en improcedentes.

Sin embargo, corresponde tomar en cuenta que el recurso de casación traído a colación también contiene aspectos de forma, ya que la mayor parte de su contenido está orientado a cuestionar los fundamentos del Tribunal Ad quem referidos a la competencia del Juez de la causa en razón de la materia, por lo que en función al principio de pro actione se toma en cuenta esos argumentos de forma para la resolución de la causa, dentro de ese contexto corresponde analizar si la decisión asumida en el Auto de Vista recurrido es correcta o no.

En ese entendido diremos que el Ad quem tomó la decisión de anular obrados hasta antes de la admisión de la demanda (fs. 73 vlta.), bajo el único fundamento de que la Juez A quo no tiene competencia para el conocimiento del proceso en razón de la materia, ya que la presente causa según su criterio, dependería de una cuestión familiar, citando para el efectos los arts. 369 y 380 del Código de Familia, además del art. 90 del  Código de Procedimiento Civil; para establecer esa situación, conviene referirse a la demanda de la actora.

En el presente caso, la hoy recurrente al margen de demandar la nulidad de la Resolución Judicial Nº 632/02 (Sentencia) aparentemente dictada por el Juez Segundo de Partido en lo Civil dentro de un proceso de reposición de partida matrimonial, también ha demandado la nulidad de la Partida Matrimonial Nº 96, Folio 96 del Libro Nº 1-2004 registrada por ante la O.R.C. Nº D4SM el 5 de abril del 2006, indicando que la referida Resolución nunca fue dictada por autoridad judicial ni mucho menos se realizó demanda alguna ante los estrados judiciales, resultando un proceso inexistente, fraguado e inventado por la hoy demandada; con esa actuación ilegal habría llegado a sorprender a autoridades judiciales y administrativas con el fin únicamente de obtener beneficios económicos ante el deceso de Germán Saavedra Azurduy de quien aparenta ser su esposa y que ante esa situación, se habría seguido un proceso penal en su contra; como se podrá advertir, la actora no demanda la nulidad o anulabilidad de matrimonio alguno, sino la nulidad de un documento como tal y que aparentemente sería una resolución judicial y la consiguiente nulidad de los efectos que habría producido ese documento que se acusa de falso como es la partida matrimonial.     

Respecto a la inexistencia del indicado proceso judicial de reposición de partida de matrimonio, la hoy recurrente con la CERTIFICACIÓN que cursa a fs. 74 y vlta. de fecha once de noviembre de dos mil diez emitido por el Dr. Gery Velázquez Rojas, en su condición de Secretario Abogado en suplencia legal del Secretario del Juzgado Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto (Juzgado donde aparentemente se habría tramitado el referido proceso), ha demostrado efectivamente la inexistencia del indicado proceso judicial, toda vez que la certificación de referencia da cuenta que la Resolución Nº 632/02 de 13 de diciembre de 2002, corresponde a un trámite de diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas donde las partes litigantes son otras personas; Certificación que se encuentra respaldada por la documental de fs. 157 y vlta. referente a una denuncia penal interpuesta por la propia Secretaria Titular del Juzgado Segundo de Partido en lo Civil donde se hace referencia que se procedió a la falsificación de la firma del Juez del Juzgado como de su persona en su calidad de funcionarios judiciales.

De lo descrito anteriormente, se llega a la conclusión de que el proceso de reposición de partida de matrimonio realizado por la demandada Magali Angélica Sánchez Achabal por ante el Juzgado Segundo de Partido en Materia Civil de la ciudad El Alto, es INEXISTENTE como lo entendió la Juez A quo, y por consiguiente no existe legalmente actuación alguna que se podría haber realizado referente al ámbito familiar de la cual dependa la tramitación de la presente causa para que se pretenda atribuir competencia al Juez de Materia Familiar como erróneamente lo entiende el Tribunal Ad quem, sin especificar además cual sería esa cuestión familiar de la cual tenga que depender la tramitación de la presente causa.

Por otra parte, tampoco se puede considerar como cosa juzgada al supuesto y fraudulento proceso de reposición de partida matrimonial aparentemente llevado a cabo, por cuanto no intervino autoridad judicial alguna, existiendo simplemente un documento (Testimonio) que aparenta ser una resolución judicial, a través del cual se indujo en error a los servidores públicos de la entonces Corte Departamental Electoral de La Paz y del Registro Civil, generando sus efectos como es la inscripción de reposición de la Partida Matrimonial Nº 96, Folio 96 del Libro Nº 1-2004 por ante la Oficialía de Registro Civil  Nº D4SM el 5 de abril del 2006, inscrita bajo el influjo de la aparente Resolución Judicial Nº 632/02, cuya nulidad pretende la recurrente y que la Juez de la causa lo consideró como acto inexistente, disponiendo simplemente la nulidad de los efectos que ha generado esa aparente resolución judicial, aspecto que no encuentra inconveniente alguno para su conocimiento de la problemática planteada en la vía civil, siendo la Juez A quo plenamente competente para la Resolución de la presente causa.

De donde se concluye que el Tribunal Ad quem, al haber procedido a través del conciso Auto de Vista a anular obrados de oficio por supuesta falta de competencia del A quo en razón de la materia, lo hizo de manera incorrecta, sin precisar además qué cuestión previa correspondería ser tramitada y resuelta en la instancia familiar, más aún si se toma en cuenta que la presente causa no se trata de una demanda de nulidad o anulabilidad de matrimonio ni tema relacionado con materia familiar, sino simplemente la nulidad de un documento que aparenta ser una resolución judicial y la nulidad de los efectos que ha producido ese documento, como es la inscripción de reposición de una partida matrimonial inexistente.

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver en la forma prevista en el Art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista-Resolución Nº 132/2013 de 30 de abril de 2013 de fs. 223 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y dispone que el Tribunal de Alzada sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución debidamente fundamentada y motivada resolviendo la Apelación de fs. 208-210 con la pertinencia prevista en el 236 del Código Procedimiento Civil.

Siendo excusable el error en la que han incurrido los Vocales signatarios del Auto de Vista recurrido, no se les impone multa, sin embargo en cumplimiento del art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: sexto