TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 486/2013

Sucre, 18 de septiembre 2013        

Expediente: O-26-13-S

Partes: Claudia Rosa Ramírez Rafael c/ Daniel Esteban Jiménez Irahola

Proceso: Ruptura Unilateral

Distrito:   Oruro

VISTOS: El recurso de casación de fs. 276 a 278 y vlta., de obrados interpuesto por Daniel Esteban Jiménez Irahola contra el Auto de Vista Nº 97/2013 de 17 de mayo 2013 cursante de fs. 267 a 270 y vlta. pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso de ruptura unilateral incoado por Claudia Rosa Ramírez Rafael en contra del recurrente, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, por Sentencia Nº 114/2012 de 18 de septiembre 2012 la Juez Cuarto de Partido de Familia de la Capital, declaró improbada la demanda cursante a fs. 5-6 por el art. 169 del Código de Familia, consiguientemente y como emergencia de lo resuelto, dejó sin efecto las medidas provisionales dispuestas a fs. 7 y fs. 28 y vlta., librándose los derechos de las dos menores a la vía llamada por ley.

Deducida la apelación por la demandante, ésta fue remitida ante el Tribunal de Alzada, instancia que por Auto de Vista Nº 97/2013 de 17 de mayo 2013 cursante de fs. 267 a 270 y vlta., anuló la Sentencia Nº 114/2012 y dispuso que la A quo sin espera de turno dicte nueva Sentencia de fondo respetando los principios y normativa mencionada en la resolución.

En conocimiento de la determinación adoptada por el Ad quem el demandado interpuso recurso de casación, mismo que se pasa a considerar, analizar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere que todos los bienes que tenían con la actora quedaron para la misma y especialmente a favor de sus hijas, habiéndose producido la ruptura de la relación por culpa de la demandante quien con su comportamiento irascible y celos continuos dieron como resultado el alejamiento de la convivencia. Refiere asimismo que se dejó claramente establecido que las movilidades fueron adquiridas con dineros obtenidos de su señora madre, quien no tenía ninguna obligación de ayudarles, por así lo hizo y que al haber sido adquiridas dichas movilidades por una tercera persona como favor, él continúa pagando las cuotas respectivas.  Que la responsabilidad de criar a sus hijas no solamente depende de él, sino de ambos como progenitores y no contando la progenitora con ningún impedimento físico se encuentra facultada para trabajar y solventar los gastos en igualdad de condiciones.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme se tiene en la Resolución emitida por el Tribunal Ad quem, éste dispone la nulidad de la Sentencia Nº 114/2012 de 8 de septiembre 2012, disponiendo que la Juez de primera instancia sin espera de turno dicte nueva Sentencia de fondo respetando los principios y normativas mencionadas en la Resolución, porque conforme el entendimiento del Tribunal de Segunda instancia la Juez A quo no habría considerado para determinar la procedencia de la “ruptura unilateral” la previsión contenida en el art. 63 de la Constitución Política del Estado concordante con el art. 159 del Código de Familia tanto en las relaciones personales como patrimoniales de los convivientes, indicando que pueden aplicarse en dichas uniones las normas que regulan los efectos del matrimonio en la medida que sean compatibles con su naturaleza; no encontrando valedera la tesis esgrimida por el inferior para que determine que sea presupuesto previo de la ruptura unilateral, la previa comprobación de bienes en dicha relación, ya que de consentir dicho acierto y más aún negarse a valorar prueba literal en lo relativo a los malos tratos entre los concubinos, implicaría una franca denegación de justicia.

Siendo esos los argumentos por los que el Tribunal Ad quem anula la Sentencia, señalar que si bien corresponde anular la misma y la determinación es correcta; sin embargo corresponderá reorientar los fundamentos de la Resolución emitida para un correcto entendimiento del por qué debe emitirse una nueva Sentencia; en ese entendido es necesario realizar las siguientes precisiones:

1.- Conforme dispone el art. 158 del Código de Familia, se entiende haber unión conyugal libre o de hecho cuando el varón y la mujer, voluntariamente, constituyen hogar y hacen vida en común en forma estable y singular; el art. 159 de la misma norma, refiere que dichas uniones producen efectos similares al matrimonio, tanto en las relaciones personales como patrimoniales y pueden aplicarse normas que regulan los efectos del matrimonio.

Respecto a los efectos del matrimonio habrá que señalar lo previsto en el art. 96 del Código de Familia; es decir que el interés de la comunidad familiar, derechos y deberes iguales en la dirección y manejo de los asuntos del matrimonio, la crianza y educación de los hijos; es decir que, la unión conyugal libre o de hecho, una vez constituida, tienen los mismos efectos del matrimonio señalados, incluyendo la constitución de la comunidad de gananciales.

2.- El art. 129 del Código de Familia, señala que el matrimonio se disuelve por muerte o declaración de fallecimiento presunto de uno de los cónyuges y por Sentencia ejecutoriada de divorcio, en los casos expresamente determinados (art. 130 y 131 Código de Familia).  De otro lado el art. 167 de la misma norma, dispone que la unión conyugal libre termina por la muerte o por voluntad de uno de los convivientes, salvo en este último caso la responsabilidad que pudiera sobrevenirle; de lo que concluimos que el Código de Familia claramente estableció las dos formas de disolución tanto del matrimonio como de la unión conyugal libre o de hecho; sin existir alguna otra disposición legal que señala que para la disolución de la unión conyugal se asimilará a las causales de disolución del matrimonio; al contrario como se tiene el art. 167 referido es claro al señalar cómo y cuándo se disuelve la unión conyugal libre o de hecho.

3.- Asimismo, habrá que citar lo dispuesto en el art. 169 del Código de Familia que señala: “En caso de ruptura unilateral, el otro conviviente puede pedir inmediatamente la división de los bienes comunes y la entrega de la parte que le corresponde, y si no hay infidelidad u otra culpa grave de su parte, puede obtener, careciendo de medios suficientes para subsistir, se fije una pensión de asistencia para sí y en todo caso para los hijos que queden bajo su guarda…” (la negrilla no pertenece al texto original). 

Señalado lo anterior debemos llegar a las siguientes conclusiones:

1.- La ruptura unilateral es una consecuencia de la unión conyugal libre o de hecho y no puede asimilarse a un proceso de divorcio y menos invocar las causales contenidas en el art. 130 y 131 del Código de Familia; si bien es cierto que la unión conyugal libre producen efectos similares al matrimonio, sin embargo la ruptura unilateral no puede tramitarse conforme a las causales del divorcio; toda vez que como se tiene establecido de manera precedente la  unión conyugal libre termina por dos circunstancias:  muerte de uno de los convivientes y por voluntad de uno o de ambos; es decir no se requiere de Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que disuelva el vínculo conyugal.  “En el Código de Familia, la conclusión o fin de la unión libre no tiene causas específicas como sucede con la disolución matrimonial.  Se deja a la voluntad de las partes decidir cuándo y cómo poner fin a la unión, sin más condición que el abandono de uno de ellos del lecho y casa común” (Dr. Julio Ortiz Linares-El proceso Civil y los procesos de Familia y de la Niñez y Adolescencia en la doctrina y práctica procesal)

2.- Una vez producida la ruptura unilateral, sin necesidad de intervención judicial alguna; el conviviente puede acudir a la instancia jurisdiccional a solicitar lo determinado por el art. 169 del Código de Familia; es decir la división de los bienes comunes y en caso de existir culpa en uno de ellos respecto a la ruptura unilateral, solicitará se fije una asistencia familiar para sí (en caso de carecer de medios) y para los hijos que queden bajo su guarda; a cuyo fin en la litis se tendrá que demostrar dichos extremos.

Ingresando al caso que nos ocupa y conforme se tiene en obrados, la actora a tiempo de presentar su demanda, afirmó que convivió con el demandado desde el año 2005 hasta diciembre del 2011 fecha en la que su conviviente hizo abandono de hogar. Por otra parte, el demandado a tiempo de contestar la demanda dice: “… debo manifiesta que es cierto y evidente que con la señora Claudia Rosa Ramírez Rafael hemos llegado a convivir desde el mes de julio 2005, tal cual señala en el memorial de demanda”; asimismo reconoce que durante la relación de convivencia procrearon a dos hijas y que con la ayuda de su madre lograr la compra de dos vehículos, que sirvió como herramienta de trabajo, quedándose únicamente con uno.  De lo que se infiere que la unión conyugal libre o de hecho durante el tiempo que señalan no está en discusión, toda vez que fue aseverada por ambos contendientes haber sostenido una relación conyugal de hecho, como tampoco se encuentra en discusión que por voluntad de éstos (de uno o de ambos, aspecto que se determinará en sentencia) se produjo la ruptura unilateral, no requiriendo demostrar ninguna de las causales previstas en el art. 130 y 131 del Código de Familia para que se determine la disolución de la unión conyugal libre; ésta simplemente se produce por voluntad de las partes o muerte de uno de los convivientes.

Entonces producida la ruptura unilateral, corresponderá al Juez de la causa centrar su Resolución en la previsión contenida en el art. 169 del Código de Familia, determinando la existencia de bienes comunes para la entrega de lo que corresponde a cada una de las partes, la fijación de una pensión de asistencia para la actora en caso de evidenciar la carencia de medios suficientes de la misma, así como para las dos menores que quedaron a su cargo; inclusive un régimen de visitas conforme había solicitado el demandado y no limitarse a concluir que al no haber demostrado ninguna de las partes la existencia de bienes comunes declarar improbada la demanda y librar los derechos de las menores a la vía llamada por ley, dejando sin efecto las medidas provisionales dispuesta a fs. 28 vlta., en lo que se refiere a la asistencia familiar a favor de las menores; cuando justamente a la finalización de la litis correspondía pronunciarse sobre lo mencionado, conforme señala la norma antes señalada.

De lo antes manifestado, se deja claramente establecido que la ruptura unilateral y el divorcio no pueden asimilarse y otorgarse un trámite análogo a este último conforme la A quo entendió. Y como se mencionó anteriormente, si bien el Tribunal de Segunda Instancia determinó por anular la Sentencia, aspecto con el que se está de acuerdo; sin embargo los fundamentos por los que debe dictarse una nueva Sentencia deben basarse en lo desarrollado en la presente Resolución. 

Por lo señalado, corresponde que este Tribunal resuelva el presente caso conforme prevé los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los Arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara:  INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Daniel Esteban Jiménez Irahola contra el Auto de Vista Nº 97/2013 de 17 de mayo 2013 cursante de fs. 267 a 270 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.  Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto