TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 490/2013

Sucre: 30 de septiembre 2013

Expediente: O-2413-S

Partes: Teófilo  Miranda  Tórrez  c/  Grodi  Mollo  Mamani,  Remberto  Huarachi

            Carrizo, Ricardo Arequipa Flores, Julián Durán García y FONVIS. 

Proceso: Nulidad de Escritura Pública y Partidas de Registro en Derechos Reales

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 1088 a 1089 interpuesto por Teófilo Miranda Tórrez, contra el Auto de Vista Nº 116/2013 de 07 de junio 2013 de fs. 1080 a 1085 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso ordinario de nulidad de Escritura Pública y partidas de registro en Derechos Reales, seguido por el recurrente contra Grodi Mollo Mamani, Remberto Huarachi Carrizo, Ricardo Arequipa Flores, Julián Durán García y el FONVIS.;  la respuesta al recurso de fs. 1093 a 1094; el Auto de concesión de fs. 1095, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Teófilo Miranda Tórrez, por memorial de fs. 23 a 24 de 24 de enero de 2004, adjuntando las literales de fs. 1 a 22 y al amparo de los arts. 549 num. 1), 2), 3), 4) y 5) y 614 del Código Civil entre otros, interpone demanda de nulidad de la Escritura Pública Nº 2005/98 y de las partidas de registro Nº 4150, 1447 y 2914, contra Grodi Mollo Mamani y Remberto Huarachi Carrizo con intervención del FONVIS, más resarcimiento de daños y perjuicios, declaratoria de validez de su derecho de adjudicación que posee ante el FONVIS, y ante una nulidad de obrados decretada de oficio por el Juez de la causa, la demanda es reiterada y ampliada de fs. 716 a 718 contra Ricardo Arequipa Flores y Julián Durán García.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido 5º en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, mediante Sentencia Nº 115/2012 del 22 de junio del 2012 cursante de fs. 1030 a 1035, declaró improbada la demanda principal de fs. 23 a 24 y su ampliación de fs. 716 a 718; asimismo declaró improbada la demanda reconvencional de pago de daños y perjuicios formulada de fs. 752 a 754 por la apoderada de Remberto Huarachi Carrizo y Grodi Mollo Mamani; por otra parte declaró probada la excepción de falta de acción y derecho e improbada la excepción de cosa juzgada, ambas interpuestas por los últimos de los nombrados a través de su apoderada.

En apelación la indicada Sentencia, interpuesta por el demandante Teófilo Miranda Tórrez, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista Nº 116/2013 de 07 de junio de 2013 cursante de fs. 1080 a 1085 y vlta., anula y deja sin efecto los Autos de concesión de fs. 1049 y 1064 y declara ejecutoriada la Sentencia apelada; en contra de esta Resolución de segunda instancia, el demandante Teófilo Miranda Tórrez interpone recurso de nulidad.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso se resume lo siguiente:

El recurrente acusa la infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil indicando que correspondía al Tribunal Ad quem dictar Auto de Vista que establezca la veracidad o inadecuación de los agravios expuestos en el memorial de Apelación y sobre ellos resolver confirmando o revocando lo resuelto en primera instancia, ya que la norma legal de referencia obliga a los vocales a pronunciarse sobre los puntos expuestos en calidad de agravios.

Indica que el Tribunal Ad quem se aparta de la disposición procedimental limitándose a indicar que en el recurso de Apelación no existe fundamento y por tanto no queda nada que resolver, anulando el Auto de concesión del recurso de Apelación, esa actitud es atentatoria al no resolver el fondo del recurso, sancionando el recurso de Apelación con nulidad del recurso mismo.

El argumento que sostiene el Tribunal de que no existe proposición jurídica en el recurso de Apelación, no puede sancionarse con nulidad del recurso y la ejecutoria de la Sentencia porque no existe ley que determine expresamente esa nulidad, o sea, la nulidad dispuesta no se apoya en disposición legal alguna, constituyendo una arbitrariedad y un atentado contra el derecho de defensa.

Por otra parte, acusa la infracción del art. 227 del Código Procedimiento Civil, ya que el Tribunal de Alzada habría sostenido la inexistencia en el recurso de Apelación de agravio fundamentado que haga viable su consideración, cuando en dicho recurso se encuentran expuestos con toda claridad la fundamentación de los agravios sufridos y el error incurrido por el Juez A quo al no admitir la abundante prueba por la que su persona demostró que el Título traslativo de dominio que ostenta Remberto Huarachi es nulo por que no posee antecedente que justifique la propiedad, negándose de esa manera el Tribunal a resolver el fondo de su Apelación y que ese aspecto constituye denegación de justicia.

En base a esos antecedentes, interpone recurso de nulidad, invocando al Tribunal de Justicia, anular el Auto de Vista recurrido para que el Tribunal Ad quem dicte nueva Resolución que resuelva el fondo del recurso de apelación.      

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El aspecto medular de todo recurso radica en que éste otorga a los litigantes insatisfechos un medio de impugnación destinado a imposibilitar que un fallo considerado injusto, adquiera su ejecutoria y consecuentemente el mismo sea revisado por el superior inmediato con el fin de que lo reforme, revoque o anule, ya que en todo acto humano siempre está presente la falibilidad humana, ya sea en menor o mayor grado, constituyéndose precisamente la doble instancia en una garantía de la administración de justicia, para que el superior en grado con mayor criterio pueda revisar los actos procesales del inferior. 

Según Eduardo Couture en su Obra “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, la posibilidad de impugnación consiste en: “La facultad de deducir contra el fallo los recursos que el derecho positivo autoriza, y donde la doble instancia es una garantía para el sujeto que se siente lesionado por la sentencia de primera instancia, a fin de que sea sometida a revisión y es precisamente el sistema de los recursos lo que viene a determinar el control de las decisiones del Poder Judicial, para poder revisar lo decidido por sus propios órganos, por otros que jerárquicamente están colocados superiormente a los primeros”; en tanto que Hugo Alsina en su obra “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, la concibe como: “El medio que permite a los litigantes llevar ante el tribunal de segundo grado una resolución injusta, para que la modifique o revoque según el caso”.

En nuestro medio, el principio de impugnación en los procesos judiciales actualmente no solo se encuentra previsto en los códigos adjetivos, sino que se encuentra elevado a rango constitucional, cuyo ejercicio se encuentra garantizado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado; de ahí que ante su activación por el sujeto procesal, debe otorgársele de parte de los jueces y Tribunales de Alzada una respuesta preferentemente en el fondo acorde a su pretensión, de lo contrario se infringe el derecho de acceso a la justicia y la garantía del debido proceso en su elemento de la doble instancia que debe regirse por el principio de pro actione, mismo que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados.

En el caso presente, el recurrente interpuso recurso de casación en la forma contra el Auto de Vista anulatorio Nº 116/2013, en cuyo contenido reclama básicamente que el Tribunal de Alzada anuló indebidamente el Auto de concesión bajo el argumento de que el recurso de Apelación no contiene la fundamentación de agravios ni la proposición jurídica, sin merecer de parte del Tribunal una respuesta de fondo a su recurso de apelación deducido contra la Sentencia de primera instancia y que esa aparente falta de fundamentación no puede sancionarse con nulidad y con la ejecutoria de la Sentencia porque no existe ley que determine expresamente esa nulidad, acusando al mismo tiempo la violación de los arts. 227 y 236 del Código  Procedimiento Civil, por cuyo motivo solicita se anule el Auto de Vista recurrido.

Los fundamentos del recurso de casación traído a colación, se encuentran resumidos con mayor detalle en el Considerando II de la presente Resolución, dentro de ese contexto se resuelve el mismo, y para ver si es evidente o no lo afirmado por el Ad quem, se hace necesario remitirse al recurso de apelación de fs. 1040 a 1042 y vlta.; si bien dicho recurso de apelación es un tanto confuso, sin embargo de la lectura de su contenido se puede inferir que el recurrente señala como agravios entre otros, los siguientes:

Indicó que la INEXISTENCIA de la minuta y protocolo en los libros notariales del Dr. Pedro Checa respecto a la primera Escritura Pública (Nº 2005/98) que se registra en DD.RR. bajo la Partida Nº 4150 en 1999, se encuentra refrendada a fs. 169 por dos certificaciones emitidas por el mismo Notario, como también por las documentales cursantes de fs. 558 y 519 demostró plenamente que “nunca existió la minuta menos el protocolo y que el Notario desconocía de donde había surgido el testimonio que fue inscrito en Derechos Reales dando origen a la primera partida a nombre de Ricardo Arequipa, habiendo sido reconocido y confesado por la parte demandada conforme a la documental de fs. 558 en una demanda de reconocimiento de firmas y rúbricas…”. Además indica que el documento de fs. 519 a 521 es totalmente distinto al inscrito en Derechos Reales.

Refirió que no se analizó y valoró las irregularidades y los procesos judiciales llevados a cabo sin cronología, originados en el intento de reposición sobre la base de un documento que nunca existió y que a los cinco años de emitida la orden judicial recién se tramitó con el reconocimiento de firmas.

De la misma manera indica que fue comprobado por la autoridad que conoció la causa (fs. 922) que la firma de Germán Sandoval Peña (Director Ejecutivo de FONVIS) estampada en el documento de fs. 519 a 521 no tenía ningún parecido a la verdadera firma estampada por el mismo funcionario en otros documentos cursantes en archivos de la misma Institución como ser la de fs. 521 con relación a la de fs. 17, siendo totalmente distintas en ambos documentos.

Por otra parte indicó que por el certificado emitido por la Unidad de Titulación de FONVIS en Liquidación de fs. 973 se ratifica que el certificado de cancelación Nº DCA 4539 de la gestión 1996 no corresponde a la cancelación que habría efectuado Ricardo Arequipa Flores por el lote de terreno que dice haberse adjudicado; al margen de ello afirmó que existen dos certificados de cancelación signados con los Nº DCA 2582/95 de fs. 991 y DCA 2271/97 de fs. 75, existiendo en total tres documentos que refieren la cancelación total del lote de terreno objeto de litis realizado por dos personas distintas, cuando esos documentos no existen en registro de la Institución (FONVIS) y ninguno fueran verdaderos o válidos.

De la misma manera acusó que es evidente la falsedad del documento de fs. 519 a 521 (minuta de transferencia de 06 de mayo de 1997 a favor de Ricardo Arequipa Flores),  misma que fue objeto de reposición.

Igualmente afirmó que se encuentra plenamente probado su legal posesión y adjudicación del lote de terreno Nº 281, Manzano “M” de la Urbanización Agua de Castilla objeto de la litis, conforme a los registros que FONVIS ha otorgado a su favor, documentales cursantes de fs. 306 a 313, 1 a 22, 74 a 99, 306 a 329, 355 a 357, 665 a 703, 970 a 977, 985 a 987 de obrados, empero este extremo fue minimizado por el juzgador; de la misma manera indicó que la Unidad de Titulación le reconoce a su persona como adjudicatario y en ningún documento reconoce a Ricardo Arequipa Flores como adjudicatario del indicado lote o por lo menos le consideran como caso de posible doble adjudicación.  

Finalmente, indicó que durante el término de prueba aportó con las declaraciones testificales de sus vecinos, demostrando su legal adjudicación y posesión del terreno en cuestión, donde realizó la instalación de servicios básicos que se encuentran registrados a su nombre (fs. 371) aportando además a la Urbanización para su mejoramiento, como ser instalación de matrices, servicios básicos, aceras, cordones, alcantarillado y otros, los cuales se encontrarían plenamente certificados en el proceso.

Siendo esos entre otros, los argumentos que fueron expresados como agravios por el recurrente en el memorial de Apelación contra la Sentencia y la mayor parte de esos argumentos fueron identificados por el propio Tribunal de Alzada en el Auto de Vista, los cuales están orientados básicamente a cuestionar la falta de valoración de la prueba respecto a la falsedad de los documentos acusados de nulos en la demanda, contando dicho recurso con la suficiente fundamentación, como también la pretensión es coherente con lo fundamentado ya que se pide la revocatoria de la Sentencia; sin embargo el Tribunal Ad quem no dio una respuesta en el fondo a dicho recurso bajo el argumento de que el mismo no contiene agravios y que no se encuentra debidamente fundamentado conforme exige el art. 227 del Código  Procedimiento Civil.

Indica el Ad quem, que el recurrente solo procede a realizar una relación de cuanto ocurrió en el proceso y no fundamenta en derecho cómo y de qué forma o con que pruebas demostró las causales invocadas del art. 549 del Código Civil o de qué forma el Juez A quo dejó de aplicar o mal aplicó alguna norma Sustantiva Civil; que  no se indica que errores, omisiones o deficiencias fueron cometidas en la Resolución, llegando a la conclusión de que el recurso carece de técnica recursiva y solo existe una simple manifestación de disconformidad con el fallo, considerándolo insuficiente para que se aperture su competencia; bajo esos antecedentes se niega a ingresar a considerar el fondo del recurso de Apelación y consecuentemente anula y deja sin efecto los Autos que conceden la apelación de fs. 1049 y 1064 y declara ejecutoriada la Sentencia, indicando de manera reiterada que no se ha cumplido con el art. 227 del Código  Procedimiento Civil, citando para el efecto jurisprudencia de la Ex Corte Suprema de Justicia. 

Sin embargo, es de hacer notar que el art. 227 del Código  Procedimiento Civil, no exige mayores requisitos en el planteamiento de los recursos ordinarios de apelación, ni mucho menos exige una determinada técnica recursiva para su consideración por el Tribunal de Alzada como lo exige el art. 258 del mismo cuerpo legal para el caso del planteamiento del recurso extraordinario de casación, y si bien en el pasado se exigía una rigurosa fundamentación de los recursos ordinarios y extraordinarios, esa situación en los hechos también llevó como contrapartida a una denegación de justicia, aspecto ampliamente reclamado por décadas por la sociedad en su conjunto, y lo que el Tribunal Ad quem no toma en cuenta que hoy en día rige una nueva Constitución Política del Estado y una nueva Ley del Órgano Judicial, mismas que al margen de establecer los principios que sustentan la potestad de impartir justicia, también establecen los principios procesales que rigen la administración de justicia, entre éstos, se tiene al principio de Accesibilidad.

El Principio de Accesibilidad impone a la función judicial la obligación de facilitar que toda persona, pueblo o nación indígena originaria campesina, ciudadano o comunidad intercultural y afroboliviana, acuda al Órgano Judicial para que se imparta justicia; esa facilidad de acceso debe ser entendida no solo como un mero acceso inicial por parte de los usuarios al sistema de administración de justicia, sino que debe ser en todos sus niveles e instancias del Órgano Judicial en su conjunto.

Por otro lado, conforme al art. 180.II de la Constitución, se encuentra garantizado el principio de impugnación en los procesos judiciales; dentro de ese contexto y tomando en cuenta que actualmente los principios que sustentan la potestad de impartir justicia como los principios procesales que rigen la jurisdicción ordinaria, se encuentran elevados a rango constitucional, son de preferente aplicación frente a las leyes adjetivas ordinarias de índole predominantemente rigoristas y ritualistas, y por consiguiente se debe realizar una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado para no restringir el acceso a la justicia.     

Por otra parte, si el Ad quem consideraba que el recurso de Apelación no contenía agravios y no se encontraba fundamentado con la “técnica recursiva” que a su criterio consideraba ser necesaria, debió haber confirmado la Sentencia y de ninguna manera anular el Auto de concesión como lo hizo, pues ante la supuesta inexistencia de agravios y falta de fundamentación del recurso, no podría cambiar el contenido de la Resolución impugnada y consecuentemente como es lógico, lo que correspondería es confirmar la Resolución Apelada y no anular el Auto de concesión, situación que además no se encuentra prevista de manera expresa en la ley procesal como causa de nulidad como bien indica el recurrente en su memorial de recurso de casación, resultando la decisión asumida por el Ad quem contraria al espíritu y al nuevo régimen de nulidades previsto por la Ley 025 del Órgano Judicial, toda vez que la misma establece límites a la actividad de los operadores de justicia en cuanto a las nulidades procesales a ser decretadas.  Aclarando que si bien la línea asumida por la extinta Corte Suprema de Justicia, orientaba la posibilidad de disponer la nulidad del Auto de concesión del recurso de apelación, cuando en criterio del Tribunal de Alzada, éste, no habría sido planteado en los términos del art. 227 de Código de Procedimiento Civil, no es menos evidente que este Tribunal, a través del A.S. Nº 217/2013 de 26 de abril de 2013, reorientando esa interpretación estableció que lo que en derecho corresponde no es la nulidad del referido Auto de concesión de la apelación sino, como se señaló anteriormente, la confirmación de la Sentencia con el advertido de que no se ingresó a considerar el fondo de la apelación por su deficiente interposición.

Por todo lo expuesto, se concluye que los defectos advertidos en el Auto de Vista y al haber sido expresamente acusados por el recurrente, los fundamentos del recurso de casación tiene mérito frente a la decisión asumida por el Ad quem, toda vez que el Tribunal de Alzada anulo el Auto de concesión de los recursos de manera incorrecta y consecuentemente incumplió lo previsto por el art. 236 del Código  Procedimiento Civil, aspecto que da lugar a la nulidad de la Resolución recurrida conforme dispone el art. 254 num. 4), correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los arts. 271-3) y 275 del Código Adjetivo de la materia.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271-3) y  275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 116/2013 de 07 de junio 2013 de fs. 1080 a 1085 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y dispone que ese Tribunal sin espera de turno y previo sorteo, emita nueva Resolución con la debida motivación y fundamentación resolviendo el fondo del recurso de apelación con la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo excusable el error, no se impone multa, sin embargo en cumplimiento del art. 17-4 de la Ley 025, comuníquese la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los efectos de Ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto