TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 476/2013

Sucre, 18 de septiembre 2013        

Expediente: LP-80-13-S

Partes: Milton Copa c/ Juan Carlos Quiroga Pando

Proceso: Nulidad de Escritura Pública

Distrito:   La Paz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma cursante de fs. 294 a 298 de obrados interpuesto por Juan Carlos Quiroga Pando, contra el Auto de Vista Nº 014/2013 de 7 de febrero 2013, cursante de fs. 284 a 285 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de nulidad de Escritura Pública incoada por Milton Copa contra el recurrente, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, por Sentencia Nº 18/2011 de 12 de enero 2011, el Juez Catorceavo de Partido en lo Civil y Comercial de la capital, declaró improbada la demanda de fs. 25 a 26 de obrados e improbada la reconvencional incoada por Juan Carlos Quiroga Pando, sin costas para ambas partes y ordenó el archivo de obrados.

Deducido el recurso de apelación por ambas partes, ésta fue remitida ante el Tribunal de Alzada, instancia que mediante Auto de Vista Nº 168/2012 de 21 de mayo 2012 anuló la concesión de fecha 6 de abril 2011, debiendo el A quo conceder el recurso de apelación de acuerdo a procedimiento; por lo que el demandado interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma contra la decisión del Ad quem, misma que fue resuelta por Auto Supremo Nº 458/2012 de 3 de diciembre 2012 por el que se anula el Auto de Vista de fs. 254 y vlta. y disponiendo que en virtud al art. 236 del Código de Procedimiento Civil se dicte nueva Resolución sin espera de turno y previo sorteo, respecto a las apelaciones deducidas por ambas partes contra la Sentencia.

En cumplimiento al mismo, mediante Auto de Vista Nº 014/2013 de 7 de febrero 2013, el Tribunal de Alzada revocó la Sentencia Nº 18/11 de 12 de enero 2011, en consecuencia declaró probada la demanda de fs. 25-26 vlta. y dispuso la nulidad de la Escritura Pública Nº 250 de 2 de mayo 2003 otorgada por ante la Notaria de Fe Pública, Dra. Kandy Balboa de Díaz, debiendo restituirse el derecho propietario de Milton Copa en el 50% que le corresponde y confirmó con relación a la demanda reconvencional de fs. 31-33, sin costas por la revocatoria.

En conocimiento de la determinación del Ad quem, el demandante interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

1.- Amparándose en el art. 254 núm. 7) del Código de Procedimiento Civil con relación a los arts. 381 y 382 de la misma norma, refiere que la proposición de la prueba de fs. 69-70 reiterada a fs. 73 no fue notificada a su persona dentro el término de prueba, sino que fue notificada después de vencido el término probatorio en fecha 9 de junio 2010, conforme consta en la diligencia de fs. 163 y la falta de esa notificación ha impedido que formule objeción a la proposición de la prueba, violándose su derecho a la defensa en juicio, lo que provoca la nulidad de obrados.

2.- Señala que el Ad quem no respondió a los agravios expuestos en el recurso de apelación interpuesto en el otrosí del memorial de fs. 225-228 de 1 de marzo 2011 contra la Sentencia que declara improbada la demanda reconvencional; es decir no se pronuncian sobre la apelación y fundamentación de la validez del contrato de compra venta de inmueble motivo de la litis.

3.- Refiere que el Auto de Vista recurrido omite señalar el numeral específico del art. 549 del Código Civil en el cual está comprendida la nulidad que es sancionada en la mencionada Resolución.

4.- También refiere que el Auto de Vista se apartó de los límites concretos de la demanda y excedió las pretensiones del demandante; ya que determina la nulidad del documento en virtud a que la Escritura Pública Nº 250/2003 de 2 de mayo 2003 supuestamente no se encuentra en los archivos notariales, sin embargo este extremo no ha sido demandado por el actor.

5.- De otro lado afirma que el Auto de Vista recurrido carece de motivación al momento de confirmar la Sentencia en la parte que declara improbada la demanda reconvencional, no existiendo ningún razonamiento de hecho y de derecho que permita conocer las razones que justifican esa confirmación, infringiendo el art. 196 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, incurriendo el Tribunal de Alzada en el art. 254 núm. 7) del Código de Procedimiento Civil.

6.- Finalmente, señala que en el Auto de Vista no se ha valorado la prueba presentada de su parte en el proceso que corre de fs. 76 a 100, habiéndose únicamente valorado la prueba presentada por el actor, incurriendo el Ad quem en la causal prevista en el art. 254 núm. 4) del Adjetivo Civil.

En el fondo:

1.- Conforme prevé el art. 253 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil, señala que el Ad quem aplicó indebidamente el art. 549 del Código Civil, porque a tiempo de resolver sólo menciona dicha norma sin especificar en cuál de las cinco causales se encuentra la nulidad declarada.  Por otra parte también se aplicó indebidamente dicha norma porque la pérdida o destrucción de la Escritura Pública Nº 250/2003 no anula la misma como acto de voluntad, sino que puede ser reconstruida por el procedimiento común de reconstrucción de los instrumentos públicos. No habiéndose tomado en cuenta su fundamento respecto a que la Escritura Pública es mera formalidad de la conclusión del acto voluntario de las partes y su contenido es la voluntad y acuerdo de partes consignando requisitos de objeto y forma tal cual estipula el art. 452 del Código Civil.

2.- Afirma que el Tribunal de Segunda Instancia violó el art. 399-II núm. 4) del Código de Procedimiento Civil porque habiéndose presentado el documento de fs. 76 en el que consta que el actor le vende el 50% del inmueble, el mismo no ha sido negado ni desconocido respecto a la firma y rúbrica estampada, por lo que debió ser considerado como documento auténtico.

3.- Indica también que se incurrió en evidente error de hecho en la apreciación de las pruebas, ya que el Ad quem en el punto 4) del Considerando II del Auto de Vista menciona: “La literal de fs. 77 lleva sello de Oficina de Valores de fecha 19 de octubre de 2001; empero el reconocimiento de firmas y rúbricas data de fecha 19 de agosto de 2001, por lo que no podía realizarse dicha actuación cuando dicho formulario no se encontraba en venta”; sin tomar en cuenta que la documental presentada como prueba no fue observada por el actor, éste no acusó de falso ese documento como tampoco el acta de reconocimiento de firmas y rúbricas de fs. 77 ni las firmas y rúbricas estampadas en el formulario de reconocimiento, tampoco se formuló excepción o incidente civil acusando la falsedad de esos documentos, de tal manera que dichos documentos hacen fe de acuerdo a lo previsto en el art. 1297 del Código Civil así como su reconocimiento de firmas que llevan sello y firma de Notario de Fe Pública, siendo la anomalía de la numeración del formulario de reconocimiento de firmas un error del Departamento Financiero.

Por lo anterior solicita que se anule obrados de acuerdo al art. 275 del Código de procedimiento Civil, hasta el estado de notificarse nuevamente a las partes con el Auto de calificación del proceso, apertura del término de prueba y fijación de los puntos de hecho a probar por las partes; o en su defecto se case el Auto de Vista recurrido y fallando en lo principal se declare improbada la demanda y probada la demanda reconvencional, declarando la plena validez del contrato de compra-venta del inmueble con superficie 220 m² contenida en la minuta de transferencia de 19 de agosto 2001 y ordenando la reposición de la Escritura Pública Nº 250/2003, así como el resarcimiento de daños y perjuicios.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme se tiene presentado el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, daremos respuesta en primer término a aquellos agravios señalados en la forma, toda vez que de ser evidentes los mismos, se resolverá conforme el art. 275 del Código de Procedimiento Civil, no correspondiendo ya resolver el recurso en el fondo.

Del recurso de casación en la forma:

El procesalista Juan Monroy Gálvez, afirma que: “La nulidad es dialécticamente la situación opuesta al proceso.  Si éste implica un avance hacia un fin determinado, la nulidad es un retroceso y el alejamiento de ese fin”.  Tomando en cuenta dicha afirmación y conforme el nuevo entendimiento que se tiene respecto a las nulidades procesales, basándose al presente en los nuevos principios constitucionales señalados en el art. 180-I de la Constitución Política del Estado así como aquellos que rige la materia de nulidades, iremos respondiendo a cada uno de los agravios.

1.- Con relación a que la proposición de la prueba presentada por el actor de fs. 69 a 70 reiterada a fs. 73 no fue notificada a su persona dentro el término de prueba, sino después de vencido el término probatorio en fecha 9 de junio 2010, conforme consta en la diligencia de fs. 163 y que la falta de esa notificación impidió que formule objeción a la proposición de la prueba, violándose su derecho a la defensa en juicio, lo que provoca la nulidad de obrados; señalar que en diligencia de notificación de fs. 163 consta dicha notificación; sin embargo si bien en el memorial de fs. 69 a 70 fue propuesta prueba, entre ellas se tiene a la solicitud de inspección de visu a la Notaria de la Dra. Mónica Ordoñez actual tenedora de los libros de la Dra. Kendy Balboa de Díaz, luego a la Notaria Nº 090 del Dr. Marcelo Eugenio Baldivia Marin tenedor de los Libros del Dr. Fernando Baldellon Rodas, misma que mereció la providencia de fs. 74 por la que se señala audiencia de inspección ocular a dichas oficinas y ante el reclamo del demandado por memorial de fs. 164 y vlta. en el que solicita rechace proposición de prueba de contrario, el A quo mediante providencia de 18 de junio 2010 (fs. 169) señaló audiencias de inspección, determinación ante la cual el recurrente no presentó recurso alguno impugnando dicha determinación, convalidando esa actuación, por una parte; y, por otra conforme se tiene precedentemente, el motivo de nulidad que arguye el recurrente no vulnera el derecho a la defensa; toda vez que él fue notificado con la fecha fijada para la realización de dichas actuaciones procesales, a los efectos de su presencia en las mismas y asumir la defensa correspondiente, a las que conforme consta en obrados (actas) no se hizo presente. 

2.- Respecto a que el Ad quem no respondió a los agravios expuestos en su recurso de apelación, así como que el Auto de Vista recurrido omitió señalar el numeral específico del art. 549 del Código Civil en el que sustenta la nulidad dispuesta y que el Tribunal de Alzada se apartó de los límites concretos de la demanda, excediendo las pretensiones del demandante como afirmar el hecho de que solicitó la nulidad de la Escritura Pública Nº 250/2003 porque éstas no se encuentran en los archivos de la Notaria de Fe Pública correspondiente; señalar que si bien el Auto de Vista no contiene de manera numerada las respuestas a los agravios presentados por el recurrente; sin embargo de la lectura del mismo, se puede advertir que respondió a ambos apelantes con relación a sus pretensiones.  Ahora si no especificó tampoco la causal o numeral del art. 549 del Código Civil, en el Auto de Vista recurrido en el numeral 3) se evidencia que el de Alzada realiza un desglose de todas y cada una de las causales previstas en dicha norma, así como la referencia doctrinaria respecto a que son nulos los actos jurídicos cuando no tuviesen la forma exclusivamente ordenada por ley, que nulo es que no existe, la nada jurídica y bajo ese entendimiento conforme la prueba presentada llegó a la convicción de que la Escritura Pública Nº 250/03 es inexistente porque ésta no se encuentra en los archivos de la Notaria de Fe Pública en la que fue elaborada así como que tampoco existe la Minuta con reconocimiento de firmas y rúbricas de 19 de agosto 2001, aspecto que no se considera que el Ad quem hubiera excedido al determinar la nulidad.

3.- En cuanto a que el Auto de Vista recurrido carece de motivación al momento de confirmar la Sentencia en la parte que declara improbada la demanda reconvencional, no existiendo ningún razonamiento de hecho y de derecho que permita conocer las razones que justifican esa confirmación, infringiendo el art. 192 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil; referir dos aspectos; el primero, en sentido de que si bien la norma y la jurisprudencia constitucional existente refieren sobre la obligación que tienen los administradores de justicia de motivar y fundamentar sus resoluciones, también es evidente que en la misma jurisprudencia se señala que no se requiere que la Resolución emitida sea ampulosa o extensa, sino que de manera concreta contenga los fundamentos y motivos que llevaron a los Tribunales de instancia a tomar determinada decisión.  En segundo lugar, referir que revisado el Auto de Vista, éste de manera concreta señala cuáles los motivos para revocar la Sentencia y declarar probada la demanda de nulidad de Escritura Pública Nº 250/2003 y mantener la determinación del A quo respecto a la demanda reconvencional.

4.- Sobre el Tribunal de Alzada, no valoró la prueba presentada de su parte en el proceso que corre de fs. 76 a 100, habiéndose únicamente valorado la prueba presentada por el actor; señalar que dicha situación no es evidente; toda vez que el Ad quem no está obligado a referir de manera puntual sobre las prueba presentada por ambas partes, conforme se tiene en la doctrina, el administrador de justicia, realiza la valoración de la prueba de manera conjunta, refiriéndose a aquella por la cual genera convicción respecto de los hechos demandados; y conforme se tiene del Auto de Vista recurrido, éste basa su determinación justamente en aquella que considera es idónea para la pretensión del actor.

Por lo anteriormente mencionado, al no existir causales de nulidad de obrados, corresponde resolver el recurso de casación en la forma como infundado.

Del recurso de casación en el fondo:

1.- Con relación a que se aplicó indebidamente el art. 549 del Código Civil al no señalar de manera específica en cuál de los numerales el Ad quem basó la nulidad de la Escritura Pública; señalar que conforme consta en el numeral 3 y 4 la fundamentación del Tribunal de Alzada si bien se refiere a todas las causales de nulidad, sin embargo a tiempo de hacer referencia a las pruebas presentadas por el actor en base a las cuales centró su pretensión, luego de realizar el análisis sobre la nulidad de los actos jurídicos cuando éstos no tuviesen la forma exclusivamente ordenada por ley y fuesen nulos los respectivos instrumentos, basando como se señaló de manera precedente en la prueba documental de cargo en la que consta las certificaciones tanto del Notario de Fe Pública en cuyos archivos del Libro de Reconocimiento de Firmas de la gestión 2001 no consta el reconocimiento de firmas de 19 de agosto 2001 y el de la Notaria de Fe Pública en el que la Escritura Pública Nº 250/2003 corresponde a la protocolización de una Minuta de aclaración de tipo de propiedad suscrita por Carlos Alfredo Díaz Hervoso, determinó revocar la Sentencia, declarando probada la demanda.  Ahora, si bien es evidente conforme señala el recurrente que la Escritura Pública como tal es la formalidad de la conclusión del acto voluntario de las partes y su contenido es la voluntad y el acuerdo de las mismas consignado en dicho documento y que la pérdida de la Escritura Pública no anula la misma como acto de voluntad; no es menos evidente que cuando el actor presentó la demanda, de manera clara señaló que una vez declarada la nulidad de la Escritura Pública se proceda a la restitución de su derecho propietario ya que él nunca había transferido el 50% del inmueble que le correspondía a favor de Juan Carlos Quiroga Pando; de lo que se infiere y así lo ha entendido el Ad quem es que la pretensión del actor no solamente se circunscribe a declarar la nulidad de la Escritura Pública Nº 250/2003 sino también el acto que contiene la misma, no por otra causa presentó en calidad de prueba la certificación del Notario de Fe Pública Nº 090 que cursa a fs. 63, en la que señala que revisados los archivos del Dr. Fernando Baldellón Rodas, ex Notario de Fe Pública Nº 090 en el Libro de Reconocimiento de Firmas de la gestión 2001 que corre del Nº 189 al 372, no cursa el reconocimiento de firmas de fecha 19 de agosto 2001, demostrando con ello que el actor no acudió a ese acto voluntario que señala el recurrente a los fines de concretar la transferencia del inmueble motivo de la litis.  Concluyendo que el Tribunal de Alzada, no ha aplicado indebidamente la norma señalada.

2.- Respecto a que se violó el art. 399-II núm. 4) del Código de Procedimiento Civil porque habiéndose presentado el documento de fs. 76 en el que consta que el actor le vende el 50% del inmueble, el mismo no ha sido negado ni desconocido respecto a la firma y rúbrica estampada, por lo que debió ser considerado como documento auténtico. A lo referido, cabe indicar, que el demandante a tiempo de señalar los hechos y fundamentos en su demanda afirmó que nunca transfirió su derecho propietario del 50% al Sr. Juan Carlos Quiroga, aseverando además que el documento por el que supuestamente se realiza la transferencia es fraguado y en el que se hubiera falsificado la Escritura de compra venta, por lo que no es evidente que el actor no haya negado ni desconocido su firma y rúbrica estampada en el documento tachado de nulidad; extrañando además al Ad quem el hecho de que el reconvencionista se encuentre en poder de dichos archivos notariales, cuando los mismos deberían estar en poder del Notario de Fe Pública, aspecto que hizo notar en la Resolución emitida por el de Alzada.

3.- En relación a que el Ad quem incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas, ya que el Ad quem en el punto 4) del Considerando II del Auto de Vista menciona: “La literal de fs. 77 lleva sello de Oficina de Valores de fecha 19 de octubre de 2001; empero el reconocimiento de firmas y rúbricas data de fecha 19 de agosto de 2001, por lo que no podía realizarse dicha actuación cuando dicho formulario no se encontraba en venta”; indicar que es facultad del Tribunal de Segunda instancia realizar una revisión exhaustiva de todo cuanto se desarrolló en el proceso en primera instancia, contando con facultad de reprimir incidentes que sólo tienda entrabar o dilatar el proceso conforme señala el art. 4 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, según es la pretensión del recurrente conforme señala en su recurso; es decir que si bien el actor no incidentó acusando la falsedad de los documentos, es porque durante la sustanciación del proceso ya se habían generado los motivos por los que pretendía anular dicha Escritura Pública y conforme la prueba presentada, se consideró por los jueces de instancia como idónea para lograr lo demandado; más aún advirtieron que el formulario en el que se realizó el reconocimiento de firmas del documento de transferencia del 50% del inmueble que le correspondía como co propietario al actor en fecha 19 de agosto 2001, no había salido a la venta para el día en que se realizó dicho reconocimiento de firmas y rúbricas.

Por lo anteriormente expuesto, al no evidenciar causal de nulidad ni casación, corresponde a este Tribunal resolver conforme prevé en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025  y en aplicación a lo previsto en los Arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Juan Carlos Quiroga Pando, contra el Auto de Vista Nº 014/2013 de 7 de febrero 2013, pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto