TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 492/2013

Sucre: 30 de septiembre 2013

Expediente: SC-74-13-S.

Partes: Dory  Justiniano  de  Subirana  y  Antonio  Subirana  Pérez  c/ Jeremías

            Roberto  Yépez  Rodríguez,  Gabriela  Melfi  Saucedo   Chávez  e  Isabel          

            Algarañaz Jiménez

Proceso: Mejor derecho Propietario, Primacía en el registro de inmueble;  Cese         

               y paralización de perturbación a la propiedad y negación de derecho

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en fondo cursante de fs. 777 a 779, interpuestos por Dory Justiniano de Subirana y Antonio Subirana Pérez representados por María Yina Justiniano Pérez, contra el Auto de Vista Nº 72 de 09 de mayo de 2013, cursante de fs. 771 a 772, emitido por la  Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre mejor derecho propietario, primacía en el registro del inmueble; cese y paralización de perturbación de propiedad y negación de derecho  seguido por  la recurrente contra  Jeremías Roberto Yépez, Gabriela Melfi Saucedo Chávez e Isabel Algarañaz Jiménez; la respuesta de fs. 782 a 783 vlta.; la concesión cursante a fs. 785; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Tercero de Partido y Sentencia de Montero, el 23 de julio de 2013,  pronunció la Sentencia cursante de fs. 738 a 739 y vlta., declarando improbada la demanda de fs. 56 a 59, así como la reconvencional de fs. 113 a 115.

Contra esa Sentencia de primera instancia  los demandantes  interpusieron recurso de Apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 72, cursante de fs.771 a 772 de fecha 09 de mayo de 2013,  anulando obrados hasta fs. 759 inclusive, Auto de Concesión, declarando la ejecutoria de la Sentencia impugnada.

Contra esa Resolución de segunda instancia la parte demandante interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma.-

1.- Señala que la Resolución dictada por el Tribunal  ha quebrantado  formas esenciales del proceso, conforme el mandato del art. 146 del Código de Procedimiento Civil.

Manifiesta que la causa versa sobre un inmueble de propiedad de sus mandantes y que en inició radicó la causa  ante el Juez  Mixto de Partido de Portachuelo, empero al ser recusado,  pasó la causa ante el Juez de turno de la ciudad de Montero, a más de 37 kms.  de distancia del domicilio de sus mandantes y a 57 kms. del patrocinante; al circunscribirse a lo dispuesto por el art. 220 num. I) del  Código de Procedimiento Civil y no valorar la causa que originó el retraso de sus mandantes en la presentación del recurso, por el lapso de dos horas. Adjuntando  como prueba, plano carretero del tramo Montero-Portachuelo, por lo que en previsión del art. 146 del Código de Procedimiento Civil, pide se tenga presente.

En el fondo.-

Acusa el recurrente, falta de apreciación  y motivación en la Sentencia, señalando que  la demanda versa sobre mejor derecho  propietario y o prioridad de registro de inmueble y cesación de perturbación de propiedad privada y negación de derecho, de cuya Sentencia se colige que el juzgador no sumió motivación  bajo ninguna de las acciones promovidas y carece plenamente de motivación respecto de lo demandado y el mejor derecho se fundó en la prioridad del registro y que se ha producido perjuicio material con el proceso pues se hizo ineficaz el poder jurídico del art. 105 del Código Civil por lo que ejercitan esta acción aparejando sus fundamentos a lo dispuesto por los artículos 105, 1281, 1287, 1309, con relación a los artículos 1534 y 1538, todos del Código Civil.

Que, se pretende transgredir un  bien jurídico y constitucional que esta protegido, atentando su patrimonio y conculcando sus derechos constitucionales y los que norma la ley e inscripción en Derechos Reales y su reglamentación, D.S. Nº 27957 y que norma en sus artículos 2, 56, 57 y 61 par. II, 71 a 73 de la citada norma.

1.- Que la Sentencia es contradictoria porque en Hechos no Probados, en el inciso a), al decir que  el inmueble pretendido y el que se describe en la demanda no es el mismo que cursa en el documento de compra de fs. 5 vlta. errada y  contradictoria, apreciación que no guarda relación con las pruebas que demuestran que el inmueble que se demanda es el mismo que figura en el documento de transferencia  de fecha 29 de enero de 2007, con reconocimiento de firmas de fecha 01 de junio de 2007, que está ubicado en el UV Nº 4 manzana Nº 18, lote Nº 13, con una superficie de 1.095.00 mts.2, inscrito con matrícula 7.06.1.01.0002867 de fecha 18 de enero de 2008, que se desprende de su matriz con Folio Real Nº 7.06.1.01.0000250 de fecha 02 de diciembre de 2002, no existiendo prueba documental ni documento que exprese lo contrario y ninguna de las partes manifestó lo contrario.

2.- En este punto, manifiesta que el inmueble lo obtuvieron por Minuta de 29 de enero de 2007, inscrito preventivamente para posteriormente ser perfeccionado según consta de fs. 1 a 12 de obrados.

3.- El mejor derecho propietario se adquiere en fecha 29 de enero de 2007 bajo matrícula 7.06.1.01.0002867 de fecha 18 de enero de 2008 y su tradición proviene desde 1981, existiendo prioridad en el registro.

4.- Que, los hechos de perturbación consiste en el proceso judicial que tenía por finalidad el desalojo de su inmueble como se demostró por las pruebas de fs. 46 a 55 de obrados.

5.- Que, la negación de derecho se da en que el registro que dice estar inscrito en Derechos Reales de Montero, no registra propiedad alguna sobre el inmueble a nombre de Jeremías  R. Rodríguez Yépez.

Pide que el Tribunal de casación dicte anulatoria de las resoluciones recurridas y disponga que el Tribunal de Apelación  dicte nuevo Auto de Vista sujetándose a lo previsto en los arts. 146 y 236 del Código de Procedimiento Civil o alternativamente se case las Resoluciones recurridas y deliberando en el fondo se declare probada la demanda principal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En reiteradas oportunidades este Tribunal Supremo, siguiendo a su vez el criterio de la extinta Corte Suprema de Justicia, precisó que el recurso de casación constituye una nueva demanda equiparada a una de puro derecho, estando orientado dicho medio de impugnación extraordinario a lograr que el máximo Tribunal  revise y reforme o anule las Resoluciones expedidas en Apelación por los Tribunales Departamentales, que infringen las normas de derecho material o las normas que garantizan el debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Igualmente precisó que el recurso de casación puede ser deducido en el fondo o  en la forma o en ambos a la vez, conforme prevé el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, no debe olvidarse que ambas formas de impugnación en el fondo y en la forma- constituyen dos recursos distintos que responden a causales igualmente diferentes y persiguen por lo tanto distintas determinaciones.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto es por  errores en la Resolución de fondo o errores in iudicando, los hechos denunciados por el recurrente deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del Adjetivo Civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva la cuestión controvertida que dio lugar al recurso; en tanto que si se plantea recurso de casación en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo; lo primero sucede cuando la Resolución recurrida contiene infracciones formales y lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del proceso que revisten trascendencia en el ámbito del debido proceso.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la cuestión controvertida, en cuyo caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo case la Resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia, en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o en su caso descartando el error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas cometidos por los Tribunales de instancia. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la Resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que incidan en el debido proceso,  en cuyo caso la pretensión recursiva del recurrente deberá estar orientada a la nulidad de la Resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

En Autos y siendo que el recurso que se analiza es en el fondo y en la forma, ingresaremos primero a analizar el recurso de forma, toda vez que si el mismo resulta anulatorio de obrados,  este Tribunal estaría impedido de ingresar en el fondo del asunto.

En la forma.-

Que, analizados los antecedentes de obrados con relación al reclamo del recurrente, el art. 220 del Código de Procedimiento Civil dice:

I. La apelación, salvo disposición contraria expresa, se interpondrá dentro de los plazos siguientes:

1) Diez días, de las sentencias y autos definitivos pronunciados en procesos ordinarios, sumarios y ejecutivos.

2) Cinco días, de las sentencias y autos definitivos en procesos sumarísimos.

II. Estos plazos son fatales y se computarán a partir de la notificación con la sentencia o auto.  (El subrayado nos corresponde)

Sobre los plazos procesales, este Tribunal comparte criterio con la vasta jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia, conforme  establece el Auto Supremo: Nº 268 de 29 de Agosto 2011: "Los plazos procesales pueden computarse por día, así como de momento a momento. Para el caso de los plazos procesales que se cuentan por días, el término comienza a correr desde el día hábil siguiente a la notificación y culmina el último momento hábil del día que corresponde; mientras que para los plazos que se cuentan de momento a momento, el cómputo se inicia desde el momento de la notificación y culmina en la hora similar del día en que se cumplen los concedidos como plazo, asimismo el art. 141 del Código de Procedimiento Civil, es claro al mencionar que los plazos transcurrirán ininterrumpidamente y sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales..."

Por otro lado, remitiéndonos a la  papeleta de diligencia de  notificación cursante en  fs. 742, se evidencia que Dory Justiniano  y Antonio Subirana Pérez, fueron notificados en forma personal con la  Sentencia  Nº 7/2012,  a hs. 15:20 del día 28 de septiembre  de 2012 la primera y a las 15:30 de ese mismo día  el segundo, habiendo presentado memorial de recurso de apelación a  Hs. 17:00  conforme se tiene del sello de cargo de presentación del recurso, que corre a fs. 745, la apelación  fue presentada a Hs. 17:00 del día 08 de octubre de 2012, datos por los que se verifica que al momento de presentación del recurso de apelación, había precluido el plazo dispuesto por el art. 220 par. I, del Código de Procedimiento Civil, entendiéndose que el mismo es fatal y perentorio, asumiendo esa calidad  porque su finalización hace caducar automáticamente el derecho a la impugnación sin necesidad de declaración judicial, debiendo computarse de momento a momento a partir de la notificación con la Resolución que se pretende impugnar, plazos que corren ininterrumpidamente en conformidad  con  el art. 141 del Código de Procedimiento Civil, de lo que se infiere que  cuando el recurso de apelación no es considerado por el Tribunal de Apelación por su extemporaneidad,  se lo tiene como no presentado y el  Tribunal de casación  no puede aperturar su competencia para el tratamiento de aspectos que no han sido motivo de pronunciamiento por el Tribunal de Alzada.

En ese contexto, será pertinente sin embargo señalar que siendo que el reclamo del recurrente, se centra en la supuesta ilegalidad en que hubiera incurrido el Ad quem al aplicar el art. 146 del Código de Procedimiento Civil, aduciendo los recurrentes que el retraso en la presentación del recurso se debió a la distancia  (37 kms.) entre el lugar de residencia de  sus mandantes y el Juzgado donde se tramita la causa, este Tribunal Supremo no hará controversia con la jurisprudencia Ordinaria y Constitucional  ya sentada respecto de los plazos procesales, que ciertamente son perentorios y no está en duda este razonamiento; sin embargo, si bien es evidente el extremo argumentado por la recurrente respecto al domicilio real de los actores, no es menos cierto que conforme al art. 146 del Código de Procedimiento Civil la posibilidad de ampliación de los plazos fijados por ese Código está dada a razón de un día por cada 200 Km. O cada fracción que no baje de 100 Km, siempre que exista transporte aéreo, ferroviario o de carretera, o si no hubiere estos servicios la ampliación será de un día por cada 60 Km. Concluyéndose que la distancia argüida por los recurrentes no se encuentra comprendida dentro los alcances del citado art. 146 del Código de Procedimiento Civil. De lo anterior se concluye que el Tribunal de Apelación ha resuelto en conformidad a lo dispuesto por la norma, deviniendo el recuso en infundado.

En  el fondo.-

Corresponde señalar que en reiteradas oportunidades éste Tribunal diferenció la naturaleza y alcance de los recursos de casación en el fondo y en la forma, habiendo establecido que  el recurso de casación en el  fondo, está sujeto a las causales de procedencia previstas por el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, al tratarse de una Resolución de Alzada, anulatoria de obrados y no haber pronunciamiento en el fondo de la controversia,  el recurrente no está habilitado para interponer recurso de casación en el fondo, aspecto que impide a éste Tribunal aperturar su competencia para conocer el asunto,  resultando por ello improcedente el recurso de casación en el fondo interpuesto por Dory Justiniano de Subirana y Antonio Subirana Pérez.

En virtud de las consideraciones expuestas,  corresponde resolver en previsión de los arts. 271 núm. 1) y 2), 272 núm. 1) y 273 del Código de Procedimiento Civil,  aplicable al caso de autos.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los arts. 271-1) y 2),  272-1) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 777 a 779, interpuesto por Dory Justiniano de Subirana y Antonio Subirana Pérez, contra el Auto de Vista de fs. 771 a 772. Con costas.

Existiendo respuesta al recurso se regula como honorario profesional la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto