TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 500/2013

Sucre: 30 de septiembre 2013

Expediente: LP-73-13-S

Partes: Vidal Calderón Vega c/ Angélica Pacosillo Espinoza  

Proceso: Simulación

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación en la forma (nulidad) de fs. 907 a 908 y vlta.,  interpuesto por Vidal Calderón Vega contra el Auto de Vista Nº S-120/13 de 15 de marzo de 2013, cursante de fs. 888 a 890 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Simulación seguido por Vidal Calderón Vega contra Angélica Pacosillo Espinoza, la concesión de fs. 914 vlta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz dicta  Sentencia Nº 406/2011 de 01 de diciembre de 2011, cursante de fs. 470 a 478 de obrados, declarando probada la demanda de fs. 14-16, subsanada a fs. 19 y 36 y vlta., interpuesta por Vidal Calderón Vega e improbadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho del actor y caducidad y extinción opuestas a fs. 60-61 por la demandada, y en consecuencia declara ficta y simulada la venta del lote de terreno realizada por Vidal Calderón Vega en fecha 6 de junio de 2002 a favor de Angélica Pacosillo Espinoza y en consecuencia nula la Escritura Pública Nº 245/2005 relativa a la señalada venta.

Resolución de fondo que es apelada por la parte demandada y el actor, y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº S-120/13 de 15 de marzo de 2013, cursante de fs. 888 a 890 de obrados, que anula obrados hasta fs. 468 disponiendo que el A quo dicte nueva Resolución en observancia de los parámetros de ese fallo; Resolución de Alzada que es recurrida de casación por el demandante que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN

El recurrente argumenta que la Sala de Alzada perdió competencia para dictar el

Auto de Vista y si lo hizo es fuera de ella, indicando que el sorteo al vocal relator a fs. 852 es el 17 de diciembre de 2012 y el Auto de Vista recién sale a fs. 888 al 890 el 15 de marzo de 2013,  contando que desde la providencia de Autos hasta el Auto de Vista se tiene 87 días, por lo precisa que el Auto de Vista quedó afectado de nulidad.

Acusa que el Auto de Vista no señala en forma concreta los actos irregulares y solamente transcribe las Resoluciones judiciales  y las actuaciones de las partes, que a consideración del recurrente solo queda como incongruencia entre la demanda y la Sentencia referente a la Escritura Pública Nº 246/2005 de fs. 5, subsanada a fs. 78 con la minuta originaria de 6 de junio de 2005, que fue apelada por memorial de fs. 597.

Más adelante expone que las facultades de nulidad de obrados están limitadas para el Juez, partiendo del análisis del art. 17 de la Ley Nº 025, argumentando además que la nulidad es pertinente solo a aquellas actuaciones que tengan sello del debido proceso que implica los derechos y garantías constitucionales. Luego hace una disgregación al contenido del Auto de Vista, previa a la fundamentación, ponderando lo argumentado en su Apelación. Prosigue su alocución, señalando que la Sala estaba obligada a estudiar si alguna disposición procesal le da facultad a la parte incidentar después de la Sentencia y al mismo tiempo apelar, en esa línea objeta el actuar de la parte contraria e indica que se debió revocar la Apelación y dar por ejecutoriada la Sentencia porque esta es de orden público.

En su argumento recursivo indica que la sala descubre que hay falta de congruencia entre lo que demanda y la Sentencia, acotando que cuando se declara probada la demanda involucra a todos los puntos de su petitorio, con la diferencia de la fecha de la minuta que dice 6 de junio del 2005, siendo la verdad 19 de abril de 2005 que esta apelado a fs. 597 de obrados, por lo que dice- no habría necesidad de objetar en el Auto de Vista esta documentación sino dictar Auto de Vista en la forma como él ha solicitado, añadiendo que la Jueza se confundió con la minuta ofrecida en fotocopia saliente a fs. 140 que evidentemente es de fecha 2 de junio del 2002, que no fue protocolizado. Luego señala que el Auto de Vista no dice nada respecto a su recurso de Apelación, refiriéndose  al que funda su derecho en la extinción de la acción a la existencia de dos procesos.

Por ultimo solicita dictar Auto Supremo casando por perdida de competencia el recurso con responsabilidades a los vocales, y pide a la vez considerar los demás argumentos procesales.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En relación a la perdida de competencia del Tribunal de Alzada, se debe indicar que el art. 204 III) del Código de Procedimiento Civil regla que “Los autos de vista y los de casación se pronunciarán dentro el plazo de treinta días, computables desde la fecha en que se sorteare el expediente”, estableciendo que el plazo para dictar Auto de Vista, en el caso de Tribunal colegiado, es desde el sorteo del expediente entre los miembros que componen la Sala especializada.

Que en el caso de autos, conforme los antecedentes que informan el proceso, el sortero del expediente entre los miembros de la Sala Civil Segunda es en fecha 15 de febrero de 2013, conforme consta el cargo de sorteo a fs. 887 de obrados. Desde la fecha citada hasta el momento de emitir el Auto de Vista, que  data el 15 de marzo de 2013, hubieron transcurrido 28 días, constatando que la Resolución de Alzada fue pronunciada dentro el plazo que estipula el art. 204-III del Código de Procedimiento Civil. Es de observar que el cómputo del plazo para Resolución  se lo hace desde el sorteo del expediente como establece la norma aludida, y no desde el decreto de Autos en instancia apelatoria, como erradamente cree el recurrente, en tal circunstancia el Auto de Vista fue dictado en el plazo establecido por ley y con la competencia requerida.

Respecto a las facultades del Tribunal de Apelación y la incongruencia en la Sentencia de grado. Se debe manifestar que la Ley Nº 025 preceptúa nuevas reglas procesales que instrumentan y aseguran el resguardo de los actos procesales en una causa a objeto de permitir su conclusión en una Sentencia oportuna, es por ello que configura un régimen de nulidades procesales que, de manera general, afianza la continuidad del proceso, la preclusión de etapas  y prevé la procedencia de la nulidad de actos procesales, conforme el art. 16 y 17 de la precitada ley.

No obstante lo referido, la misma Ley del Órgano Judicial en su art. 17-I dispone que: “I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley”, permitiendo la revisión de las actuaciones procesales ejecutadas por los tribunales inferiores; el precepto legal no identifica cuál es la limitación de los asuntos previstos por ley, es por ello que no claustra su alcance a determinados supuestos, sin embargo se entiende que esa revisión el Juez superior no esta facultado para asumir decisiones anulatorias por cumplir formalismos procesales, pues lo imperativo es procurar la estabilidad y continuidad del proceso, es de observar, además, que la propia norma considera que la irregularidad que se acusa violatoria de forma debe vulnerar el derecho a la defensa y que haya sido reclamada oportunamente. En todo caso debe ser el Juez, al momento de la revisión, quien pondere cada caso en concreto, a la luz de los principios procesales que rigen la materia, en ese sentido el Tribunal de Apelación estaba facultado por ley para asumir una decisión anulatoria, en revisión de los actos del Juez A quo.

En ese margen de análisis, la revisión que preceptúa el art. 17-I de la Ley 025 tiene alcance incluso de reencaminar aquellas Resoluciones dictadas con incongruencia interna, o sea, cuando se ha producido una alteración de los términos del debate en la manera en que lo planteo el demandante, en otras palabras, cuando existe un contraste en la estructura de la Resolución judicial, sin que se guarde armonía entre la fundamentación jurídica y la decisión con la pretensión de derecho, como en el caso, arista que no permitirá cumplir con la eficacia de la Sentencia y que otorgue la tutela judicial efectiva que merece el justiciable.

En el caso en concreto, se observa que el Auto de Vista analizo la pretensión de la parte actora en contraste con la fundamentación jurídica y la parte dispositiva de la decisión judicial, concluyendo la incongruencia de lo dispositivo con los hechos probados de la misma Sentencia, evidenciándose la incongruencia interna en la decisión judicial, en razón que la pretensión de simulación está dirigida a la nulidad de las minutas suscritas entre Vidal Calderón Vega y Angélica Pacosillo Espinoza, de fechas 6 de junio de 2002 y 19 de abril de 2005, ésta última instrumentalizado en Escritura Pública Nº 246/2005 sustentado a los términos del documento de 21 de abril de 2005, en cambio la Sentencia, desde su fundamentación que decanta en su parte dispositiva, señala que se declara ficta y simulada la venta realizada en fecha 6 de junio de 2002 y en consecuencia nula la Escritura Pública Nº 245/2005, más allá del error numérico que adscribe, se evidencia que el razonamiento parte de la minuta de 6 de junio de 2002 y no del documento de 19 de abril de 2005 para que, como consecuencia lógica, se declare nula la Escritura Pública aludida, además sin considerar que pese la nulidad de ese instrumento público quedaría subsistente el contrato instrumentalizado.

Se debe también indicar que a fs. 597 de obrados cursa recurso de Apelación de Vidal Calderón Vega, apelando los términos de la Sentencia sobre los aspectos incongruentes señalados, mereciendo esta Apelación, aunque no lo diga la Resolución de Alzada, la nulidad emergente por no haber encontrado otra alternativa para enmendar el yerro de la Resolución de primera instancia, en ese contexto no era adecuado, como pretende el recurrente, una modificación de la Resolución vía revocación, siendo coherente la anulación procesal dictada.

Por lo explicado, se debe manifestar que la sanción dictaminada por el Tribunal Ad quem acude a factores de asegurar que se tenga una Sentencia eficaz en derecho, garantizando a las partes contendientes la tutela judicial efectiva conforme señala la Constitución Política del Estado en su art. 115.I, en concordancia con el principio de eficacia, que sustenta la justicia ordinaria, que dice: “Se constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia”, siendo asequible la determinación, por lo que el recurso de nulidad deviene en infundado.

Por lo expuesto corresponde fallar a éste Tribunal de casación  de la forma establecida por los arts. 271-2) y 273 del Código Adjetivo Civil, para ambos recursos. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma (nulidad) de fs. 907 a 908  y vlta.,  interpuesto por Vidal Calderón Vega contra el Auto de Vista Nº S-120/13 de 15 de marzo de 2013, cursante de fs. 888 a 890 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.  Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700 .-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto